Derechos Humanos

Contra la violencia doméstica

De acuerdo con el compromiso, los estados provinciales del NOA deberán garantizar cobertura social y judicial a las víctimas de violencia familiar. El Ejecutivo debe prevenir, proteger, intervenir a tiempo y ayudar a reconstruir la vida de los afectados.

Por Ramiro Rearte - 13-05-09

Desde Tucumán

Con la intervención de los tres poderes del Estado de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, ayer se firmó un acuerdo para trabajar en conjunto en uno de los problemas sociales centrales del NOA argentino, como es la violencia doméstica. Según lo rubricado por los gobernadores José Alperovich (Tucumán), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manuel Urtubey (Salta), los Estados provinciales deberán garantizar a las personas en riesgo la cobertura social y judicial ante un intento de violencia dentro del ámbito del hogar. Jujuy adhirió al acuerdo, aunque no estuvo presente el gobernador Eduardo Fellner.

Los funcionarios, en diálogo con la prensa, fueron claros al aseverar que “cuesta llevar este tipo de denuncias a las comisarías”, ya que en muchos casos, “los propios policías desconocen cómo accionar ante problemas familiares”. Uno de los invitados al encuentro, el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Lludgar, lamentó que las manifestaciones de la violencia familiar no lleguen a conocimiento de las autoridades sino cuando se han consumado hechos graves, “hasta de carácter aberrante en muchos casos”, lo que obliga a “facilitar el acceso a la Justicia” de las víctimas y “elaborar estrategias preventivas”, subrayó.

El presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Gandur, destacó que “esta acta es una prueba irrefutable de la importancia que adquirió la violencia doméstica, que antes era aceptada en forma natural en las sociedades patriarcales y que recién a partir de los años ’80 se manifestó gravemente a través del síntoma del niño maltratado. Por suerte, la mujer logró sacar a luz un problema que estaba reservado al ámbito privado. Paulatinamente se rompió la indiferencia institucional y el hecho de ver esto como un mero problema de género, para abordar soluciones desde lo social”, subrayó el magistrado.

La provincia que más suministró datos sobre el problema de la violencia familiar fue Salta, ya que, en la actualidad, en el Distrito Judicial del centro salteño funcionan seis Juzgados de Personas y Familia que atienden casos de violencia familiar, que permite la coordinación de acciones para proteger a las víctimas. Durante la primera quincena de abril, según un relevamiento integral de la Corte de Justicia de Salta, 924 personas resultaron víctimas de la violencia intrafamiliar. “El año pasado se iniciaron 22.527 causas por violencia familiar en Salta, mientras que en 2007 fueron 17.533”, asegura el informe.

El acuerdo firmado permitirá que los poderes de las tres provincias concreten actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión y promoción para facilitar el acceso a la Justicia de quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o que hayan padecido episodios de violencia doméstica. Asimismo, los funcionarios judiciales se comprometieron a intercambiar información, estadísticas, bancos de datos, bibliografía y estudios, así como encararán cursos y seminarios de formación sobre el tema para magistrados, funcionarios y empleados, para lograr mayor ejecutividad y efectividad en el tratamiento de las causas.

Tucumán tiene vigente el Régimen de Protección y Asistencia a la víctima de violencia familiar (ley 7.029) desde el año 2000, que tiene artículos que todavía no se llevaron a la práctica y otros que hace poco tiempo comenzaron a cumplirse, como por ejemplo que cualquier tucumano disponga de “líneas telefónicas gratuitas que funcionarán las 24 horas del día, a fin de recibir denuncias de violencia familiar”.

Fuente: Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Con la intervención de los tres poderes del Estado de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, ayer se firmó un acuerdo para trabajar en conjunto en uno de los problemas sociales centrales del NOA argentino, como es la violencia doméstica. Según lo rubricado por los gobernadores José Alperovich (Tucumán), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manuel Urtubey (Salta), los Estados provinciales deberán garantizar a las personas en riesgo la cobertura social y judicial ante un intento de violencia dentro del ámbito del hogar. Jujuy adhirió al acuerdo, aunque no estuvo presente el gobernador Eduardo Fellner.

