Por Carlos Pagni - Para LA NACION
Es posible que en el Gobierno no lo hayan advertido a tiempo. Pero Néstor Kirchner acaba de declarar la guerra a Hugo Moyano. No lo hizo en persona, claro, ya que no ocupa cargo alguno en la administración de su esposa. El agresor, llamémosle así, fue el superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, que ganó notoriedad en el último mes por sus vinculaciones con las empresas del sector para financiar las campañas presidenciales de los Kirchner.
El jueves pasado salió publicada en el Boletín Oficial la resolución 740/2008 de la Superintendencia que conduce Capaccioli. En ella se establece que las empresas de salud tendrán derecho a aumentar el precio de sus prestaciones a las obras sociales en un 25%. Ese incremento debe escalonarse: 15% es retroactivo a agosto y 10%, para enero próximo. Una suba demasiado abultada si se tiene en cuenta el índice de precios al consumidor que publica el Indec.
Moyano no salía de su estupor con la noticia. El Gobierno decidió tocar el nervio más sensible del sindicalismo: los ingresos de sus organizaciones de salud. Eso que los metafóricos gremialistas denominan "la caja".
Mientras la decisión de Capaccioli disminuye los recursos sindicales en un 25%, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, está a punto de congelar los ingresos del sector. Es sencillo: las obras sociales abrevan en los aportes de los afiliados, que son una fracción proporcional del salario. Como Tomada estudia, por orden de Kirchner, suspender cualquier discusión paritaria hasta el año que viene, los dirigentes sindicales no tendrán modo de mejorar los fondos con los cuales deberán hacer frente al 25% de aumento en los egresos que dispuso el superintendente.
Ayer, a última hora, este tema fue el eje del encuentro que mantuvieron Néstor Kirchner y Moyano, junto con otros gremialistas, en la quinta de Olivos.
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El torniquete sobre las obras sociales se completa con otra operación: Graciela Ocaña, la ministra de Salud, ha suspendido la autorización para la mayoría de los subsidios que gira Capaccioli a esas entidades desde la Superintendencia. Ocaña sospecha, a partir de numerosísimos indicios, que muchos de esos pagos no se corresponden con prestaciones verificables. Pero los sindicalistas no previeron esos escrúpulos en sus presupuestos. Para ellos, la interrupción de esas transferencias equivale a la caída de un ingreso corriente.
Para sintetizar: el Gobierno resolvió dar al gremialismo un tratamiento tan agresivo como el que dedicó al campo con las retenciones móviles. Lo curioso es que, para muchos allegados a Kirchner, la amistad con el secretario general de la CGT es un pilar para la sustentabilidad del Gobierno.
Hasta anoche no se conocía cuál será la reacción de Moyano. Tal vez no se enteró de los detalles: al contrario de lo que sucede con el matrimonio Kirchner, en su caso las cuentas las lleva la esposa, Liliana Zulet, que está a cargo de la obra social de camioneros.
En cambio, Luis Barrionuevo, que se ha propuesto denunciar en cada uno de sus actos los pactos entre el secretario general de la CGT y el Gobierno, anoche se disponía a presentar ante la Justicia una queja por la decisión de Capaccioli. De ese modo, Barrionuevo da a entender a los gremialistas asociados a Moyano que, a la hora de defender sus intereses corporativos, les conviene recurrir a la CGT disidente.
El conflicto político que la resolución de Capaccioli está destinada a provocar oculta apenas algunas de las aberraciones que cobija. Lo primero que llama la atención es que el superintendente de Salud intervenga en la fijación de los precios de contratos privados, como son los que establecen las obras sociales con sus prestadoras.
Todavía más curioso es el argumento con que lo hace: en los fundamentos de su decisión, el funcionario explica que debe aumentar el valor de los servicios y productos de las empresas de salud para que éstas puedan hacer frente a la costosa negociación salarial que entablaron con la Federación de Trabajadores de la Sanidad. Si éste es el criterio con que el Gobierno piensa enfrentar el problema de la inflación, hay que prepararse para una feroz carrera de precios y salarios.
En otras palabras, Capaccioli se propone, casi por la vía del absurdo, como un ministro de Trabajo paralelo. En rigor, imita un mecanismo habitual en otros funcionarios del Gobierno: ¿la Secretaría de Transportes no incrementa, acaso, los subsidios a las empresas del sector cada vez que éstas acuerdan un ajuste salarial con los sindicatos?
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Estas novedades se agregan a otras, acaso más inquietantes, que emergen del opaco mercado de la salud. A medida que se examinan los vínculos entre las empresas del sector y el financiamiento de la campaña de los Kirchner aparecen nuevas irregularidades. Por ejemplo, hay numerosos testigos que aseguran que, en rigor, las droguerías que figuran como mecenas de la Presidenta y de su esposo no habrían realizado aporte alguno sino que se habrían prestado a blanquear el desvío de fondos públicos hacia el proselitismo oficial. Hay por lo menos dos sindicalistas que conservan las facturas del PJ que, según dicen, les habrían entregado colaboradores de Capaccioli para simular una contribución que nunca, en realidad, realizarían.
Si estas versiones fueran ciertas, en el financiamiento de la campaña presidencial aparecería un vicio más: una maniobra de presunta malversación de fondos por parte de los funcionarios, combinada con otra de evasión del impuesto a las ganancias por parte de los generosos empresarios. Hasta ahora, en relación con estas miserias, sólo se conocen indicios y datos dispersos.
En este contexto resulta inquietante que Capaccioli, que está sospechado de connivencias con las empresas sometidas a su regulación a partir de su rol de recaudador de las campañas de los Kirchner, siga utilizando su cargo para beneficiar a esas mismas compañías, ahora con un aumento en sus ingresos. Aunque hay observadores que encuentran un detalle más escandaloso que todos los anteriores: que los Kirchner no le hayan pedido todavía la renuncia al funcionario.
