La Suprema Corte de Justicia parece tener una semana "demandante" con respecto al gobierno nacional.
¿Qué es lo que les hace reclamar hoy por la instalación de radares en las fronteras con el objetivo de controlar en tráfico aéreo para que "la droga no siga cayendo del cielo"?. Esta situación fue denunciada hasta el cansancio en la última decada por diversas personalidades, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Para muestra, basta con recordar aquella famosa pista de aterrizaje que hizo construir un presidente en su ciudad de residencia, Anillaco, pcia. de La Rioja. Claro, se trataba oficialmente de una pista para los aviones que cargaban la cosecha de "aceitunas". (¿cómo que no se trataba de aceitunas?????).
Sería bueno que además de radares, se establezca una política y protocolos de procedimiento a cumplir a rajatabla para que por ejemplo se puedan controlar o anular los pasos clandestinos, sobre todo porque no sólo sirven para pasar droga, sino para tráfico y trata de personas.
Para ejemplo vaya el caso de una niña desaparecida que gracias al trabajo conjunto de toda la sociedad, fue hallada en una ciudad fronteriza de Paraguay. ¿Cómo cruzó sola y sin documentos una niña de 12 años?.
Cuando los padres fueron a buscarla, no podían ingresarla al país porque "no tenía documentos".
La situación es grave, linda con lo absurdo y si no fuera porque conlleva la tragedia y la esclavitud de cientos de personas, bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos, podría servir como argumento de una tragicomedia.
Con todo, celebro que la Suprema Corte empiece a innovar su estrategia "laboral"
Las siguientes son 2 notas publicadas por La Nación - 23/09/09
Carta de Lorenzetti al Gobierno
Narcotráfico: la Corte pide más radares
Quiere que se controlen los vuelos clandestinos en el norte del país
Miércoles 23 de setiembre de 2009 - La Nación
Daniel Gallo
LA NACION
La Corte Suprema reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación de radares en el norte argentino para identificar las aeronaves del narcotráfico.
El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió ayer una carta al ministro de Justicia, Julio Alak, en la que pide que "se adopten las medidas necesarias para que la frontera norte del país cuente con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas desde Bolivia".
Lorenzetti asumió así la postura del juzgado federal N° 1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, que la semana pasada dijeron que "la droga llueve del cielo" por falta de controles. Tanto en el Ministerio de Justicia como en el de Defensa, que opera los sistemas de vigilancia aérea, tomaron nota del pedido de la Corte, pero la respuesta no podrá ser inmediata, anticipan en esas dependencias. La Argentina sólo cuenta con tres radares militares capaces de visualizar los vuelos ilegales. Y todos están en uso.
Ver Las rutas de la droga en un mapa más grande
Se trata de los modelos móviles TPS43, de la década del 70, con un alcance de poco menos de 400 kilómetros. Dos están desplegados en Resistencia y Posadas, para controlar las rutas de traficantes de marihuana y contrabandistas varios que despegan de Paraguay. El tercero fue ubicado en Río Gallegos. Esos radares son trasladados, temporalmente, cuando se requiere cobertura aérea de un encuentro internacional, como la reciente cumbre en Bariloche.
Esos son los únicos sistemas de observación que están en funcionamiento, ya que para identificar aviones ilegales no pueden usarse los radares de uso aerocomercial, llamados de 2D. Esos aparatos necesitan la colaboración de las aeronaves para ubicar su posición. Situación que, obviamente, no sería posible frente a avionetas irregulares.
Las fuerzas de seguridad detectaron a fines del año pasado ?como informó La Nacion en diciembre de 2008? la apertura de una ruta aérea del narcotráfico que empezaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y terminaba en alguna de las 40 pistas clandestinas descubiertas en Chaco.
Sin embargo, los radares están volcados principalmente en el noreste, ya que pasan por allí las rutas áreas más conocidas del narcotráfico. "Si por un tema de seguridad debe cambiarse la ubicación de los radares, tendrá que informarnos el Ministerio de Justicia", comentó ayer un funcionario de Defensa.
De una u otra forma, la Argentina carece hoy de un sistema de control aéreo adecuado. Un avión puede cruzar todo el país y aterrizar en Buenos Aires sin ser observado.
Algunas alternativas son manejadas para cumplir con la preocupación de la Corte. Pero demandará varios meses la solución. En principio, podrá contarse con los radares móviles de Posadas y de Resistencia cuando éstos sean reemplazados por dos equipos fijos donados por España. En Chaco, el gobierno de Jorge Capitanich colabora en la construcción de un edificio para albergar el radar fijo español que hace unos meses ya está en el país. Se estima que, entre diciembre y febrero próximos, podrá ponerse en funcionamiento ese aparato. Así quedaría liberado un radar móvil.
A comienzos del próximo año debería llegar el segundo radar fijo entregado por los españoles, que entraría en servicio en Posadas a fines de 2010.
Licitación en marcha
En forma paralela a esos proyectos avanza la licitación internacional para adquirir tres o cuatro radares móviles militares. La empresa francesa Thompson recibió el mejor informe técnico entre cuatro compañías que postularon sus productos, pero resta aún abrir los sobres con las ofertas económicas. El Ministerio de Defensa cuenta con 150 millones de pesos como presupuesto para comprar esos radares.
