Argentina es destino de víctimas de trata de personas
BUENOS AIRES. Argentina es considerado un país de “destino” para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, el último y más redituable eslabón en la cadena de esta práctica delictiva, que se extiende en todo el territorio nacional. Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , que subraya que, la mayoría de las víctimas son mujeres menores de edad, con escasa educación y muy pobres.
La trata de personas incluye tres instancias: captación de la víctima en su lugar de origen, traslado hacia otro sitio mediante engaños o violencia, y explotación, en el lugar de destino. En el caso de la esclavitud sexual, se suma el “ablande” (violación) , de la víctima para quebrar su voluntad.
En Argentina también se dan las instancias de captación y traslado de víctimas, ya que las redes trabajan de modo integrado. El esquema permite que, por ejemplo, una mujer secuestrada en la provincia de La Rioja (norte) o reclutada mediante engaño en Misiones (litoral) sea explotada sexualmente en distintos locales de Córdoba (centro) mediante el sistema de “plazas” -implica la cesión de las mujeres por parte de los proxenetas durante cierto período- y, posteriormente, sea vendida al propietario de una cadena de prostíbulos en Chubut y Santa Cruz.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) señaló en su informe anual de 2009 que el norte argentino, especialmente el noreste, es una región de captación de personas para explotación sexual y, a su vez, de transporte de víctimas con fines de explotación laboral.
En tanto, las provincias del sur del país están claramente destinadas al circuito de explotación sexual. El director de la UFASE, el fiscal Macerlo Colombo, sostuvo que las personas captadas en el noreste argentino son, en su mayoría, “mujeres adultas y menores de edad para ser explotadas sexualmente y hombres para la esclavitud laboral, provenientes de Paraguay y Bolivia, respectivamente”, países que históricamente proporcionaron fuerza de trabajo a la Argentina.
Desde que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene competencia en la trata de personas -abril de 2008, tras la sanción de la Ley 23.364 que califica a la trata como “delito federal”-, halló unos 110 casos de explotación, el 60 por ciento de los cuales están judicializados.
Estos casos, explicó Colombo, se identificaron a partir de la tarea in situ de la UFASE en determinadas provincias y por la información brindada por otras dependencias. “Desde que existe, la UFASE generó contactos con ONGs, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, consulados de distintos países y la OIM, ya que la colecta de información es muy difícil”, señaló. “La falta de estadísticas aunadas -sostuvo- hace que la trata sea un fenómeno especialmente difícil de detectar e investigar y uno tiene acceso a sólo un mínimo de casos, cuando en el país hay miles”.
Por su parte, la Fundación María de los Angeles, que dirige Susana Trimarco, logró elevar a la justicia 21 casos de explotación sexual femenina antes de la entrada en vigencia de la Ley para la Prevención y Sanción de Trata de Personas y otros 51, con posterioridad a la aplicación de la norma.
Esto, sobre un total de 195 denuncias, referidas a víctimas que en un 67% eran mujeres menores de 21 años. Por esos casos, 33 persona resultaron imputadas, de las cuales a 9 se les dictó prisión preventiva y otras 13 irán a juicio oral. Los datos, si bien son importantes, no alcanzan para dar cuenta de la situación de riesgo en Argentina. El fiscal Colombo sostuvo que, a partir de la sanción de la ley de trata, hubo “ algunos avances ” en el país, ya que al tipificarla como delito federal, se crearon varios organismos oficiales, entre ellos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, además de divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad.
“También hubo avances en algunas causas: tenemos 38 procesamientos y una sentencia condenatoria en la provincia de Santa Fe (litoral)”, precisó. “Mi percepción es que a partir de la ley comenzaron a ser más visibles determinadas situaciones de explotación y eso es positivo”, explicó. Detalló, incluso, que la ley puso sobre la mesa otras anteriores que no se cumplían, como “la Ley de Profilaxis, por la convención de Naciones Unidas de 1949, en la que Argentina se había comprometido a castigar cualquier forma de explotación sexual. No se cumplía porque los prostíbulos existen bajo eufemismos, como ’whyskería’, o ’pool’, entre otros”.