Los funcionarios, en diálogo con la prensa, fueron claros al aseverar que “cuesta llevar este tipo de denuncias a las comisarías”, ya que en muchos casos, “los propios policías desconocen cómo accionar ante problemas familiares”. Uno de los invitados al encuentro, el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Lludgar, lamentó que las manifestaciones de la violencia familiar no lleguen a conocimiento de las autoridades sino cuando se han consumado hechos graves, “hasta de carácter aberrante en muchos casos”, lo que obliga a “facilitar el acceso a la Justicia” de las víctimas y “elaborar estrategias preventivas”, subrayó.

El presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Gandur, destacó que “esta acta es una prueba irrefutable de la importancia que adquirió la violencia doméstica, que antes era aceptada en forma natural en las sociedades patriarcales y que recién a partir de los años ’80 se manifestó gravemente a través del síntoma del niño maltratado. Por suerte, la mujer logró sacar a luz un problema que estaba reservado al ámbito privado. Paulatinamente se rompió la indiferencia institucional y el hecho de ver esto como un mero problema de género, para abordar soluciones desde lo social”, subrayó el magistrado.

La provincia que más suministró datos sobre el problema de la violencia familiar fue Salta, ya que, en la actualidad, en el Distrito Judicial del centro salteño funcionan seis Juzgados de Personas y Familia que atienden casos de violencia familiar, que permite la coordinación de acciones para proteger a las víctimas. Durante la primera quincena de abril, según un relevamiento integral de la Corte de Justicia de Salta, 924 personas resultaron víctimas de la violencia intrafamiliar. “El año pasado se iniciaron 22.527 causas por violencia familiar en Salta, mientras que en 2007 fueron 17.533”, asegura el informe.

El acuerdo firmado permitirá que los poderes de las tres provincias concreten actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión y promoción para facilitar el acceso a la Justicia de quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o que hayan padecido episodios de violencia doméstica. Asimismo, los funcionarios judiciales se comprometieron a intercambiar información, estadísticas, bancos de datos, bibliografía y estudios, así como encararán cursos y seminarios de formación sobre el tema para magistrados, funcionarios y empleados, para lograr mayor ejecutividad y efectividad en el tratamiento de las causas.

Tucumán tiene vigente el Régimen de Protección y Asistencia a la víctima de violencia familiar (ley 7.029) desde el año 2000, que tiene artículos que todavía no se llevaron a la práctica y otros que hace poco tiempo comenzaron a cumplirse, como por ejemplo que cualquier tucumano disponga de “líneas telefónicas gratuitas que funcionarán las 24 horas del día, a fin de recibir denuncias de violencia familiar”.

Fuente: Página 12

FUI ASESINADO POR EL PRESIDENTE DE GUATEMALA

"Lamentablemente, si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom"....., con ayuda de don Gustavo Alejos [secretario privado de la Presidencia], y del señor Gregorio Valdez [empresario vinculado al Gobierno]". Son palabras que dejó grabadas en un vídeo el abogado muerto a tiros el pasado domingo en la capital guatemalteca, en el que responsabiliza de su fallecimiento al presidente de su país y sus más cercanos colaboradores.

La cinta, de 18 minutos de duración y supuestamente grabada por él mismo, que se reproduce en los portales de los diarios locales Prensa Libre y El Periódico, ha conmocionado a Guatemala, donde este lunes circularon cientos de copias en las exequias de Rosenberg. En ella se puede ver al abogado sentado en un escritorio explicando los motivos por los que fue ordenado su asesinato. "La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie Mussa", ambos también asesinados a tiros el pasado 14 de abril por negarse a encubrir "los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural [Banco de Desarrollo Rural, de capital mixto], y que "van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente, Sandra de Colom, así como la financiación de empresas de papel utilizadas por el narcotráfico", según una declaración escrita que dejó Rosenberg junto al vídeo.

