Humor en Crítica Digital

17-10-08 - por El Niño Rodríguez

 

Los archivos de Forza

Los pagos de coimas a la Policía Federal y la verdad sobre los aportes a la campaña de Cristina: cómo el Gobierno lavó dinero con la mafia de los medicamentos. Jorge Lanata.

En esta historia hay muerte. Muertes, en verdad, que no tienen conexión aparente, cuyas diagonales se cruzan en los sitios menos pensados. Esta historia empezó con una muerte y ahora –lejos está aún de su final– tiene tres, aunque tuvo y tendrá varias más en su desarrollo. El primer asesinato fue el 23 de diciembre de 2004, el de Verónica Díaz, después de recibir una inyección de Yectafer Sorbitex en el Hospital Artémides Zatti, de Viedma. Verónica tenía falta de hierro (anemia ferropénica) y el Yectafer estaba adulterado. Dosis del mismo medicamento mataron a otras tres mujeres y afectaron a treinta y dos. Las tres muertes que cruzan en diagonal a la primera sucedieron a mediados de agosto pasado, en lo que se conoció como “el triple crimen de los empresarios”: Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. El elemento en común es la mafia de los medicamentos, robados o adulterados entonces, proveedores de efedrina ahora, meras exigencias del mercado. En los nudos de este ovillo hay los mismos policías, los mismos traficantes, los mismos intereses y la misma impunidad.

CHIPI CHIPI BOMBÓN. La muerte de Verónica Díaz en 2004 está sepultada bajo 63 cuerpos de un expediente que tramita en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. En toda la causa aparece con claridad la “pata policial” cobrando peaje o garantizando protección. Sandra Vitale, parte de la banda dedicada a rellenar las ampollas de Yectafer, le dice a su abogado, según se oye en las escuchas telefónicas:

–La investigación, es eso lo que me preocupa.
–Quedate tranquila, yo lo hablo con la gente de Madariaga y General Paz.

En Madariaga 6976 funciona la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal: los hombres justos en el lugar justo, cuando se trata de remedios adulterados. La división es la encargada de los procedimientos que las Justicia ordena en las causas vinculadas con medicamentos y trabaja en coordinación con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Convencido de la complicidad policial, Oyarbide apartó a la División de Delitos contra la Salud de la investigación y surgió entonces una causa que investiga esa complicidad y tramita en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. La causa está hoy en el limbo tribunalicio hasta que la Cámara decida una cuestión de competencia.

El nombre que todos mencionan a media voz suena cálido y familiar: “Chipi”. Chipi es el suboficial Chipi Mondragón, a cargo de gran parte de los operativos relacionados con droguerías y señalado como quien “recauda” a cambio de protección. La historia de Chipi fue confirmada a este diario por una fuente de la justicia federal con causas vinculadas a la mafia de los medicamentos, otra de la justicia ordinaria, cuatro miembros de la Policía Federal y representantes de laboratorios que comercializan drogas contra el sida, la hemofilia y el cáncer, tres productos top en el ranking del robo de remedios. En privado, Solange Bellona, la viuda de Forza, reconoció que Chipi les brindaba sus servicios. Chipi le debe su apodo a Chipy, un pequeño dragón creado por García Ferré en los 70, con quien tiene un aire parecido: Mondragón es rubio y bajito.

–Hace más ruido que una maraca –le dijo a Crítica de la Argentina un jefe policial que conoce al personaje en cuestión–. Actúa con mucho margen, con libertad, pero no se maneja solo. Reporta más arriba.

–Chipi investiga, avisa y cobra –aseguró una fuente de los laboratorios–. Le cobra a las droguerías para avisar antes de los allanamientos.

El vínculo entre Forza y Chipi tiene pruebas que van más allá de las declaraciones. Este diario tuvo acceso exclusivo a los datos de la computadora de Sebastián Forza que constan en el expediente que investiga la Justicia. Allí, en un archivo de Excel, figura que Forza emitió doce cheques para Chipi. Sólo en 2007 Forza firmó y entregó más de 1.500 cheques, muchos de ellos destinados a droguerías (entre ellas a Unifarma y Droguería Urbana, sociedades vinculadas con la mafia de los medicamentos e investigadas por la Justicia). Chipi Mondragón (que en algunos pagos aparece vinculado a otra persona, alias “Manteca”) recibió de Sebastián Forza, según aparece en su computadora (ver recuadro en edición impresa).

GRUPO DE FAMILIA. Durante los meses previos al asesinato de Forza, un laboratorio norteamericano contrató a un estudio jurídico para que investigara varios casos de robo de sus medicamentos. Los abogados trabajaron con todo tipo de informantes: desde agentes activos de la DEA hasta ex espías del FBI con base en Buenos Aires. En el devenir de la investigación, se encontraron una tarde con Sebastián Forza.

–Yo les cuento cómo los robamos pero a cambio ustedes gestionan que mi empresa sea proveedora exclusiva.

Forza contó todos los detalles aunque finalmente lo hizo a cambio de una cifra importante. Los abogados recuerdan hoy al personaje como a una persona muy alterada: los llamaba todo el tiempo, hablaba de más por teléfono, les dijo varias veces que estaba amenazado.

En los últimos diez años, la Justicia investigó más de 550 casos de robo, adulteración o falsificación de medicamentos. Desde 1997 existe una comisión especial que se dedica a ese tipo de delitos; está a cargo de los fiscales Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa, y trabaja en conjunto con el INAME (Instituto Nacional de Medicamentos).

La ya mencionada causa Yectafer muestra con claridad los manejos de la mafia del sector: cada eslabón de la cadena funcionaba por separado, unos se ocupaban de la fabricación y el envasado del medicamento (Ángel Cirullo y Carlos Maidana, en el expediente de Oyarbide), otros lo comercializaban a una primera empresa (Norberto Nagle y Estefanía Ferraro) y otros los vendían a distintas droguerías y farmacias.