Una vez que sea declarado un ganador en la licitación, entre la firma del contrato y la entrega del primer radar pasarán 18 meses. Por entonces estará en la etapa final de pruebas el radar militar que desarrolla Invap, cuyo prototipo en escala ya se probó con eficacia hasta los 50 kilómetros.
Invap es una empresa sin experiencia en la construcción de radares. Dio los primeros pasos con el contrato con el Estado por once radares civiles. Esa operación se concretó en momentos en que otra polémica giraba alrededor de la seguridad de los vuelos comerciales. Hasta el momento, Invap entregó en plazo ocho de esos equipos, que funcionan en Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Santa Rosa, Tucumán, Catamarca y Quilmes; en esta última ciudad es donde funciona un centro de control.
Para la urgencia queda un radar de tiro antiaéreo del Ejército, que se prueba en la zona de Las Lomitas, en Formosa. Una disputa interna entre Defensa y Justicia, cuando este último ministerio fue manejado por Aníbal Fernández, dejó sin fondos ese proyecto que hoy intenta reactivarse.
Cuando el Gobierno habla de atacar a las grandes redes del narcotráfico como argumento para despenalizar la tenencia de drogas, pareciera entenderse que pondrá en primer lugar al ataque contra los vuelos ilegales. Pero eso, como se consignó, no podrá ser posible en bastante tiempo.
Prioridades curiosas
El dilema es qué hacer tras la alerta
Daniel Gallo
LA NACION - Miércoles 23 de setiembre de 2009
La polémica por la permeabilidad de las fronteras aéreas entra y sale de la mirada pública de manera constante. En el medio quedan declaraciones de ocasión y poco más. No se avanza sobre una cuestión central: ¿para qué se quieren poner más radares?
La respuesta parece obvia: sería un esfuerzo del Estado para contener el ingreso de mercaderías ilegales, de droga o de lo que fuere. Pero no es así. Los radares no sirven para eso. Al menos no de la forma en que se considera habitualmente.
Podrá graficarse la idea al pensar en las multas de tránsito. Un radar terrestre puede determinar el exceso de velocidad, pero de nada servirá ese conocimiento si no se pueden determinar la patente del vehículo y su propietario. El radar muestra un hecho, pero el equipo de apoyo, humano o electrónico, establece a quién corresponde la sanción.
Un radar por sí solo sirve nada más que para armar estadísticas.
Eso ocurre en el aire. ¿Qué información dará un radar cuando se lo coloque en la frontera con Bolivia? Avisará que pasó por allí una aeronave en forma ilegal. ¿Entonces?
Ahora se llevan adelante tareas de inteligencia desarrolladas con multiforme ingenio y a pulmón por los gendarmes. Pero el Estado requiere más que iniciativas personales. Necesita un sistema completo.
Interceptar aviones ilegales no debe significar derribarlos, situación polémica que impide avanzar en un real control del aire.
Perseguir avionetas detectadas hasta su aterrizaje para marcar la pista debería ser una misión normal. Para eso, el Gobierno tendría que destinar dinero para contar con patrullas aéreas. Hoy no se puede. El radar sólo da la alerta. El Estado decide qué hacer.
"Todavía estamos esperando"
La ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, aseguró que aún no se crearon los 750 cargos que Cristina Kirchner se comprometió a efectivizar en marzo último para que se aceleren los juicios.
22.09.2009 11:58:00
La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay aseguró, en declaraciones periodísticas, que todavía no se crearon los 750 cargos que se acordó en marzo último con el Poder Ejecutivo, plazas que iban a ser asignadas a todos los fueros de la Justicia, como otra medida para acelerar los procesos judiciales.
“Nos cuesta siempre conseguir las partidas, eso es histórico y ya no nos quejamos de eso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a los 750 empleados que nos prometieron crear en marzo todavía los estamos esperando”, aseguró la jueza.
En una reunión llevada adelante por integrantes del Máximo Tribunal y el por entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, se acordó a principios de año que el Ejecutivo iba a autorizar las partidas presupuestarias necesarias para el nombramiento de 750 puestos nuevos de trabajo.
Para efectivizar los nuevos cargos se necesita de una autorización administrativa por parte de la Jefatura de Gabinete y de una ley del Congreso que autorice y cree los cargos.
En tanto, a Argibay se le consultó sobre una eventual presentación ante la Corte en virtud de la nueva ley de radiodifusión. La magistrada aclaró que el Máximo Tribunal no puede intervenir porque la norma aún no fue sancionada y, por lo tanto, “no existe como hecho legal”.
“En segundo lugar, la Corte no tiene facultades para declarar inconstitucional la ley en abstracto”, aseguró. Se necesita de “una causa donde alguien venga a probar que la aplicación de esa ley ha perjudicado alguno de sus derechos constitucionales. Y tiene que demostrarlo, porque si no nosotros no tenemos causa para declarar la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad se declara en un caso concreto, pero tiene que haber un perjuicio concreto, si no, no podemos intervenir”, aclaró.
- Si bien aumentó de $ 33 a $ 48 millones para 2010 el presupuesto de la Sedronar (lucha contra el narcotráfico), sigue sin ser un tema prioritario si se lo compara con otras áreas. Por ejemplo, al Comfer se destinarán $ 85 millones; para remodelar el Palacio de Correos, $ 82 millones, y para la promoción de la música y la danza, $ 62 millones.