Rosenberg, de 47 años, con una larga trayectoria en el mundo académico y asesor de varias empresas, fue asesinado el domingo en las cercanías de su residencia, en un barrio exclusivo del sur de la capital, por hombres que iban en dos vehículos no identificados. Al final del vídeo, Rosenberg hace un llamamiento al vicepresidente Rafael Espada para que sea "el primero en encabezar un movimiento para recuperar nuestra Guatemala, y hacer que se cumpla la ley con ayuda de todos los buenos guatemaltecos que le apoyan sin reservas".

El Gobierno guatemalteco, que ha negado la implicación del presidente, habla de una "conspiración" para desestabilizar al país. "El Gobierno está dispuesto a pedir apoyo a cualquier país u otro organismo internacional para que se aclare el crimen", ha declarado el portavoz de la Presidencia, Fernando Barillas.

El fiscal general, Amilcar Velásquez, que se ha negado a hacer comentarios sobre el testimonio de Rosenberg, ha ordenado una investigación para determinar su autenticidad.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional/usted/viendo/mensaje/fui/asesinado/presidente/elpepuint/20090512elpepuint_5/Tes 

Disculpen la molestia

Contratapa - Página 12 - 8/05/09

 

Por Eduardo Galeano

Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.

¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?

El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.

1° DE MAYO DÍA DEL TRABAJADOR

A QUIEN LE QUEPA EL SAYO, QUE SE LO PONGA

Amenazan a un sacerdote que trabaja en las villas

Silvina Premat
LA NACION

La denuncia del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y jefe del Episcopado argentino, provocó revuelo en la Plaza de Mayo: uno de los 19 curas que viven en villas de emergencia de la ciudad, que recientemente difundieron un crítico documento sobre las drogas, fue amenazado de muerte.

El arzobispo lo reveló ayer durante la misa de inauguración "espiritual" del ciclo lectivo, celebrada, como es habitual, en la explanada de la Catedral metropolitana. "Sabemos que estas amenazas no son chaucha y palitos? No sabemos en qué van a terminar", dijo.

Nota Completa

Mujeres afganas protestan contra una ley que permite la violación en el matrimonio

El texto, que el Gobierno ha accedido a revisar, dispone que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido"

ELPAÍS.com/AGENCIAS - Kabul - 15/04/2009

Alrededor de 300 personas, entre mujeres, abogados y defensores de los derechos humanos, han recorrido este miércoles las calles de la capital de Afganistán (Kabul) para protestar contra una ley de inspiración talibán que, entre otras cosas, permite la violación dentro del matrimonio. Una muchedumbre de casi 500 personas se ha enfrentado a los manifestantes y ha proferido gritos contra las mujeres.

El diario The New York Times recoge en su web la siguiente conversación:

- "¡Iros de aquí, putas!", gritan varios hombres. "¡Iros!"

- "Queremos nuestros derechos", contesta una de las mujeres. "Queremos la igualdad".

La ley, aprobada por el Parlamento y sancionada por el presidente Hamid Karzai, pretende regular el derecho de familia de la minoría chií de Afganistán -alrededor de un 15 por ciento de la población- y otorga a los clérigos la autoridad sobre asuntos de la intimidad entre hombres y mujeres. Una de las provisiones ilegaliza que una mujer pueda resistir los acercamientos sexuales de su marido. Dice, literalmente, que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido". Otra establece que una mujer que quiera trabajar fuera de su casa o estudiar, necesita el permiso de su cónyuge. Y una tercera obliga a las mujeres a "prepararse" o vestirse de una forma especial si su marido se lo pide.

Los manifestantes han repartido octavillas en frente de la Universidad de Kabul que denuncian la ley como un "insulto a la dignidad de las mujeres". "No queremos una ley talibán, queremos una ley democrática y que garantice la dignidad humana", han gritado las manifestantes.

"Da miedo estar aquí pero no puedo quedarme en casa sentada", ha dicho Halima Hosseini, una joven de 27 años que asistía a su primera manifestación. "Personalmente, no puedo permitir que alguien me represente y ponga en una ley artículos contrarios a mis derechos y a los derechos humanos, y que me considere, como una mujer, una persona de segunda clase", ha continuado la joven.

