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CIELO Y TIERRA - ¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ PERDIDO?

¿Quién ganó en El Salvador?

M. Á. BASTENIER 18/03/2009  - El País

Se sabe quién ha perdido las elecciones presidenciales de El Salvador; pero no hay absoluta constancia de quién ha ganado. Derrotado, el ultraderechista Arena (Alianza Republicana Nacionalista) que lleva en el poder cuatro mandatos desde 1989; que ensangrentó el país con los infamantes escuadrones de la muerte; que planeó el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980, y que clonaba los impulsos más reaccionarios de Washington. Y ganador, al menos nominal, el izquierdista FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), pero dentro del cual o en sus alrededores conviven dos almas bien distintas.

Si el FMLN, heredero de la guerrilla que firmó la paz con un Gobierno semidemocrático en 1992, ha tardado 20 años en llegar al poder, habrá que preguntarse a qué tanta demora. Aquella fuerza revolucionaria estaba muy debilitada por la ofensiva militar armada y financiada por Estados Unidos en 1989; en 1990 los sandinistas, que eran como sus hermanos mayores guerrilleros, perdían el poder en elecciones democráticas; y desde ese año o el siguiente, con la desaparición de la URSS, era obvio que la arruinada Cuba ya no podía ser Meca de nadie. Durante todo ese tiempo, los espacios públicos de poder, que Gilles Bataillon ha llamado intersticiales porque se debían al solapamiento imperfecto entre intereses militares y capital agroexportador, limitaban el acceso del nuevo partido al ciudadano, como consecuencia de lo cual la tasa de asistencia a las urnas apenas solía superar el 50%. El FMLN acababa, sin embargo, en esta ocasión de ganar las legislativas -35 escaños contra 32 de Arena, en enero pasado- y en las presidenciales votaron dos tercios del censo, lo que favorecía a la izquierda. El Frente, finalmente, presentaba en las elecciones la otra mejilla, encarnada en el candidato socialdemócrata Mauricio Funes, en lugar de los ex guerrilleros que habían sido sus aviesos antecesores.

Hay que preguntarse, entonces, en qué medida el presidente electo domina o es dominado por el aparato del partido, porque de ello dependerá el rumbo del llamado pulgarcito de Centroamérica, que puede escorarse hacia el chavismo venezolano o a la prudencia personificada del brasileño Lula. Y el salvadoreño cuenta para respaldar sus decisiones con una especie de fuerza personal de despliegue rápido, llamada los amigos de Funes, entre los que figuran varios empresarios a los que no se sospecha de bolivarianos, pero también el ex guerrillero Hato Hasbún, de origen palestino, posiblemente sobrevenido a días más apacibles.

La línea dura se halla, con todo, al otro lado del sillón presidencial encarnada por su vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, que opina que todo lo que perjudique a Estados Unidos es bueno para la humanidad. El ex guerrillero reciclado conferenciante en Oxford, Joaquín Villalobos, asegura que tras esa facción está el Partido Comunista, aunque no aclara quién está detrás del partido, porque ya ha pasado el tiempo en que el comunismo ponía presuntamente en peligro el equilibrio universal.

El giro es, sin embargo, gigantesco aún en la hipótesis más domesticada. El jefe del Estado saliente, Elías Antonio Saca, ha sido el último líder latinoamericano en mantener tropas en Irak; se alineó el primero con el presidente George W. Bush en la guerra contra el terror copiando hasta el último codicilo de la Patriot Act norteamericana; y fue también el más presuroso en firmar el CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano) con Washington, por todo lo cual recibió unos 500 millones de dólares de ayuda en los últimos cinco años.

Las primeras declaraciones del presidente electo confortan, en cambio, a Brasilia, porque cuando dice que profundizará relaciones con Estados Unidos está claro que, con Barack Obama en la Casa Blanca, quiere decir algo radicalmente distinto de lo que significarían esas mismas palabras pronunciadas por Saca en tiempos del anterior presidente republicano. Esos méritos taumatúrgicos son los que tiene el nuevo líder norteamericano, hasta el punto de que la sola mención de su nombre evoca en la opinión Alianza de Civilizaciones, diálogo multipolar, mano tendida a los íncubos de Bush, y, sobre todo, síntesis de extremos, que es lo que guía la política de Lula; pero, legítimamente, también hay que preguntarse cuánto durará esa exposición del santísimo.

Funes hizo, por último, una cita político-literaria en su discurso de la victoria, cuando dijo que tocaba El turno del ofendido, título de un libro de Roque Dalton, el revolucionario salvadoreño asesinado por sus camaradas en 1975, para añadir que aquel era el turno "de los auténticos demócratas". ¿En quién estaría pensando?

TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS

A cuatro años de la desaparición de Florencia Pennachi, su amiga apunta al Gobierno

Lilen Díaz, compañera de facultad de la joven desaparecida, habla de complicidad del Estado. Por qué asegura que es un caso de trata de blancas.

