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SI DA CONSEJOS, SEGURO NO ES AMIGO
El G-20 obligará a la Argentina a someterse a la revisión del FMI.
Si da consejos, seguro no es amigo
El titular del Banco Central demandó que, antes que consejos, el FMI ofrezca créditos para ser utilizados en caso de tener que cubrir situaciones de inestabilidad. Planteo ante el G-20, donde apoyaron India y China.
Por Cristian Carrillo
A pesar de sus promesas de cambio, el Fondo Monetario Internacional no pierde sus viejas costumbres. Cuando acercó financiamiento a los países de Europa del Este no se privó de recomendar las políticas a seguir, pero también deslizó recetas contractivas hacia aquellos países que no le habían solicitado fondos. Tal fue el caso de Argentina. Su titular, Dominique Strauss-Kahn, había “aconsejado” al ministro de Economía argentino, Amado Boudou, que revierta la política de acumulación de reservas y destine ese capital a financiar operaciones de comercio internacional. La intromisión en la política monetaria generó una respuesta inmediata del presidente del Banco Central, Martín Redrado. El funcionario le apuntó directamente al Fondo señalándole que, antes de dar recomendaciones sobre el uso de las reservas internacionales, debería poner a disposición de los países emergentes líneas de crédito sin costo financiero ni condicionalidades, que pudieran ser utilizadas como reaseguro contra eventuales crisis. El planteo cayó bien en otros países y así quedó reflejado en el reciente encuentro del Grupo de los 20 en Escocia, que lo trataron como propuesta concreta la semana pasada en dicha cumbre, confió a este diario una alta fuente del Central.
En el Banco Central desmienten que Argentina se haya comprometido, junto a los demás integrantes del G-20, a aceptar algún tipo de auditoría del FMI y el Banco Mundial. “Esta vez no hubo tal pedido. En cambio, noté un mayor acompañamiento en la defensa de la reservas, como política, de varios países”, explicó un directivo a Página/12.
Como una partida de ajedrez, Redrado respondió durante el encuentro del G-20 a la ofensiva del Fondo con otro movimiento de ataque. El presidente del Central advirtió que si el Fondo quería “testear el argumento” de utilizar las reservas, lo que debía hacer es poner otras líneas de financiamiento y ofrecer un seguro de liquidez a los países que los compren, aunque no sea gratis. “La idea prendió en países como México, India, Indonesia y Brasil. Estos países sacaron el tema el viernes (de la semana pasada) oficialmente como propuesta”, informó la fuente. De hecho, en el párrafo cuarto del documento del G-20, donde se extiende el mandato al Fondo, lo que se pretendió es darle capacidad al organismo como factor de estabilización. “No vamos a discutir el trasfondo teórico de acumular o no reservas; hoy no hay alternativas”, agregó la fuente local.
La defensa de la política de acumulación de reservas –a la que se sumaron India y China– tiene en cuenta el riesgo que implicará el retiro de todos los estímulos fiscales que hicieron los países desarrollados. “Ahora estamos con tasas de interés muy bajas y un gran apetito por el riesgo, pero cuando Estados Unidos comience a absorber liquidez, claramente vamos tener riesgo de una salida desde los emergentes. Frente a eso, no hay otro mecanismo de autoseguro que la acumulación de las reservas”, insistió.
El directivo desestimó las versiones de que el FMI y el BM auditarán a la Argentina, o que tenga alguna relación con las revisiones que establecen el artículo IV del estatuto del Fondo. “Si se lee el comunicado final del G-20, en lo que se llama Revisión entre Pares, se les da al Fondo Monetario y al Banco Mundial una especie de secretariado para relevar las posiciones de los distintos países”, informó. Esa coordinación evitará que todos los gobiernos del grupo, que representan el 90 por ciento del Producto mundial, se planteen como objetivo tener superávit de cuenta corriente.
De todos modos, la decisión final la tomará cada gobierno en la próxima reunión, que tiene fecha en junio del año próximo. El FMI actúa como una especie de compilador de las distintas alternativas de los países. “No se habla de recomendaciones de políticas, ni de asistencia ni monitoreo, las tres palabras críticas que países como Alemania quisieron meter”, destacó la fuente. Esas funciones sí aparecían en varios borradores que, finalmente, fueron rechazados.
Con ese objetivo, los ministerios de Economía tienen que presentar antes de junio próximo un proyecto fiscal sustentable y los bancos centrales, estimaciones monetarias y financieras a más de un año. El programa que será puesto en consideración deberá contar, como cuarto punto, con políticas de reforma estructurales que contemplen infraestructura. “Lo que se está jugando ahora son los desbalances globales mundiales que tienen dos protagonistas, Estados Unidos y China”, señaló la fuente. Durante las reuniones en Escocia, se buscó coordinar la forma en que países superavitarios, caso China, gasten más y los deficitarios, como Estados Unidos, comiencen a ahorrar.
Los pronósticos de recuperación de la actividad económica, en tanto, no son alentadores. Los principales hacedores de política en el mundo coincidieron en continuar con la expansión monetaria y fiscal para salir de la crisis. No obstante, esa recuperación es todavía muy frágil. La continua pérdida de empleos en Estados Unidos y Europa complica el panorama por el lado del consumo mundial. “El consenso es que se va a retrasar la recuperación, mientras no se genere empleo”, dijo el directivo del Central. También queda por delante el enorme peso de los déficit fiscales, que van a obligar a los países centrales a presentar un cronograma para retornar a la normalidad. Actualmente evidencian un déficit del 12 o 13 por ciento en promedio de sus respectivos PIB.
Todos estos temas deberán ser coordinados en el próximo encuentro del G-20. La pregunta es: ¿puede convertirse en un foro de políticas? “Está por verse y es bastante complicado. Lo que no han logrado Estados Unidos y China en reuniones bilaterales, es difícil pensar que lo vayan a conseguir entre veinte países”, agregó la fuente.
Publicado en Página 12 - (13-11-09)
LA ETERNA DEUDA EXTERNA
Historia sin fin de una deuda que no queda clara, pero siempre pagamos
Pagar, pagamos, pero seguimos debiendo. Alejandro Olmos Gauna (h), Ricardo Delgado y Alejandro Bercovich, de la redacción de Crítica de la Argentina, ofrecen tres miradas distintas pero no tan distantes sobre la deuda externa.
Pagar, pagamos. Pero seguimos debiendo.¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda externa? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Qué cosa extraña es el nuevo canje? ¿Es posible explicar todo en palabras que los mortales entendamos? Ante esta incógnita convocamos a Alejandro Olmos Gaona (h), continuador del trabajo clave de su padre para entender la historia de la deuda en la Argentina y asesor del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa en la denuncia de ilegitimidad de su deuda; el economista Ricardo Delgado, director de Analytica; y Alejandro Bercovich, de la redacción de Crítica de la Argentina. Tres miradas distintas, no tan distantes, de gente que entiende claramente de qué se habla cuando se habla de deuda externa. Con ustedes, los artistas.
La deuda
Resulta singularmente extraño que en todo el material escrito sobre el endeudamiento externo, se ignore –salvo algunas excepciones– la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nº 2, donde se pudo determinar con claridad, en una causa ya sentenciada, y en otras dos que se encuentran en pleno trámite, el origen de la deuda, sus características y beneficiarios; identificándose con claridad a quienes la instrumentaron y renegociaron, perjudicando gravemente las finanzas de la República. Se prefiere recurrir a las teorizaciones especulativas, a cifras no siempre confiables y a criticar políticas económicas, sin entrar en ningún caso a desentrañar lo sustancial de un proceso que resultó ser el paradigma del fraude.
Los peritos que realizaron la auditoría por disposición de la justicia federal, en la denuncia iniciada en 1982 por Alejandro Olmos, determinaron sustancialmente que esa deuda no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera y que se desconocía el destino de los fondos, además de encontrarse probados los ilícitos denunciados. Pero mas allá de esas pericias, la investigación fue mostrando la discrecionalidad con la que se manejaron los fondos públicos; el endeudamiento sin justificación de las empresas del Estado, la falta de todo registro de la deuda, y el haberse llegado al extremo de consignar en “una libreta negra” el manejo de las reservas internacionales para sustraerla a cualquier posibilidad de auditar la corrección de tales colocaciones. Se probó la responsabilidad del FMI, que monitoreó en forma permanente todo el proceso, para lo que había designado un representante permanente con oficinas en el Banco Central. Un ejemplo de todo ese delictivo proceso lo constituye la deuda de YPF, que de 363 millones de dólares en 1976 pasó a más de 6.000 en diciembre de 1983, sin que la empresa recibiera los dólares a los que se obligaba.
A pesar de los reiterados discursos de Martínez de Hoz y de sus sucesores, la realidad de las cuentas públicas muestra que la balanza de pagos tuvo un déficit anual promedio de 2.400 millones de dólares, y los servicios financieros oscilaron entre los 5.400 y 5.800 millones de dólares anuales. Las tasas de interés de los préstamos fueron en constante aumento, llegando a un exorbitante 21%, lo que determinó el crecimiento exponencial de las obligaciones contraídas a tasa flotante, alcanzando la deuda en diciembre de 1983, cuando asumió el doctor Alfonsín, a la suma de 45.000 millones de dólares, es decir seis veces más que la existente cuando se produjo el golpe militar.
En enero de 1984, por disposición del ministro de Economía del gobierno radical, doctor Bernardo Grinspun, se inició una auditoría de la deuda privada por parte de auditores externos contratados por el Banco Central, a los efectos de establecer las características de ésta.
Grinspun tenía clara conciencia de la ilegalidad de la deuda y de allí los constantes enfrentamientos que tuvo con el FMI y con los bancos acreedores. Su irreductible posición, sumada a los entretelones que mostraban las operaciones realizadas por las empresas privadas, determinó su renuncia en la segunda mitad del año 1985, ya que al Gobierno no le interesaba que esos préstamos fabricados fueran puestos en evidencia debido a los enfrentamientos que ello podía significarle con el empresariado nacional y extranjero.
El avance de la investigación en ese año 1984 y parte del 85 fue mostrando los manejos ilícitos de empresas como Cogasco, Renault Argentina, Cementos NOA, Suchard, Perez Companc, ISIN, Parques Interama, Textil Castelar, Fiat, Selva Oil, Sideco Americana, Bridas, Ford Motor Argentina, Cargill, Techint, IBM, Banco de Galicia, Banco de Italia, Citibank, Banco Mercantil, Banco de Londres, Aluar, Swift, Celulosa, Mercedes-Benz, SADE, Juan Minetti, Alpargatas, etcétera, que habían transferido sus deudas al Estado, y debido a ello, se decidió dejarla sin efecto y archivar los resultados, que posiblemente fueron destruidos en la década del 90 y recién se pudieron individualizar tales operaciones en el año 2001 por el testimonio prestado por varios auditores ante la justicia federal, quienes además acompañaron duplicados del trabajo que realizaron.
Como en ese momento el Estado sólo era el garante de las obligaciones del sector privado, y los acreedores en forma conjunta con el FMI presionaban al gobierno para que se convirtiera en deudor principal, el doctor José Luis Machinea, presidente del Banco Central, completó la transferencia de deudas privadas el 1 de julio de 1985, mediante las circulares “A” 695, 696 y 697.
Las pocas operaciones realizadas durante el gobierno de Alfonsín llevaron la deuda a 63.000 millones de dólares, y fue el presidente Menem quien realizaría el arreglo definitivo con los acreedores, liberando a los bancos de pasivos supuestamente incobrables y sustituyendo los créditos de éstos por Bonos Brady emitidos por el Estado, con la garantía de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien había planteado un plan de rescate para beneficiar a los bancos acreedores a través de una reducción ficticia de la deuda nominal del Estado, el ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, contrató finalmente en 1992 al Citibank y a J. P. Morgan para que preparan el plan financiero de reestructuración de la deuda, y a Price Waterhouse para que efectuara los trabajos de consultoría.