La controvertida ley fue adoptada en marzo pasado, pero aún no ha entrado en vigor. Los aliados occidentales del presidente afgano han puesto el grito en el cielo, entre ellos el presidente estadounidense Barack Obama, que ha calificado la ley de "aborrecible", lo que ha provocado que el Gobierno anuncie una revisión del texto.

Los derechos humanos no deben preocuparse sólo por los abusos de la dictadura

No Creo en una militancia por los Derechos Humanos que no demande una medición precisa de la situación de los pobres y excluidos y que no exija políticas integrales, no creo en una militancia que no ayude activamente a las primeras víctimas que son las que tenemos a la vuelta de la esquina. Es de vital importancia despertar las conciencias dormidas en una sociedad descreída y cínica que disuade a muchos a involucrarse en temas sociales.

La militancia de los DDHH debe preocuparse por todas las víctimas, empezando por los pobres que no tienen acceso a salud y educación

A menudo en nuestro país se suele asociar en forma inmediata a los Derechos Humanos, con las violaciones acometidas por el terrorismo de Estado. De hecho, los llamados Organismos de Derechos Humanos están casi exclusivamente avocados a esta problemática. Claro está que los hechos acaecidos en aquella dictadura son un ejemplo de un estado cuyo aparato represivo traspasa toda barrera ética, y por lo tanto son estas violaciones quizás uno de los ejemplos a evitar más importantes en nuestro país. No obstante, no es conveniente dejarnos llevar por esta visión cerrada y limitada de lo que son los Derechos Humanos, y es una necesidad imperiosa la visión integral basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para poder evaluar en qué estado se encuentra nuestro país en esa materia.

Los derechos de acceso a la educación y la salud son Derechos Humanos básicos consagrados en la mencionada declaración y son derechos a menudo ignorados al hablar de los Derechos Humanos. Es por lo tanto fundamental para poder llevar luz a la verdadera situación global de Derechos Humanos en nuestro país, tener en cuenta las fuertes falencias y carencias que existen en los sistemas de salud de los lugares más postergados y analizar las causas que ocasionan la falta de políticas públicas efectivas. Es un síntoma importante la existencia de enfermedades evitables que son características de la pobreza extrema. Es por otro lado también pertinente hablar de la situación global alimentaria y educacional de nuestra minoridad y es aquí en donde quizás el panorama se presente como casi desolador.

En mi caso personal abordo la historia que me toca arrastrar con cierta filosofía desde la cual intento no sentir mi dolor personal como algo excepcional sino abrir mi sensibilidad al dolor de los demás. Es por todo esto que veo día a día en la experiencia personal a las víctimas del sistema como nuevas víctimas de violaciones flagrantes a los Derechos Humanos en cada esquina de la ciudad con los chiquitos hambrientos pidiendo comida y sin ninguna posibilidad de estudiar. Veo a esas víctimas en los enfermos de enfermedades evitables, muchas veces permitida por la desidia de algunos funcionarios. Veo nuevas víctimas en especial en aquellos que caen sin ninguna defensa a las fauces de una mafia criminal desalmada y todopoderosa que ha expandido el flagelo de la droga, una nueva generación de droga especialmente destructiva y mortífera que cocina a sus víctimas en tiempo record y cuyo poder corruptor alcanza a todos los estamentos de la sociedad.

No Creo en una militancia por los Derechos Humanos que no demande una medición precisa de la situación de los pobres y excluidos y que no exija políticas integrales, no creo en una militancia que no ayude activamente a las primeras víctimas que son las que tenemos a la vuelta de la esquina. Es de vital importancia despertar las conciencias dormidas en una sociedad descreída y cínica que disuade a muchos a involucrarse en temas sociales.

Especial para Perfil.com. Por Matías Reggiardo Tolosa* | 06.04.2009 | 13:31

ALGUIEN PUEDE HACER ALGO YA???!!!!