Hace cuatro años que nada se sabe de Florencia Pennachi. Hace cuatro años que la causa que investiga su caso, aquel 16 de marzo cuando luego de hablar por teléfono con su hermano y dar parte de enferma en el trabajo desapareció, no tiene una pista concreta. Hace cuatro años que en su Neuquén natal sus amigas buscan sus rastros, y hace cuatro años también que Lilen Díaz, su compañera de facultad, su amiga de Buenos Aires, intenta que el fiscal investigue la pista de la trata de blancas.

“Desde hace más de dos años tenemos una prueba certera de que Florencia está viva y de que se trata de un caso de trata. Tenemos la punta del ovillo que nos llevaría a ella, pero aparentemente el fiscal que tiene el caso no quiere seguir esa pista”, dispara Lilen en diálogo con Perfil.com.

El fiscal al que Lilen hace alusión es Marcelo Retes, y la prueba que podría echar luz sobre el paradero de Florencia es la última persona que habló con ella antes de que nadie más la volviera a ver. Si bien este hombre declaró en un principio, nunca se insistió sobre su testimonio, explica Díaz.

“El fiscal ha decidió dedicar los recursos del Estado en seguir una pista que no nos llevan a nada. Durante estos años, sólo se dedico a embarrar la causa, a ensuciarla con información basura, a despistar, a perder energía y a dejar pasar el tiempo para que esto quede impune”, expresó Lilen, con el dolor de no ver avance alguno en la Justicia para encontrar a su amiga.

Ley de Trata. Si bien el texto que aprobó el Gobierno el año pasado había generado expectativas en aquellos que luchan día a día contra este delito, la llegada de la norma no aportó mucho para que las chicas secuestradas y prostituidas sean recuperadas y los proxenetas sean castigados por el delito. “ Culpamos al Gobierno por la Ley de Trata porque no favorece a la lucha, sino que facilita el accionar de los proxenetas”, explica Lilen. “Haber sancionado esta ley hace que el Estado sea parte de esta red de complicidades y de impunidad donde la Policía tiene tanta implicancia que el Estado se vuelve parte del delito”, agrega.

Por su parte, la campaña “ Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” marcó una serie de puntos que explican por qué se oponen a la ley. “No penaliza debidamente a los proxenetas”, reza uno de ellos. “No exige la demostración del "no consentimiento" de la víctima, algo que es muy difícil de demostrar en estos casos dado el grado de amenaza física y psicológica constante sobre el qué estén expuestas las víctimas”, remarca otro punto. Finalmente, la ley “no ofrece un plan de protección a la víctima de trata ni a los testigos”, asegura la Campaña.

Otro de los puntos criticados de la ley son las penas que se imponen para estos delitos. Desde la agrupación la Comisión No a la Trata del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que incluye al grupo Sin Cautivas -formado por las amigas de Florencia- expresaron su repudio. “Para el sistema punitivo de la Justicia Argentina, un objeto material tiene más valor que una persona. Por robo se pueden recibir penas desde 3 años hasta reclusión perpetua en casos agravados, no siendo éstos excarcelables. Un caso de trata tiene como pena máxima 25 años con todos los agravantes imaginables, y es siempre excarcelable. Es decir, para el sistema punitivo un simple objeto vale más que Fernanda Aguirre, Marita Verón, Otoño Uriarte o Florencia Pennacchi, para mencionar sólo algunos casos de trata”

La culpa nunca es de la víctima. Desde la desaparición de Florencia, Lilen lidia con la impotencia que genera tener que defender a su amiga de las versiones que indican que se fue porque quiso, que en algo andaba y que seguro que partió tras un hombre. “Desde un principio se investigó a la víctima, sus costumbres, que hacía, a ver si se merecía desaparecer”. “ Sea cual sea la vida que llevaba, Florencia no merecía desaparecer. Nosotros tratamos de rescatar que ninguna de las chicas es culpable por lo que les pasó”, asegura.

“Siempre se busca la culpa en a mujer y los que pagan por sexo son los hombres. Se naturaliza que pagar por sexo está bien, porque los hombres tienen necesidades, y ésto lo que hace es que el delito de la trata se este difundiendo a la velocidad y la dimensión que se difunde en todo el mundo”, completa Lilen. Hoy, hace cuatro años que Florencia falta en su casa, en su facultad, entre sus amigas. Hoy, Florencia y tantas otras víctimas de la trata, merece ser encontrada.

(*) Redactora de Perfil.com - http://www.perfil.com/contenidos/2009/03/17/noticia_0013.html

NIK - HUMOR

La Nación - 18 de marzo de 2009

Cinismo estructural

Por Pepe Eliaschev | 07.03.2009

Con palabras fatales, impiadosas, casi prohibidas. Por eso, pereza, desidia, comodidad, pasividad y cinismo suelen ser apartados del habla como moscas irritantes. Sin embargo, describen conductas tangibles y hechos fehacientes que se producen en el país y a los que un insoportable “buenismo” ideológico prefiere maquillar o ignorar. Me pasa cada vez que viajo por el norte de la Argentina y verifico cómo se vive en esas comarcas.

