Nik - Humor?


Graciela Ocaña no se resigna a tener los días contados al frente del Ministerio de Salud. La atribulada funcionaria quiere desmarcarse de la maraña de versiones que cada vez circulan con más fuerza sobre su inminente salida. “Yo estoy abocada a la lucha contra el dengue, no me ocupo de otras cosas”, repite en público como una letanía.
Es una verdad a medias. Atrapada por la zozobra, la funcionaria debió chequear personalmente su futuro inmediato. Ocurrió el lunes a la noche, con un llamado oportuno a uno de los pocos hombres de la Casa Rosada a los que aún les tiene confianza.
El rumor la atravesaba. Decía que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había convenido con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, la renuncia de Sandra Mendoza. Y que a la salida de la ministra de Salud de esa provincia le sucedería la de la propia Ocaña.
La Hormiguita obtuvo como respuesta una desmentida. Le aseguraron que se trataba de una de las tantas operaciones sin asidero que recorren el espinel. Por supuesto que no se tranquilizó.
La tapa del diario Clarín de ayer, que informaba sobre el giro de 156 millones de pesos a un fondo que se distribuye entre las obras sociales sindicales, la encrespó. Como un espejo maldito, el artículo reflejó la consolidación del matrimonio por conveniencia que enlaza al gobierno con CGT.
Para Ocaña, quien emprendió una cruzada sin cuartel contra Hugo Moyano, fue un mazazo por la cabeza. Después de advertir sobre los irregulares manejos sindicales de un subsidio destinado a una campaña de prevención de enfermedades, se encontró con un nuevo gesto oficial hacia los gremios.
La ministra sabe que la decisión de abocarse exclusivamente al dengue no la pondrá a salvo de la voracidad de sus detractores ni de sus propios errores. Pero se resiste a creer –como presagian desde el círculo áulico de Néstor Kirchner– que se irá junto a los mosquitos apenas comiencen los primeros fríos del año.
En una muestra más de su soledad frente a la disputa con Hugo Moyano, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió este miércoles desconocer la resolución firmada por el Gobierno nacional para traspasar a las obras sociales 156 millones de pesos, acordada entre la presidente Cristina Fernández y el líder de la CGT.
"No vi la resolución, no hablé ayer con la gente de la Superintendencia. No le puedo responder", se excusó la ministra al ser consultada por radio Millenium sobre la asignación de esas partidas.
Según trascendió hoy, los 156 millones traspasados a las obras sociales sindicales son aportes de trabajadores y empleadores que estaban trabados en el Banco Nación.
El dinero fue girado desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE) para reintegrar a las obras sociales los gastos por altas complejidades de abril y junio.
Fuentes de la Superintendencia de Salud de la Nación explicaron a Criticadigital: “Los 156 millones de pesos están presupuestados, no hay nada extraordinario. Cada tres meses nos giran la plata que está presupuestada de antemano y a su vez nosotros transferimos al APE lo que le corresponde. El año pasado hubo cuatro transferencias trimestrales y todos los años se procede de la misma manera”.
“Esta transferencia de 156 millones corresponde a abril, mayo y junio. De ese monto, 143 millones fueron para al APE, el resto es destinado a salud y los gastos internos de la Superintendencia”, explicaron los voceros. Además negaron que exista algún cortocircuito con Ocaña: “No, para nada. Esta mañana hablamos con ella y le explicamos cómo era la situación. Para nosotros recibir la asignación trimestral es un trámite rutinario”.
RUMBO A LAS ELECCIONES. Ocaña negó que pueda integrar alguna lista legislativa para los comicios del 28 de junio: "Estoy muy abocada al tema de la gestión. Sería una irresponsabilidad estar pensando en otra cosa", afirmó.
Cuando se le preguntó cómo se sintió luego de que el kirchnerismo rechazara en el Senado el proyecto de emergencia por el dengue, respondió: "Entiendo que se ha enviado a comisión nuevamente".
"La verdad, no tengo ni tiempo para analizarlo. Lo único que hago es trabajar muchas horas para resolver y pensar. Ahora me estoy abocando al dengue", aseguró la funcionaria.
En una muestra más de su soledad frente a la disputa con Hugo Moyano, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió este miércoles desconocer la resolución firmada por el Gobierno nacional para traspasar a las obras sociales 156 millones de pesos, acordada entre la presidente Cristina Fernández y el líder de la CGT.
