Mineros cargan canastos llenos de azufre extraído del cráter del volcán Ijen en Bayuwangi, Indonesia. Después de atravesar gases venenosos y llevar cargas pesadas durante varios kilómetros a la estación de recolección, los mineros ganan solo unos cinco dólares por viaje. (06/8/09 – AP)
Publicado por El Observador Global
Una vieja frase dice "entre bomberos no se van a pisar la manguera".
Por suerte no es así.
Jueves 24 de setiembre de 2009 - La Nación
LA PLATA.- El juez de garantías de esta ciudad César Melazo denunció a su par del fuero federal Arnaldo Corazza ante el Consejo de la Magistratura porque este último declaró la nulidad de una causa a cargo del magistrado de la justicia ordinaria, por la que seis personas habían sido detenidas durante un operativo realizado en una cocina de cocaína y paco de City Bell.
En su presentación, Melazo sostuvo que la actuación de Corazza "trasunta desconocimiento legal y falta de compromiso para acabar con los «chefs» de cocaína y paco en la región, que, por falta de acción de los jueces federales, han visto crecer su negocio sin impedimento alguno".
Colaboradores del juez federal dijeron ayer a LA NACION que el magistrado no va a participar de la discusión mediática iniciada por Melazo y que su posición la sostendrá ante el Consejo de la Magistratura.
Corazza anuló las actuaciones de Melazo porque la policía habría realizado "tareas de inteligencia" y de "vigilancia encubierta" sin orden judicial. El juez federal consideró que el proceso está "viciado de nulidad absoluta, imposible de ser subsanada".
El juez de garantías citó en su presentación tales argumentos de Corazza y sostuvo que las apreciaciones del magistrado federal "dejan entrever un extremo rigorismo formal y desconocimiento de la normativa provincial que rige el trámite del proceso penal, poniendo en riesgo los fines tenidos en cuenta por la ley 20.052 que transfiriera competencia a la justicia provincial en relación a gran parte de las conductas delictivas tipificadas en la ley de estupefacientes".
Vuelos ilegales / Aumenta la preocupación judicial por la falta de radares
Jueves 24 de setiembre de 2009
La Justicia mantuvo ayer la presión para exigir al Gobierno que actúe sobre los vuelos del narcotráfico. El juez Carlos Fayt fue directo para explicar el sentido de la carta enviada anteayer por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia: "Se necesita que no siga lloviendo droga; será importante para Salta y para el país".
El máximo tribunal alertó sobre las avionetas que ingresan desde Bolivia con cargamentos de cocaína. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, mandó la comunicación al Gobierno para que adopte, "de manera inmediata", medidas para colocar radares en Salta. Lo hizo a pedido del juzgado federal salteño N° 1 y de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia.
La respuesta llegó ayer con un llamado del ministro de Justicia, Julio Alak, al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada. El compromiso oficial es coordinar en breve una reunión de Lorenzetti con Alak y con la ministra de Defensa, Nilda Garré, para encontrar la forma de controlar los vuelos ilegales.
No sólo los magistrados salteños hicieron escuchar su voz. El ruido de las avionetas del narcotráfico repercute también en los tribunales de Chaco. En esa provincia fueron incautadas varias aeronaves que traficaban marihuana, aunque su lugar de despegue era, en esos casos, Paraguay. "La droga nos está entrando por todos lados y la verdad es que estamos luchando contra molinos de viento", dijo la jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, al reclamar más y mejores elementos contra el narcotráfico.
Vuelos habituales
Los chaqueños, como los habitantes de Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, no se sorprenden cuando, circunstancialmente, algún avión liviano con contrabando o drogas se descompone y las fuerzas de seguridad lo encuentran en algún campo, casi siempre sin ocupantes.
La última avioneta incautada, con poco más de 300 kilogramos de marihuana, fue a causa de un desperfecto que obligó al piloto, un brasileño, a aterrizar en la zona de Las Tolderías, cerca de Charata y casi en el límite con Santiago del Estero, provincia considerada por las fuerzas de seguridad como "un portaaviones del narcotráfico".