En Argentina también se dan las instancias de captación y traslado de víctimas, ya que las redes trabajan de modo integrado. El esquema permite que, por ejemplo, una mujer secuestrada en la provincia de La Rioja (norte) o reclutada mediante engaño en Misiones (litoral) sea explotada sexualmente en distintos locales de Córdoba (centro) mediante el sistema de “plazas” -implica la cesión de las mujeres por parte de los proxenetas durante cierto período- y, posteriormente, sea vendida al propietario de una cadena de prostíbulos en Chubut y Santa Cruz.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) señaló en su informe anual de 2009 que el norte argentino, especialmente el noreste, es una región de captación de personas para explotación sexual y, a su vez, de transporte de víctimas con fines de explotación laboral.
En tanto, las provincias del sur del país están claramente destinadas al circuito de explotación sexual. El director de la UFASE, el fiscal Macerlo Colombo, sostuvo que las personas captadas en el noreste argentino son, en su mayoría, “mujeres adultas y menores de edad para ser explotadas sexualmente y hombres para la esclavitud laboral, provenientes de Paraguay y Bolivia, respectivamente”, países que históricamente proporcionaron fuerza de trabajo a la Argentina.
Desde que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene competencia en la trata de personas -abril de 2008, tras la sanción de la Ley 23.364 que califica a la trata como “delito federal”-, halló unos 110 casos de explotación, el 60 por ciento de los cuales están judicializados.
Estos casos, explicó Colombo, se identificaron a partir de la tarea in situ de la UFASE en determinadas provincias y por la información brindada por otras dependencias. “Desde que existe, la UFASE generó contactos con ONGs, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, consulados de distintos países y la OIM, ya que la colecta de información es muy difícil”, señaló. “La falta de estadísticas aunadas -sostuvo- hace que la trata sea un fenómeno especialmente difícil de detectar e investigar y uno tiene acceso a sólo un mínimo de casos, cuando en el país hay miles”.
Por su parte, la Fundación María de los Angeles, que dirige Susana Trimarco, logró elevar a la justicia 21 casos de explotación sexual femenina antes de la entrada en vigencia de la Ley para la Prevención y Sanción de Trata de Personas y otros 51, con posterioridad a la aplicación de la norma.
Esto, sobre un total de 195 denuncias, referidas a víctimas que en un 67% eran mujeres menores de 21 años. Por esos casos, 33 persona resultaron imputadas, de las cuales a 9 se les dictó prisión preventiva y otras 13 irán a juicio oral. Los datos, si bien son importantes, no alcanzan para dar cuenta de la situación de riesgo en Argentina. El fiscal Colombo sostuvo que, a partir de la sanción de la ley de trata, hubo “ algunos avances ” en el país, ya que al tipificarla como delito federal, se crearon varios organismos oficiales, entre ellos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, además de divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad.
“También hubo avances en algunas causas: tenemos 38 procesamientos y una sentencia condenatoria en la provincia de Santa Fe (litoral)”, precisó. “Mi percepción es que a partir de la ley comenzaron a ser más visibles determinadas situaciones de explotación y eso es positivo”, explicó. Detalló, incluso, que la ley puso sobre la mesa otras anteriores que no se cumplían, como “la Ley de Profilaxis, por la convención de Naciones Unidas de 1949, en la que Argentina se había comprometido a castigar cualquier forma de explotación sexual. No se cumplía porque los prostíbulos existen bajo eufemismos, como ’whyskería’, o ’pool’, entre otros”.
23 de Enero de 2010 12:40
Por MARIA ZACCO -
BUENOS AIRES, 23 (ANSA) - Argentina es considerado un país de "destino" para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, el último y más redituable eslabón en la cadena de esta práctica delictiva, que se extiende en todo el territorio nacional.
Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que subraya que, la mayoría de las víctimas son mujeres menores de edad, con escasa educación y muy pobres.