ES UNA ABERRACIÓN.

POR QUÉ ESTE JUEZ NO SE LLEVA AL VIOLADOR A SU CASA A COMPARTIR LA VIDA COTIDIANA CON SU FAMILIA YA QUE EL IMPUTADO LE HA CAUSADO TAN BUENA IMPRESIÓN.

Claudia Santalla

Nada ha cambiado luego de la "Masacre de Campana"

Otra polémica prisión domiciliaria del juez Schiavo

Mandó a su casa a un gendarme acusado de "abuso sexual doblemente agravado", delito que prevé hasta 20 años de prisión. Lo fundamentó "en la buena impresión" que le causó el procesado.

Mientras el Jurado de Enjuiciamiento avanza con el proceso que podría terminar con su destitución este año, el juez de Garantías Nicolás Schiavo volvió a ser noticia en las últimas horas con otra decisión polémica: mandó a la casa a un gendarme procesado por "abuso sexual doblemente agravado". Se trata de un sujeto que además del delito sexual cometido contra dos mujeres a una cuadra de la estación Bella Vista, llegó al extremo de ponerles el arma reglamentaria en la boca para que cedieran a sus instintos.

Lo curioso del tema es la fundamentación de Schiavo para autorizar la prisión domiciliaria del acusado: dijo que había tomado esa resolución "por la buena impresión que le causó el imputado".

Schiavo, vale recordarlo, es titular del Juzgado de Garantías 5 de San Martín y el año pasado ganó notoriedad por otorgar el arresto domiciliario controlado con una tobillera electrónica a Angel Fernández, luego responsable de  "Masacre de Campana", al asesinar al matrimonio compuesto por Marcelo Mansilla y Sandra Rabago y sus dos pequeños hijos de 11 y 8 años (los infortunados Milagros y Agustín Mansilla) . En aquella ocasión, y pese al espantoso episodio, el juez dijo que "no tenía nada que reprocharse".

Volviendo al caso actual, los hechos de los que acusan al gendarme ocurrieron el 28 de mayo y el 11 de junio del año pasado, a una cuadra de la estación Bella Vista del ferrocarril San Martín. Dos mujeres dicen haber sido atacadas por el sujeto, que las obligó amenazándolas con su arma reglamentaria, a practicarles sexo oral. Una de ellas presentó, al hacer la denuncia, su ropa con semen del gendarme, verificado luego con un estudio de ADN.

Sin embargo, pese a la carátula de "abuso sexual ultrajante doblemente agravado", delito que tiene penas de hasta 20 años de prisión, Schiavo otorgó al acusado la prisión domiciliaria. El fiscal Moccia había pedido la prisión preventiva, luego confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín.

El Jury que enjuicia a Schiavo está integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters,Además de Hitters integran el jurado de enjuiciamiento los senadores provinciales Santiago Nardelli (FPV) y Diego Rodrigo (UCR); los diputados Emilio Monzó (FPV), Raúl Pérez (FPV) y Damián Cardoso (Unión Celeste y Blanca) y los abogados Eduardo Hooft, Jorge Groppa, Rolando Fontela, Roberto Bulit Goñi y Pedro Cerowski Branko. La denuncia fue realizada por el diputado provincial Guido Lorenzino (FPV), porque el 16 de febrero de 2007 Schiavo le otorgó a Fernández la morigeración de la prisión preventiva en el marco de una causa por la que había sido condenado a 25 años de cárcel por violación y homicidio.

El hombre cumplía con un arresto domiciliario monitoreado por el uso de una tobillera electrónica pero en agosto fue detenido como el presunto autor material de los crímenes del matrimonio Mansilla y sus dos hijos, quienes habían desaparecido a fines de julio de su casa y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados días más tarde a la vera de la ruta Panamericana en Alto Los Cardales, en cercanías de Campana. Los investigadores comprobaron que, mientras se suponía que estaba en su casa, el acusado salía a robar ya que lograba sacarse la tobillera.

 Fuente: Perfil