Los medicamentos pueden ser falsificados por completo, parcialmente (se usa el envase pero se lo rellena con otra cosa), se adultera la fecha de vencimiento o se crean productos nuevos, no registrados. Lo más común es el rellenado del envase original. En remedios oncológicos,de sida o hemofílicos hay productos cuyo valor oscila entre los 3 y 15 mil pesos; es un negocio de menor volumen pero de ingresos altísimos. En el mundo, según el Center for Medicine in the Public Interest, de Estados Unidos, el mercado de medicamentos falsificados asciende a 75 mil millones de dólares al año.

Una de las empresas clave, investigada por adulteración, es la Droguería San Javier, de Carlos Torres y Néstor Lorenzo. Lorenzo es, según varias fuentes del mercado, uno de los empresarios más “temidos” del rubro. Como Chipi, nadie cree que actúe por sí sólo; se lo vincula a Néstor Vázquez, quien fuera gerente de prestaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud (donde está ahora Héctor Capaccioli) durante la gestión de José Luis Lingieri en el menemismo. Vázquez es ahora gerenciador de La Bancaria. El contador Lorenzo, de 53 años, figura además en el directorio de Multipharma S.A. y Elaboradora de Productos Biológicos S.A., también integra las empresas Digital Eco S.A.(de tecnología) y Citywatch S.A. (dedicada a fabricar y comercializar sistemas de control fílmico y fotográfico de tránsito). Lorenzo, quien se la pasa de trabajo en trabajo, también gerencia el COE (Centro Oncológico de Excelencia) de Gonnet, una fundación con pasado prestigioso que lleva diez años sumida en la crisis financiera. El COE no tiene actividad y ni siquiera está nombrado el director que debe aportar el Estado provincial, pero Lorenzo sigue pagando el sueldo a los 130 empleados que allí quedaron. ¿Conciencia social o uso del nombre de la fundación con otros fines?

El movedizo Lorenzo, claro, no podía no tener vínculos con Forza. Lo conoció en 2001, cuando trabajaba en la Droguería Austral, y en 2005 comenzó a venderle a Baired Med (de Forza) productos oncológicos y de HIV. Ya Forza como Lorenzo aparecen mencionados en varias causas por robo de medicamentos del Plan Nacional contra el Sida. En octubre del año pasado, Forza y Lorenzo volvieron a encontrarse y el empresario asesinado le vendió mercadería por cinco millones de pesos. Lorenzo le pagó con cheques de terceros, entre ellos de la Obra Social de Bancarios. La relación comercial entre ambos se registró hasta marzo de 2008. Cuando tuvo que declarar en la causa por el triple crimen, Lorenzo dijo que se distanció de Forza “porque no tenía buena reputación en el mercado de los medicamentos”.

A través de su droguería Multipharma y también a nombre de su socio Carlos Torres, Lorenzo aportó 710 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner. Baires Med (de Forza, como dijimos), Unifarma (del suicidado Ariel Vilán, señalado como testaferro del grupo), Droguería Urbana, Nucleo Farma, Droguería del Plata y Droguería Plaza, todas empresas investigadas por la Justicia como parte de la mafia de los medicamentos, también fueron aportantes a las campañas K desde 2003.

PLATA FÁCIL, GOBIERNO COMPLICADO. “Forza era una persona muy suelta para hablar –declaró ante la Justicia el 15 de octubre el cirujano Gustavo Ricchiuto–. Por ejemplo, decía haber aportado dinero para la campaña de Cristina Kirchner y nadie le creyó, pero después resultó que era así. También señaló en su momento que se había hecho escándalo con la valija de Antonini Wilson por 800 mil dólares, pero ese día habían ingresado otras valijas por cuatro millones doscientos mil dólares más.”

El “aporte electoral” de Forza, como el de otro empresario del sector, Marcos Daniel Hendler, o el de Julio Posse, el monotributista y agente de la DEA, eran, en realidad, parte de una operación que involucra a las más altas esferas del gobierno nacional. La administración K lavó dinero para ingresarlo legalmente a la campaña de Cristina: entregaron a socios, aliados o amigos dinero en efectivo a cambio de cheques blancos que pudieran ser declarados ante los propios controles del Estado. Por eso las cifras no cierran: empresas quebradas que “donan” 300 mil pesos, jubilados que regalan dinero, monotrobutistas que, presos del fervor cristinista, dan lo que no tienen. La respuesta es simple: nunca lo dieron.

Ésta era la mecánica: Héctor Capaccioli o algún contador del Frente para la Victoria recibían al “donante” en las oficinas de Roque Sáenz Peña 530, combinaban una cifra y entregaban euros o dólares a cambio de cheques declarados. El compromiso siempre era el mismo: que el dinero esté depositado en la cuenta correspondiente para la fecha de vencimiento del cheque, que era cuando el FPV emitía la orden de cobro. (Ver en la edición impresa los facsímiles de varios cheques del agente Julio Posse.) La cifra que el donante recibía en efectivo y debía depositar tenía, claro, un descuento: el donante se quedaba con el 10% y donaba el resto. En el caso de Néstor Lorenzo, su aporte fue hecho a través de su socio en San Javier, Carlos Torres (170 mil) y Julio Posse (otros 170 mil). También hay 310 mil pesos aportados por Multipharma, una empresa que dirige con Torres.

De los más de diez millones de pesos que el FPV declaró en concepto de aportes de empresas, 3.650.000 fueron “donados” por firmas del sector de los medicamentos y droguerías.


INVESTIGACIÓN: JL / LUCIANA GEUNA / JESICA BOSSI / MARÍA HELENA RIPETTA

Una sucia historia de espías

El estrépito del tsunami financiero dejó en sordina un sucio escándalo de espionaje y mentiras oficiales, revelado a poco de la salida de Bush. M. Bonasso.

El estrépito del tsunami financiero ha dejado en sordina un sucio escándalo de espionaje y mentiras oficiales, revelado en la etapa final del mandato de George W. Bush. Un episodio que parece arrancado de una novela de John Le Carré, que involucra tanto a la CIA como al servicio de inteligencia MI6 de Gran Bretaña, y pudo haberle costado un juicio político al presidente norteamericano de no haber mediado la insípida vacilación que caracteriza a los parlamentarios demócratas.

