Economía

Emergencia Económica

En el Congreso aprueban la "Emergencia Económica" sin leer, siquiera, que tiene artículos que se contradicen

¿Los diputados y senadores leen los proyectos que van a votar?. La "Emergencia" prorrogada ayer (por séptima vez) prohíbe cualquier tipo de indexación en un artículo y establece mecanismos indexatorios en otro.

Una persona común tiende a pensar que los diputados y senadores leen los proyectos que van a votar. Las leyes pueden ser buenas o malas, criteriosas o disparatadas, progresistas o reaccionarias, a favor o en contra de determinado sector, grupo o clase, pero siempre se supone que quienes tienen la responsabilidad de votarlas, o al menos gran parte de ellos, saben de qué se tratan.

Se puede votar una ley que indique que la Tierra es cuadrada, pero es inconcebible que en otro artículo de la misma ley se determine que es triangular o pentagonal. Aun el texto más insólito debe tener un mínimo de coherencia interna, para que un artículo no contradiga a otro, por la sencilla razón que sus disposiciones obligan, permiten o prohíben a todos los habitantes de un país. Para eso, por lo menos, hay que leer lo que se vota. Y desde ya, comprender lo que se lee.

No es un exceso de ingenuidad, es lo mínimo que puede pedírsele a quienes asumieron el rol de representar al pueblo y a las provincias. Después de todo, no es una exigencia desmedida a quienes de cuyas decisiones dependen la vida y el bienestar de cuarenta millones de personas. Por ejemplo, con la discusión que por estos días se mantiene en el Congreso respecto de una nueva prórroga de la ley de Emergencia Económica, aprobada el miércoles en Diputados y seguramente sancionada la semana próxima en el Senado. Se supone que entre 257 diputados, 72 senadores y una cantidad aún mayor de asesores, muchos debieron haber leído en profundidad y con detenimiento el texto de lo que van a votar, así como analizado sus alcances.

Sin embargo, el Congreso de la Nación está a punto de aprobar una nueva prórroga que, luego de varias modificaciones, prohíbe de manera terminante la indexación en un artículo y establece mecanismos indexatorios en otro.

Esa contradicción dentro de una misma ley acaba de cumplir cinco años, si se considera que el 19 de noviembre de 2003 se sancionó la ley 25.820, una de las tantas modificatorias de la 25.561 que el 6 de enero de 2002 instituyó una "Emergencia" que, si prospera la nueva prórroga, se extenderá por ocho años.

En los próximos días, el Parlamento podría aprobar un breve texto legal, tan breve que entra en este párrafo: "Artículo 1: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley Nº 26.204, prorrogada por su similar Nº 26.339. Artículo 2: La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2009. Artículo 3: Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL".

Para comprender qué es lo que se prorrogará, hay que remitirse en primer término a la ley 26.204, que extiende la vigencia de la ley 25.561 de Emergencia Económica, "sus prórrogas y sus modificatorias".

La Emergencia Económica original derogaba algunos artículos de la ley de Convertibilidad, pero confirmaba la vigencia de otros, en particular uno que eliminaba la indexación (los memoriosos recordarán que en marzo de 1991 se presentó el proyecto de ley de "Convertibilidad y desindexación").

Al respecto, el artículo 4 de la 25.561 rescata otros de la 23.928, entre ellos el décimo: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios".

"Esta derogación -continúa- se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".

El texto no deja lugar a dudas: no hay resquicio por donde pueda reinstalarse la indexación en cualquiera de sus formas.

El 3 de febrero de 2002 se promulga el decreto 214, que crea el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un mecanismo indexatorio que se contradice con lo aprobado por el Parlamento un mes antes.

Si bien los legisladores no pueden ser responsables por la contradicción en que incurrió a posteriori el Poder Ejecutivo, sí lo son por no haber reparado que casi dos años después aprobaron una ley que no modifica ni una coma del mencionado artículo anti indexatorio, pero incluye una nuevo que lo contradice.

El artículo 3 de la ley 25.820 modifica el 11 de la 25.561, que quedó con el siguiente texto: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso".

