Avellaneda blues

El Negrito era un negrito de apenas 14 años. Simpático, entrador y un militante aguerrido que jamás tuvo un arma en la mano. El negrito estaba orgulloso de su viejo que era afiliado al Partido Comunista, delegado de una fábrica textil de la zona norte y se llamaba igual que él: Floreal Avellaneda. Aquel horroroso 15 de abril de 1976, a la una y media de la madrugada, ocho autos llenos de asesinos con uniforme se metieron en la humilde casa de la familia Avellaneda. Entraron a sangre y fuego. Ametrallaron la puerta y robaron todo lo que pudieron. El viejo Floreal había conseguido escaparse y los tenebrosos pasajeros de los Ford Falcon sin chapa, encapuchados, se llevaron al negrito y a Iris, su mama. En la comisaría de Villa Martelli los torturaron con ferocidad y alevosía. Iris sufría cada vez que la picana eléctrica se clavaba en su vagina mojada y gritaba con desesperación. Pero su mayor sufrimiento era escuchar los gritos de su hijo, el negrito Avellaneda que decía: “Mami, deciles que no sabemos a donde se fue Papa”. Lo cuento y me corre un frío terrible por la espalda. Me estremezco porque ese chico valiente de 14 años fue sometido al empalamiento. No quiero apelar a un golpe bajo. Pero creo que el salvajismo inhumano debe conocerse en toda su dimensión para que Nunca Más sea posible. El empalamiento es uno de los mecanismos de tortura más atroces y consiste en atravesar a la persona con una madera filosa entre la boca y el ano. Un asesinato de nazis cavernícolas. Eso hicieron con el negrito de 14 años. Así asesinaron a un pibe de barrio indefenso. Su madre fue trasladada a la cárcel de Olmos y el cuerpo del negrito apareció flotando junto a otros 7 cadáveres en el río de la Plata frente a las cosas de Uruguay. Lo reconocieron porque tenía tatuado un corazón con las letras F y A adentro. No hay palabras para calificar semejante alevosía.
Treinta y tres años después, la justicia de la democracia hizo justicia. Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo fue condenado anoche a prisión perpetua. Va a pasar el resto de sus días encerrado. Ese es el lugar en donde un terrorista de estado debe estar: en la cárcel. Nadie sabe donde están los restos del Negrito. Porque su cuerpo fue robado de un cementerio en 1979. Semejante ensañamiento degrada la condición humana. No podían soportar ni siquiera el cadáver destrozado de Floreal Avellaneda. Nombre de tango perfumado y apellido de ciudad proletaria. Tristeza y lamento de blues para el Negrito Avellaneda que ojalá descanse en paz escuchando el desgarro de Manal como un rezo y una letanía: Vía muerta, calle con asfalto siempre destrozado. Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa su lágrima de carga inclina sobre el rock.

 

Graciela y Hebe

Hace muchos años que conozco a Graciela Fernández Meijide y a Hebe Bonafini. Allá lejos y hace tiempo, mas de 25 años, integré desde el último escalón de importancia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos donde Graciela se hizo dirigente nacional. Fui a muchas marchas de la Madres en la Plaza de Mayo y entrevisté no menos de 10 veces a Hebe. Por mi trabajo de columnista fui opinando de distintos sucesos que me hicieron cada vez mas crítico de Hebe y cada vez mas elogioso de Graciela. Hago un esfuerzo monumental para respetar a esas dos madres que perdieron a sus hijos. Es un dolor y un horror intransferible que no se si yo sería capaz de asumir sin caer en la locura o en la venganza por mano propia. Por lo tanto no me olvido que ambas fueron muy importantes en la lucha a favor de los derechos humanos. Pero también aprendí que el desgarro de las víctimas tampoco otorga impunidad para tomar cualquier postura y evitar la mirada crítica de la sociedad y del periodismo. Con todo respeto porque ninguna tomó el camino del ojo por ojo ni de la violencia contra los asesinos y torturadores de sus hijos veo que Graciela y Hebe representan dos caminos absolutamente distintos en la Argentina de hoy. Graciela en su momento se asoció políticamente con Carlos Auyero, un demócrata-cristiano íntegro de transparencia a toda prueba y gran capacidad intelectual. Hebe tiene como hombre de confianza a Sergio Schocklender, alguien que si bien ya pagó sus culpas ante la ley fue condenado por el asesinato de sus padres. La diferencia es abismal. Y se ve reflejada en cada postura. Graciela siempre apuesta al consenso, a debatir con honestidad intelectual y la cabeza abierta y es difícil que se le escape alguna agresión verbal. Hebe es la contracara. Sus discursos son agresivos y autoritarios. Eso la fue aislando cada vez más. Porque no solamente es insultante con los victimarios de sus hijos cosas que sería mas o menos comprensible. También ha descalificado por un tema electoral a gente muy luchadora por los derechos humanos como Pino Solanas o Martín Sabatella. En los últimos días, ya lo comentamos, Hebe trató de rata a Graciela y eso me dolió en el alma. ¿Cuál es el límite? El motivo fue que Graciela había propuesto una idea audaz y polémica como la de bajarle la pena a los represores a cambio de información fehaciente sobre los desaparecidos y sobre los nietos que las abuelas buscan sin descanso y sobre el número exacto de desaparecidos durante el terrorismo de estado. Ese fue su pecado. Abrir un debate sano, necesario y desde el lugar de la víctima para buscar la verdad y la justicia como siempre han dicho los organismos de derechos humanos. Verdad y justicia que deben ser para todos y no solo para algunos. Los derechos humanos tan manoseados pueden recuperarse como el terreno fértil en donde sembrar nuevos tiempos. El Pepe Mujica, candidato a presidente de Uruguay y ex Tupamaro en su sencillez y profundidad dijo que los argentinos nos tenemos que querer mas. Y tiene razón. No hablo de una actitud de hippismo infantil donde no hay conflictos. Hablo de respetar al otro y sus ideas. Hablo de no considerar enemigo al que piensa distinto. Hablo de ser intolerantes solamente con los corruptos y los golpistas. Con ellos nada, pero con el resto de los argentinos todo es posible.