La historia está contada, con pelos y señales, en el libro The Way of the World (El rumbo del mundo), del periodista Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer y antiguo redactor estrella del Wall Street Journal. Suskind revela que la CIA, por orden directa de Bush, escondió en Jordania al jefe de inteligencia de Saddam Hussein, Tahir Jalil Habbush, y le pagó cinco millones de dólares para que escribiera y firmara una carta antedatada en 2001, “informando” a quien entonces era su presidente sobre el apoyo iraquí a Mohammed Atta (el cabecilla del ataque suicida del 11 de septiembre) y los vínculos con Al Qaeda, que supuestamente estaba ayudando a Irak con un embarque de uranio procedente de Nigeria.

O sea: los argumentos esgrimidos sin pruebas por el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, para justificar la invasión a Irak.

La carta de Habbush, fichado por los invasores y el gobierno títere iraquí como uno de “los mayores criminales de guerra del régimen de Hussein”, fue filtrada por la CIA en Bagdad y publicada por el periodista británico ultraconservador Con Coughlin en The Daily Telegraph de Londres, en diciembre de 2003. En ese momento, Irak ya había sido ocupado y no aparecía por ningún lado la menor evidencia de armas nucleares o químicas en el país arrasado. La “extraordinaria primicia” fue inmediatamente rebotada por los mass media de Estados Unidos.

La verdad era muy distinta y Suskind la fue desenrollando en una cinematográfica investigación, a través de variados escenarios en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde logró entrevistar y grabar a personajes de primer nivel en la CIA, el MI6 y el espionaje privado y tercerizado que usan los servicios occidentales, para tratar de detectar lo que más temen: la compra “en negro” de uranio enriquecido para armar la bomba.

Con una prosa convencional, pero no exenta de suspense, Suskind va llegando a la verdad a través de personajes “can do way” (nosotros diríamos “un todoterreno”), como el tenebroso Rob Richer, que estuvo en la CIA durante más de treinta años, donde condujo operaciones clandestinas en la vieja URSS y en Medio Oriente y ahora es CEO de la empresa privada de espionaje Blackwater. Un amigo íntimo del rey Hussein de Jordania y de su hijo y sucesor Abdullah, una llave imprescindible para operar en la frontera de Irak y esconder a cualquiera por más importante que sea.

En la extensa lista de informantes, sobresale también Sir Richard Dearlove, ex jefe del servicio secreto británico, que actualmente funge como pacífico profesor del Pembroke College de Cambridge y, con su distinción y parecido físico con el actor Peter O’Toole, nos remite inexorablemente a los relatos de Graham Greene.

Con la ayuda de estos y otros espías, que van desgranando datos, en la penumbra musical de un bar de hotel o en la mesa bien provista de un “steak house”, Suskind reconstruye la saga del “arrepentido” Habbush, uno de los naipes en el mazo de “hombres más buscados” por W, que presidía Saddam Hussein con el as de
espadas.

La trama es complicada (Suskind la despliega a lo largo de 400 páginas), pero se la podría sintetizar de esta manera.

A fines de 2002, los norteamericanos buscaban evidencias que les permitieran justificar la invasión. Entonces, el mercenario Richer se acordó de un talentoso colega británico con quien había hecho amistad en el oficio: el jefe de inteligencia para el Medio Oriente del servicio de inteligencia británico, Michael Shipster. Sus esperanzas resultaron justificadas: Shipster mantenía contactos desde mucho tiempo atrás con el jefe de inteligencia de Saddam Hussein, Tahil Jalil Habbush. Antiguo jefe policial y gobernador de una provincia “difícil”, Habbush –según Suskind– “tenía las manos llenas de sangre”.

Como suele suceder en estos casos, los servicios occidentales no le miraron mucho las manos y organizaron un encuentro secreto en Jordania, que fue finalmente arreglado entre Richer y el jefe de inteligencia jordano.

Fue el primero de una serie de contactos con “George”, el nombre en clave de Habbush, de los que estuvo al tanto el jefe de la CIA, George Tenet.

Para los británicos, remisos a invadir, resultaron preocupantes; para los norteamericanos, decididos a la ocupación, desconcertantes.

El sinuoso funcionario iraquí les aseguró que no había armas químicas en Irak, porque Saddam había cancelado todos los programas después de la Guerra del Golfo y no tenía el menor propósito de fabricar artefactos nucleares. Les explicó que las reticencias de Saddam al respecto tendían a un propósito defensivo
respecto a los iraníes: temeroso de sus vecinos, quería hacerles creer que contaba con un arsenal no convencional. No le preocupaba alimentar de este modo las sospechas de Washington, porque estaba convencido de que Bush no se atrevería a ocupar Irak.

Los espías occidentales, que mantuvieron varias reuniones con “George”, le aseguraron que Estados Unidos estaba decidido a invadir.

Sabían de qué hablaban cuando el jefe de la CIA Tenet le mostró una minuta de los encuentros secretos a Condoleezza Rice; la secretaria de Estado preguntó expresivamente: “Y, ¿qué carajo, hacemos con esto?”.

George W. fue aún más expresivo: “Sigamos adelante”. Y ya se sabe lo que ocurrió: Bagdad fue demolida, Irak fue invadido, Saddam cayó en estatua y en persona, miles de inocentes perdieron la vida y los ocupantes comprobaron que Habbush decía la verdad respecto a las armas no convencionales.

Para Washington Habbush se convirtió en un grave problema. Mientras el ejército de ocupación lo mantenía entre los 16 dirigentes más buscados, la Casa Blanca temía que apareciera y contara todo. Richer había arreglado con sus amigos para que lo escondieran en Jordania.

Entonces surgió la idea de comprar a “George” y hacerle escribir la carta falsamente fechada en 2001, que demostraría lo que no era cierto: los nexos entre Hussein y Al Qaeda. Todo a cambio de cinco millones de dólares. ¿Pero resultan suficientes para sellar los labios de un hombre que se pasó de bando? No hace falta haber leído a Le Carré para imaginar que Habbush ya no está entre nosotros.

Fuente: Crítica Digital

Legisladores porteños denuncian que los psiquiátricos son tierra de nadie

Sólo en el Borda y el Moyano hay 2.500 internos. Los médicos dijeron que falta de todo. Natalia L. Calisti.

