Economía

SI DA CONSEJOS, SEGURO NO ES AMIGO

El G-20 obligará a la Argentina a someterse a la revisión del FMI.

Si da consejos, seguro no es amigo

El titular del Banco Central demandó que, antes que consejos, el FMI ofrezca créditos para ser utilizados en caso de tener que cubrir situaciones de inestabilidad. Planteo ante el G-20, donde apoyaron India y China.

Por Cristian Carrillo

A pesar de sus promesas de cambio, el Fondo Monetario Internacional no pierde sus viejas costumbres. Cuando acercó financiamiento a los países de Europa del Este no se privó de recomendar las políticas a seguir, pero también deslizó recetas contractivas hacia aquellos países que no le habían solicitado fondos. Tal fue el caso de Argentina. Su titular, Dominique Strauss-Kahn, había “aconsejado” al ministro de Economía argentino, Amado Boudou, que revierta la política de acumulación de reservas y destine ese capital a financiar operaciones de comercio internacional. La intromisión en la política monetaria generó una respuesta inmediata del presidente del Banco Central, Martín Redrado. El funcionario le apuntó directamente al Fondo señalándole que, antes de dar recomendaciones sobre el uso de las reservas internacionales, debería poner a disposición de los países emergentes líneas de crédito sin costo financiero ni condicionalidades, que pudieran ser utilizadas como reaseguro contra eventuales crisis. El planteo cayó bien en otros países y así quedó reflejado en el reciente encuentro del Grupo de los 20 en Escocia, que lo trataron como propuesta concreta la semana pasada en dicha cumbre, confió a este diario una alta fuente del Central.

En el Banco Central desmienten que Argentina se haya comprometido, junto a los demás integrantes del G-20, a aceptar algún tipo de auditoría del FMI y el Banco Mundial. “Esta vez no hubo tal pedido. En cambio, noté un mayor acompañamiento en la defensa de la reservas, como política, de varios países”, explicó un directivo a Página/12.

Como una partida de ajedrez, Redrado respondió durante el encuentro del G-20 a la ofensiva del Fondo con otro movimiento de ataque. El presidente del Central advirtió que si el Fondo quería “testear el argumento” de utilizar las reservas, lo que debía hacer es poner otras líneas de financiamiento y ofrecer un seguro de liquidez a los países que los compren, aunque no sea gratis. “La idea prendió en países como México, India, Indonesia y Brasil. Estos países sacaron el tema el viernes (de la semana pasada) oficialmente como propuesta”, informó la fuente. De hecho, en el párrafo cuarto del documento del G-20, donde se extiende el mandato al Fondo, lo que se pretendió es darle capacidad al organismo como factor de estabilización. “No vamos a discutir el trasfondo teórico de acumular o no reservas; hoy no hay alternativas”, agregó la fuente local.

La defensa de la política de acumulación de reservas –a la que se sumaron India y China– tiene en cuenta el riesgo que implicará el retiro de todos los estímulos fiscales que hicieron los países desarrollados. “Ahora estamos con tasas de interés muy bajas y un gran apetito por el riesgo, pero cuando Estados Unidos comience a absorber liquidez, claramente vamos tener riesgo de una salida desde los emergentes. Frente a eso, no hay otro mecanismo de autoseguro que la acumulación de las reservas”, insistió.

El directivo desestimó las versiones de que el FMI y el BM auditarán a la Argentina, o que tenga alguna relación con las revisiones que establecen el artículo IV del estatuto del Fondo. “Si se lee el comunicado final del G-20, en lo que se llama Revisión entre Pares, se les da al Fondo Monetario y al Banco Mundial una especie de secretariado para relevar las posiciones de los distintos países”, informó. Esa coordinación evitará que todos los gobiernos del grupo, que representan el 90 por ciento del Producto mundial, se planteen como objetivo tener superávit de cuenta corriente.

De todos modos, la decisión final la tomará cada gobierno en la próxima reunión, que tiene fecha en junio del año próximo. El FMI actúa como una especie de compilador de las distintas alternativas de los países. “No se habla de recomendaciones de políticas, ni de asistencia ni monitoreo, las tres palabras críticas que países como Alemania quisieron meter”, destacó la fuente. Esas funciones sí aparecían en varios borradores que, finalmente, fueron rechazados.

Con ese objetivo, los ministerios de Economía tienen que presentar antes de junio próximo un proyecto fiscal sustentable y los bancos centrales, estimaciones monetarias y financieras a más de un año. El programa que será puesto en consideración deberá contar, como cuarto punto, con políticas de reforma estructurales que contemplen infraestructura. “Lo que se está jugando ahora son los desbalances globales mundiales que tienen dos protagonistas, Estados Unidos y China”, señaló la fuente. Durante las reuniones en Escocia, se buscó coordinar la forma en que países superavitarios, caso China, gasten más y los deficitarios, como Estados Unidos, comiencen a ahorrar.

Los pronósticos de recuperación de la actividad económica, en tanto, no son alentadores. Los principales hacedores de política en el mundo coincidieron en continuar con la expansión monetaria y fiscal para salir de la crisis. No obstante, esa recuperación es todavía muy frágil. La continua pérdida de empleos en Estados Unidos y Europa complica el panorama por el lado del consumo mundial. “El consenso es que se va a retrasar la recuperación, mientras no se genere empleo”, dijo el directivo del Central. También queda por delante el enorme peso de los déficit fiscales, que van a obligar a los países centrales a presentar un cronograma para retornar a la normalidad. Actualmente evidencian un déficit del 12 o 13 por ciento en promedio de sus respectivos PIB.

Todos estos temas deberán ser coordinados en el próximo encuentro del G-20. La pregunta es: ¿puede convertirse en un foro de políticas? “Está por verse y es bastante complicado. Lo que no han logrado Estados Unidos y China en reuniones bilaterales, es difícil pensar que lo vayan a conseguir entre veinte países”, agregó la fuente.

Publicado en Página 12 - (13-11-09)

LA ETERNA DEUDA EXTERNA

Historia sin fin de una deuda que no queda clara, pero siempre pagamos

Pagar, pagamos, pero seguimos debiendo. Alejandro Olmos Gauna (h), Ricardo Delgado y Alejandro Bercovich, de la redacción de Crítica de la Argentina, ofrecen tres miradas distintas pero no tan distantes sobre la deuda externa.

Pagar, pagamos. Pero seguimos debiendo.¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda externa? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Qué cosa extraña es el nuevo canje? ¿Es posible explicar todo en palabras que los mortales entendamos? Ante esta incógnita convocamos a Alejandro Olmos Gaona (h), continuador del trabajo clave de su padre para entender la historia de la deuda en la Argentina y asesor del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en la denuncia de ilegitimidad de su deuda; el economista Ricardo Delgado, director de Analytica; y Alejandro Bercovich, de la redacción de Crítica de la Argentina. Tres miradas distintas, no tan distantes, de gente que entiende claramente de qué se habla cuando se habla de deuda externa. Con ustedes, los artistas.

La deuda

02:34 |Por Alejandro Olmos Gaona (H) -13.11.2009

Cuando la dictadura cívico-militar usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, la deuda externa del país alcanzaba los 7.500 millones de dólares. La nueva política económica del ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, la multiplicaría seis veces mediante una política funcional a los intereses de los bancos extranjeros, que además, sería un factor decisivo en la destrucción del aparato productivo del país y contaría con la colaboración activa de los organismos multilaterales de crédito, lo que quedó evidenciado cuando a los tres días del golpe el FMI otorgara un préstamo a la dictadura, que había sido negado al gobierno constitucional.

