Miles de personas son traídas para ser esclavizadas en 3.000 talleres clandestinos y en 613 prostíbulos porteños. Pero algunos no quieren penas más duras para los tratantes. Por Lucas Schaerer para Noticias Urbanas - 22.08.10
El negocio de la trata de personas promete falsas ofertas económicas y luego traslada a los engañados. Los endeuda y luego esclaviza. La Ley de Trata lo penaliza. Aunque su mayor logro fueron sus flaquezas. Hasta sus autores las reconocen. Las cifras lo demuestran: menos de diez condenas en todo el país en dos años. Al vivir en la Ciudad se nota. La compra y venta de personas nutre de personal esclavo a dos inmensas industrias. Las marcas de ropa, que tercerizan su producción en tres mil talleres clandestinos porteños, y el emporio de los 613 prostíbulos diseminados entre la avenida General Paz y el Río de la Plata.
Pero el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, lidera el rechazo a subir las penas de prisión en la Ley de Trata. El hombre del kircherismo encargado de manejar las fuerzas de seguridad se dirigió con seis hojas a la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), con copia a los diputados nacionales que integran las comisiones de Familia, Niñez, Adolescencia y Mujer y Legislación Penal, y al presidente de la Cámara Baja. El funcionario de pasado duhaldista rechaza subir las penas de prisión a los esclavistas y traficantes de seres humanos, tampoco quiere delegar la potestad de atender en la inmediatez a las víctimas y niega quitarles los topes a los montos de las multas, que significarían confiscaciones multimillonarias.
Por "excesivos verbos", Aníbal Fernández rechaza cambios en el artículo 145 bis (que refiere que al traficante de personas se lo encarcela por 3 a 6 años y si es agravado de 4 a 10). Después asegura que quitar la diferencia entre adultos y menores de edad "debilita la protección de los menores". Y por el artículo 145 (trata por los menores de edad de 4 a 10 años y agravado por menores de 13 años con prisión de 6 a 15 años) califica de "no ser sensata" su modificación por más años de cárcel, así como del artículo 140 (que reprime a los esclavistas con 3 a 15 años) advierte que "no se justifica modificarlo". Todo Negativo para el Jefe de Gabinete.
Esa postura fue defendida en el Congreso por el secretario de Justicia y hombre del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Héctor Masquelet. Este abogado, ex Frepaso, que años atrás cumplió funciones en la Legislatura porteña, fue contrarrestado por otro abogado respetado por todas las organizaciones antitrata y en organismos internacionales.
Para Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, "la diversidad de verbos en la ley no es una obstrucción. La Ley de Estupefacientes está plagada de verbos porque justamente existen diversas hipótesis del delito", retrucó en una audiencia pública en el Congreso. También recordó que en el artículo 140 del Código Penal "no figura la compra y venta de personas. Esto es esencial. Entonces debe figurar explícitamente la trata. Pensemos que este artículo fue creado en 1921 y no se modificó desde entonces; mientras que todos los convenios sobre esclavitud y trata son posteriores a 1926, así como los convenios sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", explicó ante este medio el abogado de la Defensoría.
Ganora remató que "está más protegida la cabeza de un cerdo que la libertad de una mujer. Si no, vean el artículo 145 bis que pena de 3 a 6 años de prisión el apoderarse de un ser humano para su explotación, mientras que el artículo 167 quater pena con 4 a 10 años el apoderarse de una cabeza de ganado".
Sin investigaciones ni asistencias
Desde hace un año el coordinador de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas de Trata es Masquelet. Él expresó la rotunda negativa al Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia de las Víctimas diseñado por el Congreso. El mismo había sido propuesto por organizaciones y un arco amplio de diputados, algunos aliados al FpV.
A su vez, la figura más reconocida de la criticada Oficina de Rescate y Asistencia fue denunciada penalmente. La licenciada Zaida Gatti es acusada de intimidar dentro de un juzgado a una ex esclava sexual. "Apelando a toda clase de sugerencias, intromisiones y presiones sobre su persona, intentó intimidarla para que modificara su declaración original", figura en la denuncia que presentó la diputada nacional Gil Lozano a partir del testimonio de la víctima ante un escribano público.
El área en manos de Gatti "durante los allanamientos a prostíbulos de Liniers entrevistaba a las mujeres en estado de ebriedad y delante de los proxenetas y policías", confirmó Mercedes Assorati, de la ONG Esclavitud Cero y autora con la fundación La Alameda de una propuesta de reforma a la Ley de Trata.
Los cuestionamientos llegaron también de Nancy Miño, ex integrante de la División de Trata de la Policía Federal. "La oficina de rescate no funciona. En allanamientos a prostíbulos de Mar del Plata no rescataron a nadie. Había una travesti que sólo por ser menor fue ayudada, pero al otro día estaba con su familia sin asistencia. Mientras que muchas mujeres traficadas siguieron en los 'privados' por ser adultas". La fiscalía de la ciudad balnearia confirmó a este medio los dichos de la policía Miño.
Hasta en el Ministerio de Justicia los trabajadores denunciaron a Zaida Gatti por maltratos y despidos arbitrarios.
La División de Trata de la Federal también fue cuestionada duramente por Miño. "Mientras infiltraba los prostíbulos lucraban con proxenetas", afirmó. Su denuncia produjo un allanamiento en la División Trata y un sumario a 15 policías, entre ellos el comisario Jorge Omar Fernández. Este comisario antes dirigió la División Búsqueda de Personas. En 2005, la Justicia le confió la custodia del incendiado boliche Republica Cromañón. A los cinco meses se supo de un taller clandestino que funcionaba en las catacumbas de ese inmueble. Luego se sumó la búsqueda de Jorge Julio López, jamás encontrado.
Por su lado, el fiscal de Trata Marcelo Colombo no logró que le concedieran los allanamientos a la red de 613 prostíbulos, que denunciaron hace medio año diversas organizaciones a partir de los clasificados de los diarios. "Tampoco se allanó una lista de cien talleres textiles clandestinos", expresó Gustavo Vera, titular de La Alameda.
Al conjunto de instituciones que no pueden contra el tráfico de personas se suman los jueces federales. El juez Ariel Lijo no avanzó con la denuncia de Miño ni, previamente, con otra denuncia de una red de prostíbulos que funciona en Constitución y Monserrat, cerca de la Jefatura de la Policía Federal que conduce Néstor Valleca. En tanto que el magistrado Sergio Torres, en un allanamiento a cinco prostíbulos de Liniers, logró que la Policía Federal detuviera... a dos volanteros.