"No vi la resolución, no hablé ayer con la gente de la Superintendencia. No le puedo responder", se excusó la ministra al ser consultada por radio Millenium sobre la asignación de esas partidas.
Según trascendió hoy, los 156 millones traspasados a las obras sociales sindicales son aportes de trabajadores y empleadores que estaban trabados en el Banco Nación.
El dinero fue girado desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE) para reintegrar a las obras sociales los gastos por altas complejidades de abril y junio.
Fuentes de la Superintendencia de Salud de la Nación explicaron a Criticadigital: “Los 156 millones de pesos están presupuestados, no hay nada extraordinario. Cada tres meses nos giran la plata que está presupuestada de antemano y a su vez nosotros transferimos al APE lo que le corresponde. El año pasado hubo cuatro transferencias trimestrales y todos los años se procede de la misma manera”.
“Esta transferencia de 156 millones corresponde a abril, mayo y junio. De ese monto, 143 millones fueron para al APE, el resto es destinado a salud y los gastos internos de la Superintendencia”, explicaron los voceros. Además negaron que exista algún cortocircuito con Ocaña: “No, para nada. Esta mañana hablamos con ella y le explicamos cómo era la situación. Para nosotros recibir la asignación trimestral es un trámite rutinario”.
RUMBO A LAS ELECCIONES. Ocaña negó que pueda integrar alguna lista legislativa para los comicios del 28 de junio: "Estoy muy abocada al tema de la gestión. Sería una irresponsabilidad estar pensando en otra cosa", afirmó.
Cuando se le preguntó cómo se sintió luego de que el kirchnerismo rechazara en el Senado el proyecto de emergencia por el dengue, respondió: "Entiendo que se ha enviado a comisión nuevamente".
"La verdad, no tengo ni tiempo para analizarlo. Lo único que hago es trabajar muchas horas para resolver y pensar. Ahora me estoy abocando al dengue", aseguró la funcionaria.
Mientras estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación hablan de 20 mil casos de dengue en todo el país en la provincia de Corrientes, gobernada por el radical Arturo Colombi, denuncian que el gobierno nacional - a través de Economía - frena partidas de dinero destinadas a la lucha contra el dengue.
"No somos una provincia oficialista", dijo hoy el titular de la cartera de Salud provincial, Adolfo Schneider, quien resaltó que por ese motivo "no tengo que defender la gestión, digo la verdad". El ministro explicó que los fondos nacionales se encuentran virtualmente "trabados" pese a las gestiones de Graciela Ocaña.
Schneider señaló que "distintos planes y programas" como Médicos Comunitarios (de atención primaria en diferentes ciudades) es uno de los más "demorados" por Economía en estos días.
En diálogo con Primera Mañana, por radio Mitre, el ministro contó que "nosotros tenemos un presupuesto de Salud en 300 millones" y contabilizó los planes Remediar o Nacer pero agregó que hay otros fondos, como los del Banco Mundial, "que no pueden demorarse porque sería muy evidente que el gobierno está usando un fondo de ayuda".
FUENTE: CRÍTICA DIGITAL
Graciela Ocaña no se resigna a tener los días contados al frente del Ministerio de Salud. La atribulada funcionaria quiere desmarcarse de la maraña de versiones que cada vez circulan con más fuerza sobre su inminente salida. “Yo estoy abocada a la lucha contra el dengue, no me ocupo de otras cosas”, repite en público como una letanía.
Es una verdad a medias. Atrapada por la zozobra, la funcionaria debió chequear personalmente su futuro inmediato. Ocurrió el lunes a la noche, con un llamado oportuno a uno de los pocos hombres de la Casa Rosada a los que aún les tiene confianza.
El rumor la atravesaba. Decía que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había convenido con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, la renuncia de Sandra Mendoza. Y que a la salida de la ministra de Salud de esa provincia le sucedería la de la propia Ocaña.
La Hormiguita obtuvo como respuesta una desmentida. Le aseguraron que se trataba de una de las tantas operaciones sin asidero que recorren el espinel. Por supuesto que no se tranquilizó.
La tapa del diario Clarín de ayer, que informaba sobre el giro de 156 millones de pesos a un fondo que se distribuye entre las obras sociales sindicales, la encrespó. Como un espejo maldito, el artículo reflejó la consolidación del matrimonio por conveniencia que enlaza al gobierno con CGT.