Resulta singularmente extraño que en todo el material escrito sobre el endeudamiento externo, se ignore –salvo algunas excepciones– la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nº 2, donde se pudo determinar con claridad,  en una causa ya sentenciada, y en otras dos que se encuentran en pleno trámite, el origen de la deuda, sus características y beneficiarios; identificándose con claridad a quienes la instrumentaron y renegociaron, perjudicando gravemente las finanzas de la República. Se prefiere recurrir a las teorizaciones especulativas, a cifras no siempre confiables y a criticar políticas económicas, sin entrar en ningún caso a desentrañar lo sustancial de un proceso que resultó ser el paradigma del fraude.

Los peritos que realizaron la auditoría por disposición de la justicia federal, en la denuncia iniciada en 1982 por Alejandro Olmos, determinaron sustancialmente que esa deuda no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera y que se desconocía el destino de los fondos, además de encontrarse probados los ilícitos denunciados. Pero mas allá de esas pericias, la investigación fue mostrando la discrecionalidad con la que se manejaron los fondos públicos; el endeudamiento sin justificación de las empresas del Estado, la falta de todo registro de la deuda, y el haberse llegado al extremo de consignar en “una libreta negra” el manejo de las reservas internacionales para sustraerla a cualquier posibilidad de auditar la corrección de tales colocaciones. Se probó la responsabilidad del FMI, que monitoreó en forma permanente todo el proceso, para lo que había designado un representante permanente con oficinas en el Banco Central. Un ejemplo de todo ese delictivo proceso lo constituye la deuda de YPF, que de 363 millones de dólares en 1976 pasó a más de 6.000 en diciembre de 1983, sin que la empresa recibiera los dólares a los que se obligaba.

A pesar de los reiterados discursos de Martínez de Hoz y de sus sucesores, la realidad de las cuentas públicas muestra que la balanza de pagos tuvo un déficit anual promedio  de 2.400 millones de dólares, y los servicios financieros oscilaron entre los 5.400 y 5.800 millones de dólares anuales. Las tasas de interés de los préstamos fueron en constante aumento, llegando a un exorbitante 21%, lo que determinó el crecimiento exponencial de las obligaciones contraídas a tasa flotante, alcanzando la deuda en diciembre de 1983, cuando asumió el doctor Alfonsín, a la suma de 45.000 millones de dólares, es decir seis veces más que la existente cuando se produjo el golpe militar.

En enero de 1984, por disposición del ministro de Economía del gobierno radical, doctor Bernardo Grinspun, se  inició una auditoría de la deuda privada por parte de auditores externos contratados por el Banco Central, a los efectos de establecer las características de ésta.

 Grinspun tenía clara conciencia de la ilegalidad de la deuda y de allí los constantes enfrentamientos que tuvo con el FMI y con los bancos acreedores. Su irreductible posición, sumada a los entretelones que mostraban las operaciones realizadas por las empresas privadas, determinó su renuncia en la segunda mitad del año 1985, ya que al Gobierno no le interesaba que esos préstamos fabricados fueran puestos en evidencia debido a los enfrentamientos que ello podía significarle con el empresariado nacional y extranjero.

El avance de la investigación en ese año 1984 y parte del 85  fue mostrando los manejos ilícitos de empresas como Cogasco, Renault Argentina, Cementos NOA, Suchard, Perez Companc, ISIN, Parques Interama, Textil Castelar, Fiat, Selva Oil, Sideco Americana, Bridas, Ford Motor Argentina, Cargill, Techint, IBM, Banco de Galicia, Banco de Italia, Citibank, Banco Mercantil, Banco de Londres, Aluar, Swift, Celulosa, Mercedes-Benz, SADE, Juan Minetti, Alpargatas, etcétera, que habían transferido sus deudas al Estado, y debido a ello, se decidió dejarla sin efecto y archivar los resultados, que posiblemente fueron destruidos en la década del 90 y recién se pudieron individualizar tales operaciones en el año 2001 por el testimonio prestado por varios auditores ante la justicia federal, quienes además acompañaron duplicados del trabajo que  realizaron.

Como en ese momento el Estado sólo era el garante de las obligaciones del sector privado, y los acreedores en forma conjunta con el FMI presionaban al gobierno para que se convirtiera en deudor principal, el doctor José Luis Machinea, presidente del Banco Central, completó la transferencia de deudas privadas el 1 de julio de 1985, mediante las circulares “A” 695, 696 y 697.

Las pocas operaciones realizadas durante el gobierno de Alfonsín llevaron la deuda a 63.000 millones de dólares, y fue el presidente Menem quien realizaría el arreglo definitivo con los acreedores, liberando a los bancos de pasivos supuestamente incobrables y sustituyendo los créditos de éstos por Bonos Brady emitidos por el Estado, con la garantía de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien había planteado un plan de rescate para beneficiar a los bancos acreedores a través de una reducción ficticia de la deuda nominal del Estado, el ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, contrató finalmente en 1992 al Citibank y a J. P. Morgan para que preparan el plan financiero de reestructuración de la deuda,  y a Price Waterhouse para que efectuara los trabajos de consultoría.

En ese año, y continuando con una práctica de décadas, no se tenía la menor idea de cuál era en realidad el monto global de la deuda. Las obligaciones externas se pagaban ante la simple presentación de avisos de vencimiento, sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas, ya que el Banco Central y el Ministerio de Economía sólo tenían simples anotaciones estadísticas sin valor contable. Para solucionar el problema se decidió contratar a los acreedores, para que ellos  determinaran el monto de las deudas, los intereses que debían pagarse, en lo que fue la primera vez en la historia de nuestro país que un grupo de bancos acreedores administraron la deuda pública y privada desde 1992 hasta casi el año 1995, cuando se terminó la instrumentación de todo el proceso de conciliación de los pasivos.

Es importante puntualizar que en todos los contratos que se firmaron en 1993, que posibilitaron el Plan Brady, se incluyeron cláusulas violatorias del orden jurídico del país, dejándolo en un total estado de indefensión y obligándolo a renunciar en forma irrevocable a cualquier acción que fuera posible en razón  de la nulidad, la ilicitud o la no ejecutabilidad de los contratos. Se llegó al extremo de aceptar que los acreedores redactaran los dictámenes jurídicos de los abogados externos del país, y aun los que debían emitir el asesor legal del Banco Central y el procurador del Tesoro de la Nación. 

Como consecuencia de esa ruinosa operación, desde 1994 hasta el 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 108.685 millones de dólares, emitiéndose bonos por 77.400 millones y cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 150.000 millones de dólares en el año 2001.

Como no podía ser de otra manera, el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino en todo aquello que tenía que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF; la flexibilización de las leyes laborales; disminución de los impuestos; la privatización del sistema jubilatorio.  Pero además y contrariamente a lo establecido en sus rigurosas reglamentaciones, esas instituciones multilaterales le prestaron al gobierno 3.200 millones de dólares para que se pudieran comprar las garantías de los bonos que serían entregados a los acreedores.

