Sigue la zona roja en el barrio azul
Vecinos denunciaron que tras los allanamientos, se quitaron las fajas de clausura y los locales abrieron el fin de semana. Claudio Mardones.
La zona roja de los hombres de azul que fue denunciada a pocas cuadras del
Departamento Central de Policía –entre Moreno y avenida Belgrano– sigue funcionando. A pesar de la intervención de dos juzgados federales y del allanamiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional hace quince días, la mayoría de los prostíbulos que fueron disfrazados de bares y cuyo funcionamiento fue registrado con una cámara oculta no han dejado de trabajar.
“Los vecinos nos volvieron a avisar y el sábado pasado organizamos una nueva filmación entre las 3 y las 5 de la mañana y pudimos comprobar que en el 308 y en el 125 de Salta habían arrancado la faja de clausura y que dos días después de los allanamientos, los que están ubicados en el 382 y en el 291 de Santiago del Estero reabrieron sus puertas”, denunció Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda, la organización que junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció ante la justicia federal que en esos bares, junto al que está en el 178 de Salta, “funcionan prostíbulos encubiertos con venta y distribución libre de cocaína e ingreso y explotación de menores”.
Cada vez son más los vecinos que se acercan a dar testimonio de lo que está pasando. Según dos declaraciones bajo identidad reservada que fueron realizadas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 15 de junio uno de los vecinos vio “a dos personas rompiendo las fajas de clausura del local de Salta 308” y pasadas las horas constató que “entraron 9 varones y 6 mujeres, dos muy jóvenes que le parecieron menores”.
Otro vecino denunció que el 12 de junio hubo un intento por burlar la clausura, pero sin éxito, “porque junto con otros vecinos le impidieron el ingreso, aunque el oficial de policía de consigna asumió una actitud pasiva e incluso se alejaba durante largos lapsos”.
Una de las denuncias destacó que llamaron varias veces al 911 pero luego observaron “que se acercó un móvil de la Comisaría 4ª y el conductor del patrullero terminó charlando con el dueño del local”.
Los testimonios reunidos serán remitidos al Juzgado Federal Nº 2, encabezado por Jorge Ballestero, que investiga los tugurios. Las denuncias también están en poder de la Iglesia católica. La semana pasada un grupo de vecinos envió una carta a la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que funciona a dos cuadras de la sede central de la Federal. En el documento los vecinos pidieron ayuda a la Curia “para que interceda ante todas las autoridades competentes para que se termine el flagelo de los bares prostibularios que rodean a esa iglesia justamente en las calles Salta y Santiago del Estero y otras aledañas”.
La carta denuncia que “además en el bar de Santiago del Estero 291 viven una mujer joven con su bebé de meses y un adolescente de 14 años en el entrepiso”, algo que es considerado en el barrio como una pequeña guardería para trabajadoras sexuales. Las denuncias forman parte de los expedientes Nº 5.544, del Juzgado Federal Nº 5 a cargo de Norberto Oyarbide, y Nº 8.364 en manos de Ballestero.
“Si no intervienen, el próximo paso será caer con una delegación masiva de diputados nacionales y cámaras de televisión para labrar actas populares. Vamos a ir con un escribano para constatar lo que venimos denunciando”, anticipó Vera.
Departamento Central de Policía –entre Moreno y avenida Belgrano– sigue funcionando. A pesar de la intervención de dos juzgados federales y del allanamiento realizado por efectivos de Gendarmería Nacional hace quince días, la mayoría de los prostíbulos que fueron disfrazados de bares y cuyo funcionamiento fue registrado con una cámara oculta no han dejado de trabajar.
“Los vecinos nos volvieron a avisar y el sábado pasado organizamos una nueva filmación entre las 3 y las 5 de la mañana y pudimos comprobar que en el 308 y en el 125 de Salta habían arrancado la faja de clausura y que dos días después de los allanamientos, los que están ubicados en el 382 y en el 291 de Santiago del Estero reabrieron sus puertas”, denunció Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda, la organización que junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció ante la justicia federal que en esos bares, junto al que está en el 178 de Salta, “funcionan prostíbulos encubiertos con venta y distribución libre de cocaína e ingreso y explotación de menores”.
Cada vez son más los vecinos que se acercan a dar testimonio de lo que está pasando. Según dos declaraciones bajo identidad reservada que fueron realizadas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el 15 de junio uno de los vecinos vio “a dos personas rompiendo las fajas de clausura del local de Salta 308” y pasadas las horas constató que “entraron 9 varones y 6 mujeres, dos muy jóvenes que le parecieron menores”.
Otro vecino denunció que el 12 de junio hubo un intento por burlar la clausura, pero sin éxito, “porque junto con otros vecinos le impidieron el ingreso, aunque el oficial de policía de consigna asumió una actitud pasiva e incluso se alejaba durante largos lapsos”.
Una de las denuncias destacó que llamaron varias veces al 911 pero luego observaron “que se acercó un móvil de la Comisaría 4ª y el conductor del patrullero terminó charlando con el dueño del local”.
Los testimonios reunidos serán remitidos al Juzgado Federal Nº 2, encabezado por Jorge Ballestero, que investiga los tugurios. Las denuncias también están en poder de la Iglesia católica. La semana pasada un grupo de vecinos envió una carta a la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que funciona a dos cuadras de la sede central de la Federal. En el documento los vecinos pidieron ayuda a la Curia “para que interceda ante todas las autoridades competentes para que se termine el flagelo de los bares prostibularios que rodean a esa iglesia justamente en las calles Salta y Santiago del Estero y otras aledañas”.
La carta denuncia que “además en el bar de Santiago del Estero 291 viven una mujer joven con su bebé de meses y un adolescente de 14 años en el entrepiso”, algo que es considerado en el barrio como una pequeña guardería para trabajadoras sexuales. Las denuncias forman parte de los expedientes Nº 5.544, del Juzgado Federal Nº 5 a cargo de Norberto Oyarbide, y Nº 8.364 en manos de Ballestero.
“Si no intervienen, el próximo paso será caer con una delegación masiva de diputados nacionales y cámaras de televisión para labrar actas populares. Vamos a ir con un escribano para constatar lo que venimos denunciando”, anticipó Vera.
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