Para Ocaña, quien emprendió una cruzada sin cuartel contra Hugo Moyano, fue un mazazo por la cabeza. Después de advertir sobre los irregulares manejos sindicales de un subsidio destinado a una campaña de prevención de enfermedades, se encontró con un nuevo gesto oficial hacia los gremios.
La ministra sabe que la decisión de abocarse exclusivamente al dengue no la pondrá a salvo de la voracidad de sus detractores ni de sus propios errores. Pero se resiste a creer –como presagian desde el círculo áulico de Néstor Kirchner– que se irá junto a los mosquitos apenas comiencen los primeros fríos del año.
En una muestra más de su soledad frente a la disputa con Hugo Moyano, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió este miércoles desconocer la resolución firmada por el Gobierno nacional para traspasar a las obras sociales 156 millones de pesos, acordada entre la presidente Cristina Fernández y el líder de la CGT.
"No vi la resolución, no hablé ayer con la gente de la Superintendencia. No le puedo responder", se excusó la ministra al ser consultada por radio Millenium sobre la asignación de esas partidas.
Según trascendió hoy, los 156 millones traspasados a las obras sociales sindicales son aportes de trabajadores y empleadores que estaban trabados en el Banco Nación.
El dinero fue girado desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE) para reintegrar a las obras sociales los gastos por altas complejidades de abril y junio.
Fuentes de la Superintendencia de Salud de la Nación explicaron a Criticadigital: “Los 156 millones de pesos están presupuestados, no hay nada extraordinario. Cada tres meses nos giran la plata que está presupuestada de antemano y a su vez nosotros transferimos al APE lo que le corresponde. El año pasado hubo cuatro transferencias trimestrales y todos los años se procede de la misma manera”.
“Esta transferencia de 156 millones corresponde a abril, mayo y junio. De ese monto, 143 millones fueron para al APE, el resto es destinado a salud y los gastos internos de la Superintendencia”, explicaron los voceros. Además negaron que exista algún cortocircuito con Ocaña: “No, para nada. Esta mañana hablamos con ella y le explicamos cómo era la situación. Para nosotros recibir la asignación trimestral es un trámite rutinario”.
RUMBO A LAS ELECCIONES. Ocaña negó que pueda integrar alguna lista legislativa para los comicios del 28 de junio: "Estoy muy abocada al tema de la gestión. Sería una irresponsabilidad estar pensando en otra cosa", afirmó.
Cuando se le preguntó cómo se sintió luego de que el kirchnerismo rechazara en el Senado el proyecto de emergencia por el dengue, respondió: "Entiendo que se ha enviado a comisión nuevamente".
"La verdad, no tengo ni tiempo para analizarlo. Lo único que hago es trabajar muchas horas para resolver y pensar. Ahora me estoy abocando al dengue", aseguró la funcionaria.
En una muestra más de su soledad frente a la disputa con Hugo Moyano, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, admitió este miércoles desconocer la resolución firmada por el Gobierno nacional para traspasar a las obras sociales 156 millones de pesos, acordada entre la presidente Cristina Fernández y el líder de la CGT.
"No vi la resolución, no hablé ayer con la gente de la Superintendencia. No le puedo responder", se excusó la ministra al ser consultada por radio Millenium sobre la asignación de esas partidas.
Según trascendió hoy, los 156 millones traspasados a las obras sociales sindicales son aportes de trabajadores y empleadores que estaban trabados en el Banco Nación.
El dinero fue girado desde el Fondo Solidario de Redistribución a la Administración de Programas Especiales (APE) para reintegrar a las obras sociales los gastos por altas complejidades de abril y junio.
Fuentes de la Superintendencia de Salud de la Nación explicaron a Criticadigital: “Los 156 millones de pesos están presupuestados, no hay nada extraordinario. Cada tres meses nos giran la plata que está presupuestada de antemano y a su vez nosotros transferimos al APE lo que le corresponde. El año pasado hubo cuatro transferencias trimestrales y todos los años se procede de la misma manera”.