Esta semana en Tucumán, por ejemplo, volví a escuchar esa letanía doliente, verbalizada por gente valiosa y corajuda. Tras la demoledora victoria electoral que tuvo el gobernador José Alperovich en 2007, la pequeña provincia del noroeste argentino es gobernada por una suerte de partido único de facto, un oficialismo que se quedó con 44 de los 49 legisladores del sistema unicameral.

La hegemonía es rotunda y asfixiante, resultado de un control de todo lo que importa en el territorio, desde la justicia a los cargos de todos los niveles. Palabra casi impronunciable, el alperochivismo domina un escenario donde se repiten casi todos los rasgos de escualidez institucional, oportunamente implantados por el Gobierno nacional como pilares de la rutina de gestión.

¿Es acaso antidemocrático el gobierno de Tucumán, en sentido estricto? No. Su mandato electoral es elocuente y no puede ser puesto cuestionado. Pero el caso tucumano, como el de otro gobierno electo con guarismos “soviéticos”, el de Santiago del Estero, exhibe una nueva indigencia, una dolencia de la democracia electoral, que a muchos les indigesta asumir como problema verdadero.

Estos gobernadores norteños encarnan el capítulo contemporáneo de una vieja variable argentina, gobiernos realizadores de obras y consecuentemente tributarios de apoyo popular, pero que “gestionan” con métodos de absorbente centralización, nula delegación de poder y escasa participación de la sociedad civil.

La amarga verdad es que, de hecho, los pueblos aman estos gobiernos fuertes, parcos y ejecutivos. Adoran esas musculaturas políticas abrumadoras y no se hacen grandes problemas, ni se formulan interrogantes demasiado profundos.

Explicitar estas realidades de manera pública incomoda a quienes viven autoconvencidos de una supuestamente imbatible virtud ciudadana. Pero en la cultura política argentina, intoxicada por la mitificación de unos derechos irrestrictos, sin asumir los deberes y obligaciones que dan razón de ser a los primeros, este modelo prospera y se fortalece.

Es un modo de ser basado en la aceptación resignada de ese raquitismo civil, porque si los que mandan “hacen” y “dan”, ¿de qué sirve reclamar conductas y exigir códigos éticamente superiores?

Convertidas en lujo de minorías bien alimentadas y leídas, esas formas son especialmente ajenas a la vida política real. Ese punto ciego de la retina permite que mentiras monumentales se emitan y gocen de vigencia desesperante.

Los periodistas no somos ajenos a ese cinismo estructural. Las otras noches, por ejemplo, un programa periodístico entrevistaba al ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando éste criticó a Felipe Solá por integrar el gabinete de Carlos Menem durante casi toda la década del 90. No le preguntaron a Randazzo cómo aceptó ser ministro de Solá en la provincia de Buenos Aires, a menos que ser menemista hace tres años no fuera tan grave como ahora.

Igual desparpajo exhibe Néstor Kirchner, que a casi seis años de gobierno matrimonial, volvió a acordarse de la Alianza y en uno de sus habituales y pedregosos empellones retóricos afirmó, de cara a la crisis mundial, que “por mucho menos (los que gobernaron en 2000 y 2001), se tomaron el helicóptero”.

Mentiras disparatadas y sobreactuaciones groseras son aspectos esenciales de un modelo de conducción que sólo repara en obtener y retener el poder. Ese modelo se apoya en una voracidad insaciable, un “derechismo” a prueba de balas, consistente en proclamar, de manera vociferante, que es natural que los que mandan tengan el “derecho” a seguir mandando, manejando recursos y menoscabando a quienes osan interrogarse por la legalidad de esos actos.

¿No es un monumental fraude retórico que el titular del Gobierno más ortodoxamente helitransportado de la historia argentina siga descalificando hoy a la oposición porque De la Rúa renunció al gobierno hace siete años y medio y, ante una Plaza de Mayo intransitable, se fue a Olivos por aire, para regresar al día siguiente a recoger sus papeles privados?

Dividida en dos, ya de manera irreversible, por un vallado policial infranqueable, la Plaza de Mayo es hoy la mitad de lo que era en 2001 y –encima– la Casa Rosada, a la que se rodeó de un cerco de metal con una altura no inferior a los dos metros, es ahora virtualmente inexpugnable, además de que se han apoderado de la Plaza Colón, también vallada e inaccesible para el pueblo de a pie.

¿Qué hubiera afirmado una oposición justicialista si un gobierno no peronista hubiera concretado tamaña jibarización del centro cívico de la capital del país? ¿Por qué la manía helicopterista de la Presidenta está bien, y el uso de esos aparatos por otros líderes políticos es un estigma?

El modelo de musculosidad ejecutiva y formidable acumulación de poder no deriva de un golpe militar o un putsch antidemocrático. Son electorados concretos los que amasan mayorías aplastantes en distritos de espesor civil casi inexistente. Son masas apáticas que cultivan un pragmatismo todo terreno. Aprueban, avalan, convalidan, aceptan: mientras sus “derechos” sean asegurados por una dadivosidad fornida, está todo bien.