Alfredo Leuco

Fuente: www.alfredoleuco.com.ar

Nace el Guantanamo Justice Centre

Sami El Haj funda el Guantanamo Justice Centre por Silvia Cattori

El 29 de julio de 2009 tuvimos el privilegio de reunirnos en Ginebra con Sami El Haj, el periodista y camarógrafo de Al Jazzera que pasó más de 6 años encarcelado en la base naval estadounidense de Guantánamo, territorio cubano ocupado por Estados Unidos en contra de la voluntad de las autoridades y del pueblo de Cuba. Durante su estancia en Ginebra, Sami El Haj anunció la creación de la organización humanitaria «Centro Guantánamo por la Justicia», (Guantánamo Justice Centre), que él mismo preside y que tendrá su sede en Londres, conforme a su anuncio, el 30 de julio, en conferencia de prensa convocada en esta capital. La nueva ONG tendrá como secretario general al ex detenido británico Moazzam Begg y tendra representaciones en Ginebra y París.

¿Por qué esta nueva ONG?

El «Centro Guantánamo por la Justicia» se plantea como objetivo la liberación de todos los prisioneros aún detenidos allí, así como el reconocimiento de la inocencia de esas personas y de los abusos a los que fueron sometidas por la administración de los Estados Unidos. Tiene también como objetivo la obtención de reparaciones por los daños financieros y morales que sufrieron los ex detenidos y que se proporcione ayuda sicológica a esas personas.

Esta ONG se prepara, al mismo tiempo, para emprender junto a un grupo de ex detenidos de Guantánamo una «acción legal conjunta» (joint legal action) contra el ex presidente George W. Bush y varios miembros de su administración por haber propiciado las detenciones ilegales y las torturas sufridas en Guantánamo.

Sobre ese tema, Sami El Haj  [1] precisa: «El objetivo de nuestra organización es abrir una acción de la justicia contra la administración Bush. Estamos recogiendo información, esencialmente testimonios médicos, de todo el que esté en posesión de ese tipo de datos. Eso lleva tiempo.»

Sami El Haj señala, sin embargo, la necesidad inmediata de ayuda material y de apoyo moral que enfrentan todas esas víctimas, actualmente abandonadas como casos sin solución, después que creyeron en enero en las promesas de Obama y pensaron que su situación iba a mejorar: «Obama había prometido la supresión de las cortes militares, pero luego se echó para atrás diciendo que las cortes militares iban a mantenerse con algunos cambios. [Obama] había prometido que se harían públicas las fotos de las brutalidades cometidas con los prisioneros de las dos guerras que se están desarrollando, en Irak y en Afganistán, pero se retractó diciendo que eso perjudicaría la imagen de los Estados Unidos. [Obama] había dicho que iba a juzgar a los autores de crímenes de guerra, pero en eso también se echó para atrás.

Y nosotros tenemos hoy la prueba de que nunca han cesado las torturas en Guantánamo (lanzar [a los prisioneros] contra las paredes, privarlos del sueño y del alimento, [aplicación del] waterboarding y de otras técnicas llamadas «de interrogatorio fuerte», NdA.).

Obama no ha cumplido sus promesas. Nosotros esperamos que cumpla, por lo menos, la de cerrar Guantánamo. Creemos que lo hará. Pero la cuestión no reside solamente en el cierre. El problema más difícil es el que tenemos ante nosotros.

Cuando Obama llegó al poder, había en Guantánamo cerca de 256 prisioneros. En este momento, más de 6 meses después de su promesa de cerrar esa prisión en el plazo de un año, hay todavía [en Guantánamo] 229 detenidos. O sea, en 6 meses sólo han sido liberados 27 detenidos. Nos espanta que el número de detenidos liberados sea tan pequeño. ¿Liberará la administración estadounidense a los 229 detenidos que se encuentran aún en Guantánamo? Lo dudo porque tenemos información confiable –de gente que vive allí– según la cual Estados Unidos está construyendo un campo de prisioneros en Bagram, en Afganistán, y ese campo estaría destinado al internamiento de los prisioneros provenientes de Guantánamo.

Eso indica que el problema no será resuelto con el simple cierre de Guantánamo. Estará resuelto únicamente cuando los detenidos liberados hayan recobrado enteramente su libertad. Es en esa dirección, para ayudar a esos detenidos, que trabajará nuestra organización –denominada «Centro Guantánamo por la Justicia».

La administración Obama afirma que: “nadie coopera con nosotros, nadie nos ayuda a cerrar Guantánamo”. Yo no creo que esa afirmación corresponda a los hechos. Dicho esto, la liberación de los prisioneros implica que éstos puedan obtener ayuda cuando salgan. Por ejemplo, muchos de los 229 detenidos que aún se encuentran en Guantánamo son yemenitas y Yemen no ha tramitado hasta ahora con Estados Unidos la recepción de sus ciudadanos. Para los cerca de 500 detenidos ya liberados, los sufrimientos están lejos de haber terminado con el regreso a sus países. Al haber sido catalogados como “terroristas”, están teniendo problemas de inserción, se les ha dejado sin atención a pesar de tratarse de personas traumatizadas que necesitan apoyo sicológico.

Las razones anteriormente mencionadas son lo que nos ha llevado a crear esta organización humanitaria, para recordarle al mundo que los prisioneros de Guantánamo son inocentes y que hay que ayudarlos, que Guantánamo fue un error de Estados Unidos y que es ése país quien debe resolver ese grave problema.»

