El problema es de los tres poderes

Por Adrián Ventura
De la Redacción de LA NACION

Lunes 10 de marzo de 2008

Hace cuatro años, la Corte Suprema dio los primeros pasos para reavivar las causas de derechos humanos. Ahora es necesario acelerar el trámite de esos casos, que se dilatan por problemas legales, operativos, presupuestarios y burocráticos.

Pero este objetivo no se logrará con discursos políticos ni reclamando soluciones mágicas, sino con intervenciones bien precisas del Congreso nacional, de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales inferiores y de los fiscales.

No hay duda de que el Gobierno desea avanzar hacia la finalización de esos expedientes.

El ex presidente Néstor Kirchner, la actual gestión y, también, la Corte hicieron de ese asunto una bandera propia y ninguno de los dos poderes la quiere ver sepultada en el olvido.

También hay conciencia de que el asunto está demorado. No sólo lo hizo explícito la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que, hace más de un año, la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, realizó los primeros diagnósticos del problema y creó una unidad fiscal especial.

Y la Corte, que también tiene una oficina de coordinación, trata el tema en todos sus acuerdos de ministros.

Pero el problema es mucho más complejo de lo que parece:

Muchos tribunales están abarrotados de expedientes (hay cámaras de apelaciones que tienen más de 1000 sumarios, entre las de derechos humanos y las que tratan sobre crímenes comunes) y pretender que las primeras avancen más rápido que las segundas es violar el derecho de las víctimas de homicidios, violaciones y robos a obtener una sentencia, así como el derecho de muchos detenidos al debido proceso.

Asimismo, no hay instalaciones adecuadas para tramitar juicios orales por donde puedan desfilar, en condiciones de seguridad, cientos de imputados y de testigos.

A pesar de ello, y de manera inexplicable, el Congreso está demorado en crear nuevos tribunales orales y nuevas salas de distintas cámaras, así como en aprobar una ley, que permita designar jueces subrogantes para cubrir muchos juzgados vacantes.

Algunos importantes juristas proponen que todas las causas por derechos humanos se unifiquen en los juzgados que tienen sede en los distritos donde funcionaban los comandos de zona en los que el gobierno de facto organizó la represión.

Pero hay un problema: los comandos eran sólo cinco (Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y San Martín) y es muy difícil creer que sólo cinco juzgados vayan a poder tramitar las 850 causas que hay en curso.

Por el contrario, hay distritos como Mendoza donde las causas, en lugar de estar agrupadas según algún criterio unificador (por ejemplo, los centros de detención donde estuvieron detenidas todas las víctimas involucradas en un mismo expediente), están dispersas en muchos casos separados, según los hayan promovido las víctimas. Esto dio lugar a un fárrago inmanejable de casos.

Por eso, la Procuración General propone buscar un criterio intermedio para cada uno de los 16 distritos judiciales en los que se divide el país.

Quiere agrupar todos los hechos y víctimas posibles en la menor cantidad de casos, pero sin llegar a ahogar a los tribunales, y busca que la mayor cantidad de ellos lleguen a juicio oral en el mismo momento, para hacer megajuicios, que abarquen a muchos imputados, víctimas y testigos de manera simultánea.

Tampoco conviene dictar una ley especial que establezca para las causas de derechos humanos un trámite especial y distinto al que deben seguir las causas por otros crímenes, o que establezca mecanismos procesales que puedan ser cuestionados con posterioridad.

Esto, bajo la sospecha de convertirse en procedimientos especiales, debilitaría la fuerza moral y jurídica de las condenas que eventualmente se vayan dictando en contra de los represores.

Por su parte, el Poder Ejecutivo, además de reclamar la finalización de las causas, debería aprobar partidas presupuestarias suficientes para poder crear tribunales y unidades de apoyo, además de instar al Congreso a sancionar las leyes necesarias para solucionar este asunto. 

Para resolver un problema complejo como el que presentan estos juicios abiertos no basta con enunciarlo: todos los responsables deben diseccionarlo, encontrar la respuesta adecuada para cada uno de sus matices y, además, comprometerse seriamente en la búsqueda de las soluciones concretas.