La trata de personas incluye tres instancias: captación de la víctima en su lugar de origen, traslado hacia otro sitio mediante engaños o violencia, y explotación, en el lugar de destino. En el caso de la esclavitud sexual, se suma el "ablande" (violación), de la víctima para quebrar su voluntad.
En Argentina también se dan las instancias de captación y traslado de víctimas, ya que las redes trabajan de modo integrado.
El esquema permite que, por ejemplo, una mujer secuestrada en la provincia de La Rioja (norte) o reclutada mediante engaño en Misiones (litoral) sea explotada sexualmente en distintos locales de Córdoba (centro) mediante el sistema de "plazas" -implica la cesión de las mujeres por parte de los proxenetas durante cierto período- y, posteriormente, sea vendida al propietario de una cadena de prostíbulos en Chubut y Santa Cruz.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) señaló en su informe anual de 2009 que el norte argentino, especialmente el noreste, es una región de captación de personas para explotación sexual y, a su vez, de transporte de víctimas con fines de explotación laboral.
En tanto, las provincias del sur del país están claramente destinadas al circuito de explotación sexual.
El director de la UFASE, el fiscal Macerlo Colombo, sostuvo que las personas captadas en el noreste argentino son, en su mayoría, "mujeres adultas y menores de edad para ser explotadas sexualmente y hombres para la esclavitud laboral, provenientes de Paraguay y Bolivia, respectivamente", países que históricamente proporcionaron fuerza de trabajo a la Argentina.
Desde que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene competencia en la trata de personas -abril de 2008, tras la sanción de la Ley 23.364 que califica a la trata como "delito federal"-, halló unos 110 casos de explotación, el 60 por ciento de los cuales están judicializados.
Estos casos, explicó Colombo, se identificaron a partir de la tarea in situ de la UFASE en determinadas provincias y por la información brindada por otras dependencias.
"Desde que existe, la UFASE generó contactos con ONGs, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, consulados de distintos países y la OIM, ya que la colecta de información es muy difícil", señaló.
"La falta de estadísticas aunadas -sostuvo- hace que la trata sea un fenómeno especialmente difícil de detectar e investigar y uno tiene acceso a sólo un mínimo de casos, cuando en el país hay miles".
Por su parte, la Fundación María de los Angeles, que dirige Susana Trimarco, logró elevar a la justicia 21 casos de explotación sexual femenina antes de la entrada en vigencia de la Ley para la Prevención y Sanción de Trata de Personas y otros 51, con posterioridad a la aplicación de la norma.
Esto, sobre un total de 195 denuncias, referidas a víctimas que en un 67% eran mujeres menores de 21 años.
Por esos casos, 33 persona resultaron imputadas, de las cuales a 9 se les dictó prisión preventiva y otras 13 irán a juicio oral.
Los datos, si bien son importantes, no alcanzan para dar cuenta de la situación de riesgo en Argentina.
El fiscal Colombo sostuvo que, a partir de la sanción de la ley de trata, hubo "algunos avances" en el país, ya que al tipificarla como delito federal, se crearon varios organismos oficiales, entre ellos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, además de divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad.
"También hubo avances en algunas causas: tenemos 38 procesamientos y una sentencia condenatoria en la provincia de Santa Fe (litoral)", precisó.
"Mi percepción es que a partir de la ley comenzaron a ser más visibles determinadas situaciones de explotación y eso es positivo", explicó.
Detalló, incluso, que la ley puso sobre la mesa otras anteriores que no se cumplían, como "la Ley de Profilaxis, por la convención de Naciones Unidas de 1949, en la que Argentina se había comprometido a castigar cualquier forma de explotación sexual. No se cumplía porque los prostíbulos existen bajo eufemismos, como ’whyskería’, o ’pool’, entre otros".
MRZ
23/01/2010 15:50
BUENOS AIRES, 23 (ANSA) - Argentina es considerado un país de "destino" para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, el último y más redituable eslabón en la cadena de esta práctica delictiva, que se extiende en todo el territorio nacional.