Fuente: Voltairenet

Le contentieux Paraguay-Brésil

Barrage d’Itaipu : accord historique ou impérialisme brésilien ?
par Cécile Lamarque*

Après 10 mois d’âpres négociations, le président brésilien Lula da Silva et son homologue paraguayen Fernando Lugo ont annoncé samedi 25 juillet la conclusion d’une Déclaration qualifiée d’« historique » sur l’exploitation du barrage hydroélectrique d’Itaipu. Forte de 31 points qui recouvrent divers aspects des relations commerciales, énergétiques, migratoires et de l’intégration régionale, et avec des avancées concernant la libre disponibilité et le prix de l’énergie paraguayenne cédée au Brésil, cette Déclaration cache cependant mal la volonté hégémonique du géant brésilien. Si d’aucuns y voient la pleine satisfaction des revendications paraguayennes et une avancée majeure vers la récupération du contrôle de ses ressources naturelles, la Déclaration s’apparente davantage à une « feuille de route » mue par les visées impérialistes du Brésil et visant à calmer les velléités du gouvernement paraguayen de sortir du giron brésilien.

Le gouvernement paraguayen de Fernando Lugo qui est entré en fonction en août 2008 a entrepris des négociations avec celui de Lula au Brésil pour réviser le traité d’Itaipu, qui fixe l’usage des ressources hydroélectriques relevant de leur souveraineté commune au sein de l’entreprise binationale Itaipu [1]. En effet, ce traité largement déséquilibré au profit du Brésil, conclu à l’époque où les deux pays vivaient sous des dictatures militaires, ôte au Paraguay toute souveraineté sur ses ressources hydroélectriques. Après 10 mois de négociations, marquées fin 2008 par la reconnaissance des revendications paraguayennes les moins préjudiciables aux intérêts brésiliens [2], la Déclaration sur l’exploitation du barrage d’Itaipu conclue samedi 25 juillet entre le président brésilien Lula et son homologue paraguayen Lugo marque un pas en avant dans les négociations et vers la récupération de la souveraineté du Paraguay, aussi longtemps désirée qu’ajournée. Cependant, sous couvert de « respect strict des droits humains, de la souveraineté et de l’autodétermination de peuples », cette Déclaration confirme la volonté impérialiste du géant brésilien.

Maintenir jusqu’en 2023 l’énergie paraguayenne sous la tutelle brésilienne

L’avancée la plus concrète porte sur le prix de l’énergie cédée à Brasilia. En effet, le Traité d’Itaipu, tel qu’il est appliqué depuis 36 ans, viole le droit du peuple paraguayen à disposer librement de ses ressources naturelles [3]. Ses dispositions organisent le partage à part égale de l’énergie produite par les installations d’Itaipu entre les deux pays et donnent à chacune des parties le droit d’acquérir la part d’énergie non consommée par l’autre (article 13). Le Paraguay, qui ne consomme que 5 % de sa part d’énergie (il ne compte que 6 millions d’habitants contre 184 millions pour le Brésil), est contraint de céder son excédent de 95 % au Brésil, au prix de revient, ou presque. Au sein de la commission de renégociation d’Itaipu, l’État paraguayen revendique donc tout naturellement, dans les six points de la renégociation [4], l’exercice de son droit souverain et inaliénable à la libre disponibilité de ses ressources hydroélectriques, en refusant de vendre exclusivement son électricité au Brésil, et en demandant un prix juste pour l’énergie qu’il cède au Brésil afin de dégager plus de ressources financières.

Le 25 juillet, Lula a accepté de tripler le facteur multiplicateur sur base duquel est calculé le prix de l’énergie cédée au Brésil via la compagnie brésilienne Electrobras. Passant de 5,1 à 15,3, le Brésil versera ainsi annuellement environ 360 millions de dollars au Paraguay pour la vente d’électricité à son immense voisin, contre 120 millions actuellement. Cette mesure entrera en vigueur en 2010 et doit être au préalable soumise à l’approbation du Congrès brésilien, dont on connaît l’hostilité à l’égard des revendications paraguayennes...

Si cette avancée est à souligner, on est cependant loin du « prix juste » réclamé initialement par le Paraguay. Ricardo Canese, ingénieur spécialiste en énergie et expert au sein de la Commission de renégociation du traité, estime qu’au prix du marché, le Paraguay devrait retirer pas moins de 4 milliards de dollars pour l’énergie qu’il vend au Brésil [5].

La Déclaration prévoit la possibilité pour le Paraguay de vendre graduellement l’énergie produite sur le marché brésilien, sans passer obligatoirement par la compagnie nationale brésilienne Electrobras, mais non à un pays tiers comme le demandait Asunción, une perspective repoussée à 2023. Ce dernier point, dans lequel le Brésil reconnaît le droit du Paraguay de vendre son énergie à des pays tiers à partir de 2023, ne constitue pas une avancée mais témoigne de l’inflexibilité de l’administration brésilienne et de ses prétentions à préserver ses intérêts sur l’énergie paraguayenne. En effet, le Traité d’Itaipu —à supposer qu’il soit légitime— est en vigueur jusqu’en 2023, date à laquelle le Paraguay pourra de toute façon exercer librement ce droit. Une fois les infrastructures en place (lignes, transformateurs, etc), le Paraguay doit donc pouvoir vendre librement au plus offrant. Par exemple, le Chili propose actuellement de payer entre 120 et 150 US$/MWh pour l’énergie paraguayenne, tandis que sur le marché brésilien les prix fluctuent entre 60 et 70 US$/MWh [6]. De plus, certains analystes considèrent que la vente exclusive sur le marché brésilien jusqu’en 2023 est une victoire en demi-teinte puisque les Brésiliens seront alors encore en mesure d’influer sur la fixation des prix [7].