En consecuencia, quienes voten la prórroga de la Emergencia Económica, tendrán que entender que detrás de esos tres brevísimos artículos que aparentan no decir nada se encuentra una serie de "prórrogas y modificatorias" al texto original del 6 de enero de 2002. Y que entre ellas, hay dos artículos que se contraponen, al punto que uno prohíbe la indexación en absolutamente todos los casos y el otro dispone su aplicación en determinadas situaciones. Quizás, como en otras actividades, por leer es otro precio.

Perfil: * Marcelo Batiz, Agencia DYN.

La amnistía impositiva haría caer las causas de Skanska y Antonini Wilson

El blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno facilitará la suspensión de investigaciones por casos de corrupción. Para Monner Sans, "es una ley inmoral". Para el ex juez Cruciani, "es un beneficio para que los corruptos laven dinero".

Por Mariano Jasovich - 27.11.2008 - Crítica Digital

Una vez que comenzaron a conocerse los detalles del promocionado anuncio del Plan B del Gobierno para enfrentar los coletazos de la crisis mundial, estalló la polémica en torno a los alcances de la amnistía impositiva y judicial para las empresas y particulares que blanqueen sus capitales.

En pocas palabras: podría significar la suspensión de causas penales por denuncias de corrupción recientes, como la de Skanska o la acción contra Antonini Wilson por el ingreso ilegal con una valija que contenía 800.000 dólares, ambas sin sentencia.

Sobre este tema, el abogado Ricardo Monner Sans confió a Criticadigital que “el proyecto de Cristina Fernández es inmoral, ya que da vuelta el concepto de igualdad ante la ley. Esta vez, equilibra al incumplidor con el que paga los impuestos todos los meses”.

Así, prosiguió el abogado, “se legitima el ingreso de dinero sucio porque pueden operar testaferros y, además, la suspensión de los juicios genera formas de fraude por parte de las empresas”.

Entonces, cualquier causa penal que no tenga sentencia firme vinculada con fraudes tributarios se extingue por el simple pago de tributos, con facilidades. Por eso, Monner Sans anunció que buscará "remedios judiciales que estudien la ilegitimidad de la futura norma”.

En tanto, el ex juez en los Penal y Económico Julio Cruciani se mostró ante Criticadigital a favor de la repatriación de capitales, pero señaló reparos por la suspensión de causas penales tributarias a los que blanqueen capitales. “La amnistía es un beneficio para que los corruptos laven su dinero. Por eso para mí el Gobierno usa la filosofía del ‘de paso, cañazo’, en el sentido de que dentro de la norma de repatriación de capitales -que siempre es buena- esconden el beneficio a los grandes evasores”.

Por otra parte, por lo que se deduce de la exposición de la Presidente y del jefe de Gabinete, no está claro cómo hará el Gobierno para controlar los movimientos de lavado de dinero, en el contexto del supuesto desembarco de carteles mexicanos de la droga. En ese caso, Monner Sans se pregunta: "¿Qué dirá Estados Unidos de este blanqueo indiscriminado de capitales?”.

LA PELEA EN EL CONGRESO Y EN LA JUSTICIA. Apenas conocidos los anuncios de Cristina, la Coalición Cívica (CC) salió a cruzar al Gobierno. Así, el partido de Elisa Carrió plantea la pelea tanto en Tribunales como en Diputados. La líder de la CC concurrirá en próximas horas a ampliar su denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner.

En esa presentación se pide también que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.

Carrió advirtió que "la moratoria permite el cierre de causas judiciales que investigan la evasión impositiva y la facturación apócrifa", presuntamente cometidas por empresas cercanas al ex presidente.

Sobre el mismo tema, la diputada de la CC Fernanda Reyes le explicó a Criticadigital que “esta ley demuestra la imperiosa necesidad que tiene este gobierno de hacer caja a cualquier precio. Y Cristina Fernández elige como salida perdonar a los evasores con una rebaja escandalosa de impuestos. Por eso, desde la CC no vamos a acompañar el salvataje de posibles lavados de capitales”.

Además, Reyes no descartó la posibilidad de que “el ingreso de plata sucia sirva para comprar tierras a la gente del campo que bajaron el precio por la crisis y la caída de precios internacionales”.