Pocos intelectuales y periodistas cuestionan la supuesta castidad de las mayorías, cuyos olvidos son apenas un capítulo más de amnesias orgánicas. Lo he comprobado con amargura estos últimos años en diversos viajes por el norte argentino, aunque esta región del país, de intensas tradiciones decimonónicas, no es excluyente.

Una cultura atrasada y oblicua prolifera también en la vastedad indómita del Gran Buenos Aires y en la propia y perennemente irredenta Patagonia, fragmentos de un país cuya desvaída calidad civil nunca es aludida por la opinión culta e indulgente, para la cual toda mención crítica a las conductas populares equivale a una declaración de guerra contra los humildes.

Como acaba de proclamar estas últimas semanas el retornado actor Federico Luppi, tras varios años de “exilio” en España, en donde se refugió a partir de 2001 luego de asegurar que sus siete décadas de vida en la Argentina fueron un error existencial, y ahora regresar a un país cuya presidenta lo homenajea y elogia, en la Argentina hay mucho “gorilismo”, gente incapaz de reconocerle nada a quienes gobiernan. Otrora granero del mundo, la Argentina sigue siendo un país generoso.

Separar la diplomacia de la justicia ...

"Separar la diplomacia de la justicia contribuye a garantizar que la impunidad por los crímenes de guerra nunca pueda ser parte de las negociaciones diplomáticas, tentación siempre presente" (J.I. Torreblanca)

Falso dilema sudanés

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA 09/03/2009 - El País - España

El pasado miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el arresto del presidente de Sudán, Omar al Bashir. Se le imputan siete cargos relacionados con la muerte de más de 300.000 civiles en Darfur: cinco por crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminio, deportación forzosa, tortura y violación) y dos por crímenes de guerra (ataques a civiles y saqueos). La Corte no ha secundado, sin embargo, la petición del fiscal de incluir dos cargos por genocidio ya que no considera que, tal y como exige el artículo sexto del Estatuto de Roma, por el que se fundó la Corte, las pruebas presentadas revelen la intención del Gobierno sudanés de "destruir, en parte o en su totalidad" los grupos étnicos Fur, Masalit y Zaghawa. Con ello, la Corte cierra un círculo que se abrió en mayo de 2007 con las órdenes de arresto de Ahmed Haroun (ex ministro del Interior) y Ali Kushayb, supuesto líder de la milicia janjaweed de la cual el Gobierno de Jartum se valió durante los cincos años (2003-2008) que duró la campaña de terror en Darfur.

La decisión ha sido recibida con más preocupación que alegría. Se argumenta que la orden de arresto radicalizará aún más al régimen de Bashir y hará descarrilar definitivamente las ya sumamente frágiles negociaciones de paz entre el Gobierno y los varios movimientos guerrilleros que controlan el sur y oeste del país. Desde esta perspectiva, la represalia adoptada por el régimen sudanés, que ha procedido a expulsar del país a 13 ONG que prestan ayuda humanitaria no haría sino confirmar la difícil convivencia, cuando no la incompatibilidad más radical, entre los fines de la justicia internacional (situados en el orden de lo moral) y los fines de la diplomacia (situados en el orden de lo práctico).

Es innegable que estas consideraciones merecen cierta atención, especialmente cuando se predican sobre un transfondo dominado, primero, por una (comprensible) mala conciencia por el pasado colonial europeo y, segundo, por una duda (razonable) acerca de si no estaremos ante un nuevo episodio que prueba el doble rasero con el que se aplica la justicia internacional. Que Estados Unidos se permita ponerse del lado de los que imparten lecciones de justicia internacional después de lo que ha caído en estos últimos años (desde Guantánamo a Irak), cuando, para colmo, ni siquiera ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional y sigue garantizando la más absoluta impunidad de Israel, debilita sin duda la causa de la justicia internacional.

Pero todo esto no anula las motivaciones de la Corte, ni debe detener sus procedimientos, como ha solicitado la Unión Africana, que se ha movilizado para pedir al Consejo de Seguridad que suspenda el procesamiento de Bashir para dar tiempo a las conversaciones de paz. Como ocurre siempre en estos casos, los sofisticados argumentos de los abogados acerca de sus clientes chocan con la transparencia y brutalidad de las acciones de los acusados. Que después de alimentar un conflicto que ha dejado más de 300.000 muertos y dos millones y medio de refugiados, Bashir se permita expulsar a unas agencias de las que dependen para alimentarse más de un millón de personas confirma que no ha entendido nada de lo que le está pasando. En realidad, muy bien pudiera ocurrir que el Consejo de Seguridad se viera obligado a activar el principio de la responsabilidad de proteger y actuara contra el régimen de Jartum si éste sigue desentendiéndose de la suerte de sus ciudadanos.