En ese año, y continuando con una práctica de décadas, no se tenía la menor idea de cuál era en realidad el monto global de la deuda. Las obligaciones externas se pagaban ante la simple presentación de avisos de vencimiento, sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas, ya que el Banco Central y el Ministerio de Economía sólo tenían simples anotaciones estadísticas sin valor contable. Para solucionar el problema se decidió contratar a los acreedores, para que ellos determinaran el monto de las deudas, los intereses que debían pagarse, en lo que fue la primera vez en la historia de nuestro país que un grupo de bancos acreedores administraron la deuda pública y privada desde 1992 hasta casi el año 1995, cuando se terminó la instrumentación de todo el proceso de conciliación de los pasivos.
Es importante puntualizar que en todos los contratos que se firmaron en 1993, que posibilitaron el Plan Brady, se incluyeron cláusulas violatorias del orden jurídico del país, dejándolo en un total estado de indefensión y obligándolo a renunciar en forma irrevocable a cualquier acción que fuera posible en razón de la nulidad, la ilicitud o la no ejecutabilidad de los contratos. Se llegó al extremo de aceptar que los acreedores redactaran los dictámenes jurídicos de los abogados externos del país, y aun los que debían emitir el asesor legal del Banco Central y el procurador del Tesoro de la Nación.
Como consecuencia de esa ruinosa operación, desde 1994 hasta el 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 108.685 millones de dólares, emitiéndose bonos por 77.400 millones y cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 150.000 millones de dólares en el año 2001.
Como no podía ser de otra manera, el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino en todo aquello que tenía que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF; la flexibilización de las leyes laborales; disminución de los impuestos; la privatización del sistema jubilatorio. Pero además y contrariamente a lo establecido en sus rigurosas reglamentaciones, esas instituciones multilaterales le prestaron al gobierno 3.200 millones de dólares para que se pudieran comprar las garantías de los bonos que serían entregados a los acreedores.
Con la presidencia de Fernando de la Rúa, se solicitó un blindaje financiero durante la gestión del ministro Machinea, y finalmente volvió Cavallo –supuesto salvador de la catástrofe económica que se avecinaba y a quien se le otorgaron superpoderes en el Congreso casi por unanimidad– quien acordó con los bancos extranjeros un megacanje de títulos que elevó la deuda a la suma de 191.263 millones de dólares, que es la que recibió Kirchner, y que fue materia de la conocida reestructuración del año 2005, que curiosamente contó con el asesoramiento de los mismos abogados norteamericanos contratados por Menem en 1989, que son los que hoy supuestamente nos defienden de los numerosos pleitos iniciados por los acreedores que no entraron a ese canje.
Pese a los discursos oficiales, y de aquellos analistas afines al Gobierno que hablan irresponsablemente de desendeudamiento, la realidad es que a pesar de haberse cancelado la deuda con el FMI y al pago de los servicios correspondientes de 2006 a la fecha, la deuda hoy excede los 175.000 millones de dólares, y siguiendo con el viejo y venerable mecanismo de las refinanciaciones, se va seguir emitiendo nueva deuda para cancelar la vieja, lo que es “ir derecho a la bancarrota” como con singular percepción lo manifestaba el ministro de Hacienda Juan José Romero en 1893, en las instrucciones dadas a nuestro ministro en Londres para que pidiera a los acreedores una moratoria por diez años, ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.
Resulta sorprendente que a ningún gobierno de la dictadura para acá se le haya ocurrido realizar una exhaustiva auditoría de la deuda pública y privada, y sobre esa base, decidir cómo negociar en forma realista con los acreedores. Lo hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ordenó auditar la deuda del país desde 1976 hasta el año 2005, comprobándose a través de una minuciosa compulsa documental, las ilegalidades, las ilegitimidades y aun hasta los delitos de acción pública cometidos por los funcionarios del Estado en la contratación de esa deuda, las habituales presiones del sector financiero internacional, los préstamos del Banco Mundial desviados al pago de la deuda, las extorsiones, el sometimiento incondicional del país a los intereses de los acreedores, sin que jamás se discutieran los términos contractuales, aceptándose toda exigencia, como algo normal. Se pudo demostrar cómo los abogados del Estado defendían el interés de los acreedores y cómo se violaba impunemente la Constitución y la ley.
Como miembro de la Comisión de Auditoría, y luego como colaborador del presidente Correa, comprobé que ante la transparencia de las cuentas públicas la capacidad de negociación del país adquirió una fortaleza sustancial, y los acreedores dejaron de estar en condiciones de imponer las políticas de siempre, si no que debieron aceptar las nuevas reglas dictadas por un gobierno dispuesto a que nunca más se sometiera al hambre a su pueblo, para satisfacer las habituales exigencias de los prestamistas en ese sistema de la deuda que parecía que nunca iba a tener fin.
Un canje alejado del espíritu de 2005
Cual tenue eco de la gran reestructuración de 2005 –calificada como la de mayor alcance en la historia de las finanzas internacionales contemporáneas–, la Argentina se apresta en estos meses a encarar un nuevo canje de deuda en default. En magnitud, la operación en marcha será muy inferior a aquélla –una cuarta parte– y no tendrá, como la previa, una gran significación macroeconómica.
Son otros los tiempos. El canje se dirige a los que dijeron que no cuatro años antes, a los demonizados (por “buitres”) de entonces. Es un paso estrictamente necesario para que el Gobierno regrese a los mercados voluntarios de crédito. Es decir, para que se vuelva a endeudar una administración que declamaba la independencia de estos mismos mercados hace no demasiado tiempo. Uno de los objetivos de la reestructuración de 2005 fue ése, justamente: evitar que el “alcohólico”, al decir del ex ministro Roberto Lavagna, se sienta tentado a reincidir.
Es cierto que el canje puede ayudar a aligerar el injusto calificativo de defaulteador serial que la Argentina mantiene en algunos círculos financieros. Como una suerte de carga genética adversa, el país –según esta peculiar visión– tendría intolerancia al endeudamiento, fomentada por gobiernos irresponsables que aceptan pagar elevadas tasas de interés con tal de vivir tendencialmente por encima de sus posibilidades (*).
Pero endeudarse no es malo por definición. Depende de las circunstancias, de las razones, del punto de partida. Este regreso al mundo financiero es, en la foto, mejor que el de 2005; la Argentina está pagando su deuda. Lo hizo incluso cuando se dudaba, a fines de 2008. Claro que de una manera poco ortodoxa: estatatizando el sistema jubilatorio.
Pero, a diferencia de 2005, el cuadro fiscal no es cómodo en el largo plazo. Sin maquillaje contable, la Argentina ya tiene déficit fiscal: son los excedentes de la ANSES y el resultado financiero del Banco Central los que logran cerrar las cuentas.
Reestructurar un pasivo es justamente tratar de conciliar la capacidad de pago con la carga y el perfil de la nueva deuda, dentro de un esquema definido de política económica. Nada de eso está presente hoy. Parece que lo único relevante es la señal, el guiño a los esquivos capitales externos que prefieren países como Brasil o el modesto Perú antes que las oportunidades financieras que ofrecen las tierras argentinas.
Reestructurar sin consolidar el horizonte fiscal de los próximos años suena a déjà vu. La moraleja de 2005, más allá de la discusión de si fue acertada la decisión de atar la deuda a la inflación, es que el inversor percibió que la probabilidad de pago era elevada. Ésa fue la clave, finalmente, y permitió, por ejemplo, que casi la mitad del endeudamiento hoy esté en pesos, eliminando en parte el riesgo cambiario.
Discutir cómo mejorar el endeudamiento sin proyectar las cuentas públicas a 10 años es complejo. El Gobierno, si lo hizo en forma reservada, no lo puso todavía a debate público. Es clave: antes de reestructurar, se precisa definir el horizonte de superávit fiscal; el proceso inverso –definir la deuda y luego ver cómo generar los recursos– es muy costoso en el tiempo y aumenta el costo de las nuevas emisiones.
Se abre el cerrojo. El paso inicial del canje es que el Congreso suspenda la llamada Ley Cerrojo, que fuera sancionada con la reestructuración anterior justamente para dar la señal de última oportunidad, concepto que en las finanzas –es sabido– no cabe en general. El stock a reestructurar es de u$s 29.100 millones, de los cuales 82% está vencido.
La condición central del proceso es que la quita de deuda iguale o supere el 65%, para ofrecer condiciones menos ventajosas que las de 2005. Los bancos involucrados en la operación aseguran contar con acreencias por u$s 10.000 millones, lo que garantizaría un piso de aceptación de 50 por ciento.
La oferta se dividiría en dos segmentos (minorista y mayorista), y el Gobierno busca un aporte en efectivo por unos u$s 1.000 M (¡a una tasa de un dígito!). La segmentación sería del tipo self driven, de modo que quien desee menor quita deberá aportar dinero fresco y quien no quiera hacerlo entonces sufrirá una mayor quita. Puede esperarse que los mayoristas se inclinen por la primera opción y los minoristas por la segunda.
El canje busca dar a los mercados una señal que regenere la enorme pérdida de reputación de la Argentina en el mundo. El razonamiento es como sigue: al reducir los riesgos de default, aumenta la certidumbre y mejoran las proyecciones de crecimiento.
Sería importante que el Gobierno defina el uso del nuevo endeudamiento. El óptimo sería dirigirlo a gasto de inversión y a pagar los servicios de 2010 y 2011, liberando recursos corrientes para financiar programas sociales, por caso.
Están abiertos puntos muy relevantes. ¿Qué pasará con los intereses adeudados? Reconocerlos implica un aumento en la emisión de 19,5 dólares por cada 100 en default. Lo mismo con el cupón ligado al PBI (que aportaría alrededor de 7 dólares a la oferta). Si ambos fuesen reconocidos, la oferta nominal sería de 62 dólares. Se comenta que el Gobierno emitiría un bono descuento a 25 años por el capital y un bono a 10 años por los intereses y cupones vinculados al PBI vencidos. Está por verse.
Está latente un riesgo al que el Estado no se debiera comprometer: que los beneficios de este canje sean muy similares a los de 2005. De hacerlo, se borraría de un plumazo la correcta prédica oficial de penalizar a los que llegaron tarde y, en su mayoría, litigó contra el país. También es preciso evitar que en el mercado se instale la sensación de que podrían negociarse mejores condiciones. En 2005, la especulación era que el Gobierno haría un pago en efectivo (up front): no lo hubo, y la oferta fue exitosa de igual modo. Ahora, se descuenta que el acuerdo no incluirá el cupón ligado al PBI, por lo cual el Estado podría ahorrar unos u$s 100 millones de intereses en 2010.
El regreso del endeudamiento supone un cambio de paradigma en la forma de hacer política económica del Gobierno. La teoría dice que en la fase contractiva del ciclo económico, aparece como una política correcta para compensar parte de la caída en la demanda privada y sostener la actividad y el empleo. Pero los interrogantes se multiplican si la deuda persigue relajar el esfuerzo fiscal, y abonar a la idea (eficiente para la mirada política de corto plazo) de que se puede vivir sólo de los stocks y no de los flujos de ingreso.
Las condiciones macroeconómicas de 2009-2010 son distintas a las de 2004-05. Por entonces, la Argentina salía de un monumental default con alto crecimiento del producto, bajas tasas de interés, baja inflación y superávit fiscal. Hoy, aun cuando la economía empieza a despegar, no hay escenarios probables de crecimiento chino a la vista, al tiempo que el deterioro de las cuentas de la Nación y las provincias se agudiza y la inflación no cede.
Los tiempos son otros, las condiciones iniciales para la operación de canje de deuda también.