En outre, la Déclaration fait montre explicitement des visées brésiliennes sur les autres sources d’énergies hydroélectriques paraguayennes dans son point 8, qui prévoit la mise en place d’un groupe de travail composé des deux entreprises nationales d’électricité, l’Administración Nacional de Electricidad (ANDE, Paraguay) et Electrobras (Brésil), afin « d’examiner dans quelles conditions l’ANDE peut commercialiser sur le marché brésilien l’énergie de l’entreprise hydroélectrique d’Acaray et, ensuite, du barrage de Yguazú quand il sera opérationnel, ainsi que les excédents disponibles issues d’autres sources du Paraguay ». Alors qu’il réclame un prix du marché pour son énergie issue d’Itaipu, sans autre examen, le Paraguay devrait logiquement vendre l’énergie issue des autres barrages au prix du marché sans recourir à ce groupe de travail bi-national ! À défaut, on comprendrait mal la lutte historique pour la récupération de la souveraineté hydroélectrique si c’est pour reproduire les mêmes travers via de nouveaux accords favorables au Brésil !

L’annulation des dette illégitimes d’Itaipu vs les prêts de la BNDES

Leer nota completa

Le contentieux Paraguay-Brésil

Barrage d’Itaipu : accord historique ou impérialisme brésilien ?
par Cécile Lamarque*

Après 10 mois d’âpres négociations, le président brésilien Lula da Silva et son homologue paraguayen Fernando Lugo ont annoncé samedi 25 juillet la conclusion d’une Déclaration qualifiée d’« historique » sur l’exploitation du barrage hydroélectrique d’Itaipu. Forte de 31 points qui recouvrent divers aspects des relations commerciales, énergétiques, migratoires et de l’intégration régionale, et avec des avancées concernant la libre disponibilité et le prix de l’énergie paraguayenne cédée au Brésil, cette Déclaration cache cependant mal la volonté hégémonique du géant brésilien. Si d’aucuns y voient la pleine satisfaction des revendications paraguayennes et une avancée majeure vers la récupération du contrôle de ses ressources naturelles, la Déclaration s’apparente davantage à une « feuille de route » mue par les visées impérialistes du Brésil et visant à calmer les velléités du gouvernement paraguayen de sortir du giron brésilien.

Le gouvernement paraguayen de Fernando Lugo qui est entré en fonction en août 2008 a entrepris des négociations avec celui de Lula au Brésil pour réviser le traité d’Itaipu, qui fixe l’usage des ressources hydroélectriques relevant de leur souveraineté commune au sein de l’entreprise binationale Itaipu [1]. En effet, ce traité largement déséquilibré au profit du Brésil, conclu à l’époque où les deux pays vivaient sous des dictatures militaires, ôte au Paraguay toute souveraineté sur ses ressources hydroélectriques. Après 10 mois de négociations, marquées fin 2008 par la reconnaissance des revendications paraguayennes les moins préjudiciables aux intérêts brésiliens [2], la Déclaration sur l’exploitation du barrage d’Itaipu conclue samedi 25 juillet entre le président brésilien Lula et son homologue paraguayen Lugo marque un pas en avant dans les négociations et vers la récupération de la souveraineté du Paraguay, aussi longtemps désirée qu’ajournée. Cependant, sous couvert de « respect strict des droits humains, de la souveraineté et de l’autodétermination de peuples », cette Déclaration confirme la volonté impérialiste du géant brésilien.

Maintenir jusqu’en 2023 l’énergie paraguayenne sous la tutelle brésilienne

L’avancée la plus concrète porte sur le prix de l’énergie cédée à Brasilia. En effet, le Traité d’Itaipu, tel qu’il est appliqué depuis 36 ans, viole le droit du peuple paraguayen à disposer librement de ses ressources naturelles [3]. Ses dispositions organisent le partage à part égale de l’énergie produite par les installations d’Itaipu entre les deux pays et donnent à chacune des parties le droit d’acquérir la part d’énergie non consommée par l’autre (article 13). Le Paraguay, qui ne consomme que 5 % de sa part d’énergie (il ne compte que 6 millions d’habitants contre 184 millions pour le Brésil), est contraint de céder son excédent de 95 % au Brésil, au prix de revient, ou presque. Au sein de la commission de renégociation d’Itaipu, l’État paraguayen revendique donc tout naturellement, dans les six points de la renégociation [4], l’exercice de son droit souverain et inaliénable à la libre disponibilité de ses ressources hydroélectriques, en refusant de vendre exclusivement son électricité au Brésil, et en demandant un prix juste pour l’énergie qu’il cède au Brésil afin de dégager plus de ressources financières.

Le 25 juillet, Lula a accepté de tripler le facteur multiplicateur sur base duquel est calculé le prix de l’énergie cédée au Brésil via la compagnie brésilienne Electrobras. Passant de 5,1 à 15,3, le Brésil versera ainsi annuellement environ 360 millions de dollars au Paraguay pour la vente d’électricité à son immense voisin, contre 120 millions actuellement. Cette mesure entrera en vigueur en 2010 et doit être au préalable soumise à l’approbation du Congrès brésilien, dont on connaît l’hostilité à l’égard des revendications paraguayennes...

Si cette avancée est à souligner, on est cependant loin du « prix juste » réclamé initialement par le Paraguay. Ricardo Canese, ingénieur spécialiste en énergie et expert au sein de la Commission de renégociation du traité, estime qu’au prix du marché, le Paraguay devrait retirer pas moins de 4 milliards de dollars pour l’énergie qu’il vend au Brésil [5].