El procesamiento de Bashir es pues una buena noticia: confirma que la impunidad retrocede, y que la justicia, aunque lentamente, progresa. La Corte mantiene abiertos tres casos más (en Congo, Uganda y la República Centroafricana) contra señores de la guerra africanos, en todos a petición de los Gobiernos en cuestión, que sí que creen en la legitimidad y utilidad de la Corte (20 Estados africanos estuvieron entre los promotores de la Corte y más de treinta ratificaron su estatuto posteriormente). Además, la reciente creación de un tribunal internacional para juzgar el asesinato del primer ministro libanés, Rafiq Hariri, o las severísimas condenas a los responsables serbios de la limpieza étnica en Kosovo demuestran que, por fin, la justicia internacional se abre camino por encima del sacrosanto principio de la soberanía.

Como ha recordado Desmond Tutu, el surafricano Premio Nobel de la Paz, es la ausencia de justicia la responsable última de que no haya paz. Por ello, aunque muchos consideren que la judicialización de las relaciones internacionales puede ser contraproducente para la paz, la realidad puede más bien ser la contraria: en el fondo, separar la diplomacia de la justicia contribuye a garantizar que la impunidad por los crímenes de guerra nunca pueda ser parte de las negociaciones diplomáticas, tentación siempre presente. Como se ha puesto de manifiesto esta semana, quien tiene un problema llamado Bashir es el régimen sudanés, no la comunidad internacional.

 

Al Bashir desafía al mundo desde Darfur

 

Los ejércitos de América del Sur se unen para colaborar por primera vez

El primer organismo de Unasur, el Consejo de Defensa, se constituye hoy en Chile

JAVIER LAFUENTE - Madrid - 08/03/2009

Marzo de 2008. El Ejército de Colombia asesta el golpe más duro hasta entonces a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) al matar a su número dos, Raúl Reyes. La operación, realizada en territorio ecuatoriano, desata una crisis diplomática a tres bandas -Colombia, Venezuela y Ecuador- por la forma de proceder del Ejército de Álvaro Uribe. A unos cuantos miles de kilómetros al sur, un gran estratega geopolítico, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, toma buena nota del asunto. Piensa que del conflicto puede surgir una iniciativa común de defensa. Sabe que es el único que puede lograrlo. Un año después, nace el Consejo de Defensa Suramericano.

El nuevo organismo militar, que se constituirá entre hoy y mañana en Santiago de Chile, se concibe como un mecanismo de integración, diálogo y cooperación en materia de defensa de los 12 países que componen la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Será la primera vez que los responsables políticos de las Fuerzas Armadas del Cono Sur se sienten a hablar periódicamente. La presidencia del organismo será temporal, al igual que la de Unasur. Están previstas una reunión anual de los ministros de Defensa y dos de los viceministros. "Hasta ahora siempre se ha negociado bilateralmente; el Consejo abarcará asuntos de manera multilateral", explica en conversación telefónica el ministro de Defensa de Chile, José Goñi.

Unasur no pretende crear una fuerza armada de corte clásico, al estilo de la OTAN. En una parte de la región donde los nacionalismos son tan fuertes y los roces fronterizos tan habituales, sería inviable. Haber superado esos inconvenientes, sin embargo, es uno de los motivos que más entusiasmo han generado, según analistas militares que han seguido de cerca el proceso de gestación del consejo.

Perfilar un "plan de acción"

Con esta iniciativa se pretende acabar con algo tan arriesgado y complejo como las tentativas de conflicto, minimizar cualquier fricción entre los países de América del Sur. Hay quien considera que a través de este organismo se puede llegar a perfilar una política de defensa y seguridad conjunta. Hasta lograrlo habrá que seguir una hoja de ruta, un "plan de acción", según el ministro chileno, que se perfilará estos días en Santiago. Reforzar la cooperación militar, coordinar misiones humanitarias y operaciones de paz e incluso la futura creación de un instituto de defensa en Sudamérica son algunos de los objetivos. La lucha contra el narcotráfico no está ni estará en la agenda, a menos a corto plazo. "Buscamos la convergencia de intereses. Para algunos países es un tema policial, no militar; no queremos que haya injerencias en la manera de actuar", justifica Goñi.

Aún así, será una tarea harto complicada. Analistas militares que han asesorado a algunos de los países del nuevo organismo dan fe de que ha sido un año de intensas negociaciones, donde las cancillerías han jugado también un papel clave. No todo el mundo tenía la misma visión de seguridad y estrategia: Venezuela, por ejemplo, cuenta con un perfil militar mucho más acentuado que el de Brasil, a pesar de que cuente con uno de los ejércitos más poderosos de América Latina.

Uno de los asuntos que más controversia generó fue la vuelta a las aguas latinoamericanas, en julio del año pasado, de la IV Flota de Estados Unidos después de 58 años de inactividad. Venezuela lo considera una amenaza. Más allá de reconocer cierta preocupación -ningún país avaló los argumentos de EE UU- nadie quiso confrontarse con el gran gigante norteamericano.