(*) Paradójicamente, la historia es benévola con la Argentina: en los años treinta, el país pagó sus obligaciones financieras en tiempo y forma, mientras que otras nueve economías latinoamericanas cayeron en ese momento en completo default y otras cuatro servían solamente parte de los intereses (US Department of Commerce, 1933). ¡Argentina fue precisamente el caso excepcional de deudor latinoamericano que no entró en default con la crisis del treinta! La deuda externa argentina: historia, default y reestructuración, Mario Damill, Roberto Frenkel, Martín Rapetti, CEDES, abril de 2005.
Los bonos de Klaus, el hambre y la sed
Klaus se tentó. Era un negoción. En vez de contratar a dos camareros más y abrir esa terraza con toldo en la cervecería, engrosaría sus ahorros en un 10% anual sin hacer nada, con sólo prestarle la plata al gobierno del país leproso. El banco le aseguraba que ya nadie sería tan trasnochado como para dejar de pagar. Lo consultó con su esposa Heidi, que dudaba, pero la convenció y puso el equivalente a diez mil dólares.
Por un par de años, Klaus cobró feliz los intereses. Su amigo Hans le copió la idea y pensaba facturar todavía más, porque el presidente excéntrico-populista le había dejado el gobierno del país leproso a otro de un partido legalista, que llegaba con un aburrido discurso anticorrupción pero se mostraba tan dispuesto como el anterior a pagar la deuda a costa del hambre y la sed del pueblo. Como la economía del país leproso ya no crecía y su deuda sí, Wall Street había avisado que le cobraría a su gobierno unos intereses aún más altos. Con un 15% anual (¡15% anual en dólares!), Hans ya acariciaba el sueño de un BMW último modelo. Ideal para pavonearse frente a la cervecería de Klaus.
Hacia 2001, el país leproso empezó a sufrir convulsiones. Los ricos enviaban sus ahorros a Suiza o a Estados Unidos y los no tan ricos pero bien informados los sacaban de los bancos locales y los guardaban en cajas de seguridad o en sus propios colchones. Los demás sufrían cada vez más hambre y más sed. El dato no llegó a la sucursal bávara del Deutsche ni salió en los diarios financieros que Klaus ya leía cual ejecutivo de Fráncfort. Sí se supo que el presidente aburrido-legalista había convocado al ministro de Economía estrella de su antecesor excéntrico-populista. Otra garantía de que todo iría bien.
Pero no. Un par de meses después, en medio de lo que desde el otro lado del Atlántico parecía una guerra civil, el presidente aburrido-legalista abandonó el gobierno luego de que la policía asesinara a dos docenas de manifestantes opositores. En pocos días a ése lo sucedió otro y después otro. Hasta que uno de ellos, del mismo partido que el populista de los 90, decidió que no se podía seguir postergando el hambre y la sed porque ya era demasiado. Y Klaus dejó de cobrar.
Sus bonos de la deuda leprosa, que ya no valían 10.000 dólares porque el interés en comprarlos había decaído mientras subían el hambre y la sed, se convirtieron en papel pintado. Sólo le ofrecían comprárselos unos fondos buitres, a precio de remate, con la intención de hacer juicios y cobrar en algún momento. Les dijo que no. Para eso esperaría él mismo.
Al final llegó el canje de bonos de 2005 y Klaus se indignó. “¡Minga que me van a sacar el 65% del capital! –dijo en alemán– ¡Yo puse 10.000 y quiero mis 10.000!”. Heidi le preguntaba por qué les había creído a los bancos y por qué no había sospechado que el interés era demasiado alto para no implicar un riesgo severo. Le insistía para que agarrara los 3.500 dólares que le ofrecía ahora un presidente del mismo partido populista, pero que tenía como principal enemigo a su antecesor excéntrico y que les decía a los de Wall Street que no los necesitaba más y que la economía crecería sin ellos. Pero no lo convenció.
En 2007, Klaus se cansó y vendió por 1.500 dólares sus bonos al Deustche, que le ofrecía al menos algo de efectivo. Se indignó cuando le entregaron unos pocos euros en la misma sucursal donde había dejado sus ahorros en marcos, diez años más joven y con la cervecería todavía abierta.
El Deustche se juntó con otros dos bancos grandes de Wall Street y vio que entre los tres tenían un montón de bonos, que les habían costado monedas pero que valdrían oro si el país leproso decidía volver a pagarlos para curarse un poco la lepra financiera. Decidieron seguir comprando y esperar que el nuevo presidente archivara su retórica antiimperialista y volviera al pie.
Entonces llegó una inédita huelga de los productores agrícolas, que cortaron las rutas y frenaron el ingreso de divisas al país leproso. Después se sumó la crisis mundial, junto con una sequía tremenda. Subieron el hambre y la sed. Asumió un ministro de Economía elegante, que de chico militaba en un partido liberal que reivindicaba a la dictadura militar de los años 70. Y que venía con la idea de “reconciliar al país con los mercados” para que las empresas pudieran endeudarse más barato y así contratar más empleados y hacer crecer la economía. Igualito a lo que proponía el ministro estrella del excéntrico-populista y del aburrido-legalista.
Los tres bancos que habían juntado los bonos impagos a precio de ganga le dijeron al ministro elegante que podían hacerlo quedar bien con Wall Street y curarle al país parte de su lepra. Lo único que tenía que hacer era reabrir el canje de bonos de 2005. El obstáculo era una ley que prohibía esa reapertura y que había dejado aprobada el presidente populista-antiimperialista. Pero se podía suspender y listo.
El truco es fácil. El ministro promociona una quita atrevida, como la de 2005, pero les paga a los bancos 3.500 dólares por los bonos que compraron a 1.500, pese a que Klaus los había pagado inicialmente a 10.000. Por eso las acciones de todos los bancos se dispararon hasta un 10% el día que se anunció la operación. Los bancos dicen que no cobrarán comisión por la operación y el ministro queda bien con su jefe, que no quiere archivar del todo el discurso antiimperialista. El Estado asume una nueva deuda de casi 10 mil millones de dólares, pero los nuevos bonos suben de precio y alivian la lepra financiera. Todos contentos. Bah, todos menos Klaus. Y los que siguen con hambre y sed.
El mundo del revés...
Narcotraficantes y chulos, pasen por caja
Tráfico de drogas o prostitución mueven dinero pero escapan de la contabilidad - La UE lo quiere contar desde 2011 y eso cambiará el peso de la economía de todos los países - ¿Pero cómo hacerlo?
Los empresarios del crimen no pasan por ventanilla para presentar las cuentas de su negocio, pero de alguna forma habrá que averiguar sus ganancias porque la Unión Europea quiere conocerlas a partir de 2011. El narcotráfico, la prostitución o el contrabando, ilegales o alegales, también suman a la riqueza de un país y mantener la ficción estadística de que su actividad productiva es igual a cero euros distorsiona el resto de indicadores económicos -producto interior bruto (PIB) o tasa de paro- que están en la base de las decisiones políticas. Así lo ha planteado la UE dentro de la revisión de sus sistemas de contabilidad.
Algunos países han medido de forma experimental el tamaño de su economía ilegal. Las cifras oscilan entre el 2,2% de Ucrania y el 0,17% de Suecia. Son datos alejados de algunas economías del Tercer Mundo dominadas por los malhechores: en Afganistán el tráfico de heroína supone el 53% de su PIB y en Guinea-Bissau el narcotráfico aporta más al país que todo su PIB legal, según la ONU.
Revelar que tu país es la meca de los delincuentes puede ser un tanto embarazoso. ¿Nos podemos fiar de los cálculos que han hecho los Gobiernos europeos? "Es difícil juzgar si los datos que han publicado se ajustan a la realidad", reconoce Nadim Ahmad, directivo del departamento de estadística de la OCDE. "Lo más que podemos hacer cuando nos envían estos informes es comprobar que el resultado final coincide con la metodología indicada en el mismo. En todo caso, las oficinas de estadística de los países de la UE son bastante independientes".
Hasta ahora muchos Gobiernos se han resistido a contar los trapos sucios. Es el caso de España, donde no se ha hecho pública aún ninguna estimación oficial. De rondar la media europea del 1%, la participación del sector ilegal en el PIB sería similar a la del ramo de la consultoría, que engloba a empresas del tamaño de Deloitte, PricewaterhouseCoopers o Ernst and Young. Aun así, muchos creen que España es candidata a figurar en los primeros puestos del ranking por su relevancia en el sector más lucrativo de la economía ilegal, el narcotráfico. Es puerta de entrada de la cocaína y el hachís a Europa y su consumo es uno de los más elevados del mundo. Las fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultadas dudan de la fiabilidad de las mediciones hechas hasta ahora en otros países y de que sea posible calibrar con exactitud la economía ilegal nacional: "Nunca hemos hecho una estimación porque es demasiado difícil dar una cifra precisa".
Para facilitar la tarea, la OCDE y Eurostat, la oficina europea con competencia para imponer una fórmula de cálculo común, han elaborado unos manuales con pautas. "Es cierto que es imposible dar un dato con el 100% de fiabilidad", concede Ahmad, quien reconoce que calcular el dinero que gana el crimen organizado es, sin duda, engorroso pero imprescindible para cuadrar las cuentas nacionales: "La cifra final tendrá que ser forzosamente valorada con precaución".
Como narcos, chulos o manteros no se inscriben en el Registro Mercantil, hay que ingeniárselas para encontrar otras vías que permitan ponerle cifras a su trabajo. Por ejemplo, preguntar a los taxistas cuántas prostitutas ejercen en la calle. Lo hizo en 2008 el Gobierno croata con la colaboración de la OCDE en las cuatro ciudades con más de 100.000 habitantes (Zagreb, Split, Rijeka y Osijek), lo que sirvió para corregir la estimación de 800 meretrices para todo el país, que ascendió a 3.000.
El trabajo no acaba ahí: es necesario estimar el promedio de clientes por prostituta y los precios por cada servicio. Un rastreo de las tarifas por Internet o en los anuncios clasificados puede ser de gran ayuda. También una encuesta de consumo, pero estos sondeos con preguntas comprometedoras tienen una fiabilidad relativa y en países como Suecia, que castiga hasta con seis meses de cárcel a los clientes, ninguno confesaría su delito. En Holanda, que regula la prostitución como una actividad mercantil más, los estadistas lo tienen mucho más sencillo: su valor añadido es el 0,07% del PIB.
Ciertos negocios registrados como clubes de carretera, salones de masaje o empresas de alquiler de habitaciones también ofrecen servicios de prostitución y en muchos casos son la tapadera de los proxenetas. Los manuales internacionales avisan de que sus ingresos ya han sido contabilizados de forma directa y piden precaución para no registrarlos por partida doble.
Para medir el negocio del narcotráfico, la cifra clave es un gran enigma: ¿qué cantidad de droga circula y se consume por el país? Se incauta el 10% o el 50% del total, según el mayor o menor optimismo de las fuentes consultadas, que no se ponen de acuerdo sobre el grado de eficacia de la policía.
Va a salir caro. Mucha información está ya disponible, pero otra habrá que recopilarla en muestreos, encuestas y trabajo de campo. Por eso, algunos expertos dudan de si el esfuerzo merecerá la pena. "Cabe preguntarse si tiene más sentido invertir esos recursos en la mejora de la medición del PIB clásico", opina Antoni Espasa, director del Instituto Flores de Lemus, especializado en predicción macroeconómica.
En los últimos años el empeño se ha puesto, en el ámbito europeo, en calcular la economía sumergida, un concepto mucho más amplio que el de economía ilegal, y que incluye toda la producción oculta. En España las distintas estimaciones la sitúan en torno al 20%, menos que Italia o Grecia, pero más que el 9% de Estados Unidos, y abarca desde los tomates que cultiva el abuelo en su pequeña huerta para consumo propio, hasta el trabajo del albañil o el camarero que no se declara al fisco, además, claro está, de la economía del crimen.