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña elevó un informe al gobierno de Mauricio Macri en el que denunció que los psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires tienen graves problemas edilicios y que faltan médicos, psicólogos y enfermeros para contener la demanda de miles de pacientes de bajos recursos, entre otras falencias que pusieron al sistema de salud mental porteño en estado crítico.

En diálogo con Críticadigital, la legisladora Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires) indicó que sólo en los hospitales Borda y Moyano hay cerca de 2.500 internos y se realizan, en promedio, alrededor de1.000 consultas ambulantes diarias.

“Falta medicación y material quirúrgico -señaló Alegre-. Son hospitales que tienen problemas con el suministro de gas y de electricidad. En el Borda no alcanzan las sábanas y en el Moyano, no hay ni toallas higiénicas para las pacientes ni algodón ni guantes”.

El sistema de salud mental de la ciudad también incluye los talleres protegidos del Borda, en peligro de cierre según denunciaron varias veces los trabajadores; el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, cuyas obras de refacción tienen un atraso crónico que va por los tres años; y prestaciones especiales en hospitales generales como en el Alvear, limitados en personal y en espacio y cuya situación es similar a la que atraviesan los neuropsiquiátricos.

UNA LEY OLVIDADA. Las legisladoras que firmaron el informe –Alegre, Alicia Bello e Ivana Centenaro del Frente para la Victoria, y Diana Maffía de Coalición Cívica- conforman la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación para el cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental, promulgada en el 2000 y reglamentada cuatro años más tarde.

La ley señala que la salud mental es un derecho humano y posiciona al Estado como su garante, en sintonía con los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabaja en nuevos paradigmas basados en la desmanicomialización de los enfermos mentales.

Entre otros puntos, la norma fortalece la reinserción social de los pacientes, el establecimiento de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales monovalentes como las casas de medio camino y la extensión de los servicios de salud mental a los hospitales generales.

No obstante, la Comisión Especial de Seguimiento, que se conformó en junio de este año, advirtió que el “Plan de Salud Mental” que el gobierno porteño anunció en abril pasado contradice algunos de estos principios.

“Si bien se desconocen los detalles –señala el documento-, ha trascendido la construcción de nuevos ‘centros de internación’ (siete) con dispositivos de control como circuitos cerrados de televisión y vidrios blindados, medidas que contradicen los principios que proclama la Ley 448”.

Críticadigital intentó comunicarse con las autoridades porteñas, pero las dos veces desestimaron la consulta.

FALTA PERSONAL, FALTAN INSUMOS, FALTA DIGNIDAD. Tránsito Fernández es enfermera y delegada gremial del Hospital Moyano. “La mitad de la población internada vive en buenas condiciones porque está alojada en los pabellones nuevos –señaló-, pero la otra mitad se quedó en los viejos donde hay problemas en el suministro de gas y electricidad”.

Los pabellones nuevos se alternan con los pabellones viejos y con los pabellones a medio construir. El reclamo de los médicos es que se terminen las obras y que se contraten operarios para el mantenimiento edilicio porque aseguran que las instalaciones se degradan rápidamente.

La falta de personal es otro punto sensible. “Tenemos 25 psicólogas para más de mil pacientes”, advirtió Fernández y agregó que las enfermeras no dan abasto y muchas veces lavan la ropa de cama e higienizan los servicios porque no hay mucamas. Por caso, el área de lavandería está refaccionada a nuevo pero no hay quien la haga funcionar.

“Necesitamos que se nombre personal, porque hay muchas compañeras que se jubilaron –continuó la delegada gremial-. En algunos turnos hay una o dos enfermeras para un pabellón de 70 pacientes”.

Fernández indicó que el 60% de las internas del Moyano son mujeres que están internadas hace mucho tiempo y que nadie las visita. La falta de insumos cala hondo: faltan toallas femeninas, jabones, desodorantes. Detalles que hacen la vida más digna y si no entran a través de una donación, faltan.

En el Tobar García, las urgencias también radican en el nombramiento de personal y en la conclusión de las obras. En diálogo con Críticadigital, el jefe de la sección de Psiquiatría en el Departamento de Consultorios Externos, Eduardo Friedman, advirtió que originalmente, las refacciones tenían que terminarse en 18 meses pero el atraso ya está por cumplir los tres años.

“La administración (del jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri prometió que se van a terminar a fin de año”, dijo Friedman. La tercera etapa de las remodelaciones afectan al Edificio Torres, donde funcionan los consultorios externos, el servicio de guardia, y de conducción del hospital.

El Hospital Carolina Tobar García es uno de los pocos neuropsiquiátricos públicos para niños y adolescentes que hay en el país. Alberga a 60 chicos internados graves y necesita enfermeras para habilitar el área de menores de 12 años. En sintonía con la nueva Ley, la institución apunta a disminuir las internaciones prolongadas, pero el Hospital de Día estuvo cerrado más de un año por la demora de las obras.

“Estamos en un proceso de readmisión de pacientes”, explicó Friedman. El Hospital de Día, por ahora, tiene alrededor de 100 y realiza cerca de 300 prestaciones mensuales limitadas, indica el médico, porque se desarrollan en áreas prestadas de otros servicios porque el edificio Torre, ya está en construcción y clausurado.

VIDAS ARRASADAS. Los problemas que atraviesa el sistema de salud de la ciudad, no escapan a la oscura realidad nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó en abril de este año una investigación, Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, que realizó junto al Mental Disability Rights Internacional (MDRI) y en la que denuncia “las sistemáticas violaciones de derechos humanos a las que son sometidas las 25.000 personas recluidas en estas instituciones”.

Según el CELS, la mayoría de los internos son “pacientes sociales, a los que no se les ofrecen alternativas para desarrollar su vida fuera de la institución y deben permanecer asilados por períodos prolongados sin contar con la asistencia médica, psiquiátrica, psicosocial o legal que podría poner fin a su encierro”.

El estudio se realizó entre junio de 2004 y julio de 2007, sobre instituciones para personas con discapacidades psiquiátricas e intelectuales de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro y San Luis.