“Esta transferencia de 156 millones corresponde a abril, mayo y junio. De ese monto, 143 millones fueron para al APE, el resto es destinado a salud y los gastos internos de la Superintendencia”, explicaron los voceros. Además negaron que exista algún cortocircuito con Ocaña: “No, para nada. Esta mañana hablamos con ella y le explicamos cómo era la situación. Para nosotros recibir la asignación trimestral es un trámite rutinario”.
RUMBO A LAS ELECCIONES. Ocaña negó que pueda integrar alguna lista legislativa para los comicios del 28 de junio: "Estoy muy abocada al tema de la gestión. Sería una irresponsabilidad estar pensando en otra cosa", afirmó.
Cuando se le preguntó cómo se sintió luego de que el kirchnerismo rechazara en el Senado el proyecto de emergencia por el dengue, respondió: "Entiendo que se ha enviado a comisión nuevamente".
"La verdad, no tengo ni tiempo para analizarlo. Lo único que hago es trabajar muchas horas para resolver y pensar. Ahora me estoy abocando al dengue", aseguró la funcionaria.
FUENTE: CRÍTICA DIGITAL
Piden interpelar a la ministra de Salud por discriminación a Catamarca
Morales aseguró que “Moyano le está ganando a Ocaña”
“Aunque el que verdaderamente gana es el dengue, porque esta medida deja a las claras la falta de apoyo que tiene el ministerio de Salud en la lucha contra el flagelo”, especificó el senador radical Gerardo Morales.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, sobre los 156 millones de pesos que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le transfirió, recientemente, a las obras sociales sindicales.
“Los recursos reclamados y transferidos a los gremialistas, son una clara demostración que el titular de la CGT le está ganando la pulseada a la ministra Graciela Ocaña”, explicó el senador jujeño.
“Aunque el que verdaderamente gana es el dengue, porque esta medida deja a las claras la falta de apoyo que tiene el ministerio de Salud en la lucha contra el flagelo”, especificó el líder radical y agregó “frente a la indiscutible gravedad de la epidemia que atraviesa el país, resulta totalmente inexplicable la reducción en más de 3 millones de pesos en el presupuesto asignado a los programas de Salud decidido por la Presidente el pasado 8 de abril”.
El jujeño solicita, en el mismo proyecto, las causas que ameritaron y justificaron esa reducción de partidas tomada por Decisión Administrativa N°112/09 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Se modifica la distribución del Presupuesto para el Ejercicio 2009, por lo que, Morales, pide el detalle de los montos reducidos y a reducir, en la partida “Salud”, en los programas: Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos, Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud, SIDA, Prevención y Control de Enfermedades Endémicas.
También, el radical, pidió el listado de las compras realizadas desde 2006 de insecticidas para atacar al mosquito Aedes Aegypti, único transmisor del virus del Dengue (con indicación de marca, cantidad, tipo, número de lote y fecha de vencimiento); mochilas, aviones, camiones y otros equipos de fumigación, y el origen de los productos, con detalle de los proveedores (nombre, empresas, pagos, entregas realizadas y destinatarios). Datos sobre fumigaciones preventivas y correctivas; competencia y responsabilidad de los diferentes estamentos del Estado y detalles de los medios y profesionales encargados en cada caso, se incluyen en el pedido de informes
Piden interpelar a la ministra de Salud por discriminación a Catamarca
La denuncia del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y jefe del Episcopado argentino, provocó revuelo en la Plaza de Mayo: uno de los 19 curas que viven en villas de emergencia de la ciudad, que recientemente difundieron un crítico documento sobre las drogas, fue amenazado de muerte.
El arzobispo lo reveló ayer durante la misa de inauguración "espiritual" del ciclo lectivo, celebrada, como es habitual, en la explanada de la Catedral metropolitana. "Sabemos que estas amenazas no son chaucha y palitos? No sabemos en qué van a terminar", dijo.
Tráfico de drogas o prostitución mueven dinero pero escapan de la contabilidad - La UE lo quiere contar desde 2011 y eso cambiará el peso de la economía de todos los países - ¿Pero cómo hacerlo?
Los empresarios del crimen no pasan por ventanilla para presentar las cuentas de su negocio, pero de alguna forma habrá que averiguar sus ganancias porque la Unión Europea quiere conocerlas a partir de 2011. El narcotráfico, la prostitución o el contrabando, ilegales o alegales, también suman a la riqueza de un país y mantener la ficción estadística de que su actividad productiva es igual a cero euros distorsiona el resto de indicadores económicos -producto interior bruto (PIB) o tasa de paro- que están en la base de las decisiones políticas. Así lo ha planteado la UE dentro de la revisión de sus sistemas de contabilidad.