En teoría deberíamos conocer a cuánto asciende la economía criminal desde 1999, cuando entró en vigor el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), pero Eurostat ha retrasado la obligación durante años, presionada por las grandes economías (Alemania, Francia, Italia y España). Y es que las consecuencias de incluir al sector criminal en el PIB no se limitarán a una mera revisión al alza de las cifras que miden la riqueza nacional. Tendrá trascendencia en el erario porque, cuanto mayor sea la riqueza de un país, más elevada debe ser su contribución al presupuesto de la UE. Por eso la liberal Holanda se ha negado a agregar los coffee shops de venta de marihuana o la prostitución en las cuentas de su economía. Ambos sectores, sumados al conjunto de su economía ilegal suponen el 1% del PIB holandés.
Airear una cifra tan incómoda como las finanzas del crimen podría conducir a cambios aún más trascendentes. Darían alas a quienes, con argumentos estrictamente económicos, piden la legalización de la venta de drogas para aumentar la recaudación del Estado, opina Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE, la escuela de negocios más reconocida de España.
También podría influir en la voluntad política para combatir actividades que, aun siendo ilegales, aportan sustanciosos ingresos. "Por supuesto que hay cierta connivencia", asevera Díaz-Giménez, quien señala a la prosperidad de Suiza y otros paraísos fiscales, pero también a la economía nacional. "¿Dónde prefieres tener a los malos, en Marbella o en Marsella? El sector criminal crea actividad legal. Gastan su dinero en hostelería, coches o casas y contribuyen, por tanto, a la buena salud económica de muchas regiones".
El boom de la construcción española en la última década favoreció la llegada de capitales de dudosa procedencia, según Salvador López Arnal, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga: "Estos sectores de veloz crecimiento facilitan oportunidades a quienes intentan blanquear dinero sucio, proveniente del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva grave". Dentro de los 10 principales países inversores en Andalucía en 2006 se encuentran tres paraísos fiscales: Luxemburgo, Gibraltar y Antillas Holandesas. El 76% del dinero se invirtió en construcción.
La ilegalidad también da de comer a ciertos abogados sin escrúpulos: doce millones de euros de las mafias fueron blanqueados, según la Fiscalía Anticorrupción, a través del despacho marbellí del chileno Fernando del Valle, imputado en el caso Ballena Blanca. Por si fuera poco, algunos banqueros reciben con alfombra roja a los criminales. La crisis financiera está ofreciendo una gran oportunidad a los narcos para lavar su dinero, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU. Lo ha avisado en reiteradas ocasiones su director ejecutivo, Antonio María Costa, y en enero declaró al semanario austriaco Profil: "Cuento con indicios, después de consultar con fiscales y responsables de fuerzas de seguridad estatales por todo el mundo, de que algunos bancos han recurrido al dinero del narcotráfico para evitar la quiebra". Pero Costa se negó a dar nombres pretextando que eso era el deber de las autoridades nacionales.
La narcodependencia aqueja a muchas regiones y obstaculiza la normalización de su economía. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), uno de los principales puntos de desembarco del hachís marroquí, el Partido Popular, en la oposición, rompió a finales de 2008 el tabú sobre las raíces de la prosperidad local. No le faltaban pruebas: Sanlúcar ha sido señalado en el anuario económico de La Caixa como el municipio de más de 50.000 habitantes con menor renta per cápita de España; sin embargo, su parque automovilístico se duplicó entre 2002 y 2007 -de 26.192 a 50.434 vehículos-.
El atlas de la economía ilegal
Cada región del mundo se especializa en un determinado sector de la economía criminal según las oportunidades de negocio. La primera economía delictiva en los países desarrollados es el tráfico de drogas, seguido a distancia de la prostitución, según la OCDE. En otras regiones, son negocios muy rentables otro tipo de actividades ilegales: en Europa del Este, el contrabando de productos falsificados o el pirateo audiovisual; en Rusia, la producción de alcohol adulterado o la caza furtiva de especies protegidas, y en algunos países de mayoría musulmana que prohíben la pornografía, su distribución es un negocio millonario. Otros delitos como la falsificación de moneda, el espionaje o los asesinatos por encargo, son todavía más dañinos pero menos relevantes para las cuentas nacionales.
La industria del narcotráfico reporta a las mafias unos beneficios de 285.000 millones de euros, según la estimación que hizo la ONU en 2005, una cifra mayor que el PIB del 90% de los miembros de la organización. Es una cifra cuestionada, pero el conocimiento de este negocio clandestino es todo un reto.
Al contrario de lo que se ha pensado durante muchos años, en el mercado de la droga no abundan los grandes monopolios, según el estudio de la Comisión Europea, El mercado global de la droga 1998-2007. Son excepcionales las organizaciones con más de 100 integrantes. A los grandes traficantes no les interesa la distribución callejera y se limitan a vender a los narcos locales para evitar riesgos: los vendedores al por menor están más expuestos a ser arrestados y son de menor confianza. Integrarlos en la organización pondría en riesgo a toda la banda.
Sólo unos pocos amasan fortunas. La revista Forbes incluye al mexicano Chapo Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa, en el puesto 701 de su lista de los mayores millonarios del mundo en 2009. Su riqueza asciende, según la publicación estadounidense, a 1.000 millones de dólares. La mayoría de los vendedores callejeros en los países ricos no ganan más de unos miles de euros anuales.
El cultivo de coca (concentrada en Perú, Bolivia y Colombia) y opio (Afganistán), a pesar de ser significativo para su economía, apenas deja entre el 1% y el 2% del precio final de venta en las calles europeas y estadounidenses. Es en los países consumidores donde se queda la mayor parte del beneficio.
Oro, hambre, saqueos y complicidades
Por Fernando "Pino" Solanas
(Artículo publicado por Página12 el lunes 5 de enero 2009)
Termina otro año con la tragedia de millones de niños acosados por la pobreza y el hambre, con miles de muertos por desnutrición o enfermedades curables. Un genocidio social evitable que entre el 2000 y el 2002 se cobró cerca de 100.000 víctimas -según el INDEC- y que al final de la década habrá dejado otros 100.000 muertos si continúan las políticas neoliberales. El hambre es un crimen evitable y consentido por una cultura de la hipocresía, cuya violencia cotidiana, silenciosa y sistemática mata a millones de compatriotas. En este mismo diario “Tato” Pavlovsky escribía el 22/11/08:”No debe valer más la vida de un desaparecido que la de un niño que muere de hambre, ni de los 27 que mueren por día por causas evitables.(..) La indignación debiera ser la misma.” Pero son más quienes lo toleran, o miran para otro lado, que quienes se rebelan ante estos crímenes aberrantes. A la Argentina le sobran recursos económicos para acabar con esta inmoralidad: ¿cómo puede haber hambre en un país que produce 134 millones de toneladas de alimentos al año y que tiene inmensas reservas itícolas, abandonadas a la depredación de las flotas pesqueras extranjeras?. ¿Con qué argumento se tolera la desnutrición, cuyas secuelas pueden ser irreversibles, existiendo millonarios recursos minerales, se acumula superávit fiscal y cientos de miles de chicos jamás probaron un durazno o una manzana?
En la Quiaca, el obispo Pedro Olmedo continúa denunciando con huelgas de hambre y crucifixiones, una desnutrición que afecta al 50% de la población. Los más desprotegidos son nuestros hermanos aborígenes, con el mayor índice de mortalidad infantil. Están condenados al hambre por el despojo de sus territorios originarios, que les daban el alimento: es el viejo racismo colonial en democracia. En Salta, el gobernador del Frente para la Victoria, Juan Urtubey, permitió arrasar en este año 400.000 hectáreas de bosques nativos y la Legislatura aprobó el desmonte de 5.000.000 de hectáreas más. Acabo de ver personalmente el sistema de explotación aplicado por los terratenientes: cientos de niños indígenas indocumentados son empleados por $ 120 al mes para limpiar árboles volteados. Sin agua ni alimentos, expuestos a las alimañas y a leguas del poblado, duermen en el suelo tapados con un nylon.
Entregar los recursos naturales que permitirían terminar con el hambre y la indigencia, es la otra cara del crimen del hambre. Para el periódico inglés “Minning Journal”, Argentina tiene la sexta reserva de metales del planeta. Dos de sus mayores yacimientos situados en los Andes sanjuaninos y en manos de la Barrick Gold Co., Veladero y Pascua Lama, para la Secretaría de Minería de la Nación (SMN) son “uno de los distritos auríferos más ricos del planeta, con recursos de 40 millones de onzas de oro y 1.000 millones de onzas de plata.” Un tesoro que a u$s 830 la onza de oro y u$s 11 la de plata, es de u$s 44.200 millones, mientras su costo de producción desde la extracción al lingote y a u$s 155 la onza, es de u$s 16.200 millones.
En 20 años de vida útil se llevarán un beneficio de u$s 28.000 millones, u$s 1.400 millones por año.
Las corporaciones mineras no tienen obligación de procesar nada en el país; están exentas de casi todos los impuestos y sólo pagan regalías del 1% al 1,5% porque se les permite deducir los gastos de extracción y flete. Por lo demás, las regalías sólo cuentan para oro, plata y cobre y se llevan gratis un concentrado metalífero de más de sesenta metales, algunos más valiosos que el oro, como molivdeno, renio o cadmio. No hay control público sobre lo que extraen y exportan y liquidan. Pueden guardar en el exterior el 100% de las divisas de sus ventas y aquí no dejan una contaminación que costará fortunas repararla. Vaciamiento y descapitalización colonial que recuerda a Potosí: se trata de una renta que con los hidrocarburos, supera los u$s 20.000 millones anuales y debiera ser destinada a erradicar el hambre y la exclusión social. ¿No debe procesarse a los gobernantes por no cumplir con su deber de cuidar nuestros recursos?
Hay hambre porque no existe la voluntad política de terminar con él. Los gobiernos de la década, lejos de saldar esta deuda, pagaron la deuda externa con el agravante de no haberla investigado. Claudio Lozano demuestra que con u$s 7.000 millones se puede eliminar el hambre infantil y si se invierte el 5% del PBI acabamos con la pobreza. Pero la prioridad de los gobiernos kirchneristas ha sido subsidiar a las corporaciones con u$s 10.000 millones anuales. El doble discurso se vuelve transparente: por un lado los Kirchner hacen política con los Derechos Humanos, unen a la mayoría del país para la estatización de las AFJP y pregonan la distribución de la riqueza; por otro, la Presidenta subsidia con miles de millones de dólares a las petroleras; otorga impunidad a la delincuencia financiera con el blanqueo de capitales y veta la ley de protección de los glaciares.¿Es que el oro extraído con cianuro por la Barrick Gold Co. es más valioso que las principales reservas de agua dulce del país, condenadas a ser destruidas?
Si el hambre es un crimen, hay víctimas y hay responsables, cómplices, mentores intelectuales: son los dirigentes y economistas que ejecutaron los planes neoliberales causantes de la desocupación, la pobreza extrema y el despojo nacional. Recordemos al FMI, al ejército de gerentes de corporaciones y petroleras, banqueros, exportadores y terratenientes, junto a los Menem, Cavallo, Roque Fernández, de la Rúa, Machinea, y tantos otros que hasta hoy sustentan los principales ejes del neoliberalismo, ignorando que su potencial destructivo es tal, que ahora está destruyendo a sus promotores en el corazón del imperio. También es condenable el silencio de aquéllos que saben y callan. ¿Cómo es posible aceptar que magistrados, grandes intelectuales, profesores, filósofos y comunicadores, no denuncien el crimen del hambre y el saqueo de los recursos del país ? Pienso en queridos y talentosos compañeros, como varios compañeros de Carta Abierta, que tantas veces hicieron oir sus voces defendiendo las causas de los derechos humanos y la democracia y hoy callan estos latrocinios. ¿Cuántas marchas del hambre harán falta para aceptar que el hambre es un crimen y que el saqueo de los recursos naturales es causa de nuestro empobrecimiento ?