Con la presidencia de Fernando de la Rúa, se solicitó un blindaje financiero durante la gestión del ministro Machinea, y finalmente volvió Cavallo –supuesto salvador de la catástrofe económica que se avecinaba y a quien se le otorgaron superpoderes en el Congreso casi por unanimidad– quien acordó con los bancos extranjeros un megacanje de títulos que elevó la deuda a la suma de 191.263 millones de dólares, que es la que recibió Kirchner, y que fue materia de la conocida reestructuración del año 2005, que curiosamente contó con el asesoramiento de los mismos abogados norteamericanos contratados por Menem en 1989, que son los que hoy supuestamente nos defienden de los numerosos pleitos iniciados por los acreedores que no entraron a ese canje.

Pese a los discursos oficiales, y de aquellos analistas afines al Gobierno que hablan irresponsablemente de desendeudamiento, la realidad es que a pesar de haberse cancelado la deuda con el FMI y al pago de los servicios correspondientes de 2006 a la fecha, la deuda hoy excede los 175.000 millones de dólares, y siguiendo con el viejo y venerable mecanismo de las refinanciaciones, se va seguir emitiendo nueva deuda para cancelar la vieja, lo que es “ir derecho a la bancarrota” como con singular percepción lo manifestaba el ministro de Hacienda Juan José Romero en 1893, en las instrucciones dadas a nuestro ministro en Londres para que pidiera a los acreedores una moratoria por diez años, ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.

Resulta sorprendente que a ningún gobierno de la dictadura para acá se le haya ocurrido realizar una exhaustiva auditoría de la deuda pública y privada, y sobre esa base, decidir cómo negociar en forma realista con los acreedores. Lo hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ordenó auditar la deuda del país desde 1976 hasta el año 2005, comprobándose a través de una minuciosa compulsa documental, las ilegalidades, las ilegitimidades y aun hasta los delitos de acción pública cometidos por los funcionarios del Estado en la contratación de esa deuda,  las habituales presiones del sector financiero internacional, los préstamos del Banco Mundial desviados al pago de la deuda, las extorsiones, el sometimiento incondicional del país a los intereses de los acreedores, sin que jamás se discutieran los términos contractuales, aceptándose toda exigencia, como algo normal. Se pudo demostrar cómo los abogados del Estado defendían el interés de los acreedores y cómo se violaba impunemente la Constitución y la ley.

Como miembro de la Comisión de Auditoría, y luego como colaborador del presidente Correa, comprobé que ante la transparencia de las cuentas públicas la capacidad de negociación del país adquirió una fortaleza sustancial, y los acreedores dejaron de estar en condiciones de imponer las políticas de siempre, si no que debieron aceptar las nuevas reglas dictadas por un gobierno dispuesto a que nunca más se sometiera al hambre a su pueblo, para satisfacer las habituales exigencias de los prestamistas en ese sistema de la deuda que parecía que nunca iba a tener fin.

Un canje alejado del espíritu de 2005

02:35 |Por Ricardo Delgado -13.11.2009

Cual tenue eco de la gran reestructuración de 2005 –calificada como la de mayor alcance en la historia de las finanzas internacionales contemporáneas–, la Argentina se apresta en estos meses a encarar un nuevo canje de deuda en default. En magnitud, la operación en marcha será muy inferior a aquélla –una cuarta parte– y no tendrá, como la previa, una gran significación macroeconómica.

Son otros los tiempos. El canje se dirige a los que dijeron que no cuatro años antes, a los demonizados (por “buitres”) de entonces. Es un paso estrictamente necesario para que el Gobierno regrese a los mercados voluntarios de crédito. Es decir, para que se vuelva a endeudar una administración que declamaba la independencia de estos mismos mercados hace no demasiado tiempo. Uno de los objetivos de la reestructuración de 2005 fue ése, justamente: evitar que el “alcohólico”, al decir del ex ministro Roberto Lavagna, se sienta tentado a reincidir.

Es cierto que el canje puede ayudar a aligerar el injusto calificativo de defaulteador serial que la Argentina mantiene en algunos círculos financieros. Como una suerte de carga genética adversa, el país –según esta peculiar visión– tendría intolerancia al endeudamiento, fomentada por gobiernos irresponsables que aceptan pagar elevadas tasas de interés con tal de vivir tendencialmente por encima de sus posibilidades (*).

Pero endeudarse no es malo por definición. Depende de las circunstancias, de las razones, del punto de partida. Este regreso al mundo financiero es, en la foto, mejor que el de 2005; la Argentina está pagando su deuda. Lo hizo incluso cuando se dudaba, a fines de 2008. Claro que de una manera poco ortodoxa: estatatizando el sistema jubilatorio.

Pero, a diferencia de 2005, el cuadro fiscal no es cómodo en el largo plazo. Sin maquillaje contable, la Argentina ya tiene déficit fiscal: son los excedentes de la ANSES y el resultado financiero del Banco Central los que logran cerrar las cuentas.

Reestructurar un pasivo es justamente tratar de conciliar la capacidad de pago con la carga y el perfil de la nueva deuda, dentro de un esquema definido de política económica. Nada de eso está presente hoy. Parece que lo único relevante es la señal, el guiño a los esquivos capitales externos que prefieren países como Brasil o el modesto Perú antes que las oportunidades financieras que ofrecen las tierras argentinas.

Reestructurar sin consolidar el horizonte fiscal de los próximos años suena a déjà vu. La moraleja de 2005, más allá de la discusión de si fue acertada la decisión de atar la deuda a la inflación, es que el inversor percibió que la probabilidad de pago era elevada. Ésa fue la clave, finalmente, y permitió, por ejemplo, que casi la mitad del endeudamiento hoy esté en pesos, eliminando en parte el riesgo cambiario.

Discutir cómo mejorar el endeudamiento sin proyectar las cuentas públicas a 10 años es complejo. El Gobierno, si lo hizo en forma reservada, no lo puso todavía a debate público. Es clave: antes de reestructurar, se precisa definir el horizonte de superávit fiscal; el proceso inverso –definir la deuda y luego ver cómo generar los recursos– es muy costoso en el tiempo y aumenta el costo de las nuevas emisiones.

Se abre el cerrojo. El paso inicial del canje es que el Congreso suspenda la llamada Ley Cerrojo, que fuera sancionada con la reestructuración anterior justamente para dar la señal de última oportunidad, concepto que en las finanzas –es sabido– no cabe en general. El stock a reestructurar es de u$s 29.100 millones, de los cuales 82% está vencido.

La condición central del proceso es que la quita de deuda iguale o supere el 65%, para ofrecer condiciones menos ventajosas que las de 2005. Los bancos involucrados en la operación aseguran contar con acreencias por u$s 10.000 millones, lo que garantizaría un piso de aceptación de 50 por ciento.

La oferta se dividiría en dos segmentos (minorista y mayorista), y el Gobierno busca un aporte en efectivo por unos u$s 1.000 M (¡a una tasa de un dígito!). La segmentación sería del tipo self driven, de modo que quien desee menor quita deberá aportar dinero fresco y quien no quiera hacerlo entonces sufrirá una mayor quita. Puede esperarse que los mayoristas se inclinen por la primera opción y los minoristas por la segunda.

El canje busca dar a los mercados una señal que regenere la enorme pérdida de reputación de la Argentina en el mundo. El razonamiento es como sigue: al reducir los riesgos de default, aumenta la certidumbre y mejoran las proyecciones de crecimiento.

Sería importante que el Gobierno defina el uso del nuevo endeudamiento. El óptimo sería dirigirlo a gasto de inversión y a pagar los servicios de 2010 y 2011, liberando recursos corrientes para financiar programas sociales, por caso.