Algunos países han medido de forma experimental el tamaño de su economía ilegal. Las cifras oscilan entre el 2,2% de Ucrania y el 0,17% de Suecia. Son datos alejados de algunas economías del Tercer Mundo dominadas por los malhechores: en Afganistán el tráfico de heroína supone el 53% de su PIB y en Guinea-Bissau el narcotráfico aporta más al país que todo su PIB legal, según la ONU.
Revelar que tu país es la meca de los delincuentes puede ser un tanto embarazoso. ¿Nos podemos fiar de los cálculos que han hecho los Gobiernos europeos? "Es difícil juzgar si los datos que han publicado se ajustan a la realidad", reconoce Nadim Ahmad, directivo del departamento de estadística de la OCDE. "Lo más que podemos hacer cuando nos envían estos informes es comprobar que el resultado final coincide con la metodología indicada en el mismo. En todo caso, las oficinas de estadística de los países de la UE son bastante independientes".
Hasta ahora muchos Gobiernos se han resistido a contar los trapos sucios. Es el caso de España, donde no se ha hecho pública aún ninguna estimación oficial. De rondar la media europea del 1%, la participación del sector ilegal en el PIB sería similar a la del ramo de la consultoría, que engloba a empresas del tamaño de Deloitte, PricewaterhouseCoopers o Ernst and Young. Aun así, muchos creen que España es candidata a figurar en los primeros puestos del ranking por su relevancia en el sector más lucrativo de la economía ilegal, el narcotráfico. Es puerta de entrada de la cocaína y el hachís a Europa y su consumo es uno de los más elevados del mundo. Las fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultadas dudan de la fiabilidad de las mediciones hechas hasta ahora en otros países y de que sea posible calibrar con exactitud la economía ilegal nacional: "Nunca hemos hecho una estimación porque es demasiado difícil dar una cifra precisa".
Para facilitar la tarea, la OCDE y Eurostat, la oficina europea con competencia para imponer una fórmula de cálculo común, han elaborado unos manuales con pautas. "Es cierto que es imposible dar un dato con el 100% de fiabilidad", concede Ahmad, quien reconoce que calcular el dinero que gana el crimen organizado es, sin duda, engorroso pero imprescindible para cuadrar las cuentas nacionales: "La cifra final tendrá que ser forzosamente valorada con precaución".
Como narcos, chulos o manteros no se inscriben en el Registro Mercantil, hay que ingeniárselas para encontrar otras vías que permitan ponerle cifras a su trabajo. Por ejemplo, preguntar a los taxistas cuántas prostitutas ejercen en la calle. Lo hizo en 2008 el Gobierno croata con la colaboración de la OCDE en las cuatro ciudades con más de 100.000 habitantes (Zagreb, Split, Rijeka y Osijek), lo que sirvió para corregir la estimación de 800 meretrices para todo el país, que ascendió a 3.000.
El trabajo no acaba ahí: es necesario estimar el promedio de clientes por prostituta y los precios por cada servicio. Un rastreo de las tarifas por Internet o en los anuncios clasificados puede ser de gran ayuda. También una encuesta de consumo, pero estos sondeos con preguntas comprometedoras tienen una fiabilidad relativa y en países como Suecia, que castiga hasta con seis meses de cárcel a los clientes, ninguno confesaría su delito. En Holanda, que regula la prostitución como una actividad mercantil más, los estadistas lo tienen mucho más sencillo: su valor añadido es el 0,07% del PIB.
Ciertos negocios registrados como clubes de carretera, salones de masaje o empresas de alquiler de habitaciones también ofrecen servicios de prostitución y en muchos casos son la tapadera de los proxenetas. Los manuales internacionales avisan de que sus ingresos ya han sido contabilizados de forma directa y piden precaución para no registrarlos por partida doble.
Para medir el negocio del narcotráfico, la cifra clave es un gran enigma: ¿qué cantidad de droga circula y se consume por el país? Se incauta el 10% o el 50% del total, según el mayor o menor optimismo de las fuentes consultadas, que no se ponen de acuerdo sobre el grado de eficacia de la policía.
