3 meses, 3 gremialistas muertos a tiros

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Tiempos violentos

En sólo tres meses, tres gremialistas murieron baleados. El retorno de las internas sangrientas y las sospechas sobre Moyano.

Por María Fernanda Villosio

Abel Beroiz no encajaba en el look tradicional de sindicalista. Era el tercero en importancia en la Federación de Camioneros —mano derecha del jefe de la CGT, Hugo Moyano— y, sin embargo, renegaba de algunas rutinas: no llevaba armas ni guardaespaldas, fetiches gremiales que quizá le hubieran salvado la vida.

La noche anterior a su asesinato, el 27 de noviembre, se lo vio distendido. Cenó con un amigo en una parrilla de Rosario y se permitió algunas transgresiones: asado con grasa, no recomendado para el colesterol, y varias copitas de vino tinto Latitud 33. Seis horas después, una vez que los asesinos estuvieron seguros que la foto que tenían entre manos se correspondía con la cara del hombre que acababa de llegar al estacionamiento del Automóvil Club Argentino, Beroiz fue masacrado. Y pasó a formar parte de una estadística escalofriante.

En apenas tres meses, tres gremialistas ligados a las cúpulas de sus respectivos gremios terminaron con un tiro en la cabeza en circunstancias misteriosas. Beroiz, ultimado por dos desconocidos que, según la Justicia, lo habrían matado por encargo como consecuencia de una feroz interna gremial. Horacio Viviani, hermano del titular del sindicato de taxis, Omar Viviani (otro de los pilares de Moyano), apareció muerto en su auto en una escena sospechosa: su hermano insiste en que se trató de un suicidio, la ex mujer jura que fue un asesinato mafioso. También el protesorero del sindicato ladrillero de La Matanza, Miguel Orellana, fue ejecutado de dos balazos en la sien luego de denunciar ante la Justicia amenazas de muerte por parte de allegados a las autoridades del gremio.

Las coincidencias son macabras. Los tres hombres estaban vinculados a cajas millonarias provenientes de las obras sociales y de otros beneficios sindicales; todos los gremios involucrados pertenecen a la CGT oficial de Moyano y, en todos los casos, desde las máximas esferas del poder sindical se hizo lo posible por desvincular estas muertes de las refriegas internas y no se colaboró con las investigaciones judiciales. Pero la Justicia descartó en estos episodios la hipótesis del robo, ya que junto a los cadáveres se encontraron billeteras intactas, relojes de oro y otros valores.

¿Es éste el síntoma de un revival de la violencia sindical de los años 70, ese modo de ser gremial en el que los asuntos internos se dirimen a los tiros y se pagan con la vida?

Caso 1: el hombre de los camiones. Moyano llegó conmocionado al entierro del tesorero de la Federación, Abel Beroiz, en su ciudad natal de Venado Tuerto. El gremialista santafecino de 71 años manejaba los fondos del sindicato más poderoso de la Argentina, que es capaz de paralizar al país gracias al control que ejerce sobre los gremios del transporte. Desde la llegada del kirchnerismo al poder, camioneros engordó sus arcas con recursos de diferentes ventanillas oficiales: un porcentaje del impuesto al gasoil, subsidios a las obras sociales, créditos blandos y otras prebendas, de alrededor de seiscientos millones de pesos al año.

Mientras trasladaba el féretro de Beroiz, cubierto por una gran bandera de “camioneros”, Moyano repetía a sus íntimos: “Estoy desconcertado”, contaron quienes compartieron con él ese momento de constricción. Pero, en público, el líder sindical no mostró dudas. Atribuyó el episodio a un robo y lo dio por terminado. “No creo que haya sido un mensaje a nuestra organización. Es increíble el nivel de inseguridad que se vive en el país; miren lo que pasó con el vicejefe de Gabinete (Jorge Rivas) o con los periodistas que asaltaron hace poco”, dijo.