"Muchas veces detectamos pistas clandestinas, pero hay que tener también elementos para un ataque concreto, es decir inteligencia para saber cómo se manejan, los días en que operan, cómo llegar hasta el lugar... Y en eso también tienen que ver las fuerzas provinciales, que conocen mejor las zonas y cómo llegar a ellas", afirmó la jueza Niremperger
En una de las avionetas secuestradas por la justicia chaqueña los investigadores detectaron, entre otros documentos secuestrados, una lista de 35 posibles pistas clandestinas, prolijamente detalladas mediante coordenadas que toman en la gran mayoría el paralelo 28 como línea de referencia.
Una situación similar se reitera en Santiago del Estero, con más de 40 pistas clandestinas detectadas, y en Corrientes, además de las ubicadas en el norte de Santa Fe. Aunque cabe aclarar que las llamadas pistas no son superficies como las de aeródromos, sino lugares aptos para el aterrizaje, como campos particulares o rutas.
Ver Las rutas de la droga en un mapa más grande
Inquietudes
La inquietud judicial por los vuelos ilegales se extendió en los últimos meses a la región noroeste, zona en la cual empezó a notarse una proliferación de avionetas del narcotráfico, que ingresan en el país libremente por la falta de radares. Eso llevó al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones salteña, Jorge Villada, a solicitar apoyo a la Corte Suprema. "Salta es la frontera más grande con el narcotráfico", comentó Villada.
Como consignó LA NACION en su edición de ayer, sólo tres radares móviles militares están en condiciones de identificar los vuelos ilegales. Esas unidades están en uso en Posadas, Resistencia y Río Gallegos. Para contar con nuevos equipos habrá que esperar que concluya una licitación en curso para comprar radares militares o bien que se instalen los dos aparatos fijos cedidos por España.
De todas maneras, la colocación de un radar no garantiza que se anule una ruta aérea del narcotráfico. Hay muchos problemas que se suman para que el actual sistema de control tenga grietas. Por un lado, los radares en uso actualmente son muy antiguos y no pueden funcionar las 24 horas. Y las avionetas ilegales ya aprendieron la forma de evitar el contacto de radar con vuelos a baja altura. Por eso fueron muy pocos los ecos no identificados captados este año por los radares en el Nordeste.
Sí hubo un cambio de doctrina en la vigilancia en los últimos tres meses. El Ministerio de Defensa acordó con el de Justicia transferir en forma automática toda infracción de vuelo. Esa información es recibida por las fuerzas de seguridad que establecen así la forma de actuar frente a la aeronave intrusa. Hasta este año no existía esa coordinación entre Defensa y el área de Seguridad.
La Justicia, de todas formas, reclama soluciones inmediatas.
La Suprema Corte de Justicia parece tener una semana "demandante" con respecto al gobierno nacional.
¿Qué es lo que les hace reclamar hoy por la instalación de radares en las fronteras con el objetivo de controlar en tráfico aéreo para que "la droga no siga cayendo del cielo"?. Esta situación fue denunciada hasta el cansancio en la última decada por diversas personalidades, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Para muestra, basta con recordar aquella famosa pista de aterrizaje que hizo construir un presidente en su ciudad de residencia, Anillaco, pcia. de La Rioja. Claro, se trataba oficialmente de una pista para los aviones que cargaban la cosecha de "aceitunas". (¿cómo que no se trataba de aceitunas?????).
Sería bueno que además de radares, se establezca una política y protocolos de procedimiento a cumplir a rajatabla para que por ejemplo se puedan controlar o anular los pasos clandestinos, sobre todo porque no sólo sirven para pasar droga, sino para tráfico y trata de personas.
Para ejemplo vaya el caso de una niña desaparecida que gracias al trabajo conjunto de toda la sociedad, fue hallada en una ciudad fronteriza de Paraguay. ¿Cómo cruzó sola y sin documentos una niña de 12 años?.
Cuando los padres fueron a buscarla, no podían ingresarla al país porque "no tenía documentos".
La situación es grave, linda con lo absurdo y si no fuera porque conlleva la tragedia y la esclavitud de cientos de personas, bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos, podría servir como argumento de una tragicomedia.
Con todo, celebro que la Suprema Corte empiece a innovar su estrategia "laboral"
Las siguientes son 2 notas publicadas por La Nación - 23/09/09
Carta de Lorenzetti al Gobierno
Miércoles 23 de setiembre de 2009 - La Nación
Daniel Gallo
LA NACION
La Corte Suprema reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación de radares en el norte argentino para identificar las aeronaves del narcotráfico.