Es hora de remplazar el silencio por la denuncia, la inacción por la protesta: salir de nuestras casas y pararnos frente a las gobernaciones y parlamentos exigiendo un cambio de rumbo. Aceptémoslo: el hambre es un crimen de lesa humanidad en tiempos de paz . Sus responsables deberán ser juzgados por el tribunal de los pueblos. No pretendemos ser “destituyentes”, pero cada día que pasa mueren decenas de pibes y esas muertes pesan sobre la conciencia.
Cristina recibió a la Barrick Gold para garantizar el paraíso minero
El fundador de la compañía minera –sobre la que llueven críticas de los ambientalistas– fue a la Rosada para acelerar una ambiciosa obra.
Munk estuvo acompañado por el presidente de la compañía, Aaron Regent –quien en febrero se reunió en San Juan con el gobernador José Luis Gioja–, y otros dos directivos. Junto a Cristina estuvieron el ministro de Planificación, Julio De Vido, la ministra de la Producción, Debora Giorgi, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, artífice del veto a la Ley de Glaciares.
Tras el encuentro, Gioja afirmó que los directivos de la Barrick se reunirán la semana que viene con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. La compañía pretende realizar el anuncio este mismo mes y comenzar las obras en septiembre: promete una inversión de 3 mil millones de dólares a cambio de nuevas desgravaciones impositivas. Pascua-Lama es un proyecto binacional, que se expande entre San Juan y la Tercera Región de Chile, y tiene reservas por 17 millones de onzas de oro. El apuro de la Barrick no es antojadizo. En medio de la crisis internacional, el oro aparece como un refugio a prueba de cataclismos. Hoy la onza ronda los 900 dólares y, de acuerdo con el reporte de la consultora de metales GFMS, la inversión mundial en oro subió de 14 mil millones de dólares en 2007 a 26 mil millones en 2008.
La Argentina es un paraíso para las mineras. Por la Ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 –ratificada en 2001– y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas.
“Pese a que los recursos naturales fueron provincializados por Menem, tanto en la minería como en el petróleo hay una política de Estado”, le dijo a este diario la socióloga Maristella Svampa, autora de Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. “Cada vez que hay un obstáculo con una multinacional, se salda a puertas cerradas y no hay información. No es casual. Ya sucedió en 2008, cuando Cristina Kirchner se reunió con la minera angloaustraliana Río Tinto para destrabar el emprendimiento Potasio Río Colorado que estaba frenado en Mendoza a causa de su impacto ambiental”.
La Barrick ya explota el complejo de Veladero, en el norte de San Juan, a 50 kilómetros del Parque Nacional San Guillermo y pegado a una reserva de biosfera protegida por la Unesco. La semana pasada, la organización ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes denunció ante la Corte Suprema de la Nación a la Barrick, el Estado Nacional y la provincia de San Juan y reclamó pericias que constaten si los glaciares vecinos a Veladero están sufriendo un impacto directo e irreversible.
“Nos están volando la cordillera”
Poco antes de que Cristina Kirchner recibiera al fundador de la Barrick Gold, un grupo de asambleístas que rechaza el proyecto de la trasnacional en Famatina, La Rioja, denunció que fue golpeado por empleados del director de Minería Provincial, Héctor Romero.
En diálogo con Crítica de la Argentina, Karina Díaz Moreno afirmó: “Nos pegan porque defendemos el derecho al agua. Las mineras utilizan cianuro de sodio y nos están volando la cordillera, vuelan las montañas a cielo abierto, las muelen y las funden. El 70% del agua que consumen los argentinos viene de la cordillera. Y la riqueza se va afuera”.
Desde hace dos años, Díaz Moreno mantiene, junto a la Asamblea de Vecinos de Chilecito y Famatina, un corte en el acceso minero de Peñas Negras. Desde el 24 de abril participará en San Juan de la reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que debatirá sobre la minería en la Argentina.
ANUNCIO PRESIDENCIAL
La plata donde se la necesita
Los 6500 millones de pesos que la administración nacional destina a provincias y municipios busca remediar el impacto de la crisis en las finanzas de esos distritos. Con las arcas quebradas, varios lo esperaban más que la lluvia tras la sequía.
Por Raúl Dellatorre
Opinión
Mientras que la oposición se apresuró a criticar la medida oficial anunciada ayer, señalando que la intención era seguir confrontando con la dirigencia rural, o que era el producto de “una política agropecuaria hecha a los ponchazos”, desde el punto de vista económico su impacto parecería orientado con un criterio totalmente ajeno a esas consideraciones: al sector productor de soja y a la exportación, la medida directamente los ignora. No es por ni para ellos.
La transformación de la recaudación por retenciones a la exportación de soja en un fondo federal solidario no es una medida de política agropecuaria. No le suma costos ni le agrega ingresos al sector. Es dinero que previamente el fisco había decidido captar, y lo seguirá haciendo sin modificar tasas ni alcances. En cambio, redistribuye sus gastos entre distintos niveles de administración pública: el nivel nacional cede el 30 por ciento de lo que reciba por ese concepto en favor de gobiernos provinciales (21 por ciento de las retenciones totales a la soja) y municipios (9 por ciento restante). Aquí está el eje de la política económica detrás de la medida: cambia la relación entre gobierno nacional y provincias. La dirigencia rural queda como espectadora. Lo cual, políticamente, no es un dato menor, aunque para la política económica siga siendo neutro.
Volviendo a la relación Nación-provincias. Según informó ayer la Presidenta de la Nación, la creación del Fondo y la transferencia del 30 por ciento supondrá un beneficio anual de 6520 millones de pesos para las provincias y municipios. El año pasado, el déficit consolidado de las administraciones provinciales osciló en torno de los 3000 millones de pesos. Es el primer año, tras la crisis de 2001/2002, que las provincias en conjunto presentan cuentas en rojo. Este año, producto de la crisis, se estimaba que el déficit global provincial pueda más que triplicar aquella cifra: podría llegar a 10 mil millones o más. Si se efectiviza la transferencia de 6500 millones provenientes de la soja, los números por ahí no cierran, pero el equilibrio estará más cerca.
De esos hipotéticos 6500 millones, si se cumpliera que las provincias le trasladen un 30 por ciento (1950 millones de pesos) a los municipios, le quedarán 4550 millones netos. Además, no serían de libre disponibilidad, sino que deberían aplicarlos a obras de infraestructura social. En cualquier caso, el alivio en las cuentas de cada administración será importante, máxime en un año donde son amplia mayoría los que dudan en cómo pagar los sueldos de sus agentes de aquí a fin de año.
UN ANUNCIO PARA SEMBRAR VOTOS EN CAMPO AJENO
A los yuyos
Cristina creó un Fondo Federal Solidario para viviendas, escuelas y cloacas. Campo y oposición dicen que es plata para la campaña K. Gran acto en Olivos.
De manera sopresiva, sin haberlo consultado siquiera con sus gobernadores amigos, sus ministros, y menos con los intendentes leales del peronismo, la presidenta Cristina Kirchner anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia para repartir entre las provincias y los municipios el 30% de los fondos que el Estado recibe por el cobro de retenciones a las exportaciones de soja. De acuerdo con el anuncio, alcanzan los 6.520 millones de pesos al año, aunque los cálculos de intendentes y especialistas fiscales indican que la suma distribuida será excatamente la mitad: 15 % y 3,2 millones de pesos.
La idea de Cristina es que esa plata se destine a “infraestructura social: escuelas, viviendas, agua potable, cloacas”, según explicó ella misma en un acto en la Quinta de Olivos, del que participaron varios mandatarios provinciales que fueron invitados de urgencia a la residencia y a los que no se les dio información de antemano sobre el anuncio. Hasta una hora y media antes, buena parte de los ministros políticos desconocía el detalle del nuevo plan, contaron fuentes oficiales.
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Productores del agro rechazan los anuncios y bloquean la Ruta 14
Están pidiendo que el Congreso trate el proyecto de ley para reducir las retenciones a las exportaciones de granos, presentado por la oposición. La Mesa de Enlace hizo una demostración de fuerza al juntar 108 diputados, pero sin quorum.
EE UU aprueba una ley para poder recuperar los sobresueldos de AIG
El Gobierno asignó $926 millones en obras para la fiesta del Vicente Nario
La inversión duplica los subsidios por la sequía y sextuplica la ayuda a Tartagal. Los beneficiarios de la licitación son empresarios pingüinos y menemistas. El centro del proyecto es una gran sala sinfónica de conciertos. Damián Glanz.
Nos toca un año difícil, el más difícil de los últimos cien años.” (Néstor en Palpalá)
“Me hierve la sangre cuando veo tanta pobreza.” (Cristina en Olivos)
La misma semana que en la quinta presidencial se comprometió a redoblar sus esfuerzos para combatir la “pobreza estructural” –víctimas de “tanto abandono y tanta injusticia”–, Cristina Kirchner le adjudicó a un consorcio de empresas amigas del gobierno K la obra de remodelación del Palacio de Correos que servirá como sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. El denominado Proyecto del Centro Cultural del Bicentenario –conocido también como la fiesta de Vicente Nario– costará más de 926 millones de pesos, una cifra que equivale a la mitad del aumento anunciado para los planes sociales. La Presidenta prometió que será el símbolo arquitectónico de los festejos de la Revolución de Mayo. Y es un emblema: el inicio de los trabajos fue prometido hace más de cinco años, el monto adjudicado es 34 por ciento superior al presupuesto oficial calculado un año atrás y el propio Gobierno admite que el edificio no estará terminado para 2010, cuando se cumplan 200 años de la instauración de la Primera Junta.
El martes de 10 febrero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1517/2008 del Ministerio de Planificación Federal que resolvió otorgar el contrato a las empresas Esuco y Riva. La primera pertenece al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, un viejo conocido del matrimonio presidencial, beneficiario preferencial del reparto de la obra pública K. La otra compañía es de Amadeo Riva, un empresario que desde los 90 mantiene estrechos lazos con el Estado (ver aparte). La adjudicación fue el cierre de un proceso que lleva más de cinco años.
La obra del Correo Central bate todos los récords de promesas postergadas o incumplidas de la era K. Fue planificada para una época de “vacas gordas”. En septiembre de 2003, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, junto al ex secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, comenzaron delinear el proyecto. Un año más tarde, Lavagna lo anunció públicamente y el 1 de marzo de 2005 Kirchner firmó el decreto para transformar el palacio construido entre 1889 y 1928. Las fotos comenzaron a acumularse. Al mes siguiente, Lavagna y José Nun, el sucesor de Di Tella, lanzaron una consulta de ideas para la intervención urbana. Los ganadores fueron seleccionados en septiembre de 2005 y en marzo de 2006 se realizó el concurso internacional para decidir el proyecto. En medio de la campaña electoral, la entonces senadora Cristina Fernández y el otrora jefe de Gobierno Jorge Telerman presentaron el “master plan” en septiembre de 2007. “Yo sueño para 2010 lo que podría ser una conmemoración física de un espacio público concreto, donde todos los argentinos y todas las argentinas podamos reconocernos en un acto de reflexión en estos 200 años que va a cumplir nuestro país”, dijo ese día la ahora jefa de Estado. Hubo muchas fotos más. En noviembre, el ministro de Planificación llamó a licitación para realizar la obra y en marzo del año pasado, ya como Presidenta, Fernández de Kirchner encabezó la apertura del sobre Nº 1 del concurso en la Casa Rosada.
