¿La CIA metiendo sus narices en el petróleo boliviano y más?
Bolivia pone en jaque a agencia estadounidense CIA
Derechos Humanos: Bolivia desacredita informe de EE.UU.
La Paz, 28 feb (PL) Sectores de la sociedad boliviana descalificaron las acusaciones lanzadas por Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos, al considerarlas procedentes de un país sin moral para emitir tales juicios.
Autoridades, legisladores, dirigentes populares y activistas criticaron el documento presentado el pasado 25 de febrero, una copia al carbón de los emitidos por Washington en los dos anteriores años de gestión del presidente Evo Morales.
Nuevamente el Departamento de Estado, en esta ocasión a través de su recién estrenada secretaria, Hillary Clinton, atribuyó al ejecutivo abusos de las fuerzas de seguridad, amenazas a las libertades civiles, condiciones inhumanas en las cárceles, ataques a la prensa y corrupción.
En materia de derechos humanos ellos tienen una viga en el ojo, por tanto carecen de autoridad para hablar del tema, afirmó en conferencia de prensa el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
De acuerdo con el funcionario, un gobierno que tortura, castiga a personas inocentes y protege a genocidas y terroristas debe guardar silencio al respecto.
Llorenti señaló el refugio brindado al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y al terrorista internacional Luis Posada Carriles, además de mencionar el bloqueo norteamericano contra Cuba, medida económica, comercial y financiera vigente desde 1962.
Sánchez de Lozada ordenó la masacre del llamado “Octubre negro de 2003”, cuando en una protesta en defensa del gas murieron 65 personas y 400 resultaron heridas.
Por su parte, Posada Carriles es responsable, entre otros crímenes, de la voladura en pleno vuelo de una aeronave cubana, atentado en el cual perdieron la vida 73 seres humanos.
Sobre la Casa Blanca -agregó Llorenti- también pesan las torturas, atropellos e ilegalidades cometidas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en la aún abierta cárcel de la base naval de Guantánamo, territorio ocupado por Estados Unidos contra la voluntad del gobierno y pueblo cubanos.
Para el senador por el Movimiento al Socialismo Ricardo Díaz, desautorizar el informe amparado en una ley que data de 1961 es tan fácil como recordar La negativa de Washington a incorporarse a mecanismos universales de derechos humanos.
(Ver la compilación de Cielo y Tierra, sobre la masacre de campesinos en PANDO)
Mientras, representantes de organizaciones sociales fustigaron el reporte norteamericano.
Atacan al gobierno pero no dice nada de la masacre de campesinos en Pando, ni de las golpizas y humillaciones a indígenas, por parte de la oposición, advirtió la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Leonilda Zurita.
Según el dirigente obrero Mario López, quienes defienden a delincuentes carecen de moral para acusar a otros.
Es un documento hipócrita, elaborado por un país que reclama algo que en la práctica incumple, aseveró Elías Quelca, el líder de la originaria Confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo.
Las críticas de los sectores sociales contaron con el respaldo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
El informe remitido este miércoles al Congreso estadounidense es parcializado y carente de ética, dijo el presidente de la APDHB, Rolando Villena.
Tampoco faltó el rechazo de ciudadanos comunes, expresado a través de medios de comunicación.
Sin embargo, círculos de la oposición consideraron acertadas las acusaciones presentadas por Clinton, ex primera dama y hasta hace muy poco senadora por Nueva York.
Apenas horas después, el propio Departamento de Estado divulgó su estrategia anual para el control de narcóticos, documento que también critica la postura boliviana a la hora de enfrentar el flagelo.
El documento de Washington conserva la tozuda miopía de la burocracia antinarcóticos de la administración de George W. Bush, apuntó al respecto una nota oficial de la Cancillería.
lma/ga/wrm - PL-39
Fuente: Prensa Latina
La Paz, 28 feb (PL) El gobierno boliviano puso en jaque esta semana a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al vincular su injerencia en asuntos internos con delitos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
De acuerdo con el ministro del interior, Alfredo Rada, un diplomático estadounidense se vinculó al ex gerente de YPFB, Rodrigo Carrasco, acusado de infiltrar esa entidad por indicación de la CIA. Rada señaló que tiene pruebas que muestran a Carrasco en encuentros con el ciudadano de origen mexicano Francisco Martínez, señalado por la sede diplomática de Washington como su segundo secretario en este país.
¿Qué tenía que hacer el entonces directivo de la petrolera estatal reunido con el funcionario norteamericano?, cuestionó Rada en un encuentro con la prensa.
Asimismo explicó que Martínez presenta irregularidades en su estatuto migratorio, entre ellas la carencia de trámites de permanencia y la no declaración de sus entradas y salidas.
Méndez aseguró que hay testimonios sobre la existencia de otros contactos y labores sospechosas del diplomático.
Buscaremos el momento oportuno para revelar dichos movimientos, advirtió.Rada aprovechó el encuentro con periodistas nacionales y extranjeros para reiterar el currículo del ex gerente de Comercialización de la petrolera estatal, acusado de establecer una red de corrupción dentro de la empresa considerada el motor de la economía boliviana.
Los 21 cursos y los viajes al exterior de Carrasco fueron patrocinados por la embajada estadounidense, lo cual prueba el interés de la CIA de especializarlo en trabajos encubiertos, ratificó.
La denuncia se produce en medio de una lucha campal contra la corrupción que asocian al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y a una decena de sus colaboradores.
Por otra parte, el diálogo sobre autonomías entre el ejecutivo y el opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) se vio afectado esta semana.
Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca insisten en la necesidad de garantizar libertades como la excarcelación de personas.
Según la recién promulgada Carta Magna (7 de febrero), el Congreso tiene 60 días para sancionar una ley que implemente el mecanismo de autonomías, el cual deberá ponerse en vigor antes de concluir la primera semana de abril.
Resulta bien compleja la tarea del Parlamento, teniendo en cuenta la diversidad de iniciativas y las contradicciones entre las mismas, según expertos.
En la Comisión de Constitución de la cámara baja se estudian proyectos del Poder Ejecutivo, la Corte Nacional Electoral, organizaciones indígenas y los tres principales bloques opositores (Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario).
Finalmente, Bolivia es azotada desde enero pasado por una epidemia de dengue que en su versión más letal- el hemorrágico - ha cobrado la vida hasta el momento de 19 personas y se registran casi 40 mil casos de contagiados por la picada del mosquito Aedes Aegypti.
El dengue desata alarma además en regiones vecinas luego de aparecer en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
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