"Nos cuesta mucho operar"

Aunque es pronto aún para ver si esta iniciativa se estanca y queda en el olvido, como tantas otras que han surgido en América Latina, lo cierto es que el Consejo se ha ganado el voto de confianza de muchos expertos. La principal duda que genera es comprobar si es gobernable un organismo en el que estén implicados 12 ejércitos. La percepción de los analistas es que si no se generan rápido proyectos concretos puede quedarse en nada. "Nos cuesta mucho operar, no hay mucha coordinación entre los países. Además, si uno no tiene instituciones fuertes en su país es más complicado tenerlas en la región", asegura Fabián Calle, investigador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Con el tiempo también se despejará la duda de por qué Brasil decidió impulsar un organismo que le ha obligado a encabezar una gran campaña diplomática para lograr en un año el sí de países tan antagónicos como la Colombia de Álvaro Uribe o la Bolivia de Evo Morales. En el meollo del asunto está, según algunos analistas, conseguir su tan añorado asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Más allá de las hipótesis, lo que está claro es que el Consejo de Defensa Suramericano es otro golpe de mano del presidente que un día dijo: "Suramérica tiene capacidad para mover el tablero político de todo el mundo en beneficio de nuestras naciones".

Un 91% más de gasto militar

Entre los objetivos, y a la sazón quebradero de cabeza, que se han marcado los 12 Gobiernos del Consejo de Defensa Suramericano, está la creación de un método de medición del gasto militar común. En el periodo 2003-2008, el desembolso en defensa en América Latina y el Caribe aumentó un 91%, según los últimos datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). En 2008, se gastaron 47.200 millones de dólares (38.659 millones de euros) frente a 24.700 millones de dólares (19.500 millones de euros) en 2003.

Los países suramericanos, los que más han reforzado su arsenal, rechazan que se trate de un rearme y lo justifican como una modernización de su material. Aunque esto es en parte cierto, no excluye que el aumento del gasto se realice por la percepción de que existen riesgos en la región, bien por los conflictos existentes o por las compras de armamento de los países vecinos.

Evaluar la capacidad de cada país es complicada, puesto que cada uno tiene su metodología, e incluso hay gastos que no están presupuestados. Aun así, hay dos ejemplos ilustrativos: en 2008 el Ejército colombiano se gastó 5.500 millones de dólares (unos 4.340 millones de euros), un 13,5% más que en 2007. Las compras de material armamentístico del Gobierno venezolano a Rusia, Bielorrusia, China y España han sobrepasado ya los 6.700 millones de dólares (unos 5.286 euros).

Argentina y Chile aplican desde 2002 un método de medición estandarizado. Sin embargo, mientras que en el primero la situación militar es precaria, en Chile ha triunfado el doble discurso de las Fuerzas Armadas: por un lado, aseguran que las tensiones vecinales son peligrosas, por tanto, hay que comprar armamento; por otro, recalcan que no hay una carrera armamentista, así no se bloquean las compras.

Fuente: Diario El País (España)

Un Nuevo Día Internacional para pensar

El próximo 8 de Marzo es el día internacional de la mujer. Un día hecho para que nos enteremos nuevamente de lo que ya sabemos ...

''Si llegamos tarde, las mujeres mueren''
Por Silvina Molina | 4.12.2008

Fue contundente la frase de Eleonor Faur, representante del Fondo de población de las Naciones Unidas en Argentina (UNFPA), durante un acto sobre el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres, en el marco de los 16 días de activismo propuestos por la ONU en todo el mundo. Las cifras no oficiales indican que cada tres días una mujer es asesinada por un varón en nuestro país.

 

''Tengo la vida suspendida'', decía Inés en un valiente testimonio que brindó en enero de 2007 a Artemisa Noticias*. Es una mujer fuerte, sobreviviente de violencia, de todas las violencias, que más de diez años después de haber denunciado a su ex pareja por golpeador y abusador de sus dos hijos, todavía hoy sigue peleando para que la Justicia deje de tener en suspenso su vida. El agresor no descansa.

El relato de Inés en este portal interesó a Andrea Castro, Adriana Aranda, Romina Maciel y Gisela Nicosia, estudiantes de comunicación de la Universidad de La Matanza. ''La historia de Inés me llegó tanto y me dio tanta bronca, que lo imprimí y se lo llevé a mis compañeras, y decidimos hacer un documental para el taller de televisión'', cuenta Gisela.

En el corto aparece también el testimonio de Susana, otra sobreviviente de la violencia machista que tiene seis hijos y vive en una villa. ''Quisimos mostrar –explica Gisela- que la violencia no distingue clases sociales, y que el dinero y el nivel educativo no alcanzan para que las mujeres puedan protegerse''.

''En cada obra resurjo como ser humano íntegro, ya que sólo quien sufre o sufrió violencia sabe que es una situación que denigra el alma'', se emociona Josefina Dao, que padeció durante treinta años la violencia física y psicológica de un varón. Logró escapar –literalmente- y ahora se dedica a la pintura: ''No estamos acostumbradas a hablar en imágenes, sin embargo ellas tienen códigos que nos permiten  dar a conocer nuestras reflexiones'', comparte.