 

Carrió: "Kirchner blanquea así todo su dinero ilícito"

Aseguró que las medidas del Gobierno derivarán en el cierre de causas que investigan evasión y lavado de dinero. Damián Glanz.
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Las batallas presupuestarias más importantes

Por Luciana Díaz Freís. Directora de Política Fiscal de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

Hay 3 artículos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2009 que, merecidamente, van a suscitar bastante discusión. Uno de los artículos más cuestionables es el artículo 9. Este artículo permite al jefe de Gabinete de Ministros (JGM) aumentar el gasto si hay un incremento en los recursos. Ya la llamada ley de superpoderes (Ley 26.124) había modificado la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156), permitiendo al JGM hacer todos los cambios que considerara necesarios dentro del total aprobado por cada Ley de Presupuesto. Lo único que quedaba reservado al Congreso era la decisión del monto total. Ahora, con este artículo, casi no importa lo que apruebe el Congreso como Ley de Presupuesto porque queda facultado el JGM a hacer cambios, aumentos y disminuciones con una simple “decisión administrativa”.

Esto va en contra de lo que establece la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inciso 8 señala que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de los recursos. Este mandato constitucional no es un simple capricho. Inteligentemente, nuestros constituyentes diseñaron un proceso presupuestario en el que se alternaban los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Poder Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba, el Ejecutivo ejecuta y el Legislativo controla. Esta división de responsabilidades tiene como origen fundamentos republicanos, de controles y contrapesos para una equilibrada división del poder, esenciales en una ley con tanta importancia como la de Presupuesto, en la cual se decide el destino de los recursos públicos y las prioridades de Gobierno. La intervención del Congreso es fundamental como instancia deliberativa y representativa de los diferentes intereses de la población, así como es valiosa la “ejecutividad” del Poder Ejecutivo.

Hay otros artículos criticables, como el 31, en el que se suspende nuevamente la constitución del fondo anticíclico. Es prioritario en la Argentina ahorrar para disminuir el peso de la deuda y estar preparados para una probable desaceleración del crecimiento. También es muy controvertido el artículo 72, que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitiéndole aumentar los adelantos que el Banco Central hace al Tesoro Nacional para el pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito y el pago de obligaciones en moneda extranjera. Si bien ello alivia financieramente las cuentas de 2009, comprando tiempo para sobrellevar las turbulencias de los mercados internacionales, también trae malos recuerdos de aquella Argentina que financiaba sus desequilibrios fiscales con los recursos del Banco Central, lo cual nos llevó a los graves episodios de la hiperinflación. Valdría la pena revisar este artículo para incluir un mayor control de este método de financiamiento que impida caer en las trampas de antaño.

Urge revisar estos 3 artículos. Sería prudente, además, que el Congreso fortaleciera sus capacidades en análisis de Presupuesto. Para ello, han surgido excelentes propuestas para la creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso, que nuclee a asesores y analistas para contribuir mediante su análisis a un mejor debate presupuestario. Una vez logrado eso, se podría avanzar hacia la eliminación de los superpoderes. Luego bien valdría revisar la reglamentación que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia, así como todas aquellas partidas de gasto que hoy pasan por fuera del Presupuesto, como los fondos fiduciarios. Con estas medidas, se iría construyendo y fortaleciendo paso a paso las instituciones democráticas que la Argentina tanto necesita.

 

Fuente: El Parlamentario

Estigmas de sangre

03/10/08 - Por Alberto Morlachetti

(APe).- El núcleo significativo de la deuda externa fue engendrado en un genocidio. Palabra primera, absolutamente inicial, que mutiló el movimiento de la vida. No obstante se inscribió el origen de la deuda en una comarca de pastizales sin memoria. De aquí en adelante el lenguaje de las obligaciones externas va a crecer sin punto de partida. Los números serán las claves de todas las figuras.

Según Maximiliano Montenegro -en su nota del 6 de septiembre en Crítica de la Argentina- los pagos de capital e intereses realizados por el gobierno nacional a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) desde el año 2003 a la fecha suman 24.983 millones de dólares. Ningún otro período de la historia argentina del siglo pasado registra semejante transferencia de fondos en 5 años a entidades crediticias. Sin embargo, la pareja presidencial significó para muchos, nada menos que un futuro y se perciben como novedosos representantes de los pobres.