Los equipos del CELS y el MDRI se entrevistaron con funcionarios, profesionales, personas institucionalizadas, familiares y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Durante la investigación registraron situaciones de abuso y negligencia en instituciones psiquiátricas públicas, así como condiciones insalubres y graves amenazas para la seguridad de las personas.

El regreso de Moneta: de banquero menemista a empresario kirchnerista

Creó la empresa Raiser S.A. y obtuvo concesiones de áreas energéticas asociado a Enarsa. Ahora será socio del gobierno de Santa Cruz en el desarrollo de una planta de fertilizantes. Ambientalistas denuncian presunta contaminación.

Raúl Moneta, el ex banquero- emblema de los negocios y las privatizaciones menemistas, vuelve a estar cerca del poder. A través de su empresa Raiser S.A. participa en millonarios emprendimientos energéticos en sociedad con la estatal Enarsa; se expande en la producción y comercialización de soja y biodiésel y acaba de desembarcar en Santa Cruz, la provincia del matrimonio presidencial. Será socio del gobierno sureño en una planta de fertilizantes.

Ya es pasado remoto aquel episodio ocurrido en 2003, durante el acto de inicio de la restauración de la Basílica de Luján, cuando Raúl Moneta y su socio, Daniel Hadad, intentaron fotografiarse con el recién asumido Néstor Kirchner. Un intento vano porque se los impidieron Miguel Núñez y Daniel Muñoz, vocero y secretario privado, respectivamente, del Presidente. Moneta estaba todavía marcado por sus seis meses como prófugo de la Justicia en las causas que investigaban la denuncia de vaciamiento de sus bancos República y Mendoza. También estaba fresca la acusación de lavado de dinero del Senado de Estados Unidos. En recordadas audiencias, el Citibank confesó su culpa por el ocultamiento de las operaciones del Federal Bank, el banco off shore radicado en Bahamas (por el que circularon 4.600 millones de dólares en la década menemista), cuya titularidad Moneta sigue negando aún hoy.

Reapareció en el mundo de los negocios con la compra del paquete accionario del Canal 9. El Comfer, ya en manos kirchneristas, nunca objetó la operación, pese que Moneta estaba imputado por la comisión de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta e infracciones a la ley penal tributaria. El artículo 45 de la Ley Nacional de Radiodifusión establece que los titulares de un medio deben “tener calidad moral acreditada por una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada” (inc. b), “poder demostrar el origen de los fondos” (inc. c), “no estar incapacitado o inhabilitado civil ni penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de obligaciones fiscales o previsionales” (inc. d).

A la salida de esa experiencia, Moneta constituyó una empresa para intervenir en el mercado energético. Es un secreto a voces que su gran consejero fue José Luis Manzano, ex ministro de Menem, empresario multimedios y también dedicado a la explotación petrolera. La empresa se llama Raiser y tiene su sede en las oficinas de Moneta en el edificio República. El vicepresidente es Osvaldo Sala, que fue director de Enargas y senador nacional, ahora investigado por el juez Rafecas en la causa por el pago de coimas para aprobar la ley de reforma laboral. Entre los asesores de Raiser se destaca Alberto Kohan, ex secretario general de la Presidencia.

Rápidamente, Raiser forjó sociedad con la firma estatal Energía Argentina (Enarsa), creada por el presidente Kirchner a fines de 2004. En septiembre de 2006, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada 50 y 50% entre Raiser y Enarsa, obtuvo la adjudicación del área Medanitos Sur para la exploración de petróleo y gas en La Pampa, gobernada entonces por el kirchnerista Carlos Verna. El convenio para la formación de la UTE fue firmado por Ezequiel Espinoza, el titular de Enarsa que alquiló el avión que transportó la valija con los 800 mil dólares que, según Antonini Wilson, tenía como destino la campaña electoral de Cristina Kirchner. El anuncio de la adjudicación a Raiser-Enarsa fue oficializado en un acto presidido por Néstor Kirchner en la Casa Rosada.

La provincia de La Pampa también le concedió a la UTE Raiser- Enarsa la exploración de las áreas petroleras Gobernador Ayala y Salina Grande. Por otra parte, Raiser, asociada con Enarsa y REFSA (empresa petrolera de la provincia de Formosa), ganó la concesión del área petrolera Selva María, que le otorgó el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Pero además Raiser, en tándem con Hidenesa (empresa petrolera de la provincia del Neuquén), obtuvo la explotación de la rica área gasífera Loma Ranqueles.

En mayo de 2007, Raiser realizó una oferta conjunta con Enarsa para comprar el 5% de las acciones de Repsol-YPF ofreciendo pagar 1.000 millones de dólares, antes de que comprara la familia Ezkenazi. En aquel momento la prensa española señalaba: …“aunque el grupo Raiser y sus socios son de tamaño medio, ofrece lo más importante para Repsol: buenas relaciones con el Gobierno para agilizar el desarrollo de sus inversiones. De hecho, Raiser es socio de la compañía logística y energética del Gobierno”.

La cartera de Raiser es variada: ofrece servicios de consultoría energética; tiene explotaciones madereras y minas en San Juan; comercializa combustibles, fertilizantes y granos, en plantas radicadas en Bahía Blanca, Ramallo, Formosa y en las localidades santafesinas de Puerto San Martín y Timbúes. Es precisamente en Timbúes, asociada con Enarsa y con Green Fuel Corporación –un grupo de empresas españolas cuyo principal accionista es Endesa, que posee el 25%–, donde están desarrollando un megacomplejo para la fabricación de aceites, fertilizantes, la molienda de soja y la producción de biodiésel. La planta de trituración tiene una capacidad instalada de 12 mil toneladas diarias, lo que la convierte en la más grande del país y una de las más importantes del mundo. En la aceitera prevén procesar mas de 3.000.000 de toneladas de soja por año (alrededor del 7% de la producción nacional). Dicha fábrica supone una inversión de 150 millones de dólares, y contigua a la aceitera están montando una planta de biodiéesel, con una inversión estimada en 190 millones de dólares.

Para el año 2010, justo cuando empiece a trabajar la planta, comenzará a regir la Ley de Biocombustibles, que obliga a mezclar como mínimo un 5% de biodiésel a los combustibles tradicionales. Esa ley, que lleva el número 26.093, prioriza en su artículo 14 la asociación del Estado con pymes y pequeños productores agropecuarios.