Va a salir caro. Mucha información está ya disponible, pero otra habrá que recopilarla en muestreos, encuestas y trabajo de campo. Por eso, algunos expertos dudan de si el esfuerzo merecerá la pena. "Cabe preguntarse si tiene más sentido invertir esos recursos en la mejora de la medición del PIB clásico", opina Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, especializado en predicción macroeconómica.
En los últimos años el empeño se ha puesto, en el ámbito europeo, en calcular la economía sumergida, un concepto mucho más amplio que el de economía ilegal, y que incluye toda la producción oculta. En España las distintas estimaciones la sitúan en torno al 20%, menos que Italia o Grecia, pero más que el 9% de Estados Unidos, y abarca desde los tomates que cultiva el abuelo en su pequeña huerta para consumo propio, hasta el trabajo del albañil o el camarero que no se declara al fisco, además, claro está, de la economía del crimen.
En teoría deberíamos conocer a cuánto asciende la economía criminal desde 1999, cuando entró en vigor el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), pero Eurostat ha retrasado la obligación durante años, presionada por las grandes economías (Alemania, Francia, Italia y España). Y es que las consecuencias de incluir al sector criminal en el PIB no se limitarán a una mera revisión al alza de las cifras que miden la riqueza nacional. Tendrá trascendencia en el erario porque, cuanto mayor sea la riqueza de un país, más elevada debe ser su contribución al presupuesto de la UE. Por eso la liberal Holanda se ha negado a agregar los coffee shops de venta de marihuana o la prostitución en las cuentas de su economía. Ambos sectores, sumados al conjunto de su economía ilegal suponen el 1% del PIB holandés.
Airear una cifra tan incómoda como las finanzas del crimen podría conducir a cambios aún más trascendentes. Darían alas a quienes, con argumentos estrictamente económicos, piden la legalización de la venta de drogas para aumentar la recaudación del Estado, opina Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE, la escuela de negocios más reconocida de España.
También podría influir en la voluntad política para combatir actividades que, aun siendo ilegales, aportan sustanciosos ingresos. "Por supuesto que hay cierta connivencia", asevera Díaz-Giménez, quien señala a la prosperidad de Suiza y otros paraísos fiscales, pero también a la economía nacional. "¿Dónde prefieres tener a los malos, en Marbella o en Marsella? El sector criminal crea actividad legal. Gastan su dinero en hostelería, coches o casas y contribuyen, por tanto, a la buena salud económica de muchas regiones".
El boom de la construcción española en la última década favoreció la llegada de capitales de dudosa procedencia, según Salvador López Arnal, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga: "Estos sectores de veloz crecimiento facilitan oportunidades a quienes intentan blanquear dinero sucio, proveniente del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva grave". Dentro de los 10 principales países inversores en Andalucía en 2006 se encuentran tres paraísos fiscales: Luxemburgo, Gibraltar y Antillas Holandesas. El 76% del dinero se invirtió en construcción.
La ilegalidad también da de comer a ciertos abogados sin escrúpulos: doce millones de euros de las mafias fueron blanqueados, según la Fiscalía Anticorrupción, a través del despacho marbellí del chileno Fernando del Valle, imputado en el caso Ballena Blanca. Por si fuera poco, algunos banqueros reciben con alfombra roja a los criminales. La crisis financiera está ofreciendo una gran oportunidad a los narcos para lavar su dinero, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU. Lo ha avisado en reiteradas ocasiones su director ejecutivo, Antonio María Costa, y en enero declaró al semanario austriaco Profil: "Cuento con indicios, después de consultar con fiscales y responsables de fuerzas de seguridad estatales por todo el mundo, de que algunos bancos han recurrido al dinero del narcotráfico para evitar la quiebra". Pero Costa se negó a dar nombres pretextando que eso era el deber de las autoridades nacionales.
La narcodependencia aqueja a muchas regiones y obstaculiza la normalización de su economía. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), uno de los principales puntos de desembarco del hachís marroquí, el Partido Popular, en la oposición, rompió a finales de 2008 el tabú sobre las raíces de la prosperidad local. No le faltaban pruebas: Sanlúcar ha sido señalado en el anuario económico de La Caixa como el municipio de más de 50.000 habitantes con menor renta per cápita de España; sin embargo, su parque automovilístico se duplicó entre 2002 y 2007 -de 26.192 a 50.434 vehículos-.