Los datos se desprenden de un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que subraya que, la mayoría de las víctimas son mujeres menores de edad, con escasa educación y muy pobres.
La trata de personas incluye tres instancias: captación de la víctima en su lugar de origen, traslado hacia otro sitio mediante engaños o violencia, y explotación, en el lugar de destino. En el caso de la esclavitud sexual, se suma el "ablande" (violación), de la víctima para quebrar su voluntad.
En Argentina también se dan las instancias de captación y traslado de víctimas, ya que las redes trabajan de modo integrado.
El esquema permite que, por ejemplo, una mujer secuestrada en la provincia de La Rioja (norte) o reclutada mediante engaño en Misiones (litoral) sea explotada sexualmente en distintos locales de Córdoba (centro) mediante el sistema de "plazas" -implica la cesión de las mujeres por parte de los proxenetas durante cierto período- y, posteriormente, sea vendida al propietario de una cadena de prostíbulos en Chubut y Santa Cruz.
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) señaló en su informe anual de 2009 que el norte argentino, especialmente el noreste, es una región de captación de personas para explotación sexual y, a su vez, de transporte de víctimas con fines de explotación laboral.
En tanto, las provincias del sur del país están claramente destinadas al circuito de explotación sexual.
El director de la UFASE, el fiscal Macerlo Colombo, sostuvo que las personas captadas en el noreste argentino son, en su mayoría, "mujeres adultas y menores de edad para ser explotadas sexualmente y hombres para la esclavitud laboral, provenientes de Paraguay y Bolivia, respectivamente", países que históricamente proporcionaron fuerza de trabajo a la Argentina.
Desde que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene competencia en la trata de personas -abril de 2008, tras la sanción de la Ley 23.364 que califica a la trata como "delito federal"-, halló unos 110 casos de explotación, el 60 por ciento de los cuales están judicializados.
Estos casos, explicó Colombo, se identificaron a partir de la tarea in situ de la UFASE en determinadas provincias y por la información brindada por otras dependencias.
"Desde que existe, la UFASE generó contactos con ONGs, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, consulados de distintos países y la OIM, ya que la colecta de información es muy difícil", señaló.
"La falta de estadísticas aunadas -sostuvo- hace que la trata sea un fenómeno especialmente difícil de detectar e investigar y uno tiene acceso a sólo un mínimo de casos, cuando en el país hay miles".
Por su parte, la Fundación María de los Angeles, que dirige Susana Trimarco, logró elevar a la justicia 21 casos de explotación sexual femenina antes de la entrada en vigencia de la Ley para la Prevención y Sanción de Trata de Personas y otros 51, con posterioridad a la aplicación de la norma.
Esto, sobre un total de 195 denuncias, referidas a víctimas que en un 67% eran mujeres menores de 21 años.
Por esos casos, 33 persona resultaron imputadas, de las cuales a 9 se les dictó prisión preventiva y otras 13 irán a juicio oral.
Los datos, si bien son importantes, no alcanzan para dar cuenta de la situación de riesgo en Argentina.
El fiscal Colombo sostuvo que, a partir de la sanción de la ley de trata, hubo "algunos avances" en el país, ya que al tipificarla como delito federal, se crearon varios organismos oficiales, entre ellos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, además de divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad.
"También hubo avances en algunas causas: tenemos 38 procesamientos y una sentencia condenatoria en la provincia de Santa Fe (litoral)", precisó.
"Mi percepción es que a partir de la ley comenzaron a ser más visibles determinadas situaciones de explotación y eso es positivo", explicó.
Detalló, incluso, que la ley puso sobre la mesa otras anteriores que no se cumplían, como "la Ley de Profilaxis, por la convención de Naciones Unidas de 1949, en la que Argentina se había comprometido a castigar cualquier forma de explotación sexual. No se cumplía porque los prostíbulos existen bajo eufemismos, como ’whyskería’, o ’pool’, entre otros".
MRZ
23/01/2010 15:50