Todas las instancias del proceso tuvieron su show. Menos una: la adjudicación. El 29 de diciembre, cuando De Vido firmó la demorada adjudicación no hubo cámaras ni públicos. Sólo un par de amigos. En noviembre de 2007, el Ejecutivo había valuado los trabajos en 709,3 millones de pesos. Un año más tarde convalidó el presupuesto ofrecido por Esuco-Riva de 925,8 millones de pesos: 241,4 millones de pesos más (ver aparte). Las otras empresas que participaron del concurso habían presentado propuestas sensiblemente superiores: las firmas Roggio y Caputo ofrecieron $ 1.220.165.610,13 y el consorcio integrado por Iecsa, Dycasa, Isolux y Calcaterra propuso hacer el centro cultural por $ 950.733.187,79.
Las constantes demoras en la concreción del proyecto emblemático del Vicente Nario provocaron otro defasaje, además de la diferencia presupuestaria. La puesta en marcha del plan coincide ahora con la “crisis del siglo”. Cuando fue pensado, los autores del Proyecto CCB se preguntaron sobre la necesidad de construir una sala sinfónica para Buenos Aires. “Sin duda, la amplia comunidad musical de la ciudad lo considera indispensable. El Teatro Colón, aunque ofrece excelentes condiciones para la música sinfónica, es un teatro lírico, y sólo eventualmente presta su sala para otras actividades”, justificaron en el cuadernillo de presentación. Ahora, la pregunta es acerca de la oportunidad.
Ayer, al llegar a Tres Arroyos, la Presidenta dio una señal sobre los criterios redistributivos del gobierno nacional. Refiriéndose al paro que realizó el campo la semana pasada, dijo: “Cuando un sector que se puede dar el lujo de no vender sus productos nos parece que ha tenido rentabilidad, no nos molesta, nos parece bien, porque son argentinos pero tienen que comprender que hay otros sectores de la sociedad que necesitan mucho más ayuda y destinar esos recursos públicos a los sectores más vulnerables”. La comunidad sinfónica, agradecida.
Fuente: Crítica Digital
Emergencia Económica
En el Congreso aprueban la "Emergencia Económica" sin leer, siquiera, que tiene artículos que se contradicen
¿Los diputados y senadores leen los proyectos que van a votar?. La "Emergencia" prorrogada ayer (por séptima vez) prohíbe cualquier tipo de indexación en un artículo y establece mecanismos indexatorios en otro.
Se puede votar una ley que indique que la Tierra es cuadrada, pero es inconcebible que en otro artículo de la misma ley se determine que es triangular o pentagonal. Aun el texto más insólito debe tener un mínimo de coherencia interna, para que un artículo no contradiga a otro, por la sencilla razón que sus disposiciones obligan, permiten o prohíben a todos los habitantes de un país. Para eso, por lo menos, hay que leer lo que se vota. Y desde ya, comprender lo que se lee.
No es un exceso de ingenuidad, es lo mínimo que puede pedírsele a quienes asumieron el rol de representar al pueblo y a las provincias. Después de todo, no es una exigencia desmedida a quienes de cuyas decisiones dependen la vida y el bienestar de cuarenta millones de personas. Por ejemplo, con la discusión que por estos días se mantiene en el Congreso respecto de una nueva prórroga de la ley de Emergencia Económica, aprobada el miércoles en Diputados y seguramente sancionada la semana próxima en el Senado. Se supone que entre 257 diputados, 72 senadores y una cantidad aún mayor de asesores, muchos debieron haber leído en profundidad y con detenimiento el texto de lo que van a votar, así como analizado sus alcances.
Sin embargo, el Congreso de la Nación está a punto de aprobar una nueva prórroga que, luego de varias modificaciones, prohíbe de manera terminante la indexación en un artículo y establece mecanismos indexatorios en otro.
Esa contradicción dentro de una misma ley acaba de cumplir cinco años, si se considera que el 19 de noviembre de 2003 se sancionó la ley 25.820, una de las tantas modificatorias de la 25.561 que el 6 de enero de 2002 instituyó una "Emergencia" que, si prospera la nueva prórroga, se extenderá por ocho años.
En los próximos días, el Parlamento podría aprobar un breve texto legal, tan breve que entra en este párrafo: "Artículo 1: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley Nº 26.204, prorrogada por su similar Nº 26.339. Artículo 2: La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2009. Artículo 3: Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL".
Para comprender qué es lo que se prorrogará, hay que remitirse en primer término a la ley 26.204, que extiende la vigencia de la ley 25.561 de Emergencia Económica, "sus prórrogas y sus modificatorias".
La Emergencia Económica original derogaba algunos artículos de la ley de Convertibilidad, pero confirmaba la vigencia de otros, en particular uno que eliminaba la indexación (los memoriosos recordarán que en marzo de 1991 se presentó el proyecto de ley de "Convertibilidad y desindexación").
Al respecto, el artículo 4 de la 25.561 rescata otros de la 23.928, entre ellos el décimo: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios".
"Esta derogación -continúa- se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".
El texto no deja lugar a dudas: no hay resquicio por donde pueda reinstalarse la indexación en cualquiera de sus formas.
El 3 de febrero de 2002 se promulga el decreto 214, que crea el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un mecanismo indexatorio que se contradice con lo aprobado por el Parlamento un mes antes.
Si bien los legisladores no pueden ser responsables por la contradicción en que incurrió a posteriori el Poder Ejecutivo, sí lo son por no haber reparado que casi dos años después aprobaron una ley que no modifica ni una coma del mencionado artículo anti indexatorio, pero incluye una nuevo que lo contradice.
El artículo 3 de la ley 25.820 modifica el 11 de la 25.561, que quedó con el siguiente texto: "Las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), o el que en el futuro los reemplace, según sea el caso".
En consecuencia, quienes voten la prórroga de la Emergencia Económica, tendrán que entender que detrás de esos tres brevísimos artículos que aparentan no decir nada se encuentra una serie de "prórrogas y modificatorias" al texto original del 6 de enero de 2002. Y que entre ellas, hay dos artículos que se contraponen, al punto que uno prohíbe la indexación en absolutamente todos los casos y el otro dispone su aplicación en determinadas situaciones. Quizás, como en otras actividades, por leer es otro precio.
Perfil: * Marcelo Batiz, Agencia DYN.
La amnistía impositiva haría caer las causas de Skanska y Antonini Wilson
El blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno facilitará la suspensión de investigaciones por casos de corrupción. Para Monner Sans, "es una ley inmoral". Para el ex juez Cruciani, "es un beneficio para que los corruptos laven dinero".
Una vez que comenzaron a conocerse los detalles del promocionado anuncio del Plan B del Gobierno para enfrentar los coletazos de la crisis mundial, estalló la polémica en torno a los alcances de la amnistía impositiva y judicial para las empresas y particulares que blanqueen sus capitales.
En pocas palabras: podría significar la suspensión de causas penales por denuncias de corrupción recientes, como la de Skanska o la acción contra Antonini Wilson por el ingreso ilegal con una valija que contenía 800.000 dólares, ambas sin sentencia.
Sobre este tema, el abogado Ricardo Monner Sans confió a Criticadigital que “el proyecto de Cristina Fernández es inmoral, ya que da vuelta el concepto de igualdad ante la ley. Esta vez, equilibra al incumplidor con el que paga los impuestos todos los meses”.
Así, prosiguió el abogado, “se legitima el ingreso de dinero sucio porque pueden operar testaferros y, además, la suspensión de los juicios genera formas de fraude por parte de las empresas”.
Entonces, cualquier causa penal que no tenga sentencia firme vinculada con fraudes tributarios se extingue por el simple pago de tributos, con facilidades. Por eso, Monner Sans anunció que buscará "remedios judiciales que estudien la ilegitimidad de la futura norma”.
En tanto, el ex juez en los Penal y Económico Julio Cruciani se mostró ante Criticadigital a favor de la repatriación de capitales, pero señaló reparos por la suspensión de causas penales tributarias a los que blanqueen capitales. “La amnistía es un beneficio para que los corruptos laven su dinero. Por eso para mí el Gobierno usa la filosofía del ‘de paso, cañazo’, en el sentido de que dentro de la norma de repatriación de capitales -que siempre es buena- esconden el beneficio a los grandes evasores”.
Por otra parte, por lo que se deduce de la exposición de la Presidente y del jefe de Gabinete, no está claro cómo hará el Gobierno para controlar los movimientos de lavado de dinero, en el contexto del supuesto desembarco de carteles mexicanos de la droga. En ese caso, Monner Sans se pregunta: "¿Qué dirá Estados Unidos de este blanqueo indiscriminado de capitales?”.
LA PELEA EN EL CONGRESO Y EN LA JUSTICIA. Apenas conocidos los anuncios de Cristina, la Coalición Cívica (CC) salió a cruzar al Gobierno. Así, el partido de Elisa Carrió plantea la pelea tanto en Tribunales como en Diputados. La líder de la CC concurrirá en próximas horas a ampliar su denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner.
En esa presentación se pide también que se investigue al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.
Carrió advirtió que "la moratoria permite el cierre de causas judiciales que investigan la evasión impositiva y la facturación apócrifa", presuntamente cometidas por empresas cercanas al ex presidente.
Sobre el mismo tema, la diputada de la CC Fernanda Reyes le explicó a Criticadigital que “esta ley demuestra la imperiosa necesidad que tiene este gobierno de hacer caja a cualquier precio. Y Cristina Fernández elige como salida perdonar a los evasores con una rebaja escandalosa de impuestos. Por eso, desde la CC no vamos a acompañar el salvataje de posibles lavados de capitales”.
Además, Reyes no descartó la posibilidad de que “el ingreso de plata sucia sirva para comprar tierras a la gente del campo que bajaron el precio por la crisis y la caída de precios internacionales”.
Carrió: "Kirchner blanquea así todo su dinero ilícito"
Aseguró que las medidas del Gobierno derivarán en el cierre de causas que investigan evasión y lavado de dinero. Damián Glanz.
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Las batallas presupuestarias más importantes
Por Luciana Díaz Freís. Directora de Política Fiscal de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
Hay 3 artículos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2009 que, merecidamente, van a suscitar bastante discusión. Uno de los artículos más cuestionables es el artículo 9. Este artículo permite al jefe de Gabinete de Ministros (JGM) aumentar el gasto si hay un incremento en los recursos. Ya la llamada ley de superpoderes (Ley 26.124) había modificado la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156), permitiendo al JGM hacer todos los cambios que considerara necesarios dentro del total aprobado por cada Ley de Presupuesto. Lo único que quedaba reservado al Congreso era la decisión del monto total. Ahora, con este artículo, casi no importa lo que apruebe el Congreso como Ley de Presupuesto porque queda facultado el JGM a hacer cambios, aumentos y disminuciones con una simple “decisión administrativa”.
Esto va en contra de lo que establece la Constitución Nacional, que en su artículo 75 inciso 8 señala que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de los recursos. Este mandato constitucional no es un simple capricho. Inteligentemente, nuestros constituyentes diseñaron un proceso presupuestario en el que se alternaban los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Poder Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba, el Ejecutivo ejecuta y el Legislativo controla. Esta división de responsabilidades tiene como origen fundamentos republicanos, de controles y contrapesos para una equilibrada división del poder, esenciales en una ley con tanta importancia como la de Presupuesto, en la cual se decide el destino de los recursos públicos y las prioridades de Gobierno. La intervención del Congreso es fundamental como instancia deliberativa y representativa de los diferentes intereses de la población, así como es valiosa la “ejecutividad” del Poder Ejecutivo.