Cada región del mundo se especializa en un determinado sector de la economía criminal según las oportunidades de negocio. La primera economía delictiva en los países desarrollados es el tráfico de drogas, seguido a distancia de la prostitución, según la OCDE. En otras regiones, son negocios muy rentables otro tipo de actividades ilegales: en Europa del Este, el contrabando de productos falsificados o el pirateo audiovisual; en Rusia, la producción de alcohol adulterado o la caza furtiva de especies protegidas, y en algunos países de mayoría musulmana que prohíben la pornografía, su distribución es un negocio millonario. Otros delitos como la falsificación de moneda, el espionaje o los asesinatos por encargo, son todavía más dañinos pero menos relevantes para las cuentas nacionales.
La industria del narcotráfico reporta a las mafias unos beneficios de 285.000 millones de euros, según la estimación que hizo la ONU en 2005, una cifra mayor que el PIB del 90% de los miembros de la organización. Es una cifra cuestionada, pero el conocimiento de este negocio clandestino es todo un reto.
Al contrario de lo que se ha pensado durante muchos años, en el mercado de la droga no abundan los grandes monopolios, según el estudio de la Comisión Europea, El mercado global de la droga 1998-2007. Son excepcionales las organizaciones con más de 100 integrantes. A los grandes traficantes no les interesa la distribución callejera y se limitan a vender a los narcos locales para evitar riesgos: los vendedores al por menor están más expuestos a ser arrestados y son de menor confianza. Integrarlos en la organización pondría en riesgo a toda la banda.
Sólo unos pocos amasan fortunas. La revista Forbes incluye al mexicano Chapo Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa, en el puesto 701 de su lista de los mayores millonarios del mundo en 2009. Su riqueza asciende, según la publicación estadounidense, a 1.000 millones de dólares. La mayoría de los vendedores callejeros en los países ricos no ganan más de unos miles de euros anuales.
El cultivo de coca (concentrada en Perú, Bolivia y Colombia) y opio (Afganistán), a pesar de ser significativo para su economía, apenas deja entre el 1% y el 2% del precio final de venta en las calles europeas y estadounidenses. Es en los países consumidores donde se queda la mayor parte del beneficio.
OBISPO DEVENIDO PRESIDENTE... HIPÓCRITA DESDE EL COMIENZO que desconoce hijos engendrados a lo largo de su "carrera" eclesiástica.
Hablando al país como un padre, defendiendo los valores de la familia y los derechos de la persona, pero no de los de sus propios hijos, ni sus responsabilidades sociales, religiosas y paternas.
Otra mujer reclama la paternidad de su hijo al presidente Fernando Lugo
Benigna Leguizamón, de 27 años, asegura que el ex religioso "la indujo a tener relaciones" cuando ella fue a pedirle ayuda en el obispado. "Me pasó dinero hasta los dos años, hoy no me atiende las llamadas", asegura.
Benigna Leguizamón es la segunda joven que denuncia al presidente y ex obispo paraguayo Fernando Lugo para que asuma la paternidad de un hijo. Leguizamón asegura que desde el año 2001 mantuvo relaciones con el entonces obispo de San Pedro y que "está 100 por ciento segura" de que es el padre de su hijo, ahora de seis años.
"Me pongo en manos de la Justicia, voy a pedir que se haga el examen de ADN, estoy cien por ciento segura de que el papá de mi hijo es Fernando Lugo Méndez. Espero que él lo reconozca, o que no tema someterse al examen", sostiene Benigna, quien oscurecería aún más el horizonte político del presidente, que desde la denuncia por paternidad de Viviana Carillo Cañete y posterior reconocimiento vio su imagen política desmoronarse.
“No conozco el caso, no conozco la persona. Me parece sospechosa la denuncia en esta fecha y también me parece sospechosa la norma de agresividad de esta persona de quien no tengo la mínima idea de quién es, aseguró Pompeyo Lugo en defensa de su hermano en declaraciones a radio Continental. Además, aseguró que existe un fundamento político y que sólo significa un ataque a la figura del actual presidente.
Sin embargo, y a pesar de la preocupación que significió el reconocimiento del primer caso, esta situación presenta un panorama un tanto más comprometedor. La joven no sólo era menor, sino que además habría sido inducida por el actual mandatario paraguayo a tener relaciones sexuales.
