Advierten que no se puede investigar al poder político

Una asociación de jueces dice que el Gobierno lo impide

Lunes 21 de abril de 2008 | Publicado en la Edición impresa de La Nación

Hoy no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad”, advirtió el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo. Hizo público así lo que es un secreto a voces: en estos tiempos, los jueces son poco proclives a investigar el poder político.Según Recondo, sólo jueces “superhéroes”, con una valentía extraordinaria, asumirían un desafío de esa naturaleza. No hay garantías suficientes para que un hombre común sea capaz de tamaño acto de independencia, que podría ser el fin de una carrera en los tribunales, dijo a LA NACION el juez, que preside la principal agrupación de magistrados de la Argentina.El Gobierno es, según su interpretación, el responsable de esta situación, por sus constantes presiones sobre la Justicia. La última avanzada, destacó, es el proyecto para reformar el sistema de selección de jueces que promueve la diputada kirchnerista Diana Conti en el Consejo de la Magistratura, que propone flexibilizar los criterios de evaluación y terminar con los exámenes secretos y sorpresivos. “Se busca sojuzgar al Poder Judicial a los intereses políticos”, dijo Recondo. La advertencia no proviene de un ortodoxo de la familia judicial, sino de un hombre que conoce desde adentro el poder político: Recondo fue subsecretario de Justicia tres años durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Para asumir renunció a su cargo de camarista en lo civil y comercial federal, lugar que recuperó trece años más tarde por medio de un concurso.

-¿Qué opina de la propuesta del oficialismo para reformar el sistema de selección de jueces?

-Cuando se creó el Consejo de la Magistratura se invocó que era para garantizar la independencia del Poder Judicial; sin embargo, de acuerdo con los resultados, tengo que pensar que lo que se busca es todo lo contrario, o sea, sojuzgar el Poder Judicial a los intereses políticos. Antes, el jurado evaluaba no sólo las pruebas de oposición, sino también los antecedentes. Luego esto se cambia y empieza un manejo discrecional por parte de los componentes políticos del Consejo. Después de la segunda reforma, se profundiza: el oficialismo hace y deshace según su conveniencia o, lo que es peor, de acuerdo con las instrucciones que recibe del Gobierno. Con este nuevo proyecto de reglamento es peor aún.

-¿Por qué?

-Porque se saca el anonimato. Dicen que el anonimato puede ser ignorado igual, pero acá se está legalizando lo ilegal. Se está legalizando la discrecionalidad política para nombrar a los jueces que quiere el poder. A mí me hace acordar a la novela de Giuseppe di Lampedusa El gatopardo . Se creó una institución para nombrar los jueces más capaces, y no los más amigos, y ahora se arma un reglamento para que bajo esta apariencia se vuelva al sistema anterior.

-¿El sistema actual garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades a los candidatos?

-No, y cada vez peligra más la independencia del Poder Judicial. Este proyecto no sólo rompe el anonimato, sino que dice que el Consejo, de una manera completamente discrecional, puede resolver quién va y quién no va al examen. No va a ser un sistema más rápido, sí más arbitrario.

-Nunca antes renunciaron tantos jueces como en la era Kirchner. ¿Cómo se explica?

-Un prestigioso presidente de la Corte, el doctor Orgaz [Alfredo, renunció en 1958], dijo que se iba por cansancio moral. Es eso. Se cansan de la presión, la persecución, las arbitrariedades, de ser atacados y de percibir una remuneración cuatro veces menor que la que tendrían ejerciendo la profesión.

-¿El Gobierno presiona a los jueces?

-Los presiona indirectamente. A través del Consejo o cuando el presidente de la República los ataca por un fallo que no le agrada. Lo mismo que cuando hay dos jueces en la misma situación y se decide someter a uno a juicio político y al otro aceptarle la renuncia.

-¿Se refiere al caso Bisordi?

-Exactamente. Es muy grave. Esto no es una defensa corporativa, pero me consta porque tengo muchos años en el Poder Judicial y él también: Bisordi es un juez honesto y capaz. Quizás tiene dos defectos, dice muchas cosas que los jueces no deberían decir y es ideológicamente opuesto al Gobierno. Aquí hay un manejo discrecional. Se investiga una presunta arbitrariedad en un fallo que firmaron dos jueces: a uno le aceptan la renuncia [la jueza Ana María Capolupo] y al otro, no.

-¿Por qué los jueces no denuncian estas circunstancias?

-Yo lo denuncio.

-¿La Corte debería tomar una postura más fuerte?

-Creo que la actitud de la Corte es digna y fuerte. Puedo decir cosas como presidente de la Asociación que como juez no podría decir, hablo en representación de los jueces, que me han votado.

-En el Consejo, los kirchneristas son cinco consejeros de trece. Los ocho restantes ¿no pueden ponerles un freno?

-En algunos casos, sí; en otros, se unen a la mayoría oficialista. Los jueces somos sólo tres. En España, Francia e Italia los consejos tienen mayoría de jueces, no política.

-La experiencia demostró que los jueces no procesan a funcionarios en actividad. ¿Por qué?

-El tema es qué es primero, ¿el huevo o la gallina? Yo creo que hoy no están dadas las condiciones para procesar a un funcionario en actividad, sin perjuicio de que existen muchísimos jueces que tendrían la valentía de hacerlo, pero puede ser a costa de su puesto, y los jueces no tenemos otro trabajo. El juez superhéroe no es lo razonable. Hay que dotarlo de garantías para que un hombre común pueda resolver cuestiones no comunes, como procesar a un funcionario en actividad.

-Es grave que los propios jueces asuman no tener la independencia para procesar funcionarios.

-Claro, es gravísimo.

-¿Los jueces no tienen ninguna fuerza para resistir?

-Tenemos la fuerza que se ve. Hay que convencer a través de lo que decimos en nuestras sentencias. Y las presiones no son sólo del Gobierno, también están las condenas mediáticas. Si el juez dicta una sentencia contra lo que cree la opinión pública, hay que echarlo.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

PERFIL
Ricardo Recondo

• Tiene 64 años y es camarista en lo civil y comercial federal. Trabaja en Tribunales desde 1963, cuando entró como meritorio.

• Su carrera judicial tuvo dos intervalos: cuando se recibió, época en que trabajó de abogado, y durante el gobierno de Alfonsín, en que fue funcionario. Entre 1986 y 1989 fue subsecretario de Justicia.

• En 1987, tuvo a su cargo la comisión de extradición de Suárez Mason, a quien logró traer de Estados Unidos con el fundamento de que había entrado en ese país con un pasaporte falso. Cuando Rico se sublevó en Semana Santa, Recondo lo denunció y fue a notificarlo personalmente de la orden del juez para que depusiera su actitud.