Hay otros artículos criticables, como el 31, en el que se suspende nuevamente la constitución del fondo anticíclico. Es prioritario en la Argentina ahorrar para disminuir el peso de la deuda y estar preparados para una probable desaceleración del crecimiento. También es muy controvertido el artículo 72, que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitiéndole aumentar los adelantos que el Banco Central hace al Tesoro Nacional para el pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito y el pago de obligaciones en moneda extranjera. Si bien ello alivia financieramente las cuentas de 2009, comprando tiempo para sobrellevar las turbulencias de los mercados internacionales, también trae malos recuerdos de aquella Argentina que financiaba sus desequilibrios fiscales con los recursos del Banco Central, lo cual nos llevó a los graves episodios de la hiperinflación. Valdría la pena revisar este artículo para incluir un mayor control de este método de financiamiento que impida caer en las trampas de antaño.
Urge revisar estos 3 artículos. Sería prudente, además, que el Congreso fortaleciera sus capacidades en análisis de Presupuesto. Para ello, han surgido excelentes propuestas para la creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso, que nuclee a asesores y analistas para contribuir mediante su análisis a un mejor debate presupuestario. Una vez logrado eso, se podría avanzar hacia la eliminación de los superpoderes. Luego bien valdría revisar la reglamentación que regula el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia, así como todas aquellas partidas de gasto que hoy pasan por fuera del Presupuesto, como los fondos fiduciarios. Con estas medidas, se iría construyendo y fortaleciendo paso a paso las instituciones democráticas que la Argentina tanto necesita.
Fuente: El Parlamentario
Estigmas de sangre
03/10/08 - Por Alberto Morlachetti
(APe).- El núcleo significativo de la deuda externa fue engendrado en un genocidio. Palabra primera, absolutamente inicial, que mutiló el movimiento de la vida. No obstante se inscribió el origen de la deuda en una comarca de pastizales sin memoria. De aquí en adelante el lenguaje de las obligaciones externas va a crecer sin punto de partida. Los números serán las claves de todas las figuras.
Según Maximiliano Montenegro -en su nota del 6 de septiembre en Crítica de la Argentina- los pagos de capital e intereses realizados por el gobierno nacional a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) desde el año 2003 a la fecha suman 24.983 millones de dólares. Ningún otro período de la historia argentina del siglo pasado registra semejante transferencia de fondos en 5 años a entidades crediticias. Sin embargo, la pareja presidencial significó para muchos, nada menos que un futuro y se perciben como novedosos representantes de los pobres.
La deuda se paga -a pesar de su estigma de sangre- con las reservas, trabajo humano almacenado en el Banco Central. La indignación que produce ha comenzado a verse como simples nostalgias de un pasado errático e imprudente. Ciertamente el paraíso sigue quedando lejos.
Lo cierto es que no se cumple con la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. La presidenta anunció el pago al Club de París el día 2 de septiembre con reservas por valor de 6.706 millones de dólares y días después la reapertura del canje de deuda, solidaria con el perverso sistema financiero. Mientras el hambre gotea desde abajo interrumpida -rara vez- por alguna tregua, legado de bondad de algunas aceras con árboles frutales o la ternura de malvones colgando de ventanas sin mirada, donde los pibes crecen al amparo de sus pájaros indomables y cantan por la comida en medio de los basurales.
Fuente: Mov. Nac. Los Chicos del Pueblo
Ahora lo llaman Estados Hundidos
Las bajísimas tasas de interés (especialmente las tasas de largo plazo) empujaron a los inversores a buscar activos de riesgo de corto plazo. Un destino elegido fueron los mercados emergentes y, así, los bonos y las acciones de México, Brasil, Turquía y otros no pararon de subir… hasta ahora. Pero esta vez, a diferencia de la segunda mitad de los años setenta, los gobiernos de estos países no necesitaban endeudarse porque tenían superávit externo. Así que los bancos buscaron otro “tercer mundo”: los deudores hipotecarios. Y salieron a prestar.
Y prestaron por encima del valor de las propiedades, sin certificar ingresos del deudor, a deudores con mala historia crediticia, postergando los pagos de capital y a bajísimas tasas de interés. El boom inmobiliario no es una sorpresa: se podía tomar un crédito y comprarse una casa declarando ingresos que no se tenían o pagando sólo pocos intereses por varios años.
No fue todo. Se necesitaban muchos más activos de riesgo para tanta liquidez. Así que las hipotecas de mala calidad se empaquetaron en estructuras financieras llamadas “CDOs”y que, con la excusa de la diversificación del riesgo, fueron vendidas a los inversores con calidad de “grado de inversión” (investment grade) exigiendo así además menores requisitos de capital.
Cómo fue que activos de baja calidad crediticia como son las hipotecas subprime terminaron en manos de jubilados, pensionados, viudas, bancos y compañías de seguros no es un testimonio al ingenio de los financistas sino a la vista gorda de las calificadoras de riesgo y los reguladores y la avaricia de un sistema desatado que premia a los negocios independientemente del riesgo asumido y su resultado. A los banqueros centrales y a los reguladores les tiembla el pulso cuando se trata de pinchar las burbujas financieras con medidas contundentes.
¿Cómo sigue? Hasta aquí, los bancos en todo el mundo tomaron pérdidas por más de 500 mil millones de dólares, más de la mitad corresponde solamente a los bancos norteamericanos. Equivale a una vez y media el producto interno bruto anual de la economía argentina. Y esto no alcanza. El FMI estimó pérdidas de casi un billón de dólares sólo para Estados Unidos (por las dudas, un 1 seguido de 12 ceros). Si Europa y el resto del mundo agregan otro tanto, resulta que sólo se reconoció un cuarto del problema.
No sorprende que la Reserva Federal tenga que rescatar a aquellas entidades que ponen en riesgo la salud (ya bastante de deteriorada) del sistema financiero. Bear Sterns y AIG tenían, a través del mercado de derivados de crédito, ramificaciones por toda la economía. En unos pocos meses, tres de los cinco bancos de inversión más importantes de Estados Unidos desaparecieron (Lehman y Bear Sterns) o fueron comprados (Merrill Lynch). Lo que está en discusión es justamente el modelo de bancos de inversión que encuentran su financiamiento no en los depósitos, una fuente muy estable, sino en el mercado de capitales, una fuente muy volátil. Es por eso que hay más esperando cama en la terapia intensiva. Los contribuyentes de los Estados Unidos tendrán que poner mucha plata en el futuro: el Tesoro (algo así como el Ministerio de Economía) ya anunció la emisión de letras y bonos para reforzar la capacidad de intervención de la Reserva Federal. Y pagan los yanquis y todos los que compran bonos a tasas bajísimas, incluyendo al gobierno chino.
Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, dos economistas insospechados de heterodoxia, compararon lo que va de esta crisis con el promedio de 18 crisis financieras en países desarrollados, 5 de las cuales fueron grandes crisis. La comparación histórica sugiere que la crisis tiene por lo menos dos años por delante si no es grande y tres años si lo es. En el caso de una crisis grande, la caída en el PBI entre el techo y el piso es de 5 puntos porcentuales. Ni hablar si se parece a una megacrisis, como la de los años 30. Todo sugiere que la economía de los EE.UU. tiene todavía un camino hacia abajo. Y con ella los commodities.
Es el fracaso de la regulación permisiva y confirma que los mercados no pueden autorregularse.
Manteca al techo
La presidenta C y el presidente K decidieron pagar por adelantado la totalidad de la deuda con el Club de París. Esos millones pueden ir a París o quedarse en Jujuy. Por Jorge Lanata.
En París ya están acostumbrados. Vieron llegar a los Alvear, cargando en el barco a su vaca lechera y tirando por la proa la vajilla luego de una comida. “Riche comme un argentine”,decían los franceses. “Georgie” Newbery y sus amigos de la Recoleta amenizaban sus fiestas tirando un pan de manteca de cinco kilos al techo del salón y el dinero era tanto, tanto, que un día se acabó. Aquella era la Argentina del Centenario, el país del mañana constante. Después ya no. Fuimos el país de anteayer. Nos endeudamos como nunca antes y como nunca antes, pagamos también. El 13 de julio de 2000, tres meses después de la muerte del periodista e historiador Alejandro Olmos, el juez federal Jorge Ballestero declaró el endeudamiento extranjero contraído durante varios gobiernos como “ilegal, inmoral, ilegítimo y fraudulento”. Olmos, el hombre que denunció la deuda externa, no llegó a ver su obra en vida. Los sucesivos gobiernos siguieron pagando intereses y tomando nuevos créditos para pagar intereses. La idea de que la deuda externa no podía pagarse porque, en verdad, ya estaba paga por demás, comenzó a tomar cada vez más fuerza en el cuerpo social. ¿Quién le debe a quién? En una espectacular maniobra de prensa, el presidente K canceló menos del diez por ciento del total del endeudamiento, y resolvió la relación con el Fondo Monetario. “Se pagó la deuda externa”, titularon los periódicos. K pagó 10.000 millones y mantuvo el endeudamiento por 130.000 millones, que pagó puntualmente, y sin chistar. Que la deuda es impagable no necesita ni siquiera de argumentos muy sofisticados. Ésta es la evolución de los números:
–En 2001, la Argentina pagó unos 10.000 millones de dólares al año de intereses.
–En 2003, la deuda argentina total, en default, era de 186.000 millones de dólares.
–En 2008 se pagarán 6.000 millones de dólares de intereses.
–Hoy, la deuda es de 145.000 millones de dólares.
–En 2009, vencen 20.500 millones de dólares de deuda, de los cuales la mitad se pagarán con el superávit fiscal, y la otra mitad tomando nuevos créditos con el Banco Mundial, el BID, etc.
Ayer, la presidenta C y el presidente K decidieron pagar ADELANTADA la totalidad de la deuda con el Club de París: unos 6.700 millones de dólares. El gobierno argentino no intentó o no supo cómo o no le importó arreglar un plan de pagos a diez años, por ejemplo. Argentino al fin, tiró manteca al techo. Haber aceptado una financiación obligaba al gobierno a aceptar la intromisión del Fondo Monetario (¿qué harían entonces con el falso INDEC, qué con los presupuestos subvaluados?).
–Los acreedores nos oprimen, insultémoslos llenándoles la cara de billetes.
–¡Los acreedores desconfían y complotan, paguémosles antes, para cagarlos!
–¡Quedate con tus siete mil millones! ¿Viste cómo te jodí?
Hacer política es tomar decisiones. Esos 6.706 millones de dólares pueden ir a París o quedarse en Jujuy. Como los otros quinientos millones, ¿se acuerdan? Que al final decidieron irse de viaje...
Para el Gobierno, en la Argentina hay cinco millones de pobres. Las estimaciones privadas indican diez millones. Uno de cada cinco niños en la provincia de Buenos Aires tiene problemas de desnutrición. Dos de cada cinco menores son pobres. Entre el 5 y el 9% de los chicos de 5 a 13 años, trabajan. En la misma provincia, el 35% de los chicos repiten el grado, el 12% no llega a sexto y el 40% no termina el polimodal.
“La Comandante Cris está feliz/ de pagarle al Club de París.” Ya tiene aforismo el grupo de señores mayores. Temo que la próxima medida redistribucionista del gobierno revolucionario sea la reforma agraria. Sería terrible, porque ni siquiera podríamos escapar al campo.
Brasil lanza un nuevo plan agrícola para aprovechar los precios récord de los alimentos en el mercado mundial
Lo anunciará hoy el presidente Lula da Silva en Curitiba. Tiene como objetivo aumentar la producción agrícola en un 400% en un año
En medio de un contexto mundial de precios récords de las materias primas, el gobierno brasileño reforzará el sistema de subsidios al sector agrícola con el objetivo de elevar significativamente la producción de alimentos.
La iniciativa forma parte de un nuevo plan agrícola que será anunciado hoy en Curitiba por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y que destinará alrededor de 40 mil millones de dólares a la financiación de la llamada agricultura empresarial, informó el diario especializado Valor Económico.