Cerrando el círculo, los nuevos negocios de Moneta en la comercialización de granos, Raiser también se asoció con la Terminal del Puerto de Rosario (TPR) para conformar juntas el emprendimiento Terminal Graneles Rosario (TGR), que tiene a su cargo la operación del puerto donde se comercializa la mayor parte de la producción cerealera del país. TPR está controlada por Manzano-Vila y tiene firmado un acuerdo con el empresario ultra K Cristóbal López –campos, petróleo, máquinas tragamonedas, casinos y recolección de basura– para construir una planta de biodiésel.

La más reciente escala de Moneta es Santa Cruz, el territorio K por excelencia. Hace pocos días se anunció que Raiser firmó una carta de intención para construir una planta de fertilizantes de origen orgánico (urea), en la zona del puerto de Punta Quilla, en sociedad con el gobierno provincial. La compañía estatal Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (Fomicruz) proveerá el predio en las adyacencias del puerto y la energía, para la obtención de un millón de toneladas de urea por año. Raiser tiene otra planta de fertilizantes en el puerto de Quequén, adyacente a la ciudad de Necochea. Organizaciones no gubernamentales ambientalistas formularon denuncias por presunta contaminación.

Fuente: Crítica Digital

La combinación drogas-VIH es dramática en Argentina

Una revista médica inglesa coloca al país entre los nueve con mayor número de infectados entre adictos a sustancias intravenosas. Opinan los expertos.

Argentina es uno de los nueve países en donde el porcentaje de contagio de VIH entre adictos a drogas inyectables es mayor: un 0,29% de las personas de 15 a 64 años se inyecta drogas, y un 49,7% de los que lo hacen es seropositivo. Estos índices fueron revelados en un articulo de la prestigiosa revista médica The Lancet .

El doctor Pedro Cahn, encargado del Servicio de Infectología del Hospital General de Agudos Juan Fernández,  en dialogo con Criticadigital, reconoce que estos datos son alarmantes y explica que “las estimaciones que muestran los antecedentes de personas que usan drogas intravenosas y que se presentan en nuestro centro de salud el porcentaje también es muy alto”.

“Al hospital llega gente con percepción de riesgo ya sea porque saben de personas cercanas que tengan el virus o hayan muerto del mismo y vienen para realizarse estudios; de estos que se testean entre un 50% a 60% se encuentran infectados”. Si bien esta muestra es autoselectiva, ya que pertenece a las personas que perciben ese riesgo y van al servicio de infectología del Hospital Fernández, la cifra es muy elevada y representativa del colectivo.

El estudio publicado por The Lancet consigna que alrededor de tres millones de los 15,9 millones de personas que consumen drogas inyectables en todo el mundo están infectadas por el virus del sida y Argentina junto a otros ocho países (Estonia, Ucrania, Indonesia, Tailandia, Nepal, Brasil, Kenia y Birmania) poseen la desafortunada marca de territorios en donde más del 40% de los consumidores de estas drogas están infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Críticadigital también consultó al Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Muñiz, uno de los centros de salud más respetados en la materia, el doctor Jorge Benetucci, quien  expresó que “ese dato es un poco antiguo ya que los infectados de VIH entre usuarios de drogas introvenosas ha disminuido notoriamente. Puede ser que sí pueda compartirlo teniendo en cuenta viejos infectados, ya que hay una cantidad de personas que son ex consumidores que lo han hecho y contagiado a fines de los ´80 o en los ´90”, separándose así de las estadísticas que se le proporcionaron.

El doctor Pedro Cahn, que también preside la Fundación Huésped, advierte que “los índices aumentan también en personas que no usan drogas intravenosas, como paco, cocaína nasal o alcohol, que si bien no son drogas por las cuales una persona pueda infectarse directamente del virus, todos sabemos que con estas drogas encima el individuo pierde el control y como consecuencia no usan preservativos en las relaciones sexuales u olvida las prevenciones del caso” indicó el prestigioso médico quien fuera Presidente de la Sociedad Internacional de SIDA (IAS).

Este análisis es coincidente con el que nos proporciona el doctor Benetucci, quién va un poco más allá y considera que el grupo formado por “los heterosexuales son las personas que en este momento sufren el mayor número de infectados. No son consumidoras de drogas y cuentan con una vida sexual normal, es un grupo que piensa que no les puede pasar a ellos y se exponen al riesgo”, según su experiencia al frente del departamento de infecciosas del centro de salud municipal presencia “situaciones que muestran que hay una transmisión del virus muy preponderante en este sector y sobre todo en las mujeres, índice que aumentó y tiende a emparejarse con el de los varones que eran los más afectados en un primer momento”.

En los últimos diez años el número de países que registra casos de adictos a este tipo de sustancias intravenosos aumentó: en 1998 era de 129 -en 103 de ellos había contagios de VIH en esta tribu urbana- y en la actualidad es de 148, en 120 de los cuales hay casos de transmisión.

Estas son las conclusiones de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Nuevo Gales del Sur (Australia) y expertos de la Organización de las Naciones Unidas, que muestra grandes diferencias entre países. La mayor correlación entre consumo de drogas inyectables y sida se da en el sureste de Asia, el este de Europa y Latinoamérica, donde hay mayor prevalencia de la enfermedad entre las personas adictas a estas sustancias.

Una de las regiones en donde la situación es crítica y desesperante es en Europa Oriental. Los países con índices más preocupantes son Estonia, donde el 72,1 por ciento de los adictos a estas drogas están contagiados, Ucrania, el 41,8 por ciento de los adictos tiene el virus y en Rusia el 37 por ciento.

LA AUSENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. En este punto los profesionales consultados por Criticadigital concuerdan en que una de las alternativas más importantes para impedir el aumento de estas cifras es la implementación de Políticas de Reducción de Daños.