El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió ayer una carta al ministro de Justicia, Julio Alak, en la que pide que "se adopten las medidas necesarias para que la frontera norte del país cuente con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas desde Bolivia".
Lorenzetti asumió así la postura del juzgado federal N° 1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia, que la semana pasada dijeron que "la droga llueve del cielo" por falta de controles. Tanto en el Ministerio de Justicia como en el de Defensa, que opera los sistemas de vigilancia aérea, tomaron nota del pedido de la Corte, pero la respuesta no podrá ser inmediata, anticipan en esas dependencias. La Argentina sólo cuenta con tres radares militares capaces de visualizar los vuelos ilegales. Y todos están en uso.
Ver Las rutas de la droga en un mapa más grande
Se trata de los modelos móviles TPS43, de la década del 70, con un alcance de poco menos de 400 kilómetros. Dos están desplegados en Resistencia y Posadas, para controlar las rutas de traficantes de marihuana y contrabandistas varios que despegan de Paraguay. El tercero fue ubicado en Río Gallegos. Esos radares son trasladados, temporalmente, cuando se requiere cobertura aérea de un encuentro internacional, como la reciente cumbre en Bariloche.
Esos son los únicos sistemas de observación que están en funcionamiento, ya que para identificar aviones ilegales no pueden usarse los radares de uso aerocomercial, llamados de 2D. Esos aparatos necesitan la colaboración de las aeronaves para ubicar su posición. Situación que, obviamente, no sería posible frente a avionetas irregulares.
Las fuerzas de seguridad detectaron a fines del año pasado ?como informó La Nacion en diciembre de 2008? la apertura de una ruta aérea del narcotráfico que empezaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y terminaba en alguna de las 40 pistas clandestinas descubiertas en Chaco.
Sin embargo, los radares están volcados principalmente en el noreste, ya que pasan por allí las rutas áreas más conocidas del narcotráfico. "Si por un tema de seguridad debe cambiarse la ubicación de los radares, tendrá que informarnos el Ministerio de Justicia", comentó ayer un funcionario de Defensa.
De una u otra forma, la Argentina carece hoy de un sistema de control aéreo adecuado. Un avión puede cruzar todo el país y aterrizar en Buenos Aires sin ser observado.
Algunas alternativas son manejadas para cumplir con la preocupación de la Corte. Pero demandará varios meses la solución. En principio, podrá contarse con los radares móviles de Posadas y de Resistencia cuando éstos sean reemplazados por dos equipos fijos donados por España. En Chaco, el gobierno de Jorge Capitanich colabora en la construcción de un edificio para albergar el radar fijo español que hace unos meses ya está en el país. Se estima que, entre diciembre y febrero próximos, podrá ponerse en funcionamiento ese aparato. Así quedaría liberado un radar móvil.
A comienzos del próximo año debería llegar el segundo radar fijo entregado por los españoles, que entraría en servicio en Posadas a fines de 2010.
Licitación en marcha
En forma paralela a esos proyectos avanza la licitación internacional para adquirir tres o cuatro radares móviles militares. La empresa francesa Thompson recibió el mejor informe técnico entre cuatro compañías que postularon sus productos, pero resta aún abrir los sobres con las ofertas económicas. El Ministerio de Defensa cuenta con 150 millones de pesos como presupuesto para comprar esos radares.
Una vez que sea declarado un ganador en la licitación, entre la firma del contrato y la entrega del primer radar pasarán 18 meses. Por entonces estará en la etapa final de pruebas el radar militar que desarrolla Invap, cuyo prototipo en escala ya se probó con eficacia hasta los 50 kilómetros.
Invap es una empresa sin experiencia en la construcción de radares. Dio los primeros pasos con el contrato con el Estado por once radares civiles. Esa operación se concretó en momentos en que otra polémica giraba alrededor de la seguridad de los vuelos comerciales. Hasta el momento, Invap entregó en plazo ocho de esos equipos, que funcionan en Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Santa Rosa, Tucumán, Catamarca y Quilmes; en esta última ciudad es donde funciona un centro de control.
Para la urgencia queda un radar de tiro antiaéreo del Ejército, que se prueba en la zona de Las Lomitas, en Formosa. Una disputa interna entre Defensa y Justicia, cuando este último ministerio fue manejado por Aníbal Fernández, dejó sin fondos ese proyecto que hoy intenta reactivarse.
