Aunque el gobierno de Urtubey asegura que están

Tierras arrasadas, despojo de indígenas y falta de decisión política en una provincia signada por la miseria. Galería de imágenes.

Por Juan Pablo Mansilla (*) | 07.10.2008 | 17:09 - Clickear para ver la Galería de Imágenes

Los desmontes, una practica habitual en territorio salteño, volvieron al ruedo. O lo que es peor: nunca se fueron. Un informe de Asociana, organización civil que se desprende de la Iglesia Anglicana da cuenta del poder de las topadoras en la provincia de Salta. La distribución de los desmontes por departamentos roza el salvajismo: la superficie afectada es del 97,7% en los territorios de Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y Metán. Y no es todo. En los departamentos mencionados viven desde tiempos ancestrales comunidades wichis que, a fuerza de buena voluntad, sobreviven en la región en condiciones de extrema vulnerabilidad.

"El gobierno actual convalidó todo lo que Romero tenía preparado", explica Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace. "Hubo un pedido de desmontes claramente especulativo, cinco veces más del que venían autorizando", precisa.

Para Giardini no hay demasiadas vueltas en la historia de los desmontes. "Falta decisión política para detenerlos", continúa.

Intereses y afectados. Según Ana Alvárez, miembro de Asociana, el desmonte indiscrimado en la provincia, afecta a por lo menos 15 comunidades wichis que se reparten en Salta.

Los informes de organizaciones ecologistas apuntan a algunos reconocidos empresarios: Franco Macri, por citar un ejemplo, se instaló hacía 1997 en la finca "El Yuto", un complejo agro industrial de 200 mil hectáreas en el Chaco-seco para explotar la tierra y mostrarse como un ejemplo a seguir a nivel nacional.

En diciembre de 1995, la empresa Hilandería Villa Ocampo, propiedad de Eduardo Eurnekian, arrancó solicitando permisos de desmontes en mil hectáreas en el territorio conocido como "Los Panos", también en San Martín, según datos divulgados por Greenpeace.

Pero, de acuerdo a los antecedentes, los intereses del gobierno provincial tienen horizontes claros. Si bien los bosques nativos salteños sobreviven al amparo de una Ley Nacional de Bosques, sancionada en los últimos días de noviembre del año pasado, todas las autorizaciones previas tienen vía libre.

Catalina Buliubsich, ex secretaria de Política Ambiental del gobierno de Juan Manuel Urtubey, coincide con Giardini al hablar de desmonte "especulativo" y añade: "Durante el año en que se debate la Ley de Bosques, se incrementan notablemente las autorizaciones, llegando en el 2007 a casi medio millón de hectáreas. Además, con una alta concentración en el último mes, dada la inminencia de la sanción de la ley".

"Muchas de estas autorizaciones exigen ser revisadas, sobre todo si media información o denuncia de que afecta la supervivencia de pueblos indígenas, sobre todo teniendo en cuenta que estos se encuentran amparados por leyes específicas, incluso de orden constitucional", remarca Buliubsich.

A ésta antropóloga, que ocupó su cargo hasta mayo de 2008, se le reconoce haber detenido los desmontes en el peor momento y se recuerda su paso, también, por el despojo que sufrió cuando Julio Nasser, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial, le pidió la renuncia.

Reclamo y voz oficial. De las contadas organizaciones sociales que colaboran en la causa se cuenta Asociana, que ya impugnó los 18 permisos. La denuncia se presentó en febrero de este año ante la Secretaría de Política Ambiental cuando se les pidió revisar los expedientes que incluían datos sobre las comunidades afectadas. Frente a semejante determinación, el gobierno salteño desoyó toda advertencia y no incluyó a los wichis en la discusión.

Patricia Valdivia, miembro de la Redaf, le comentó a Perfil.com que "la limitación de las comunidades reside en el escaso manejo del español". Ergo, se las excluye de todo debate público sobre el futuro de sus tierras y se toman las decisiones en círculos cerrados. En última instancia, poco importa si de fondo hay negocios exorbitantes.

Desde el Gobierno, aseguran que no hay desmontes o que son pocos y "están controlados". Nasser, hombre de Juan Manuel Urtubey en Medio Ambiente, se exculpó con Perfil.com: "A partir de la fecha en que asumimos en este nuevo gobierno no se autorizó ningún desmonte nuevo. Tanto en el aspecto de cualquier emprendimiento como lo que un desmonte con fines agrícola-ganaderos, es un procedimiento de seleccionar una zona de bosques y por lo tanto no se autoriza".

Nasser consideró, además, que hasta el momento hay "27 espacios (de desmonte) revisados para ver cuáles se detienen por algún error en el incumplimiento y cuales no". Acto seguido, intentó justificar la causa de las comunidades: "Ante cualquier sector que haga una denuncia, se habilita la investigación".

La realidad indica lo contrario. Rubén Coirini, ingeniero agrónomo de la Redaf y docente universitario, reseña su visita a la zona del desmonte: "Nos encontramos con aborígenes que están siendo desplazados de sus lugares. No tienen dónde vivir. Se habían parado los desmontes hasta mayo y junio pero buena parte estaban autorizados. El hacinamiento de gente y la deforestación no son nuevas. Desgraciadamente hay que tocar Buenos Aires para que la gente se entere".

*Redactor de Perfil.com