La deuda se paga -a pesar de su estigma de sangre- con las reservas, trabajo humano almacenado en el Banco Central. La indignación que produce ha comenzado a verse como simples nostalgias de un pasado errático e imprudente. Ciertamente el paraíso sigue quedando lejos.

Lo cierto es que no se cumple con la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. La presidenta anunció el pago al Club de París el día 2 de septiembre con reservas por valor de 6.706 millones de dólares y días después la reapertura del canje de deuda, solidaria con el perverso sistema financiero. Mientras el hambre gotea desde abajo interrumpida -rara vez- por alguna tregua, legado de bondad de algunas aceras con árboles frutales o la ternura de malvones colgando de ventanas sin mirada, donde los pibes crecen al amparo de sus pájaros indomables y cantan por la comida en medio de los basurales.

Fuente: Mov. Nac. Los Chicos del Pueblo

Ahora lo llaman Estados Hundidos

Miguel Olivera - 18.09.2008

En los pasillos de la City porteña ya no se habla de Estados Unidos sino de Estados Fundidos o Estados Hundidos. ¿Cómo llegamos a esto? Toda crisis financiera es una combinación, en diferentes proporciones, de los siguientes ingredientes: liquidez barata y abundante que tiene que reciclarse, innovación financiera, regulación permisiva y el fracaso de la autorregulación.

Las bajísimas tasas de interés (especialmente las tasas de largo plazo) empujaron a los inversores a buscar activos de riesgo de corto plazo. Un destino elegido fueron los mercados emergentes y, así, los bonos y las acciones de México, Brasil, Turquía y otros no pararon de subir… hasta ahora. Pero esta vez, a diferencia de la segunda mitad de los años setenta, los gobiernos de estos países no necesitaban endeudarse porque tenían superávit externo. Así que los bancos buscaron otro “tercer mundo”: los deudores hipotecarios. Y salieron a prestar.

Y prestaron por encima del valor de las propiedades, sin certificar ingresos del deudor, a deudores con mala historia crediticia, postergando los pagos de capital y a bajísimas tasas de interés. El boom inmobiliario no es una sorpresa: se podía tomar un crédito y comprarse una casa declarando ingresos que no se tenían o pagando sólo pocos intereses por varios años.

No fue todo. Se necesitaban muchos más activos de riesgo para tanta liquidez. Así que las hipotecas de mala calidad se empaquetaron en estructuras financieras llamadas “CDOs”y que, con la excusa de la diversificación del riesgo, fueron vendidas a los inversores con calidad de “grado de inversión” (investment grade) exigiendo así además menores requisitos de capital.

Cómo fue que activos de baja calidad crediticia como son las hipotecas subprime terminaron en manos de jubilados, pensionados, viudas, bancos y compañías de seguros no es un testimonio al ingenio de los financistas sino a la vista gorda de las calificadoras de riesgo y los reguladores y la avaricia de un sistema desatado que premia a los negocios independientemente del riesgo asumido y su resultado. A los banqueros centrales y a los reguladores les tiembla el pulso cuando se trata de pinchar las burbujas financieras con medidas contundentes.

¿Cómo sigue? Hasta aquí, los bancos en todo el mundo tomaron pérdidas por más de 500 mil millones de dólares, más de la mitad corresponde solamente a los bancos norteamericanos. Equivale a una vez y media el producto interno bruto anual de la economía argentina. Y esto no alcanza. El FMI estimó pérdidas de casi un billón de dólares sólo para Estados Unidos (por las dudas, un 1 seguido de 12 ceros). Si Europa y el resto del mundo agregan otro tanto, resulta que sólo se reconoció un cuarto del problema.