Están abiertos puntos muy relevantes. ¿Qué pasará con los intereses adeudados? Reconocerlos implica un aumento en la emisión de 19,5 dólares por cada 100 en default. Lo mismo con el cupón ligado al PBI (que aportaría alrededor de 7 dólares a la oferta). Si ambos fuesen reconocidos, la oferta nominal sería de 62 dólares. Se comenta que el Gobierno emitiría un bono descuento a 25 años por el capital y un bono a 10 años por los intereses y cupones vinculados al PBI vencidos. Está por verse.

Está latente un riesgo al que el Estado no se debiera comprometer: que los beneficios de este canje sean muy similares a los de 2005. De hacerlo, se borraría de un plumazo la correcta prédica oficial de penalizar a los que llegaron tarde y, en su mayoría, litigó contra el país. También es preciso evitar que en el mercado se instale la sensación de que podrían negociarse mejores condiciones. En 2005, la especulación era que el Gobierno haría un pago en efectivo (up front): no lo hubo, y la oferta fue exitosa de igual modo. Ahora, se descuenta que el acuerdo no incluirá el cupón ligado al PBI, por lo cual el Estado podría ahorrar unos u$s 100 millones de intereses en 2010.

El regreso del endeudamiento supone un cambio de paradigma en la forma de hacer política económica del Gobierno. La teoría dice que en la fase contractiva del ciclo económico, aparece como una política correcta para compensar parte de la caída en la demanda privada y sostener la actividad y el empleo. Pero los interrogantes se multiplican si la deuda persigue relajar el esfuerzo fiscal, y abonar a la idea (eficiente para la mirada política de corto plazo) de que se puede vivir sólo de los stocks y no de los flujos de ingreso.

Las condiciones macroeconómicas de 2009-2010 son distintas a las de 2004-05. Por entonces, la Argentina salía de un monumental default con alto crecimiento del producto, bajas tasas de interés, baja inflación y superávit fiscal. Hoy, aun cuando la economía empieza a despegar, no hay escenarios probables de crecimiento chino a la vista, al tiempo que el deterioro de las cuentas de la Nación y las provincias se agudiza y la inflación no cede.

Los tiempos son otros, las condiciones iniciales para la operación de canje de deuda también.


(*) Paradójicamente, la historia es benévola con la Argentina: en los años treinta, el país pagó sus obligaciones financieras en tiempo y forma, mientras que otras nueve economías latinoamericanas cayeron en ese momento en completo default y otras cuatro servían solamente parte de los intereses (US Department of Commerce, 1933). ¡Argentina fue precisamente el caso excepcional de deudor latinoamericano que no entró en default con la crisis del treinta! La deuda externa argentina: historia, default y reestructuración, Mario Damill, Roberto Frenkel, Martín Rapetti, CEDES, abril de 2005.

Los bonos de Klaus, el hambre y la sed

02:36 |Por Alejandro Bercovich -13.11.2009

Klaus juntó unos marcos gracias a una cervecería exitosa que abrió en Baviera en los años 90, antes de que el euro desplazara a las viejas monedas de todo el Viejo Continente. Un día leyó un diario financiero y se entusiasmó con que esos marcos le podían rendir una buena renta. Resuelto a sacarlos de su vieja caja fuerte, enfiló para una sucursal del Deutsche Bank a ver qué le ofrecían. Alguna vez había tenido acciones de la Siemens y un par de plazos fijos, pero no sabía que se podía comprar una porción de la deuda de un Estado. Ahí se enteró: le recomendaron los bonos de la deuda pública argentina, porque justo gobernaba ese país un tipo medio excéntrico, de un partido tradicionalmente populista pero que había dado muestras de sobra de que pagaría la deuda incluso a costa del hambre y la sed de su pueblo. Por empezar, en menos de cinco años había privatizado casi todas las empresas públicas. Y por seguir, su moneda estaba atada al dólar y la Casa Blanca lo consideraba un modelo para la región. Más garantías imposible. Pero como el país había incumplido años atrás con sus pagos en varias oportunidades, no dejaba de pertenecer a la liguilla de los leprosos para Wall Street. Y como a los leprosos financieros sólo se les presta plata si aceptan tasas usurarias, sus bonos pagaban intereses muy altos. Muy pero muy altos.

Klaus se tentó. Era un negoción. En vez de contratar a dos camareros más y abrir esa terraza con toldo en la cervecería, engrosaría sus ahorros en un 10% anual sin hacer nada, con sólo prestarle la plata al gobierno del país leproso. El banco le aseguraba que ya nadie sería tan trasnochado como para dejar de pagar. Lo consultó con su esposa Heidi, que dudaba, pero la convenció y puso el equivalente a diez mil dólares.

Por un par de años, Klaus cobró feliz los intereses. Su amigo Hans le copió la idea y pensaba facturar todavía más, porque el presidente excéntrico-populista le había dejado el gobierno del país leproso a otro de un partido legalista, que llegaba con un aburrido discurso anticorrupción pero se mostraba tan dispuesto como el anterior a pagar la deuda a costa del hambre y la sed del pueblo. Como la economía del país leproso ya no crecía y su deuda sí, Wall Street había avisado que le cobraría a su gobierno unos intereses aún más altos. Con un 15% anual (¡15% anual en dólares!), Hans ya acariciaba el sueño de un BMW último modelo. Ideal para pavonearse frente a la cervecería de Klaus.

Hacia 2001, el país leproso empezó a sufrir convulsiones. Los ricos enviaban sus ahorros a Suiza o a Estados Unidos y los no tan ricos pero bien informados los sacaban de los bancos locales y los guardaban en cajas de seguridad o en sus propios colchones. Los demás sufrían cada vez más hambre y más sed. El dato no llegó a la sucursal bávara del Deutsche ni salió en los diarios financieros que Klaus ya leía cual ejecutivo de Fráncfort. Sí se supo que el presidente aburrido-legalista había convocado al ministro de Economía estrella de su antecesor excéntrico-populista. Otra garantía de que todo iría bien.

Pero no. Un par de meses después, en medio de lo que desde el otro lado del Atlántico parecía una guerra civil, el presidente aburrido-legalista abandonó el gobierno luego de que la policía asesinara a dos docenas de manifestantes opositores. En pocos días a ése lo sucedió otro y después otro. Hasta que uno de ellos, del mismo partido que el populista de los 90, decidió que no se podía seguir postergando el hambre y la sed porque ya era demasiado. Y Klaus dejó de cobrar.

Sus bonos de la deuda leprosa, que ya no valían 10.000 dólares porque el interés en comprarlos había decaído mientras subían el hambre y la sed, se convirtieron en papel pintado. Sólo le ofrecían comprárselos unos fondos buitres, a precio de remate, con la intención de hacer juicios y cobrar en algún momento. Les dijo que no. Para eso esperaría él mismo.

Al final llegó el canje de bonos de 2005 y Klaus se indignó. “¡Minga que me van a sacar el 65% del capital! –dijo en alemán– ¡Yo puse 10.000 y quiero mis 10.000!”. Heidi le preguntaba por qué les había creído a los bancos y por qué no había sospechado que el interés era demasiado alto para no implicar un riesgo severo. Le insistía para que agarrara los 3.500 dólares que le ofrecía ahora un presidente del mismo partido populista, pero que tenía como principal enemigo a su antecesor excéntrico y que les decía a los de Wall Street que no los necesitaba más y que la economía crecería sin ellos. Pero no lo convenció.

En 2007, Klaus se cansó y vendió por 1.500 dólares sus bonos al Deustche, que le ofrecía al menos algo de efectivo. Se indignó cuando le entregaron unos pocos euros en la misma sucursal donde había dejado sus ahorros en marcos, diez años más joven y con la cervecería todavía abierta.