La Déclaration prévoit la possibilité pour le Paraguay de vendre graduellement l’énergie produite sur le marché brésilien, sans passer obligatoirement par la compagnie nationale brésilienne Electrobras, mais non à un pays tiers comme le demandait Asunción, une perspective repoussée à 2023. Ce dernier point, dans lequel le Brésil reconnaît le droit du Paraguay de vendre son énergie à des pays tiers à partir de 2023, ne constitue pas une avancée mais témoigne de l’inflexibilité de l’administration brésilienne et de ses prétentions à préserver ses intérêts sur l’énergie paraguayenne. En effet, le Traité d’Itaipu —à supposer qu’il soit légitime— est en vigueur jusqu’en 2023, date à laquelle le Paraguay pourra de toute façon exercer librement ce droit. Une fois les infrastructures en place (lignes, transformateurs, etc), le Paraguay doit donc pouvoir vendre librement au plus offrant. Par exemple, le Chili propose actuellement de payer entre 120 et 150 US$/MWh pour l’énergie paraguayenne, tandis que sur le marché brésilien les prix fluctuent entre 60 et 70 US$/MWh [6]. De plus, certains analystes considèrent que la vente exclusive sur le marché brésilien jusqu’en 2023 est une victoire en demi-teinte puisque les Brésiliens seront alors encore en mesure d’influer sur la fixation des prix [7].

En outre, la Déclaration fait montre explicitement des visées brésiliennes sur les autres sources d’énergies hydroélectriques paraguayennes dans son point 8, qui prévoit la mise en place d’un groupe de travail composé des deux entreprises nationales d’électricité, l’Administración Nacional de Electricidad (ANDE, Paraguay) et Electrobras (Brésil), afin « d’examiner dans quelles conditions l’ANDE peut commercialiser sur le marché brésilien l’énergie de l’entreprise hydroélectrique d’Acaray et, ensuite, du barrage de Yguazú quand il sera opérationnel, ainsi que les excédents disponibles issues d’autres sources du Paraguay ». Alors qu’il réclame un prix du marché pour son énergie issue d’Itaipu, sans autre examen, le Paraguay devrait logiquement vendre l’énergie issue des autres barrages au prix du marché sans recourir à ce groupe de travail bi-national ! À défaut, on comprendrait mal la lutte historique pour la récupération de la souveraineté hydroélectrique si c’est pour reproduire les mêmes travers via de nouveaux accords favorables au Brésil !

L’annulation des dette illégitimes d’Itaipu vs les prêts de la BNDES

Leer nota completa

En Charata denuncian que se quedaron solos frente al dengue

El intendente de esa localidad de Chaco dice que no tiene contacto con autoridades provinciales ni de la Nación para prevenir los efectos de una segunda ola. Y los vecinos tienen más miedo que antes.

Yo tengo mucho miedo. En el verano, cuando tuve la enfermedad, sufrí mucho, y pienso que si la vuelvo a tener, me va a llevar", dice Valeria Worff, y nada en su rostro indica que esté sobreactuando su temor. Tiene 17 años y vive en Charata, la localidad del sudoeste chaqueño que se convirtió en la ciudad argentina con mayor cantidad de casos de dengue cuando la epidemia irrumpió. Según los datos oficiales de la provincia, hubo allí 3.212 infectados. Un censo realizado por el municipio local registró más de 12.000.

"Acá, en todo momento el gobierno provincial buscó ocultar información, y ahora no tenemos ningún contacto, ni de ellos ni de la Nación, para coordinar acciones pensando en que cuando se vaya el frío vamos a tener de nuevo el problema", dice Miguel Tejedor, el intendente charatense. El funcionario reconoce que el miedo mayor es que, en la nueva ola del virus, circule una cepa distinta a la que se presentó meses atrás. Si fuera así, los que se enfermen por segunda vez podrían sufrir dengue hemorrágico, una versión que puede llegar a ser mortal.

En los barrios se hallaron larvas en gran cantidad en aguas acopiadas domésticamente. Suponen que son de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del virus. En Charata no hay red de agua potable, y es un hábito común guardar líquido en pozos, aljibes y baldes. La sequía que castiga a la región desde hace un año y medio no hizo más que afianzar esa costumbre.

El director provincial de Epidemiología, Mario Echeverría, dice que no quiere polemizar con Tejedor. "En Charata estuvimos capacitando médicos y armando brigadas. Ustedes me encontraron llamando a Salud Pública; Tejedor podría hacer lo mismo", le dijo a Clarín. Gerardo Cipolini, intendente de la segunda ciudad con mayor número de casos, Sáenz Peña, también dice estar huérfano de apoyos: "Hacemos descacharrado, pero con la caída de ingresos no podemos resolver todo".

Echeverría, en cambio, hace su propio reclamo. "Con la mayoría de los municipios estamos trabajando bien, pero otros no se suman. Hay gente que sólo está para la foto", sostiene. Además, señala que "se habla del Chaco como la provincia con más casos, y fue Catamarca, si se considera el porcentaje de población afectada, que es lo que cuenta en epidemiología".

Rolando Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela, planteó que "la epidemia explotó producto de que el virus encontró el ambiente apropiado, comida y zona liberada. Lo peor es que estamos igual que antes, sin haber aprendido prácticamente nada".

En los barrios de Charata hay ánimos diversos. "En casa pusieron una pastilla larvicida en mi pozo, pero no volvieron más", se angustia Alcira Mabel Farías. Ella, su madre y sus hijas tuvieron la enfermedad. Omar Pintos saca agua de su pozo y aunque la pasó mal en marzo, dice estar seguro de que si la enfermedad retorna: "habrá poquito, porque la gente aprendió y toma medidas".

Distinto es lo que opinan Karina y Verónica Díaz, dos hermanas adolescentes que iban al mismo colegio de Carolina Gómez, una chica que murió por el virus. "Nosotras hacemos caso a las medidas que nos enseñaron en la escuela -cuentan-, pero nuestros vecinos no. Se volvió a lo mismo de antes, como si no se dieran cuenta de que ahora puede ser peor".