No sorprende que la Reserva Federal tenga que rescatar a aquellas entidades que ponen en riesgo la salud (ya bastante de deteriorada) del sistema financiero. Bear Sterns y AIG tenían, a través del mercado de derivados de crédito, ramificaciones por toda la economía. En unos pocos meses, tres de los cinco bancos de inversión más importantes de Estados Unidos desaparecieron (Lehman y Bear Sterns) o fueron comprados (Merrill Lynch). Lo que está en discusión es justamente el modelo de bancos de inversión que encuentran su financiamiento no en los depósitos, una fuente muy estable, sino en el mercado de capitales, una fuente muy volátil. Es por eso que hay más esperando cama en la terapia intensiva. Los contribuyentes de los Estados Unidos tendrán que poner mucha plata en el futuro: el Tesoro (algo así como el Ministerio de Economía) ya anunció la emisión de letras y bonos para reforzar la capacidad de intervención de la Reserva Federal. Y pagan los yanquis y todos los que compran bonos a tasas bajísimas, incluyendo al gobierno chino.

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, dos economistas insospechados de heterodoxia, compararon lo que va de esta crisis con el promedio de 18 crisis financieras en países desarrollados, 5 de las cuales fueron grandes crisis. La comparación histórica sugiere que la crisis tiene por lo menos dos años por delante si no es grande y tres años si lo es. En el caso de una crisis grande, la caída en el PBI entre el techo y el piso es de 5 puntos porcentuales. Ni hablar si se parece a una megacrisis, como la de los años 30. Todo sugiere que la economía de los EE.UU. tiene todavía un camino hacia abajo. Y con ella los commodities.

Es el fracaso de la regulación permisiva y confirma que los mercados no pueden autorregularse.

Fuente: Crítica Digital

Manteca al techo

La presidenta C y el presidente K decidieron pagar por adelantado la totalidad de la deuda con el Club de París. Esos millones pueden ir a París o quedarse en Jujuy. Por Jorge Lanata.

En París ya están acostumbrados. Vieron llegar a los Alvear, cargando en el barco a su vaca lechera y tirando por la proa la vajilla luego de una comida. “Riche comme un argentine”,decían los franceses. “Georgie” Newbery y sus amigos de la Recoleta amenizaban sus fiestas tirando un pan de manteca de cinco kilos al techo del salón y el dinero era tanto, tanto, que un día se acabó. Aquella era la Argentina del Centenario, el país del mañana constante. Después ya no. Fuimos el país de anteayer. Nos endeudamos como nunca antes y como nunca antes, pagamos también. El 13 de julio de 2000, tres meses después de la muerte del periodista e historiador Alejandro Olmos, el juez federal Jorge Ballestero declaró el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como “ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento”. Olmos, el hombre que denunció la deuda externa, no llegó a ver su obra en vida. Los sucesivos gobiernos siguieron pagando intereses y tomando nuevos créditos para pagar intereses. La idea de que la deuda externa no podía pagarse porque, en verdad, ya estaba paga por demás, comenzó a tomar cada vez más fuerza en el cuerpo social. ¿Quién le debe a quién? En una espectacular maniobra de prensa, el presidente K canceló menos del diez por ciento del total del endeudamiento, y resolvió la relación con el Fondo Monetario. “Se pagó la deuda externa”, titularon los periódicos. K pagó 10.000 millones y mantuvo el endeudamiento por 130.000 millones, que pagó puntualmente, y sin chistar. Que la deuda es impagable no necesita ni siquiera de argumentos muy sofisticados. Ésta es la evolución de los números:

–En 2001, la Argentina pagó unos 10.000 millones de dólares al año de intereses.
–En 2003, la deuda argentina total, en default, era de 186.000 millones de dólares.
–En 2008 se pagarán 6.000 millones de dólares de intereses.
–Hoy, la deuda es de 145.000 millones de dólares.
–En 2009, vencen 20.500 millones de dólares de deuda, de los cuales la mitad se pagarán con el superávit fiscal, y la otra mitad tomando nuevos créditos con el Banco Mundial, el BID, etc.

Ayer, la presidenta C y el presidente K decidieron pagar ADELANTADA la totalidad de la deuda con el Club de París: unos 6.700 millones de dólares. El gobierno argentino no intentó o no supo cómo o no le importó arreglar un plan de pagos a diez años, por ejemplo. Argentino al fin, tiró manteca al techo. Haber aceptado una financiación obligaba al gobierno a aceptar la intromisión del Fondo Monetario (¿qué harían entonces con el falso INDEC, qué con los presupuestos subvaluados?).