En su emprendimiento http://arteyviolenciadegenero.blogspot.com/ mucha gente participa como una manera de exorcizar a los demonios; en http://umbrales-arte.blogspot.com/ están las imágenes de la antesala de la violencia, y en http://recintos-arte.blogspot..com/ ''el escenario mismo de la violencia''.
 
Inés, Susana, Josefina. Tres nombres para ponerle identidad al padecimiento de miles de mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres. Violencia que en nuestro país –según estimaciones de Artemisa Noticias y de Amnistía Internacional en base a un monitoreo de medios de comunicación- superará los 100 asesinatos a manos de sus parejas o ex parejas en 2008. Es decir, cada tres días una mujer es asesinada por un varón en Argentina.

16 días de activismo

En un acto realizado en la sede de Cancillería el lunes 1 de diciembre, se recordó el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres –que se conmemora el 25 de noviembre-, mientras transitamos los 16 días de activismo propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en todo el mundo.

Estuvieron presentes Eleonor Faur, representante de UNFPA en Argentina; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la anfitriona, Magdalena Faillace, representante para temas de la Mujer en el Ámbito Internacional; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, entre otr@s.

Durante la jornada, Faillace dio a conocer el libro ''Mujer-Contra las violencias por los derechos humanos'' (que recoge aportes de Faur; de Ana Falú de UNIFEM; de la senadora María Cristina Perceval;  de Eva Giberti, coordinadora del Programa Las víctimas contra las violencias, y de Susana Sanz, abogada y antropóloga especialista en género), y la publicación ''Hacia una perspectiva de género ante situaciones de emergencia y desastres'' elaborada por Carlos Villalba y Sandra Dosch de Cascos Blancos.

Accesos

Elena Highton de Nolasco, impulsora de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Suprema Corte, confirmó que se atendieron 1075 casos en los dos meses que lleva funcionando el organismo. También anticipó que este jueves 4 de diciembre se reunirán los y las miembr@s de todas las Cortes del país, para evaluar qué están haciendo en relación a la temática, y qué caminos van a seguir para efectivizar el acceso a justicia de las mujeres.

Por su parte, Faur destacó la media sanción que recibió en el Senado una nueva ley de violencia que contempla las distintas formas en que se presentan las agresiones a mujeres, aunque recordó que ''es necesario tener mejores bases informativas sobre el tema, para generar políticas públicas y para evaluar los planes que están en marcha''.

Faur ponderó el Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres elaborado por PAR (Periodistas de Argentina en Red- Por una Comunicación no sexista)**, como un aporte y compromiso del periodismo para visibilizar la situación de las victimas y sobrevivientes.

Unid@s contra las violencias

Ese fue el llamado del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, invitando a los varones a comprometerse en el tema, recordó Ana Falú: ''El compromiso ya tiene 5 millones de firmas, incluso la de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner''.

''La violencia no es un tema sólo de mujeres; es un tema de toda la sociedad, y necesitamos de los varones democráticos que deben colaborar para que se entienda que cada vez que una mujer es violentada, se está perdiendo un recurso para el desarrollo y se están violando los derechos humanos'', dijo.

La Campaña de 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres culmina el 10 de diciembre, con la celebración del 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este año está dedicada a reclamar por el avance de los derechos de las mujeres.

 

VIDAS DESTROZADAS - Los invitamos a ver el informe de MSF - Médicos Sin Fronteras.

¿La CIA metiendo sus narices en el petróleo boliviano y más?

Bolivia pone en jaque a agencia estadounidense CIA

Mario Hubert Garrido

 

  • Derechos Humanos: Bolivia desacredita informe de EE.UU.

    Waldo Mendiluza

    La Paz, 28 feb (PL) Sectores de la sociedad boliviana descalificaron las acusaciones lanzadas por Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos, al considerarlas procedentes de un país sin moral para emitir tales juicios.

     

    Autoridades, legisladores, dirigentes populares y activistas criticaron el documento presentado el pasado 25 de febrero, una copia al carbón de los emitidos por Washington en los dos anteriores años de gestión del presidente Evo Morales.

    Nuevamente el Departamento de Estado, en esta ocasión a través de su recién estrenada secretaria, Hillary Clinton, atribuyó al ejecutivo abusos de las fuerzas de seguridad, amenazas a las libertades civiles, condiciones inhumanas en las cárceles, ataques a la prensa y corrupción.

    En materia de derechos humanos ellos tienen una viga en el ojo, por tanto carecen de autoridad para hablar del tema, afirmó en conferencia de prensa el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

    De acuerdo con el funcionario, un gobierno que tortura, castiga a personas inocentes y protege a genocidas y terroristas debe guardar silencio al respecto.

    Llorenti señaló el refugio brindado al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y al terrorista internacional Luis Posada Carriles, además de mencionar el bloqueo norteamericano contra Cuba, medida económica, comercial y financiera vigente desde 1962.

    Sánchez de Lozada ordenó la masacre del llamado “Octubre negro de 2003”, cuando en una protesta en defensa del gas murieron 65 personas y 400 resultaron heridas.