El Deustche se juntó con otros dos bancos grandes de Wall Street y vio que entre los tres tenían un montón de bonos, que les habían costado monedas pero que valdrían oro si el país leproso decidía volver a pagarlos para curarse un poco la lepra financiera. Decidieron seguir comprando y esperar que el nuevo presidente archivara su retórica antiimperialista y volviera al pie.

Entonces llegó una inédita huelga de los productores agrícolas, que cortaron las rutas y frenaron el ingreso de divisas al país leproso. Después se sumó la crisis mundial, junto con una sequía tremenda. Subieron el hambre y la sed. Asumió un ministro de Economía elegante, que de chico militaba en un partido liberal que reivindicaba a la dictadura militar de los años 70. Y que venía con la idea de “reconciliar al país con los mercados” para que las empresas pudieran endeudarse más barato y así contratar más empleados y hacer crecer la economía. Igualito a lo que proponía el ministro estrella del excéntrico-populista y del aburrido-legalista.

Los tres bancos que habían juntado los bonos impagos a precio de ganga le dijeron al ministro elegante que podían hacerlo quedar bien con Wall Street y curarle al país parte de su lepra. Lo único que tenía que hacer era reabrir el canje de bonos de 2005. El obstáculo era una ley que prohibía esa reapertura y que había dejado aprobada el presidente populista-antiimperialista. Pero se podía suspender y listo.

El truco es fácil. El ministro promociona una quita atrevida, como la de 2005, pero les paga a los bancos 3.500 dólares por los bonos que compraron a 1.500, pese a que Klaus los había pagado inicialmente a 10.000. Por eso las acciones de todos los bancos se dispararon hasta un 10% el día que se anunció la operación. Los bancos dicen que no cobrarán comisión por la operación y el ministro queda bien con su jefe, que no quiere archivar del todo el discurso antiimperialista. El Estado asume una nueva deuda de casi 10 mil millones de dólares, pero los nuevos bonos suben de precio y alivian la lepra financiera. Todos contentos. Bah, todos menos Klaus. Y los que siguen con hambre y sed.

Publicado por Crítica Digital - 13-11-09

El mundo del revés...

Narcotraficantes y chulos, pasen por caja

Tráfico de drogas o prostitución mueven dinero pero escapan de la contabilidad - La UE lo quiere contar desde 2011 y eso cambiará el peso de la economía de todos los países - ¿Pero cómo hacerlo?

Los empresarios del crimen no pasan por ventanilla para presentar las cuentas de su negocio, pero de alguna forma habrá que averiguar sus ganancias porque la Unión Europea quiere conocerlas a partir de 2011. El narcotráfico, la prostitución o el contrabando, ilegales o alegales, también suman a la riqueza de un país y mantener la ficción estadística de que su actividad productiva es igual a cero euros distorsiona el resto de indicadores económicos -producto interior bruto (PIB) o tasa de paro- que están en la base de las decisiones políticas. Así lo ha planteado la UE dentro de la revisión de sus sistemas de contabilidad.

Algunos países han medido de forma experimental el tamaño de su economía ilegal. Las cifras oscilan entre el 2,2% de Ucrania y el 0,17% de Suecia. Son datos alejados de algunas economías del Tercer Mundo dominadas por los malhechores: en Afganistán el tráfico de heroína supone el 53% de su PIB y en Guinea-Bissau el narcotráfico aporta más al país que todo su PIB legal, según la ONU.

Revelar que tu país es la meca de los delincuentes puede ser un tanto embarazoso. ¿Nos podemos fiar de los cálculos que han hecho los Gobiernos europeos? "Es difícil juzgar si los datos que han publicado se ajustan a la realidad", reconoce Nadim Ahmad, directivo del departamento de estadística de la OCDE. "Lo más que podemos hacer cuando nos envían estos informes es comprobar que el resultado final coincide con la metodología indicada en el mismo. En todo caso, las oficinas de estadística de los países de la UE son bastante independientes".

Hasta ahora muchos Gobiernos se han resistido a contar los trapos sucios. Es el caso de España, donde no se ha hecho pública aún ninguna estimación oficial. De rondar la media europea del 1%, la participación del sector ilegal en el PIB sería similar a la del ramo de la consultoría, que engloba a empresas del tamaño de Deloitte, PricewaterhouseCoopers o Ernst and Young. Aun así, muchos creen que España es candidata a figurar en los primeros puestos del ranking por su relevancia en el sector más lucrativo de la economía ilegal, el narcotráfico. Es puerta de entrada de la cocaína y el hachís a Europa y su consumo es uno de los más elevados del mundo. Las fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultadas dudan de la fiabilidad de las mediciones hechas hasta ahora en otros países y de que sea posible calibrar con exactitud la economía ilegal nacional: "Nunca hemos hecho una estimación porque es demasiado difícil dar una cifra precisa".

Para facilitar la tarea, la OCDE y Eurostat, la oficina europea con competencia para imponer una fórmula de cálculo común, han elaborado unos manuales con pautas. "Es cierto que es imposible dar un dato con el 100% de fiabilidad", concede Ahmad, quien reconoce que calcular el dinero que gana el crimen organizado es, sin duda, engorroso pero imprescindible para cuadrar las cuentas nacionales: "La cifra final tendrá que ser forzosamente valorada con precaución".

Como narcos, chulos o manteros no se inscriben en el Registro Mercantil, hay que ingeniárselas para encontrar otras vías que permitan ponerle cifras a su trabajo. Por ejemplo, preguntar a los taxistas cuántas prostitutas ejercen en la calle. Lo hizo en 2008 el Gobierno croata con la colaboración de la OCDE en las cuatro ciudades con más de 100.000 habitantes (Zagreb, Split, Rijeka y Osijek), lo que sirvió para corregir la estimación de 800 meretrices para todo el país, que ascendió a 3.000.

El trabajo no acaba ahí: es necesario estimar el promedio de clientes por prostituta y los precios por cada servicio. Un rastreo de las tarifas por Internet o en los anuncios clasificados puede ser de gran ayuda. También una encuesta de consumo, pero estos sondeos con preguntas comprometedoras tienen una fiabilidad relativa y en países como Suecia, que castiga hasta con seis meses de cárcel a los clientes, ninguno confesaría su delito. En Holanda, que regula la prostitución como una actividad mercantil más, los estadistas lo tienen mucho más sencillo: su valor añadido es el 0,07% del PIB.

Ciertos negocios registrados como clubes de carretera, salones de masaje o empresas de alquiler de habitaciones también ofrecen servicios de prostitución y en muchos casos son la tapadera de los proxenetas. Los manuales internacionales avisan de que sus ingresos ya han sido contabilizados de forma directa y piden precaución para no registrarlos por partida doble.

Para medir el negocio del narcotráfico, la cifra clave es un gran enigma: ¿qué cantidad de droga circula y se consume por el país? Se incauta el 10% o el 50% del total, según el mayor o menor optimismo de las fuentes consultadas, que no se ponen de acuerdo sobre el grado de eficacia de la policía.

Va a salir caro. Mucha información está ya disponible, pero otra habrá que recopilarla en muestreos, encuestas y trabajo de campo. Por eso, algunos expertos dudan de si el esfuerzo merecerá la pena. "Cabe preguntarse si tiene más sentido invertir esos recursos en la mejora de la medición del PIB clásico", opina Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, especializado en predicción macroeconómica.