"Acudí a pedir ayuda a monseñor Fernando Lugo, porque el papá de mi primera hija, Francisco Luján Correa, quien trabajaba de anestesista del Hospital de San Pedro, me negaba la asistencia a la criatura", comentó Benigna en declaraciones al diario Última Hora donde aseguró que "en ese momento, monseñor me dio su apoyo, pero se aprovechó de mi gran necesidad y me indujo a que tengamos relaciones".
"Al año quedé embarazada de él. Tuve a mi hijo con una partera empírica, en la misma casita en que vivía, cuyo alquiler él pagaba", sostiene la Leguizamón, quien ahora vive en una humilde vivienda, en un barrio alejado de Ciudad del Este, con sus 4 hijos y su actual concubino, quien permanece postrado debido a una enfermedad.
"El me pasó dinero hasta que mi hijo cumplió dos años, después ya fue cortando. Hoy no responde ni mis llamadas. Yo lo único que le pido es que le reconozca también, como a su otro hijo", reclamó y añadió que "lleva uno de los nombres del actual presidente. "Él mismo me pidió que le ponga su nombre, pero no su apellido".
Respecto de la primera denuncia efectuada por Viviana Carrillo, Benigna dijo que "yo le conozco a ella (a Viviana), con Lugo nos fuimos varias veces por su casa, en Choré, pero no sabía que había algo entre ellos" y sostuvo que su relación con el obispo "era un secreto a voces" en San Pedro.
El nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado estalla el mismo lunes en que debe anunciar un relanzamiento de su Gobierno en coincidencia con el primer aniversario de su triunfo electoral, que supuso la quiebra de 61 años de hegemonía en el poder del Parrido Colorado.
En esas votaciones, Lugo fue candidato presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, una coalición de amplia base ideológica, integrada por grupos de izquierda y liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de centro derecha y segunda fuerza política del país.
La ministra de la Mujer y líder de una agrupación que defiende la igualdad de género, Gloria Rubín, anunció que acompañará la denuncia de la mujer y aseguró que está dispuesta a renunciar de su cargo si detecta falta de transparencia en los trámites judiciales
"Me ofrecieron dinero para que le denuncie en la campaña electoral, pero me negué, porque no quiero que el caso de mi hijo sea manipulado", indicó Benigna consultada por el propósito de su denuncia por la que dice tener miedo de alguna represalia y pide a las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial que la amparen.
Confirman la denuncia. La Secretaría de Información y Comunicación de la presidencia de Paraguay confirmó este mismo lunes la existencia de una segunda denuncia sobre la presunta paternidad del presidente Fernando Lugo.
Un comunicado oficial señaló que "el abogado Marcos Fariña se encargará de atender la nueva denuncia" por filiación que presentó una mujer del departamento de San Pedro y reitera que "el presidente está dispuesto a actuar siempre con el argumento de la verdad".
Fuente: Crítica Digital
| Lugo se haría prueba de ADN |
| Las ministras que integran el gabinete del gobierno plantearon al presidente Fernando Lugo hacerse la prueba de ADN para aclarar la nueva denuncia por paternidad. En ese sentido, el mandatario dijo que se sometería al examen de sangre, indicó la secretaria de la Mujer, Gloria Rubín. |
"Le planteamos a él (Lugo) y él aceptó que se sometería en este caso concreto a una prueba de ADN o conversaría con la señora para ver qué actitud tomar, en este caso concreto", dijo a Telefuturo.
Benigna Leguizamón, de 27 años, solicitó al presidente Lugo que reconozca como hijo a un varón de 6 años, nacido en el 2002, en San Pedro.
Las ministras se reunieron este lunes en la casa de Rubin, quien reiteró su apoyo a la denunciante Benigna Leguizamón y le ofreció abogados para que puedan reconocer a su hijo.
Dijo que habrán mucha "tomaduras de pelo, que van a aparecer 5 ó 16 hijos" al jefe de Estado. En ese caso, indicó que "la Secretaría de la Mujer va a estar a servicio de todas las mujeres que vengan a reclamar la paternidad responsable".
Viviana Carrillo Cañete también denunció a Lugo ante el Juzgado de Encarnación el pasado 8 de abril para que reconozca a su hijo Guillermo Armindo.
Fuente: Última Hora