El doctor Pedro Cahn le dijo a este medio que “faltan políticas públicas de reducción de daños” que posibilitarían la disminución de estos números. En este sentido Benetucci expuso que la política tiene “como primer medida asumir que la persona que se droga tiene una dependencia que no puede manejar, entonces hay que suministrarle jeringas descartables, para que use las propias para no compartirlas con nadie y así no contagiarse además de seguir concientizándolos para el uso de preservativos” y remarcó que “lo fundamental es armar algún tipo de conducta preventiva, armar una especie de escudo sanitario” reflexionó el médico del Hospital Muñiz.

“Se necesitan políticas públicas de reducción de daños en donde el adicto no sea tratado como un delincuente sino como un enfermo, para que el consumidor no debe ser perseguido. Con estas políticas se reducen los índices de infectados ya que el adicto se puede acercar a los centros de salud sin miedo a ser perseguido y en consecuencia se reducen las muertes asociadas gracias a estas estrategias de recuperación” explicó Cahn, una de las voces más calificadas del tema en nuestra sociedad.

Estas políticas de reducción del daños tienen como objetivo principal disminuir los efectos negativos del uso de drogas. Reducir la extensión de las enfermedades infecciosas y prevenir las muertes. Otro de los puntos fundamentales es el de aumentar el contacto de los usuarios de sustancias con servicios médicos y programas de tratamiento, y reducir el consumo de drogas en la calle. Todo esto asociado a la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades.

¿La deuda externa es un crimen de lesa humanidad?

Argumentan que el endeudamiento necesitó crímenes y desapariciones. Involucran al Deutsche Bank y al Citi. Martina Noailles.

“El terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas para imponer, sin resistencias, su modelo económico. El móvil de esos delitos de lesa humanidad fue la liberación de la economía, imposible sin la deuda externa”. Con ese argumento, un grupo de abogados pedirá la reapertura de la causa que ocho años atrás determinó la ilegitimidad del endeudamiento durante la dictadura. Aseguran que se trata de un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, no está prescripto.

La Comisión de Campo de Mayo –organismo que reúne a ex detenidos desaparecidos, militantes y abogados– planteará ante el juez federal Jorge Ballestero el desarchivo del expediente que él mismo cerró en el año 2000, para que se juzgue a los funcionarios del gobierno de facto responsables de favorecer a una larga lista de empresas a costa del Estado.

Entre esas compañías que licuaron sus deudas entre 1976 y 1983 se encuentra el Deutsche y el Citibank, dos de los tres bancos que presentaron la propuesta de canje de deuda a la que apuesta la Casa Rosada para despejar parte de los vencimientos de 2009.

“El terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas para imponer, sin resistencias, su modelo económico. El móvil de esos delitos de lesa humanidad fue la liberación de la economía, imposible sin la deuda externa.” Con ese argumento, un grupo de abogados pedirá la reapertura de la causa que ocho años atrás determinó la ilegitimidad del endeudamiento durante la dictadura. Aseguran que se trata de un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, no está prescripto.

La Comisión de Campo de Mayo –organismo que reúne a ex detenidos desaparecidos, militantes y abogados– planteará ante el juez federal Jorge Ballestero el desarchivo del expediente que él mismo cerró en el año 2000, para que se juzgue a los funcionarios del gobierno de facto responsables de favorecer a una larga lista de empresas a costa del Estado.

Entre esas compañías que licuaron sus deudas entre 1976 y 1983 se encuentra el Deutsche y el Citibank, dos de los tres bancos que presentaron la propuesta de canje de deuda a la que apuesta la Casa Rosada para despejar parte de los vencimientos de 2009.

Además de estas dos empresas, la investigación de Ballestero determinó que hubo al menos otras sesenta –la mitad de ellas, entidades financieras– que se beneficiaron con las maniobras fraudulentas de la dictadura. En la lista están incluidas Celulosa Argentina, Banco Río, Banco de Galicia, Alpargatas, Banco Francés, IBM, Mercedes Benz, Esso, Ford y Fiat.

Las auditorías que se realizaron en aquella causa determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. También dejaron al descubierto el mecanismo del fraude: una empresa pública, como por ejemplo YPF, pedía préstamos que no necesitaba porque la Secretaría de Programación Económica había fijado un cupo de endeudamiento que se debía tomar. Esos fondos iban a parar al Tesoro nacional para sostener la tablita cambiaria. Entonces venían capitales de afuera, cambiaban dólares por pesos, los depositaban a tasas mensuales del 20%, lo volvían a cambiar por dólares y se lo llevaban. El 40% de la deuda se fugó al exterior.

“Era un gran negocio que pagaba el Estado. Los empresarios tomaron esta facilidad que les dio el gobierno militar para fraguar préstamos. Fue un festival de autopréstamos e ilícitos de diversa naturaleza”, explicó el investigador Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien realizó en 1982 la primera denuncia para determinar la ilegitimidad de la deuda.

Si la causa se reabre, además de a los directivos de aquellas compañías, los abogados reclamarán que se cite a los funcionarios que “por acción u omisión” fueran responsables del endeudamiento. El primero en la lista es el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Pero también pedirán que se indague al entonces presidente del Banco Central, Adolfo Diz; a su segundo, Leopoldo Portnoy; al presidente de YPF Juan Bustos Fernández, y a José Luis Machinea, quien fue gerente de Finanzas Públicas del Banco Central y, según los denunciantes, “no pudo desconocer las maniobras”.

Los abogados no sólo quieren que se juzgue a los responsables sino también “que la sociedad sepa qué hicieron con nuestro dinero, cómo nos endeudamos, por qué hoy tenemos un 20% de indigencia”. Y argumentan que, “para determinar el móvil de un homicidio, los investigadores se preguntan quién se beneficia con esa muerte. Aquí la pregunta es quién se benefició con el terrorismo de Estado. La respuesta es simple: los empresarios nacionales e internacionales que lograron ganancias extremas a costa del pueblo argentino. Por eso consideramos que esta defraudación es un delito de lesa humanidad”.

El organismo también realizará una presentación ante el Congreso de la Nación para que declare la ilegalidad de la deuda. Es que al establecer la prescripción de la acción penal, que se cerró sin condenados, el juez Ballestero remitió copia de su fallo al Parlamento para que “determine las responsabilidades políticas en la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que tendía, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados y que puso de rodilla al país”. Sin embargo, en estos ocho años ningún diputado ni senador tomó el tema.