En los últimos años el empeño se ha puesto, en el ámbito europeo, en calcular la economía sumergida, un concepto mucho más amplio que el de economía ilegal, y que incluye toda la producción oculta. En España las distintas estimaciones la sitúan en torno al 20%, menos que Italia o Grecia, pero más que el 9% de Estados Unidos, y abarca desde los tomates que cultiva el abuelo en su pequeña huerta para consumo propio, hasta el trabajo del albañil o el camarero que no se declara al fisco, además, claro está, de la economía del crimen.

En teoría deberíamos conocer a cuánto asciende la economía criminal desde 1999, cuando entró en vigor el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), pero Eurostat ha retrasado la obligación durante años, presionada por las grandes economías (Alemania, Francia, Italia y España). Y es que las consecuencias de incluir al sector criminal en el PIB no se limitarán a una mera revisión al alza de las cifras que miden la riqueza nacional. Tendrá trascendencia en el erario porque, cuanto mayor sea la riqueza de un país, más elevada debe ser su contribución al presupuesto de la UE. Por eso la liberal Holanda se ha negado a agregar los coffee shops de venta de marihuana o la prostitución en las cuentas de su economía. Ambos sectores, sumados al conjunto de su economía ilegal suponen el 1% del PIB holandés.

Airear una cifra tan incómoda como las finanzas del crimen podría conducir a cambios aún más trascendentes. Darían alas a quienes, con argumentos estrictamente económicos, piden la legalización de la venta de drogas para aumentar la recaudación del Estado, opina Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE, la escuela de negocios más reconocida de España.

También podría influir en la voluntad política para combatir actividades que, aun siendo ilegales, aportan sustanciosos ingresos. "Por supuesto que hay cierta connivencia", asevera Díaz-Giménez, quien señala a la prosperidad de Suiza y otros paraísos fiscales, pero también a la economía nacional. "¿Dónde prefieres tener a los malos, en Marbella o en Marsella? El sector criminal crea actividad legal. Gastan su dinero en hostelería, coches o casas y contribuyen, por tanto, a la buena salud económica de muchas regiones".

El boom de la construcción española en la última década favoreció la llegada de capitales de dudosa procedencia, según Salvador López Arnal, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga: "Estos sectores de veloz crecimiento facilitan oportunidades a quienes intentan blanquear dinero sucio, proveniente del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva grave". Dentro de los 10 principales países inversores en Andalucía en 2006 se encuentran tres paraísos fiscales: Luxemburgo, Gibraltar y Antillas Holandesas. El 76% del dinero se invirtió en construcción.

La ilegalidad también da de comer a ciertos abogados sin escrúpulos: doce millones de euros de las mafias fueron blanqueados, según la Fiscalía Anticorrupción, a través del despacho marbellí del chileno Fernando del Valle, imputado en el caso Ballena Blanca. Por si fuera poco, algunos banqueros reciben con alfombra roja a los criminales. La crisis financiera está ofreciendo una gran oportunidad a los narcos para lavar su dinero, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU. Lo ha avisado en reiteradas ocasiones su director ejecutivo, Antonio María Costa, y en enero declaró al semanario austriaco Profil: "Cuento con indicios, después de consultar con fiscales y responsables de fuerzas de seguridad estatales por todo el mundo, de que algunos bancos han recurrido al dinero del narcotráfico para evitar la quiebra". Pero Costa se negó a dar nombres pretextando que eso era el deber de las autoridades nacionales.

La narcodependencia aqueja a muchas regiones y obstaculiza la normalización de su economía. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), uno de los principales puntos de desembarco del hachís marroquí, el Partido Popular, en la oposición, rompió a finales de 2008 el tabú sobre las raíces de la prosperidad local. No le faltaban pruebas: Sanlúcar ha sido señalado en el anuario económico de La Caixa como el municipio de más de 50.000 habitantes con menor renta per cápita de España; sin embargo, su parque automovilístico se duplicó entre 2002 y 2007 -de 26.192 a 50.434 vehículos-.

El atlas de la economía ilegal

Cada región del mundo se especializa en un determinado sector de la economía criminal según las oportunidades de negocio. La primera economía delictiva en los países desarrollados es el tráfico de drogas, seguido a distancia de la prostitución, según la OCDE. En otras regiones, son negocios muy rentables otro tipo de actividades ilegales: en Europa del Este, el contrabando de productos falsificados o el pirateo audiovisual; en Rusia, la producción de alcohol adulterado o la caza furtiva de especies protegidas, y en algunos países de mayoría musulmana que prohíben la pornografía, su distribución es un negocio millonario. Otros delitos como la falsificación de moneda, el espionaje o los asesinatos por encargo, son todavía más dañinos pero menos relevantes para las cuentas nacionales.

La industria del narcotráfico reporta a las mafias unos beneficios de 285.000 millones de euros, según la estimación que hizo la ONU en 2005, una cifra mayor que el PIB del 90% de los miembros de la organización. Es una cifra cuestionada, pero el conocimiento de este negocio clandestino es todo un reto.

Al contrario de lo que se ha pensado durante muchos años, en el mercado de la droga no abundan los grandes monopolios, según el estudio de la Comisión Europea, El mercado global de la droga 1998-2007. Son excepcionales las organizaciones con más de 100 integrantes. A los grandes traficantes no les interesa la distribución callejera y se limitan a vender a los narcos locales para evitar riesgos: los vendedores al por menor están más expuestos a ser arrestados y son de menor confianza. Integrarlos en la organización pondría en riesgo a toda la banda.

Sólo unos pocos amasan fortunas. La revista Forbes incluye al mexicano Chapo Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa, en el puesto 701 de su lista de los mayores millonarios del mundo en 2009. Su riqueza asciende, según la publicación estadounidense, a 1.000 millones de dólares. La mayoría de los vendedores callejeros en los países ricos no ganan más de unos miles de euros anuales.

El cultivo de coca (concentrada en Perú, Bolivia y Colombia) y opio (Afganistán), a pesar de ser significativo para su economía, apenas deja entre el 1% y el 2% del precio final de venta en las calles europeas y estadounidenses. Es en los países consumidores donde se queda la mayor parte del beneficio.

Oro, hambre, saqueos y complicidades

Por Fernando "Pino" Solanas
(Artículo publicado por Página12 el lunes 5 de enero 2009)

Termina otro año con la tragedia de millones de niños acosados por la pobreza y el hambre, con miles de muertos por desnutrición o enfermedades curables. Un  genocidio social evitable que entre el 2000 y el 2002 se cobró cerca de 100.000 víctimas -según el INDEC- y que al final de la década habrá dejado otros 100.000 muertos si continúan las políticas neoliberales. El hambre es un crimen evitable y consentido por una cultura de la hipocresía, cuya violencia cotidiana, silenciosa y sistemática mata a millones de compatriotas. En este mismo diario “Tato” Pavlovsky escribía el 22/11/08:”No debe valer más la vida de un desaparecido que la de un niño que muere de hambre, ni de los 27 que mueren por día por causas evitables.(..) La indignación debiera ser la misma.” Pero son más quienes lo toleran, o miran para otro lado, que quienes se rebelan ante estos crímenes aberrantes. A la Argentina le sobran recursos económicos para acabar con esta inmoralidad: ¿cómo puede haber hambre en un país que produce 134 millones de toneladas de alimentos al año y que tiene inmensas reservas itícolas, abandonadas a la depredación de las flotas pesqueras extranjeras?. ¿Con qué argumento se tolera la desnutrición, cuyas secuelas pueden ser irreversibles, existiendo millonarios recursos minerales, se acumula superávit fiscal y cientos de miles de chicos jamás probaron un durazno o una manzana?