Cuando el Gobierno habla de atacar a las grandes redes del narcotráfico como argumento para despenalizar la tenencia de drogas, pareciera entenderse que pondrá en primer lugar al ataque contra los vuelos ilegales. Pero eso, como se consignó, no podrá ser posible en bastante tiempo.
La polémica por la permeabilidad de las fronteras aéreas entra y sale de la mirada pública de manera constante. En el medio quedan declaraciones de ocasión y poco más. No se avanza sobre una cuestión central: ¿para qué se quieren poner más radares?
La respuesta parece obvia: sería un esfuerzo del Estado para contener el ingreso de mercaderías ilegales, de droga o de lo que fuere. Pero no es así. Los radares no sirven para eso. Al menos no de la forma en que se considera habitualmente.
Podrá graficarse la idea al pensar en las multas de tránsito. Un radar terrestre puede determinar el exceso de velocidad, pero de nada servirá ese conocimiento si no se pueden determinar la patente del vehículo y su propietario. El radar muestra un hecho, pero el equipo de apoyo, humano o electrónico, establece a quién corresponde la sanción.
Un radar por sí solo sirve nada más que para armar estadísticas.
Eso ocurre en el aire. ¿Qué información dará un radar cuando se lo coloque en la frontera con Bolivia? Avisará que pasó por allí una aeronave en forma ilegal. ¿Entonces?
Ahora se llevan adelante tareas de inteligencia desarrolladas con multiforme ingenio y a pulmón por los gendarmes. Pero el Estado requiere más que iniciativas personales. Necesita un sistema completo.
Interceptar aviones ilegales no debe significar derribarlos, situación polémica que impide avanzar en un real control del aire.
Perseguir avionetas detectadas hasta su aterrizaje para marcar la pista debería ser una misión normal. Para eso, el Gobierno tendría que destinar dinero para contar con patrullas aéreas. Hoy no se puede. El radar sólo da la alerta. El Estado decide qué hacer.
22.09.2009 11:58:00
La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay aseguró, en declaraciones periodísticas, que todavía no se crearon los 750 cargos que se acordó en marzo último con el Poder Ejecutivo, plazas que iban a ser asignadas a todos los fueros de la Justicia, como otra medida para acelerar los procesos judiciales.
“Nos cuesta siempre conseguir las partidas, eso es histórico y ya no nos quejamos de eso. Pero lo cierto es que, por ejemplo, a los 750 empleados que nos prometieron crear en marzo todavía los estamos esperando”, aseguró la jueza.
En una reunión llevada adelante por integrantes del Máximo Tribunal y el por entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, se acordó a principios de año que el Ejecutivo iba a autorizar las partidas presupuestarias necesarias para el nombramiento de 750 puestos nuevos de trabajo.
Para efectivizar los nuevos cargos se necesita de una autorización administrativa por parte de la Jefatura de Gabinete y de una ley del Congreso que autorice y cree los cargos.
En tanto, a Argibay se le consultó sobre una eventual presentación ante la Corte en virtud de la nueva ley de radiodifusión. La magistrada aclaró que el Máximo Tribunal no puede intervenir porque la norma aún no fue sancionada y, por lo tanto, “no existe como hecho legal”.
“En segundo lugar, la Corte no tiene facultades para declarar inconstitucional la ley en abstracto”, aseguró. Se necesita de “una causa donde alguien venga a probar que la aplicación de esa ley ha perjudicado alguno de sus derechos constitucionales. Y tiene que demostrarlo, porque si no nosotros no tenemos causa para declarar la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad se declara en un caso concreto, pero tiene que haber un perjuicio concreto, si no, no podemos intervenir”, aclaró.
Colombia,Declaración Final: XI Foro Nacional Por los Derechos Humanos y la Paz
Miércoles, 16 septiembre, 2009 10:11 PM
Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009
Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:
1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.
2. La implementació n en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundizació n de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarizació n de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundizació n de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.
3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.
4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.
5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementació n de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.
6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de “seguridad y defensa democrática”. La llamada desmovilizació n paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.
7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatizació n profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.
8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratizació n de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.
9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalizació n y judicializació n a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.
10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminació n y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminació n en todas sus formas.
11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.
12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.
PROPONEMOS:
1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:
- 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE.
- 7 de octubre por el trabajo digno.