"Se ha diezmado el patrimonio cultural"

Lo dice el arquitecto Daniel Schávelzon - Miércoles 15 de octubre de 2008 | Publicado en edición impresa 

Por Carmen María Ramos - Para LA NACION

Las políticas patrimoniales aplicadas en el país tienen problemas graves que no se deben sólo a una mala práctica, sino a la ausencia de una acción coherente, pública y privada, respecto de la herencia cultural. El que lo afirma es Daniel Schávelzon, arquitecto de 58 años, con una maestría en restauración de monumentos arqueológicos y un doctorado en arquitectura precolombina (México, 1981 y 1984).

"El nuestro es un patrimonio que ha sido diezmado y cada día es menos lo que nos queda", dice quien desde hace más de 30 años se especializa en arqueología histórica en áreas urbanas.

Sus trabajos son reconocidos por haber descubierto el valor de lo que encierra el subsuelo de Buenos Aires. Creó y dirige, desde 1991, el Centro de Arqueología Urbana; el Area de Arqueología Urbana en el gobierno porteño, desde 1996, y el Area Fundacional de Mendoza, desde 1988, entre otros. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, e investigador principal del Conicet.

Autor de más de 300 trabajos en revistas científicas y de divulgación de diferentes países, ha publicado una treintena de libros sobre temas de su especialidad; entre otros, Arqueología de Buenos Aires , Historia del comer y del beber en Buenos Aires , y Mejor olvidar. La conservación del patrimonio cultural argentino .

- El título de su último libro es elocuente: Mejor olvidar . ¿Tanto maltratamos los argentinos nuestro patrimonio?

-Sí, más de lo que podemos soñar en nuestra peor pesadilla. Porque primero debemos definir bien cuál es, o cuál era, nuestro patrimonio verdadero, y luego ver si, por preocuparnos de cosas que no eran sustanciales, dejamos de lado lo importante. No hace falta recordarle a nadie que la Casa de la Independencia de Tucumán fue hecha en 1942; el Cabildo, en 1939, y todos los monumentos que representan nuestra independencia han sido, en el mejor de los casos, profundamente alterados. Si ellos fueron tratados así, ¿qué decir de lo demás? Pero también hay otras miradas: lo que hoy es una subsecretaría del gobierno de la ciudad era, hace sólo diez años, media docena de personas de buena voluntad que hacíamos lo que podíamos. Y antes de 1996 éramos, simplemente, enemigos a combatir. Hoy existe un casco histórico, donde se sostiene una postura. Recordemos que por proponer la preservación de San Telmo, en la década de 1970, a José María Peña lo amenazaron en público y por escrito. Hoy existe en Buenos Aires una carrera de restauradores-conservadores y hay en el país media docena de posgrados, lo que no es algo menor. El tema está en los medios. Por algo es.

-¿Puede resistir la conservación ante la presión inmobiliaria?

-Nadie quiere que alguien pierda dinero. Por eso existen sistemas de intercambio de metros cuadrados por construir de un lugar a otro y diversas medidas similares ya ensayadas en el mundo. Que a nuestros arquitectos o urbanistas o funcionarios no se las enseñen es otra cosa.

-¿Cómo resolvería el tema de casas de valor patrimonial que sus dueños quieren vender como terreno para levantar torres?

?No tenemos un Estado que las compre y compense las pérdidas, como en muchos países. En algunos sitios, una propiedad aumenta su valor por cada año de edad. Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que hace 50 años. ¿Por qué necesita aumentar tanto su escala? No lo sabemos; nadie estudió el tema. Se ha preferido plantearlo en términos de conflicto, en lugar de buscar alternativas. Se gana un tiempo que es el enemigo de la preservación, porque cada casa que cae es otra pérdida.

-¿Cómo entender casos de preservación como los docks de Puerto Madero, finalmente rodeados de torres, como una barrera de hormigón que separa más a la ciudad del río?

-Eso es un absurdo que, entre otras cosas, fue la causa de que Buenos Aires no fuese declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Gracias a esa barrera frente al río, nos inundamos, y el agua no se escurre por las napas. Lo estamos pagando muy caro. Hay que seguir una historia del pensamiento preservacionista, para tratar de encontrar dónde se cometió el error, dónde se bifurcaron los caminos. El otro pensamiento, el del mercado desaforado, no necesitamos estudiarlo: lo conocemos. Quien no entienda que el ?torricidio? de la ciudad lo que ha creado es subdesarrollo, y no desarrollo, o mira para otro lado o confunde las cosas. Que le convenga, de acuerdo, pero no confundamos el interés privado con el colectivo.

-¿Hubo una evolución en el concepto de patrimonio?

-Sí. Hoy ya entendemos que no son patrimonio sólo los símbolos del nacionalismo, de lo militar y lo clerical. ¿Quién puede decir que una creencia es más importante que otra? ¿Quién puede asumir que un culto formal es más importante que la Difunta Correa? Durante mucho tiempo se discutió acerca de qué cosas componían nuestro patrimonio. Ahora, además, nos preguntamos quiénes eran los que tomaban las decisiones en nombre de todos, por qué nos quedamos afuera tantos de nosotros. Hace un siglo, el tema era de amateurs, coleccionistas y abogados amantes del arte. Después fue de los arquitectos. Ahora surgen los restauradores formados como especialistas. Por suerte, todo cambia.

-Ese Mejor olvidar del título de su libro, ¿es algo definitivo o hay un futuro con el que ilusionarse?

-Soy positivo. Intento construir racionalidad, pero lo destruido, lo sacado legal o ilegalmente, ya no está más, ni va a volver. El patrimonio se pierde de una vez. Si es por culpa de otro o por error nuestro, da lo mismo: se acabó. Ese es, en realidad, el comienzo sobre el que debemos reflexionar: que no hay marcha atrás y que lo que discutimos es mejorar nuestra calidad de vida, no mantener mausoleos. El tema no se resuelve con declaraciones o carteles en la calle o folletos en color. Ni siquiera con leyes, sino con políticas culturales serias. Ni más ni menos.