En la Quiaca, el obispo Pedro Olmedo continúa denunciando con huelgas de hambre y crucifixiones, una desnutrición que afecta al 50% de la población. Los más desprotegidos son nuestros hermanos aborígenes, con el mayor índice de mortalidad infantil. Están condenados al hambre por el despojo de sus territorios originarios, que les daban el alimento: es el viejo racismo colonial en democracia. En Salta, el gobernador del Frente para la Victoria, Juan Urtubey, permitió arrasar en este año 400.000 hectáreas de bosques nativos y la Legislatura aprobó el desmonte de 5.000.000 de hectáreas más. Acabo de ver personalmente el sistema de explotación aplicado por los terratenientes: cientos de niños indígenas indocumentados son empleados por $ 120 al mes para limpiar árboles volteados. Sin agua ni alimentos, expuestos a las alimañas y a leguas del poblado, duermen en el suelo  tapados con un nylon.

Entregar los recursos naturales que permitirían terminar con el hambre y la indigencia, es la otra cara del crimen del hambre. Para el periódico inglés “Minning Journal”, Argentina tiene la sexta reserva de metales del planeta. Dos de sus mayores yacimientos situados en los Andes sanjuaninos y en manos de la Barrick Gold Co., Veladero y Pascua Lama, para la Secretaría de Minería de la Nación (SMN) son “uno de los distritos auríferos más ricos del planeta, con recursos de 40 millones de onzas de oro y 1.000 millones de onzas de plata.” Un tesoro que a u$s 830 la onza de oro  y u$s 11 la de plata, es de u$s 44.200 millones, mientras su costo de producción desde la extracción al lingote y a u$s 155 la onza, es de u$s 16.200 millones.

En 20 años de vida útil se llevarán un beneficio de u$s 28.000 millones, u$s 1.400 millones por año.

Las corporaciones mineras no tienen obligación de procesar nada en el país; están exentas de casi todos los impuestos y sólo pagan regalías del 1% al 1,5% porque se les permite deducir los gastos de extracción y flete. Por lo demás, las regalías sólo cuentan para oro, plata y cobre y se llevan gratis un concentrado metalífero de más de sesenta metales, algunos más valiosos que el oro, como molivdeno, renio o cadmio. No hay control público sobre lo que extraen y exportan y liquidan. Pueden guardar en el exterior el 100% de las divisas de sus ventas y aquí no dejan una contaminación que costará fortunas repararla. Vaciamiento y descapitalización colonial que recuerda a Potosí: se trata de una renta que con los hidrocarburos, supera los u$s 20.000 millones anuales y debiera ser destinada a erradicar el hambre y la exclusión social. ¿No debe procesarse a los gobernantes por no cumplir con su deber de cuidar nuestros recursos?

Hay hambre porque no existe la voluntad política de terminar con él. Los gobiernos de la década, lejos de saldar esta deuda, pagaron la deuda externa con el agravante de no haberla investigado. Claudio Lozano demuestra que con u$s 7.000 millones se puede eliminar el hambre infantil y si se invierte el 5% del PBI acabamos con la pobreza. Pero la prioridad de los gobiernos kirchneristas ha sido subsidiar a las corporaciones con u$s 10.000 millones anuales. El doble discurso se vuelve transparente: por un lado los Kirchner hacen política con los Derechos Humanos, unen a la mayoría del país para la estatización de las AFJP y pregonan la distribución de la riqueza; por otro, la Presidenta subsidia con miles de millones de dólares a las petroleras; otorga impunidad a la delincuencia financiera con el blanqueo de capitales y veta la ley de protección de los glaciares.¿Es que el oro extraído con cianuro por la Barrick Gold Co. es más valioso que las principales reservas de agua dulce del país, condenadas a ser destruidas?

Si el hambre es un crimen, hay víctimas y hay responsables, cómplices, mentores intelectuales: son los dirigentes y economistas que ejecutaron los planes neoliberales causantes de la desocupación, la pobreza extrema y el despojo nacional. Recordemos al FMI, al ejército de gerentes de corporaciones y petroleras, banqueros, exportadores y terratenientes, junto a los Menem, Cavallo, Roque Fernández, de la Rúa, Machinea, y tantos otros que hasta hoy sustentan los principales ejes del neoliberalismo, ignorando que su potencial destructivo es tal, que ahora está destruyendo a sus promotores en el corazón del imperio. También es condenable el silencio de aquéllos que saben y callan. ¿Cómo es posible aceptar que magistrados, grandes intelectuales, profesores, filósofos y comunicadores, no denuncien el crimen del hambre y el saqueo de los recursos del país ? Pienso en queridos y talentosos compañeros, como varios compañeros de Carta Abierta, que tantas veces hicieron oir sus voces defendiendo las causas de los derechos humanos y la democracia y hoy callan estos latrocinios. ¿Cuántas marchas del hambre harán falta para aceptar que el hambre es un crimen y que el saqueo de los recursos naturales es causa de nuestro empobrecimiento ?

Es hora de remplazar el silencio por la denuncia, la inacción por la protesta: salir de nuestras casas y pararnos frente a las gobernaciones y  parlamentos exigiendo un cambio de rumbo. Aceptémoslo:  el hambre es un crimen de lesa humanidad en tiempos de paz . Sus responsables deberán ser juzgados por el tribunal de los pueblos. No pretendemos ser “destituyentes”, pero cada día que pasa mueren decenas de pibes y esas muertes pesan sobre la conciencia. 

 

Cristina recibió a la Barrick Gold para garantizar el paraíso minero

El fundador de la compañía minera –sobre la que llueven críticas de los ambientalistas– fue a la Rosada para acelerar una ambiciosa obra.

Cristina Fernández de Kirchner recibió en Casa Rosada durante una hora al fundador y máximo directivo mundial de la Barrick Gold, Peter Munk, un inglés de 80 años que vino por primera vez al país con el objetivo de acelerar el inicio de las obras en la mina de oro Pascua-Lama, el mayor emprendimiento minero de América Latina.

Munk estuvo acompañado por el presidente de la compañía, Aaron Regent –quien en febrero se reunió en San Juan con el gobernador José Luis Gioja–, y otros dos directivos. Junto a Cristina estuvieron el ministro de Planificación, Julio De Vido, la ministra de la Producción, Debora Giorgi, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, artífice del veto a la Ley de Glaciares.

Tras el encuentro, Gioja afirmó que los directivos de la Barrick se reunirán la semana que viene con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La compañía pretende realizar el anuncio este mismo mes y comenzar las obras en septiembre: promete una inversión de 3 mil millones de dólares a cambio de nuevas desgravaciones impositivas. Pascua-Lama es un proyecto binacional, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas por 17 millones de onzas de oro. El apuro de la Barrick no es antojadizo. En medio de la crisis internacional, el oro aparece como un refugio a prueba de cataclismos. Hoy la onza ronda los 900 dólares y, de acuerdo con el reporte de la consultora de metales GFMS, la inversión mundial en oro subió de 14 mil millones de dólares en 2007 a 26 mil millones en 2008.

La Argentina es un paraíso para las mineras. Por la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 –ratificada en 2001– y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas.