Fuente: Diario Clarín

INSEGURIDAD Y SENSACIONES

Estuve visitando el sitio www.saberderecho.com y me detuve en un interesante análisis titulado "Algunos datos ’duros’ sobre ’inseguridad’".

El artículo es más que interesante y establece algunos puntos a considerar para que elaboremos nuestras propias conclusiones, como es el caso de la incidencia de menores en el protagonismo de hechos delictivos, con respecto al cual el autor destaca que esta incidencia está construída en base a los "casos resueltos" pero nada sabemos del total de hechos delictivos. Por lo tanto es válido pensar que l@s niñ@s y adolescentes que cometen delito tienen menos "experiencia" y por tanto son más fáciles de atrapar. A esto sumo yo además a l@s niñ@s y adolescentes esclavizados y por tanto obligados a cometer delitos por organizaciones criminales que "los adquieren" a través de trata de personas, o los copta por otros medios como la adicción y provisión de droga.

Aquí algunos párrafos del texto que pueden continuar leyendo en su sitio original:

".....El delito no se denuncia por muchas causas: porque se supone que el trámite de denuncia es engorroso, por miedo a represalias del delincuente, por la suposición de que es muy difícil que el robo sea esclarecido, etc. Otros factores pueden contrapesar y diluir la incidencia de la cifra negra (en robo de automotores, por ejemplo, la cifra negra es baja porque la denuncia es necesaria para cobrar el seguro).

Aún denunciados, la cifra puede estar sujeta a manipulaciones de la autoridad administrativa inferior que recoge la denuncia, de la autoridad administrativa más alta que agrega los datos. Estas manipulaciones pueden ser en más o en menos (la policía o el gobierno pueden estar interesadas en demostrar la existencia de un "pico" de delito o de negarlo), y son muy difíciles de auditar.

Como algunos delitos están además sujetos a las tipificaciones propias del derecho local, los datos padecen de inconsistencias graves que impiden hacer comparaciones totalmente fiables de rango horizontal (a lo largo del tiempo en un mismo país) y de rango vertical (en un momento dado, en diversos países). Igual, no se pierde nada con intentarlo.

Nos centramos en Argentina. Hace un mes leíamos este post de ESC, donde Elemaco muestra una esforzada digitalización de los datos del INDEC sobre delitos en la Argentina. Tomando la planilla de Ele -xls que tomamos de su biblioteca- consolidamos los datos de la serie en un solo gráfico que abarca homicidios dolosos, delitos contra la propiedad y delitos contra las personas.

En todos los gráficos pueden hacer click sobre la imagen para verlos más grandes

 

Dato: la tasa (anual cada 100.000 hab.) del número de homicidios dolosos de 2007 es casi la mitad con respecto a la de 1973 (en números reales y no números índice, son 9,8 homicidios año entonces contra 5,3 ahora; aquí pueden ver homicide rates de distintos países del mundo, el ranking lo lideraba Irak con 89 homicidios dolosos/año cada 100.000 habitantes, aunque uno supone que deben ser más, porque en Irak debe haber cifra negra hasta de homicidios).

Lo que importa del segundo gráfico es señalar que no hay correlación observable entre delitos contra la propiedad y homicidios dolosos. Es posible, y de hecho se ha dado últimamente, que unos suban al mismo tiempo que los otros bajan.

La consecuencia de eso es que si nos dicen "aumentó la inseguridad", no podemos responder con el dato duro de que el número de homicidios dolosos no ha subido, y señalar además que es comparativamente bajo en el comparativo mundial. Eso sólo revela, tal vez, que los ladrones son eficaces en su modus operandi: se llevan sólo lo que quieren, la bolsa y no la vida.
Pero hay una segunda vuelta sobre esta observación. Y es la de desmentir el mito según el cual homicidio doloso equivale siempre a homicidio con-arma-de-fuego en-ocasión-de-robo, lo que explica por qué también hay que entrecomillar lo de "inseguridad".

Miramos entonces las estadísticas oficiales desagregadas de la Dirección Nacional de Política Criminal. En la serie de homicidios (ver informe PDF) aparecen cuadros y conclusiones como estas.

- La mayoría de los homicidios dolosos no tienen que ver con el rótulo "inseguridad": sólo el 22 % se asocian directamente con robos.



- La mayoría de los homicidios dolosos no se cometen con armas de fuego.


- Mito: una parte significativa de los delitos son cometidos por menores. Esto parece ser verdad, si miramos los cuadros de abajo.


Lo de "parece" es porque estos cuadros nos muestran los delitos que terminan con imputados, es decir, que de algún modo son "esclarecidos". Como los ladrones más chicos son plausiblemente principiantes, por ende más torpes, es razonable suponer que conforman un grupo mayoritario entre los que son "descubiertos". Y de los "no descubiertos" no sabemos nada sobre su perfil etario.

La conclusión es que no se puede extrapolar directamente a partir de esas tortas para decir, grosso modo, que la mitad de los robos/hurtos son cometidos por menores. Sí es cierto el mito de que una parte significativa de los delitos son cometidos por menores, pero no sabemos su incidencia real.

- La mayoría de los hechos no son esclarecidos. Obviamente es verdad, pero deberíamos ponerlo en números.

El informe 2007 sobre delitos contra la propiedad no tiene una sección específica donde desglose el número de hechos "esclarecidos", así que nosotros tratamos de inferirlo a partir de otros datos de ese reporte.

LEER EL INFORME COMPLETO

3 meses, 3 gremialistas muertos a tiros

Información General | Mafia sindical

Tiempos violentos

En sólo tres meses, tres gremialistas murieron baleados. El retorno de las internas sangrientas y las sospechas sobre Moyano.

Por María Fernanda Villosio

Abel Beroiz no encajaba en el look tradicional de sindicalista. Era el tercero en importancia en la Federación de Camioneros —mano derecha del jefe de la CGT, Hugo Moyano— y, sin embargo, renegaba de algunas rutinas: no llevaba armas ni guardaespaldas, fetiches gremiales que quizá le hubieran salvado la vida.