Sin embargo, el mensaje puertas adentro fue otro, mucho más enigmático: “Acá nadie dice nada sobre este caso y cuidado con quién se atreva a sacar los pies del plato”, ordenó el jefe. A tal punto se cumplió el mandato, que hasta la propia Justicia se quejó de la falta de colaboración del gremio en la investigación. “En el sindicalismo, los trapitos se lavan en casa. Que no intervenga la Justicia o el periodismo. Y si nos cagamos a tiros, es por plata”, le aseguró a NOTICIAS un gremialista que sí lleva un revólver en la guantera del auto (ver recuadro pág. 93)

A las pocas horas del asesinato de Beroiz, el juez Osvaldo Barbero ya había archivado la hipótesis del robo y se inclinaba por un crimen inspirado en una disputa gremial. Para eso, tuvo en cuenta una foto de la víctima hallada en el lugar del crimen, un papel con el recorrido que ésta iba a realizar y afirmaciones de testigos que aseguraron que los delincuentes dijeron antes de escapar: “Ya está. Vámonos a tomar un taxi”.

Además, según fuentes policiales, en un allanamiento realizado el miércoles 5 en el que se detuvo a dos personas supuestamente vinculadas al autor material del hecho (que aún está prófugo), la Justicia encontró una carta en la que el killer le pedía a su concubina “que gaste el dinero” que le dieron por “ese trabajo”. Los investigadores están buscando un celular terminado en 330 al que el prófugo llamó en dos oportunidades: antes de matar a Beroiz y al día siguiente.

Pese a estas evidencias, los sindicalistas cercanos a Moyano consultados por NOTICIAS minimizaron la cuestión de la interna gremial. “Es un invento de Clarín para tirarle el fardo a Moyano”, fue la teoría más desopilante ensayada por uno de ellos.

Con esta muerte, al titular de la CGT le pegaron debajo de la línea de flotación. No sólo porque Beroiz era un hombre de su más estrecha confianza, sino también porque si se comprueba que se trató de un crimen mafioso de origen gremial, sería un escándalo. Y ése no es el escenario que más le conviene a Moyano de cara a las elecciones gremiales internas del año próximo.

Al parecer, Beroiz era un tipo “querido” en el sindicato de camioneros de Santa Fe, que presidía desde hacía siete años. En su ciudad natal, le reconocen haber realizado inversiones millonarias para construir una nueva sede y mejorar los servicios para el afiliado. La plata sobraba.

Un día antes de que lo mataran, Beroiz alteró su agenda con una operación de último momento. Manejó su Volkswagen Passat Azul desde Venado Tuerto hasta Rosario —ya que no usaba chofer— porque tenía una oferta entre manos: le habrían ofrecido hacerse cargo, por seis meses, del Sanatorio Güemes de esa ciudad por una suma cercana al millón de pesos. El sindicalista asesinado se alojó en el Hotel Plaza, en la habitación 501, como lo venía haciendo durante los últimos diez años.

Algunos amigos cercanos admitieron que en esa ciudad había focos de conflictos latentes. Uno de ellos, podría ser el hecho de que Beroiz planeaba trasladar la expedición de los certificados psicofísicos que habilitan a los camioneros como profesionales a la nueva sede de Venado Tuerto, lo que al parecer rompía algún negocio rosarino. Otro era la disputa de los camioneros con los recolectores de residuos por la afiliación de sus trabajadores. Y, por último, el negocio de la salud y de las obras sociales siempre dejan algún herido. “Era un tipo tan honesto que no lo podían voltear de ninguna manera. Tuvieron que matarlo para sacarlo del medio”, deslizó un allegado.

En el gremio, niegan todo. “Ni en el consejo directivo central ni en los sindicatos del interior existen disidencias”, enfatizó Moyano. El mismo hermetismo rodea a la familia. La única hermana de la víctima que se animó a hablar, Illiana, reveló a los dos días del asesinato que su pariente había sido amenazado de muerte, pero ella después se calló y todo el entorno se empeñó en desmentir las intimidaciones. ¿Por miedo? ¿Por orden de alguien? ¿Por intereses comunes? Quien monitorea la investigación es el hijo de Beroiz, también llamado Abel, que a su vez es asesor jurídico en un organismo manejado directamente por Moyano: la Administración de Programas Especiales (APE), encargada de distribuir la plata de las obras sociales.