“Pese a que los recursos naturales fueron provincializados por Menem, tanto en la minería como en el petróleo hay una política de Estado”, le dijo a este diario la socióloga Maristella Svampa, autora de Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. “Cada vez que hay un obstáculo con una multinacional, se salda a puertas cerradas y no hay información. No es casual. Ya sucedió en 2008, cuando Cristina Kirchner se reunió con la minera angloaustraliana Río Tinto para destrabar el emprendimiento Potasio Río Colorado que estaba frenado en Mendoza a causa de su impacto ambiental”.

La Barrick ya explota el complejo de Veladero, en el norte de San Juan, a 50 kilómetros del Parque Nacional San Guillermo y pegado a una reserva de biosfera protegida por la Unesco. La semana pasada, la organización ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes denunció ante la Corte Suprema de la Nación a la Barrick, el Estado Nacional y la provincia de San Juan y reclamó pericias que constaten si los glaciares vecinos a Veladero están sufriendo un impacto directo e irreversible.

“Nos están volando la cordillera”

Poco antes de que Cristina Kirchner recibiera al fundador de la Barrick Gold, un grupo de asambleístas que rechaza el proyecto de la trasnacional en Famatina, La Rioja, denunció que fue golpeado por empleados del director de Minería Provincial, Héctor Romero.

En diálogo con Crítica de la Argentina, Karina Díaz Moreno afirmó: “Nos pegan porque defendemos el derecho al agua. Las mineras utilizan cianuro de sodio y nos están volando la cordillera, vuelan las montañas a cielo abierto, las muelen y las funden. El 70% del agua que consumen los argentinos viene de la cordillera. Y la riqueza se va afuera”.

Desde hace dos años, Díaz Moreno mantiene, junto a la Asamblea de Vecinos de Chilecito y Famatina, un corte en el acceso minero de Peñas Negras. Desde el 24 de abril participará en San Juan de la reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que debatirá sobre la minería en la Argentina.

Fuente: Crítica Digital

EE UU aprueba una ley para poder recuperar los sobresueldos de AIG

Geithner asume la responsabilidad pero dice que sólo fue informado hace 10 días

ANTONIO CAÑO - Washington - 20/03/2009

El Gobierno asignó $926 millones en obras para la fiesta del Vicente Nario

La inversión duplica los subsidios por la sequía y sextuplica la ayuda a Tartagal. Los beneficiarios de la licitación son empresarios pingüinos y menemistas. El centro del proyecto es una gran sala sinfónica de conciertos. Damián Glanz.

Nos toca un año difícil, el más difícil de los últimos cien años.” (Néstor en Palpalá)

“Me hierve la sangre cuando veo tanta pobreza.” (Cristina en Olivos)

La misma semana que en la quinta presidencial se comprometió a redoblar sus esfuerzos para combatir la “pobreza estructural” –víctimas de “tanto abandono y tanta injusticia”–, Cristina Kirchner le adjudicó a un consorcio de empresas amigas del gobierno K la obra de remodelación del Palacio de Correos que servirá como sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. El denominado Proyecto del Centro Cultural del Bicentenario –conocido también como la fiesta de Vicente Nario– costará más de 926 millones de pesos, una cifra que equivale a la mitad del aumento anunciado para los planes sociales. La Presidenta prometió que será el símbolo arquitectónico de los festejos de la Revolución de Mayo. Y es un emblema: el inicio de los trabajos fue prometido hace más de cinco años, el monto adjudicado es 34 por ciento superior al presupuesto oficial calculado un año atrás y el propio Gobierno admite que el edificio no estará terminado para 2010, cuando se cumplan 200 años de la instauración de la Primera Junta.

El martes de 10 febrero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1517/2008 del Ministerio de Planificación Federal que resolvió otorgar el contrato a las empresas Esuco y Riva. La primera pertenece al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, un viejo conocido del matrimonio presidencial, beneficiario preferencial del reparto de la obra pública K. La otra compañía es de Amadeo Riva, un empresario que desde los 90 mantiene estrechos lazos con el Estado (ver aparte). La adjudicación fue el cierre de un proceso que lleva más de cinco años.

La obra del Correo Central bate todos los récords de promesas postergadas o incumplidas de la era K. Fue planificada para una época de “vacas gordas”. En septiembre de 2003, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto al ex secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, comenzaron delinear el proyecto. Un año más tarde, Lavagna lo anunció públicamente y el 1 de marzo de 2005 Kirchner firmó el decreto para transformar el palacio construido entre 1889 y 1928. Las fotos comenzaron a acumularse. Al mes siguiente, Lavagna y José Nun, el sucesor de Di Tella, lanzaron una consulta de ideas para la intervención urbana. Los ganadores fueron seleccionados en septiembre de 2005 y en marzo de 2006 se realizó el concurso internacional para decidir el proyecto. En medio de la campaña electoral, la entonces senadora Cristina Fernández y el otrora jefe de Gobierno Jorge Telerman presentaron el “master plan” en septiembre de 2007. “Yo sueño para 2010 lo que podría ser una conmemoración física de un espacio público concreto, donde todos los argentinos y todas las argentinas podamos reconocernos en un acto de reflexión en estos 200 años que va a cumplir nuestro país”, dijo ese día la ahora jefa de Estado. Hubo muchas fotos más. En noviembre, el ministro de Planificación llamó a licitación para realizar la obra y en marzo del año pasado, ya como Presidenta, Fernández de Kirchner encabezó la apertura del sobre Nº 1 del concurso en la Casa Rosada.

Todas las instancias del proceso tuvieron su show. Menos una: la adjudicación. El 29 de diciembre, cuando De Vido firmó la demorada adjudicación no hubo cámaras ni públicos. Sólo un par de amigos. En noviembre de 2007, el Ejecutivo había valuado los trabajos en 709,3 millones de pesos. Un año más tarde convalidó el presupuesto ofrecido por Esuco-Riva de 925,8 millones de pesos: 241,4 millones de pesos más (ver aparte). Las otras empresas que participaron del concurso habían presentado propuestas sensiblemente superiores: las firmas Roggio y Caputo ofrecieron $ 1.220.165.610,13 y el consorcio integrado por Iecsa, Dycasa, Isolux y Calcaterra propuso hacer el centro cultural por $ 950.733.187,79.

Las constantes demoras en la concreción del proyecto emblemático del Vicente Nario provocaron otro defasaje, además de la diferencia presupuestaria. La puesta en marcha del plan coincide ahora con la “crisis del siglo”. Cuando fue pensado, los autores del Proyecto CCB se preguntaron sobre la necesidad de construir una sala sinfónica para Buenos Aires. “Sin duda, la amplia comunidad musical de la ciudad lo considera indispensable. El Teatro Colón, aunque ofrece excelentes condiciones para la música sinfónica, es un teatro lírico, y sólo eventualmente presta su sala para otras actividades”, justificaron en el cuadernillo de presentación. Ahora, la pregunta es acerca de la oportunidad.

Ayer, al llegar a Tres Arroyos, la Presidenta dio una señal sobre los criterios redistributivos del gobierno nacional. Refiriéndose al paro que realizó el campo la semana pasada, dijo: “Cuando un sector que se puede dar el lujo de no vender sus productos nos parece que ha tenido rentabilidad, no nos molesta, nos parece bien, porque son argentinos pero tienen que comprender que hay otros sectores de la sociedad que necesitan mucho más ayuda y destinar esos recursos públicos a los sectores más vulnerables”. La comunidad sinfónica, agradecida.

Fuente: Crítica Digital

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