La noche anterior a su asesinato, el 27 de noviembre, se lo vio distendido. Cenó con un amigo en una parrilla de Rosario y se permitió algunas transgresiones: asado con grasa, no recomendado para el colesterol, y varias copitas de vino tinto Latitud 33. Seis horas después, una vez que los asesinos estuvieron seguros que la foto que tenían entre manos se correspondía con la cara del hombre que acababa de llegar al estacionamiento del Automóvil Club Argentino, Beroiz fue masacrado. Y pasó a formar parte de una estadística escalofriante.

En apenas tres meses, tres gremialistas ligados a las cúpulas de sus respectivos gremios terminaron con un tiro en la cabeza en circunstancias misteriosas. Beroiz, ultimado por dos desconocidos que, según la Justicia, lo habrían matado por encargo como consecuencia de una feroz interna gremial. Horacio Viviani, hermano del titular del sindicato de taxis, Omar Viviani (otro de los pilares de Moyano), apareció muerto en su auto en una escena sospechosa: su hermano insiste en que se trató de un suicidio, la ex mujer jura que fue un asesinato mafioso. También el protesorero del sindicato ladrillero de La Matanza, Miguel Orellana, fue ejecutado de dos balazos en la sien luego de denunciar ante la Justicia amenazas de muerte por parte de allegados a las autoridades del gremio.

Las coincidencias son macabras. Los tres hombres estaban vinculados a cajas millonarias provenientes de las obras sociales y de otros beneficios sindicales; todos los gremios involucrados pertenecen a la CGT oficial de Moyano y, en todos los casos, desde las máximas esferas del poder sindical se hizo lo posible por desvincular estas muertes de las refriegas internas y no se colaboró con las investigaciones judiciales. Pero la Justicia descartó en estos episodios la hipótesis del robo, ya que junto a los cadáveres se encontraron billeteras intactas, relojes de oro y otros valores.

¿Es éste el síntoma de un revival de la violencia sindical de los años 70, ese modo de ser gremial en el que los asuntos internos se dirimen a los tiros y se pagan con la vida?

Caso 1: el hombre de los camiones. Moyano llegó conmocionado al entierro del tesorero de la Federación, Abel Beroiz, en su ciudad natal de Venado Tuerto. El gremialista santafecino de 71 años manejaba los fondos del sindicato más poderoso de la Argentina, que es capaz de paralizar al país gracias al control que ejerce sobre los gremios del transporte. Desde la llegada del kirchnerismo al poder, camioneros engordó sus arcas con recursos de diferentes ventanillas oficiales: un porcentaje del impuesto al gasoil, subsidios a las obras sociales, créditos blandos y otras prebendas, de alrededor de seiscientos millones de pesos al año.

Mientras trasladaba el féretro de Beroiz, cubierto por una gran bandera de “camioneros”, Moyano repetía a sus íntimos: “Estoy desconcertado”, contaron quienes compartieron con él ese momento de constricción. Pero, en público, el líder sindical no mostró dudas. Atribuyó el episodio a un robo y lo dio por terminado. “No creo que haya sido un mensaje a nuestra organización. Es increíble el nivel de inseguridad que se vive en el país; miren lo que pasó con el vicejefe de Gabinete (Jorge Rivas) o con los periodistas que asaltaron hace poco”, dijo.

Sin embargo, el mensaje puertas adentro fue otro, mucho más enigmático: “Acá nadie dice nada sobre este caso y cuidado con quién se atreva a sacar los pies del plato”, ordenó el jefe. A tal punto se cumplió el mandato, que hasta la propia Justicia se quejó de la falta de colaboración del gremio en la investigación. “En el sindicalismo, los trapitos se lavan en casa. Que no intervenga la Justicia o el periodismo. Y si nos cagamos a tiros, es por plata”, le aseguró a NOTICIAS un gremialista que sí lleva un revólver en la guantera del auto (ver recuadro pág. 93)

A las pocas horas del asesinato de Beroiz, el juez Osvaldo Barbero ya había archivado la hipótesis del robo y se inclinaba por un crimen inspirado en una disputa gremial. Para eso, tuvo en cuenta una foto de la víctima hallada en el lugar del crimen, un papel con el recorrido que ésta iba a realizar y afirmaciones de testigos que aseguraron que los delincuentes dijeron antes de escapar: “Ya está. Vámonos a tomar un taxi”.

Además, según fuentes policiales, en un allanamiento realizado el miércoles 5 en el que se detuvo a dos personas supuestamente vinculadas al autor material del hecho (que aún está prófugo), la Justicia encontró una carta en la que el killer le pedía a su concubina “que gaste el dinero” que le dieron por “ese trabajo”. Los investigadores están buscando un celular terminado en 330 al que el prófugo llamó en dos oportunidades: antes de matar a Beroiz y al día siguiente.

Pese a estas evidencias, los sindicalistas cercanos a Moyano consultados por NOTICIAS minimizaron la cuestión de la interna gremial. “Es un invento de Clarín para tirarle el fardo a Moyano”, fue la teoría más desopilante ensayada por uno de ellos.

Con esta muerte, al titular de la CGT le pegaron debajo de la línea de flotación. No sólo porque Beroiz era un hombre de su más estrecha confianza, sino también porque si se comprueba que se trató de un crimen mafioso de origen gremial, sería un escándalo. Y ése no es el escenario que más le conviene a Moyano de cara a las elecciones gremiales internas del año próximo.

Al parecer, Beroiz era un tipo “querido” en el sindicato de camioneros de Santa Fe, que presidía desde hacía siete años. En su ciudad natal, le reconocen haber realizado inversiones millonarias para construir una nueva sede y mejorar los servicios para el afiliado. La plata sobraba.