- 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.
2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.
3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.
4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.
5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario, así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratizació n del país.
6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.
8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia
9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.
10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.
11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.
12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.
EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.
¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO!!
LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,
¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!
¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!
Bogotá, 12 de septiembre de 2009
funcionarios desplazados por Ocaña (ex-ministra de Salud) vuelven a la superintendencia
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo esencial para las finanzas de las obras sociales, también es parte fundamental en la causa por la mafia de los medicamentos que está revisando si incumplió el rol de contralor. Su misión de fiscalizar a las obras sociales ya había sido cuestionada por Graciela Ocaña cuando era ministra de Salud. Ahí dentro funcionaba una estructura de gerentes muy bien relacionada con el sindicalismo que la ex funcionaria intentó desarticular cuando asumió su cargo. Con la asunción de Jorge Manzur en Salud, la vieja estructura gerencial parece estar de vuelta.
Detrás de ese armado, fuentes oficiales señalan a Néstor Vázquez, un neurólogo de relación directa con José Luis Lingeri, quien ideó en los 90 la Administración Nacional de Seguros de la Salud (Anssal) que después se convirtió en la SSS.
La salida más ruidosa que había impulsado Ocaña fue la de Héctor Capaccioli, el superintendente y recaudador de campañas durante la gestión K que quedó muy mal posicionado después del llamado “triple crimen”, cuando se supo que muchos de los aportantes eran droguerías de sospechosa legalidad que habían llegado a través de él a donar plata para Cristina Kirchner.
A pesar del escándalo que está desnudando la trama de connivencia entre el Estado, las obras sociales y algunas droguerías, como es el caso de San Javier, cuyo titular, Néstor Lorenzo, es el principal imputado en la causa por la provisión de medicamentos truchos a La Bancaria, Manzur ascendió a titular de la Superintendencia al desplazado Ricardo Bellagio, un hombre de excelentes vínculos con la CGT que difícilmente podía desconocer esa situación: trabaja hace más de quince años en el edificio de Diagonal Norte 530. Además, durante el mandato de Capaccioli, tuvo bajo su mando simultáneamente las gerencias de administración y de control financiero. En este último puesto le tocaba, precisamente, hacer las auditorías contables y recibir los balances de las obras sociales. Mientras ocupó ese cargo, se acumularon los 45 millones de pesos en cheques rebotados de La Bancaria sin que la SSS hiciera demasiadas objeciones.
Con Bellagio reaparecieron otros nombres que fueron designados por Manzur pero no tienen todavía la firma de la presidenta Cristina Kirchner. Uno es Jorge Pedro Bustos, ex mano derecha de Capaccioli que ahora ocupa la poderosa oficina de gerente general del organismo y que tampoco podría negar su buena relación con Juan José Zanola. De ese grupo, también volvió Jorge Quintana, en la SSS desde el menemismo. El ministro de Salud ya lo habilitó para retomar su puesto de gerente de informática, un sillón que parecería poco trascendente si no fuera porque desde ahí se maneja el padrón de afiliados a las Obras Sociales. Es decir, de los pacientes que figuren en esa lista, dependen los millones de pesos en medicamentos que asigna el Estado para los sindicatos. Otro hombre fundamental es el abogado Oscar Cochlar, que atiende el teléfono desde un despacho pegado al de Bellagio y se describe como asesor personal. En esa misma estructura estaba Alejandra Ongaro, jefa de Ceremonial de Capaccioli, quien estaba dentro del Policlínico Bancario cuando llegó la Policía Federal a allanarlo. Ongaro figura también como empleada de San Javier.
Las obras sociales deben informar
Las obras sociales deberán informar antes del fin de semana si desde 2006 tuvieron alguna relación comercial con las droguerías del empresario Néstor Lorenzo. La Superintendencia de Servicios de Salud envió ayer una circular a más de 300 organizaciones sindicales del rubro. Al mismo tiempo, la Administración de Programas Especiales deberá comunicarle al superintendente, Ricardo Bellagio, los subsidios o reintegros que haya pagado a obras sociales por compras a esas droguerías. Bellagio informó que se trata de “un cerrojo” para precisar los vínculos entre obras sociales y empresas de Lorenzo.
Exigen el embargo preventivo de CFK por el daño de los fármacos truchos
Publicado por Critica de Argentina - 17/09/09