–Los acreedores nos oprimen, insultémoslos llenándoles la cara de billetes.
–¡Los acreedores desconfían y complotan, paguémosles antes, para cagarlos!
–¡Quedate con tus siete mil millones! ¿Viste cómo te jodí?

Hacer política es tomar decisiones. Esos 6.706 millones de dólares pueden ir a París o quedarse en Jujuy. Como los otros quinientos millones, ¿se acuerdan? Que al final decidieron irse de viaje...

Para el Gobierno, en la Argentina hay cinco millones de pobres. Las estimaciones privadas indican diez millones. Uno de cada cinco niños en la provincia de Buenos Aires tiene problemas de desnutrición. Dos de cada cinco menores son pobres. Entre el 5 y el 9% de los chicos de 5 a 13 años, trabajan. En la misma provincia, el 35% de los chicos repiten el grado, el 12% no llega a sexto y el 40% no termina el polimodal.

“La Comandante Cris está feliz/ de pagarle al Club de París.” Ya tiene aforismo el grupo de señores mayores. Temo que la próxima medida redistribucionista del gobierno revolucionario sea la reforma agraria. Sería terrible, porque ni siquiera podríamos escapar al campo.

 

Brasil lanza un nuevo plan agrícola para aprovechar los precios récord de los alimentos en el mercado mundial

Lo anunciará hoy el presidente Lula da Silva en Curitiba. Tiene como objetivo aumentar la producción agrícola en un 400% en un año

En medio de un contexto mundial de precios récords de las materias primas, el gobierno brasileño reforzará el sistema de subsidios al sector agrícola con el objetivo de elevar significativamente la producción de alimentos.

La iniciativa forma parte de un nuevo plan agrícola que será anunciado hoy en Curitiba por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y que destinará alrededor de 40 mil millones de dólares a la financiación de la llamada agricultura empresarial, informó el diario especializado Valor Económico.

“ Ahora los precios de los alimentos están altos y el país tiene que aprovechar las oportunidades”, dijo el ministro de Agricultura, Edilson Guimaraes a la estatal Agencia Brasil, quien además explicó que la iniciativa también tiene como objetivo controlar la inflación interna sin recurrir a mecanismos de controles de precios.

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Dejarán sin financiamiento a la Federación Agraria

En una nueva ofensiva oficial contra las entidades del campo, la Federación Agraria Argentina (FAA), podría perder un negocio de 12 millones de pesos si el Gobierno decide quitarle el manejo de las cartas de porte. Son documentos que acreditan los movimientos de cereales y por los que se tramita un juicio de fraude informó el diario El Cronista Comercial.

Las cartas de porte, creadas en 1991, acreditan el transporte y la comercialización de granos. Desde 1992, la FAA y la Federación las venden a cinco pesos cada una, de los cuales se quedan con tres y los dos restantes van para el Estado. Emiten unas 4 millones de cartas, por lo que se estima que ganan alrededor de 12 millones de pesos.

Sin embargo, 9 millones de toneladas de granos no se declaran cada año, según calcula la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario (ONCCA). El organismo oficial también estima que se venden 300 mil certificados en el mercado negro, a entre 60 y 90 pesos cada uno, para que las entidades no declaren los granos al Estado, un negocio que generaría 30 millones de pesos adicionales por año. De esta forma no se evade el pago de retenciones, pero sí el 21% de IVA y un porcentaje variable de impuesto a las Ganancias.

La ONCAA quiere saber si las entidades agrarias son víctimas del tráfico ilegal de las cartas de porte o si participan del fraude; mientras tanto, el Gobierno espera definir el nuevo sistema para los certificados a partir de esta semana: serían reglamentados por esa misma oficina, la Secretaría de Transporte, y la AFIP, según anticipó El Cronista Comercial. De hecho, desde abril de 2007 FA debe pedir permiso a la AFIP para emitirlas. Otras fuentes señalan que la idea sería que este mecanismo sea controlado por el Banco Nación.

Fuente: Perfil