Palos para el que denuncia

Palos para el que denuncia

Juan Grabois es el fundador de la mayor organización cartonera y reconocido denunciante de redes de prostíbulos. Acusa a Daniel Crisci, ex comisario en Constitución. A metros de su casa lo detuvieron por "resistencia a la autoridad".

Por Lucas Schaerer

“Esta mañana cuando salgo tengo un policía parado en la vereda. Me miraba y hablaba por celular. Era notorio que estaba allí para intimidarme. No soporta la Federal las denuncias y escraches que hicimos con la Alameda por la red de prostíbulos en Monserrat, Constitución y que ampliamos a todos los barrios de la Ciudad. Por eso hago responsable a Néstor Valleca jefe de la policía y al ministrio de Justicia Julio Alak por la integridad de mi familia y la mía”, explicó Juan Grabois a NOTICIAS URBANAS.

El cuestionado proceder de los funcionarios policiales contra el joven referente de cooperativas cartoneras empezó a las ocho de la noche este miércoles 7. Salía de su casa. Tenía cita con otro dirigente social, Gustavo Vera, con quien viene denunciado y escrachando desde 2008, primero la red de prostíbulos en Constitución y Monserrat, y que el año pasado ampliaron a 600 casas de explotación sexual prohibidos por la ley de Profilaxis.

Grabois nunca llegó al encuentro previsto. Entonces Vera lo llamó por el retraso. "Estoy en la comisaría 51" respondió y cortó el fundador de cooperativas cartoneras que en ese momento estaba rodeado de policías. Ese llamado termina provocando que en una hora 500 cartoneros se instalaran en la puerta de la seccional ubicada en Artilleros 2081, barrio de Núñez, y poco después de las 23 sea liberado.

El joven universitario y dirigente social a minutos de haber sido dejado en libertad pudo charlar con NOTICIAS URBANAS.

“Todo comenzó cuando dos policías uniformados se acercaron de mala manera a pedirme mi identificación. Estaba a 40 metros de mi casa cuando estaba sacando mi documentación y pido que ellos también se identifiquen. Ahí me tiraron al piso y empezaron a golpearme. Los vecinos pasaban se quedaban mirando, pendían que me soltaran pero eran echados por las intimidaciones de los policías enfurecidos. A los minutos llegan dos patrulleros. Ya en la comisaría se reían de los libros que tenía, me borraron las fotos del celular, abrieron mi computadora y lo más llamativo que en reiteradas oportunidades preguntaron por mi filiación política. Después del interrogatorio un oficial dijo ‘cuidado con este que es militante, cualquier cosa lo manda al pozo’. Terminé en un calabozo que por lo oscuro y pequeño llaman el ‘Pozo’. Ellos tenían muy en claro quien era y sabían de nuestras denuncias por los prostíbulos”.

Grabois continúa hablando y es notorio que su voz quedo difónica de la larga jornada. “Me puse a gritar porque nunca me dijeron la imputación, ni me permitían el derecho básico de un llamado. Hasta que en un momento un cabo muy jovencito me saca una foto y me dijo que estaba preso por violar la ley de espectáculos públicos”.

El fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) agrega que “el titular de la comisaría 51, Daniel Crisci, fue responsable de la comisaría 16 en Constitución. Con la Alameda hicimos un escrache a esa institución por su complicidad con mafias prostibularias y en ese momento Crisci estaba a cargo".

NU se acercó a la comisaría para conocer la versión policial de los hechos. El comisario prefirió guardar silencio.

El abogado defensor, Pablo Sernani, afirmó a NU que el dirigente social fue imputado por “resistencia a la autoridad” y que la causa tramita ante el juzgado Correcional Nº 5, secretaria a cargo de Walter Candela. Sernani adelantó que solicitará "medidas procesales de protección con una fuerza de seguridad que no sea la Federal”.

El subsecretario de Derechos Humanos porteño, Edgardo Berón, informó que su área tomó contacto con el dirigente social y puso a disposición el equipo de abogados y terapeutas. “Nos pusimos a disposición y vamos a dar todo el apoyo necesario. Repudiamos totalmente estas formas de proceder y acompañaremos las denuncias por prostíbulos”, concluyó Berón.

En la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE) y Trata de Personas, a cargo de Marcelo Colombo, donde las ong’s radicaron su investigación sobre los 600 prostíbulos no estaban al tanto de lo sucedido; igual aseguraron que se presentarán de oficio ante el juzgado para certificar la veracidad de las denuncias por prostíbulos y solicitar protección al denunciante agredido y detenido.

Por su lado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, Gabriela Alegre, tampoco estaba al tanto del caso.

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