    Por su parte, Posada Carriles es responsable, entre otros crímenes, de la voladura en pleno vuelo de una aeronave cubana, atentado en el cual perdieron la vida 73 seres humanos.

    Sobre la Casa Blanca -agregó Llorenti- también pesan las torturas, atropellos e ilegalidades cometidas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en la aún abierta cárcel de la base naval de Guantánamo, territorio ocupado por Estados Unidos contra la voluntad del gobierno y pueblo cubanos.

    Para el senador por el Movimiento al Socialismo Ricardo Díaz, desautorizar el informe amparado en una ley que data de 1961 es tan fácil como recordar La negativa de Washington a incorporarse a mecanismos universales de derechos humanos.

  • (Ver la compilación de Cielo y Tierra, sobre la masacre de campesinos en PANDO)

    Mientras, representantes de organizaciones sociales fustigaron el reporte norteamericano.

    Atacan al gobierno pero no dice nada de la masacre de campesinos en Pando, ni de las golpizas y humillaciones a indígenas, por parte de la oposición, advirtió la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Leonilda Zurita.

    Según el dirigente obrero Mario López, quienes defienden a delincuentes carecen de moral para acusar a otros.

    Es un documento hipócrita, elaborado por un país que reclama algo que en la práctica incumple, aseveró Elías Quelca, el líder de la originaria Confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo.

    Las críticas de los sectores sociales contaron con el respaldo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

    El informe remitido este miércoles al Congreso estadounidense es parcializado y carente de ética, dijo el presidente de la APDHB, Rolando Villena.

    Tampoco faltó el rechazo de ciudadanos comunes, expresado a través de medios de comunicación.

    Sin embargo, círculos de la oposición consideraron acertadas las acusaciones presentadas por Clinton, ex primera dama y hasta hace muy poco senadora por Nueva York.

    Apenas horas después, el propio Departamento de Estado divulgó su estrategia anual para el control de narcóticos, documento que también critica la postura boliviana a la hora de enfrentar el flagelo.

    El documento de Washington conserva la tozuda miopía de la burocracia antinarcóticos de la administración de George W. Bush, apuntó al respecto una nota oficial de la Cancillería.

    lma/ga/wrm - PL-39

  • Fuente: Prensa Latina

     

  • La Paz, 28 feb (PL) El gobierno boliviano puso en jaque esta semana a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al vincular su injerencia en asuntos internos con delitos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

    De acuerdo con el ministro del interior, Alfredo Rada, un diplomático estadounidense se vinculó al ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, acusado de infiltrar esa entidad por indicación de la CIA. Rada señaló que tiene pruebas que muestran a Carrasco en encuentros con el ciudadano de origen mexicano Francisco Martínez, señalado por la sede diplomática de Washington como su segundo secretario en este país.

    ¿Qué tenía que hacer el entonces directivo de la petrolera estatal reunido con el funcionario norteamericano?, cuestionó Rada en un encuentro con la prensa.

    Asimismo explicó que Martínez presenta irregularidades en su estatuto migratorio, entre ellas la carencia de trámites de permanencia y la no declaración de sus entradas y salidas.

    Méndez aseguró que hay testimonios sobre la existencia de otros contactos y labores sospechosas del diplomático.

    Buscaremos el momento oportuno para revelar dichos movimientos, advirtió.Rada aprovechó el encuentro con periodistas nacionales y extranjeros para reiterar el currículo del ex gerente de Comercialización de la petrolera estatal, acusado de establecer una red de corrupción dentro de la empresa considerada el motor de la economía boliviana.

    Los 21 cursos y los viajes al exterior de Carrasco fueron patrocinados por la embajada estadounidense, lo cual prueba el interés de la CIA de especializarlo en trabajos encubiertos, ratificó.

    La denuncia se produce en medio de una lucha campal contra la corrupción que asocian al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y a una decena de sus colaboradores.

    Por otra parte, el diálogo sobre autonomías entre el ejecutivo y el opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) se vio afectado esta semana.

    Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca insisten en la necesidad de garantizar libertades como la excarcelación de personas.

    Según la recién promulgada Carta Magna (7 de febrero), el Congreso tiene 60 días para sancionar una ley que implemente el mecanismo de autonomías, el cual deberá ponerse en vigor antes de concluir la primera semana de abril.

    Resulta bien compleja la tarea del Parlamento, teniendo en cuenta la diversidad de iniciativas y las contradicciones entre las mismas, según expertos.

    En la Comisión de Constitución de la cámara baja se estudian proyectos del Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral, organizaciones indígenas y los tres principales bloques opositores (Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario).

    Finalmente, Bolivia es azotada desde enero pasado por una epidemia de dengue que en su versión más letal- el hemorrágico - ha cobrado la vida hasta el momento de 19 personas y se registran casi 40 mil casos de contagiados por la picada del mosquito Aedes Aegypti.

    El dengue desata alarma además en regiones vecinas luego de aparecer en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.