Un día antes de que lo mataran, Beroiz alteró su agenda con una operación de último momento. Manejó su Volkswagen Passat Azul desde Venado Tuerto hasta Rosario —ya que no usaba chofer— porque tenía una oferta entre manos: le habrían ofrecido hacerse cargo, por seis meses, del Sanatorio Güemes de esa ciudad por una suma cercana al millón de pesos. El sindicalista asesinado se alojó en el Hotel Plaza, en la habitación 501, como lo venía haciendo durante los últimos diez años.

Algunos amigos cercanos admitieron que en esa ciudad había focos de conflictos latentes. Uno de ellos, podría ser el hecho de que Beroiz planeaba trasladar la expedición de los certificados psicofísicos que habilitan a los camioneros como profesionales a la nueva sede de Venado Tuerto, lo que al parecer rompía algún negocio rosarino. Otro era la disputa de los camioneros con los recolectores de residuos por la afiliación de sus trabajadores. Y, por último, el negocio de la salud y de las obras sociales siempre dejan algún herido. “Era un tipo tan honesto que no lo podían voltear de ninguna manera. Tuvieron que matarlo para sacarlo del medio”, deslizó un allegado.

En el gremio, niegan todo. “Ni en el consejo directivo central ni en los sindicatos del interior existen disidencias”, enfatizó Moyano. El mismo hermetismo rodea a la familia. La única hermana de la víctima que se animó a hablar, Illiana, reveló a los dos días del asesinato que su pariente había sido amenazado de muerte, pero ella después se calló y todo el entorno se empeñó en desmentir las intimidaciones. ¿Por miedo? ¿Por orden de alguien? ¿Por intereses comunes? Quien monitorea la investigación es el hijo de Beroiz, también llamado Abel, que a su vez es asesor jurídico en un organismo manejado directamente por Moyano: la Administración de Programas Especiales (APE), encargada de distribuir la plata de las obras sociales.

Caso 2: el hombre de los taxis. La muerte de Horacio Viviani (56) continúa siendo un verdadero misterio. El martes 11 de septiembre lo encontraron muerto de un balazo en el interior de su Renault Clio Gris, estacionado frente a su casa en el barrio de Parque Chacabuco. “Se suicidó y nada más. Desconozco si tenía problemas. Estamos muy tristes, la familia también”, fue el pésame de Jorge Luis García, secretario adjunto del sindicato de taxistas, quien ofició de vocero ya que el jefe Omar Viviani se encontraba en ese momento en el exterior. El gremio nunca más habló en público acerca del tema.

Las dudas corrieron por cuenta de su ex mujer, Marcela Ríos, que hasta hoy recibe amenazas de muerte por discrepar de la versión oficial. “La próxima sos vos”, le advierten. Ella está convencida de que a su ex marido lo mataron y que la agresión provino de su entorno más cercano. “El hermano era su peor enemigo”, repite. Según la viuda, Horacio le había comentado que “quería tomarse una licencia del gremio porque las cosas no andaban bien” y que estaba “afligido por las reiteradas discusiones con Omar”. Marcela no sabe precisar por qué.

La víctima trabajaba desde hacía doce años en el área de prensa del sindicato e integraba el consejo directivo de la obra social de los taxistas, que fue investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras detectar un presunto desvío de dinero por parte de la cúpula del gremio.

Según la mujer, Horacio era un hombre violento y no tenía las características depresivas de un suicida. La noche anterior, incluso, la había maltratado en una pelea doméstica. Pese a haber sido la última persona en verlo con vida, la Justicia todavía no la llamó a declarar. Un detalle tan extraño como que la pericia que analiza si quedaron restos de pólvora deflagrada en las manos del presunto suicida nunca arrojó resultados concluyentes para avalar esta hipótesis.

Caso 3: el hombre de los ladrillos. A Miguel Orellana (43), protesorero del sindicato de los ladrilleros de La Matanza, le gritaron en la cara: “La traición se paga con la muerte”. La amenaza, un mes antes del final anunciado, provino de allegados del secretario general del gremio, y Orellana la denunció ante la Justicia. El enfrentamiento con las autoridades sindicales no le daba tregua. Las discusiones se originaron en una presunta malversación de fondos millonarios de las obras sociales que Orellana no estaba dispuesto a admitir, contaron sus íntimos a NOTICIAS. Él pidió explicaciones hasta que lo mataron.

El 1º de octubre, alguien lo interceptó mientras circulaba con la camioneta Isuzu del sindicato por la localidad bonaerense de Mariano Acosta. Al parecer, sus victimarios lo pasaron al asiento de atrás y, por la trayectoria de la bala, lo remataron con la metodología propia de un matador: dos tiros en la sien para asegurar su muerte.

En otros tiempos, de debates ideológicos más apasionados, el asesinato del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, en 1969, o la masacre del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, cuatro años después, formaron parte de la historia más violenta del sindicalismo argentino. Con la llegada de la democracia, muchas de estas prácticas parecían haber quedado sepultadas en los pliegues de una sociedad desmilitarizada. Sin embargo, el 17 de octubre del año pasado se produjo un hecho que retrotrajo al pasado: el traslado de los restos de Perón al mausoleo de San Vicente en medio de una batahola gremial por el control de la pompa fúnebre, que dejó más de cincuenta heridos. Allí se lo filmó al chofer del hijo de Moyano, Emilio “Madonna” Quiroz, empuñando una pistola y, según la fiscalía, “tirando a matar” a otros militantes. Esta trifulca marcó un peligroso punto de partida. Casi un año después, tres extrañas muertes ocurridas en seguidilla trazaron el camino fraguado de sangre.

Trabajos de mercenarios que dejan huellas mafiosas.

Fuente: Revista Noticias

Nik - ¿Humor?