Caso 2: el hombre de los taxis. La muerte de Horacio Viviani (56) continúa siendo un verdadero misterio. El martes 11 de septiembre lo encontraron muerto de un balazo en el interior de su Renault Clio Gris, estacionado frente a su casa en el barrio de Parque Chacabuco. “Se suicidó y nada más. Desconozco si tenía problemas. Estamos muy tristes, la familia también”, fue el pésame de Jorge Luis García, secretario adjunto del sindicato de taxistas, quien ofició de vocero ya que el jefe Omar Viviani se encontraba en ese momento en el exterior. El gremio nunca más habló en público acerca del tema.

Las dudas corrieron por cuenta de su ex mujer, Marcela Ríos, que hasta hoy recibe amenazas de muerte por discrepar de la versión oficial. “La próxima sos vos”, le advierten. Ella está convencida de que a su ex marido lo mataron y que la agresión provino de su entorno más cercano. “El hermano era su peor enemigo”, repite. Según la viuda, Horacio le había comentado que “quería tomarse una licencia del gremio porque las cosas no andaban bien” y que estaba “afligido por las reiteradas discusiones con Omar”. Marcela no sabe precisar por qué.

La víctima trabajaba desde hacía doce años en el área de prensa del sindicato e integraba el consejo directivo de la obra social de los taxistas, que fue investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras detectar un presunto desvío de dinero por parte de la cúpula del gremio.

Según la mujer, Horacio era un hombre violento y no tenía las características depresivas de un suicida. La noche anterior, incluso, la había maltratado en una pelea doméstica. Pese a haber sido la última persona en verlo con vida, la Justicia todavía no la llamó a declarar. Un detalle tan extraño como que la pericia que analiza si quedaron restos de pólvora deflagrada en las manos del presunto suicida nunca arrojó resultados concluyentes para avalar esta hipótesis.

Caso 3: el hombre de los ladrillos. A Miguel Orellana (43), protesorero del sindicato de los ladrilleros de La Matanza, le gritaron en la cara: “La traición se paga con la muerte”. La amenaza, un mes antes del final anunciado, provino de allegados del secretario general del gremio, y Orellana la denunció ante la Justicia. El enfrentamiento con las autoridades sindicales no le daba tregua. Las discusiones se originaron en una presunta malversación de fondos millonarios de las obras sociales que Orellana no estaba dispuesto a admitir, contaron sus íntimos a NOTICIAS. Él pidió explicaciones hasta que lo mataron.

El 1º de octubre, alguien lo interceptó mientras circulaba con la camioneta Isuzu del sindicato por la localidad bonaerense de Mariano Acosta. Al parecer, sus victimarios lo pasaron al asiento de atrás y, por la trayectoria de la bala, lo remataron con la metodología propia de un matador: dos tiros en la sien para asegurar su muerte.

En otros tiempos, de debates ideológicos más apasionados, el asesinato del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, en 1969, o la masacre del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, cuatro años después, formaron parte de la historia más violenta del sindicalismo argentino. Con la llegada de la democracia, muchas de estas prácticas parecían haber quedado sepultadas en los pliegues de una sociedad desmilitarizada. Sin embargo, el 17 de octubre del año pasado se produjo un hecho que retrotrajo al pasado: el traslado de los restos de Perón al mausoleo de San Vicente en medio de una batahola gremial por el control de la pompa fúnebre, que dejó más de cincuenta heridos. Allí se lo filmó al chofer del hijo de Moyano, Emilio “Madonna” Quiroz, empuñando una pistola y, según la fiscalía, “tirando a matar” a otros militantes. Esta trifulca marcó un peligroso punto de partida. Casi un año después, tres extrañas muertes ocurridas en seguidilla trazaron el camino fraguado de sangre.

Trabajos de mercenarios que dejan huellas mafiosas.

Fuente: Revista Noticias