“ Ahora los precios de los alimentos están altos y el país tiene que aprovechar las oportunidades”, dijo el ministro de Agricultura, Edilson Guimaraes a la estatal Agencia Brasil, quien además explicó que la iniciativa también tiene como objetivo controlar la inflación interna sin recurrir a mecanismos de controles de precios.
Dejarán sin financiamiento a la Federación Agraria
En una nueva ofensiva oficial contra las entidades del campo, la Federación Agraria Argentina (FAA), podría perder un negocio de 12 millones de pesos si el Gobierno decide quitarle el manejo de las cartas de porte. Son documentos que acreditan los movimientos de cereales y por los que se tramita un juicio de fraude informó el diario El Cronista Comercial.
Las cartas de porte, creadas en 1991, acreditan el transporte y la comercialización de granos. Desde 1992, la FAA y la Federación las venden a cinco pesos cada una, de los cuales se quedan con tres y los dos restantes van para el Estado. Emiten unas 4 millones de cartas, por lo que se estima que ganan alrededor de 12 millones de pesos.
Sin embargo, 9 millones de toneladas de granos no se declaran cada año, según calcula la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario (ONCCA). El organismo oficial también estima que se venden 300 mil certificados en el mercado negro, a entre 60 y 90 pesos cada uno, para que las entidades no declaren los granos al Estado, un negocio que generaría 30 millones de pesos adicionales por año. De esta forma no se evade el pago de retenciones, pero sí el 21% de IVA y un porcentaje variable de impuesto a las Ganancias.
La ONCAA quiere saber si las entidades agrarias son víctimas del tráfico ilegal de las cartas de porte o si participan del fraude; mientras tanto, el Gobierno espera definir el nuevo sistema para los certificados a partir de esta semana: serían reglamentados por esa misma oficina, la Secretaría de Transporte, y la AFIP, según anticipó El Cronista Comercial. De hecho, desde abril de 2007 FA debe pedir permiso a la AFIP para emitirlas. Otras fuentes señalan que la idea sería que este mecanismo sea controlado por el Banco Nación.
Fuente: Perfil
Crisis Mundial de Alimentos
“Un silencioso tsunami está barriendo el mundo sin reconocer fronteras” es la frase que utilizó el jefe del Programa de Alimentación de las Naciones Unidas para describir la crisis alimentaria global que ha empujado más de 100 millones de personas a la pobreza en los últimos meses. Además de provocar la caída del gobierno de Haití y provocar grandes enfrentamientos en Camerún, Indonesia y Egipto (entre otros) se ha convertido en una peligrosa amenaza a la paz mundial. Son muchas las voces de altas personalidades mundiales que sehan hecho oir en las últimas semanas por la crisis de los alimentos. El primer Ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, ha reconocido que “enfrentar el problema del hambre es un desafío moral para el mundo,pero también es un desafío para la estabilidad política de las naciones”. La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a considerar al hambre como la primer amenaza a la salud en el planeta, responsable del 30% de los casos de mortalidad infantil y del 10% del total de muertes actuales. El Director de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, señaló que “las mejoras en la agricultura deben recolocarse en el centro de la ayuda al desarrollo para los tiempos por venir. Pero es un tema complejo que no puede resolverse de un día para el otro”. En particular ha habido gran coincidencia en que se necesita mejorar la situación de los pequeños agricultores. Pero los mismos necesitan asistencia para poder adquirir tierras de buena calidad, mejores equipos y elementos de trabajo,sistemas de trabajo más eficientes, mayores inversiones para mejorar los accesos a sus campos y apoyo en sistemas de transporte más modernos. La crisis ha puesto en el centro del debate el modo de funcionamiento del sistema de producción de alimentos, ya que el mismo está marcadamente orientado al mercado y deja muchas deudas sociales y ambientales sin atender. En particular, se ha tomado rápidamente conciencia que el problema no es únicamente de alimentos, sino un problema combinado que abarca el aumento de la población, la provisión de energía, el cuidado de la biodiversidad y la escasez de tierras, alimentos y agua. Posiblemente, estos elementos pasen a ser las nuevas fuentes de conflicto de los tiempos por venir. La reacción de las personas y los gobiernos ante la escasez ha agravado la situación, ya que éstos comenzaron a stockear alimentos, los especuladores comenzaron a comprar reservas para cuando aumentaran los precios y algunos países instrumentaron controles a las exportaciones para guardar recursos para sus habitantes o mantener bajos los precios en el mercado interior. Junto con Argentina, Ucrania colocó restricciones a las exportaciones de cereales. En el caso particular del arroz, Brasil, India, China, Vietnam y Egypto pusieron límites a sus ventas externas. Incluso en EE.UU. dos grandes cadenas de supermercados limitaron las ventas de arroz por persona a un máximo diario. Una de las causas: No parece haber sido acertada la política de promover la producción de biocombustibles para el conjunto del planeta. La excusa de que la conversión de granos en energía iba a traer alivio a la escasez energética, en realidad estaba ocultando los intereses de las grandes corporaciones de alimentos, de los productos usuarios de combustibles fósiles y de las asociaciones de agricultores de los países desarrollados para garantizar la subsistencia de un estado de situación, ya en crisis. Sin dudas, la solución fue muy grave a nivel global. El Premier Ministro inglés, Gordon Brown, declaró que debía reverse la política europea de apoyo a los biocombustibles y darse marcha atrás si se llegaban a encontrar evidencias de que ésta era una de las causas del aumento del precio de los alimentos. Los más dagnificados serán los de menores recursos que no podrán atenerse a la suba de precios derivada por la escasez ocasionada por la suba de la demanda de granos alimenticia y energética, para producir biocombustibles.
El Tren Bala consumiría más energía que la ciudad de Bahía Blanca
4-5-2008 - El diputado nacional Claudio Lozano volvió a formular duros cuestionamientos contra la construcción de ese emprendimiento que denominó “negociado” y advirtió que no será este sino los próximos gobiernos los que deberán pagar la obra.
El financiamiento del Tren Bala Buenos Aires-Rosario-Córdoba tiene un financiamiento del orden de los cuatro mil millones de dólares, frente a lo cual el diputado nacional Claudio Lozano advirtió que “con las tres cuartas partes de esos recursos estaríamos en capacidad de reconstruir los once mil kilómetros de vía para trenes de carga; siete mil kilómetros de vía para trenes de pasajeros, reconstruyendo las cinco líneas de transporte urbano que de alguna manera tenía la Argentina”.
En declaraciones al programa Dicen que dicen, de Radio Del Plata, el legislador de Proyecto Sur rechazó la idea de que el proyecto tenga a favor los años de gracia para pagar, ya que “es una obra que tiene un costo financiero altísimo, a punto tal que la obra en sí sale 1.200 millones de dólares y se llega a los cuatro mil como resultado del costo financiero”.
“Este gobierno no lo va a pagar –aclaró Lozano-, lo van a pagar los futuros gobiernos, siempre y cuando esta obra termine haciéndose, porque este es otro tema: ya ha habido otras experiencias en el mundo de países que sin contar con la estructura tecnológica necesaria para tener un tren de esta naturaleza, han llevado a cabo obras que luego no pudieron funcionar o que lo hicieron durante muy poco tiempo”.
Puso como ejemplos a Egipto y Turquía, agregando que “este tren no tiene garantizado en la Argentina el mercado necesario en términos de total de pasajeros que pudieran consumirlo, para garantizar un mínimo óptimo económico de su ecuación, y al mismo tiempo poder funcionar sin subsidios”.
“En todo concepto, en lo que es el triángulo Buenos Aires-Rosario-Córdoba, por todos los medios de transporte circula menos gente que la necesaria para un tren de esta naturaleza –agregó el diputado nacional-. Con lo cual, va a ser un tren muy caro, similar en su pasaje al avión y que para poder sostenerse va a tener que ser subsidiado por el conjunto de los argentinos”.
En tal sentido dijo entonces que el emprendimiento ya no sólo será financiado a través de un crédito de cuatro mil millones de dólares que está garantizando con deuda pública ya emitida, sino además sobre la base de que “vamos a tener que hacernos cargo de pagar subsidios todos los años para que esto funcione”.
Más adelante sugirió no endeudarse “al divino botón para un negocio que en la práctica se parece mucho a un negociado, que está atado exclusivamente al interés de la empresa francesa” y al respecto consideró que la única justificación del proyecto es “el negocio para los franceses” y la búsqueda de que Francia respalde a la Argentina en la negociación con el Club de París.
Por último, Lozano advirtió que el tren, por moverse de Buenos Aires a Rosario, “consumiría lo mismo que consume en el día la ciudad de Bahía Blanca en materia energética, dato también a considerar en la situación energética del país. Pero siempre y cuando no exista una parada en el medio. Si hay una parada entre Buenos Aires y Rosario y el tren tiene que volver a arrancar, consumiría más que la ciudad de Bahía Blanca”.
Fuente: El Parlamentario
La deuda del país ya supera el nivel registrado en 2001 -- ¿No era que ya habíamos pagado lo que debíamos?
La deuda del país ya supera el nivel registrado en 2001
La mejora del superávit fiscal primario no alcanzó para evitar que la deuda pública aumentara un 6% en dólares el año pasado, el mismo alza que registró a lo largo de 2006, según datos de la Secretaría de Finanzas. Esta suba, que elevó el pasivo hasta los US$ 144.728,6 millones, habría sido aun mayor si el Gobierno hubiera sincerado la inflación en el Indec. Pese a este maquillaje, el stock de deuda actual, tanto en términos nominales como en porcentaje del PBI, es ya superior al de 2001.
La deuda era, en el último año del gobierno de Fernando de la Rúa, de US$ 144.222 millones, un 54% del PBI. La cifra actual equivale al 56%, el segundo más alto de la región y dos puntos por encima del valor del último año de la convertibilidad. Si se incluyen los títulos públicos en manos de los holdouts , el grupo de acreedores que optó por no cambiar sus títulos en cesación de pagos en el canje de la deuda de 2005, la cifra ascendería al 67%. Ambos valores incluyen la deuda impaga con el Club de París.
Con todo, existe una manera de ver esta carga como más liviana que antes. Ocurre si se mide la deuda en relación con las reservas del Banco Central o los ingresos generados por las exportaciones, que crecieron mucho más que la economía desde la salida del 1 a 1.
Medida en pesos, la deuda subió más el año pasado (un 9%) en relación con el año anterior, por la devaluación de la moneda local. Si, además, se descuentan los activos financieros del sector público, el incremento del stock de deuda neta fue aun mayor, del 11%. Una suma de factores, algunos vinculados con la política económica, otros con la economía local y otros con el contexto internacional, derivaron en el alza del pasivo del Estado:
Razones múltiples
- Hubo un aumento de US$ 4579,8 millones por la inflación, debido a que una parte de la deuda pública se indexa por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se nutre de los datos oficiales de la inflación. Ese monto surgió a partir de la inflación que registra el cuestionado índice de precios al consumidor (IPC) del Indec. Según estimaciones plasmadas en un informe de la consultora Econométrica, si el Gobierno hubiera convalidado una inflación del 17% -el doble del dato oficial del área metropolitana- la deuda habría aumentado otros US$ 4800 millones. "El Gobierno al no indexar la deuda pública en pesos con la «verdadera» inflación no está evitando que la deuda aumente en términos reales, sino todo lo contrario: licua la deuda en términos reales", sostiene el informe.
- El alza del gasto público, que el año pasado -con la suba de las jubilaciones, la moratoria previsional, la inversión en infraestructura y los subsidios- llegó al 46% y fue superior al de los ingresos, limitó la mejora del superávit fiscal primario, que alcanzó para cubrir el pago de intereses de la deuda, pero no para hacer frente a todas las amortizaciones del capital.
El Gobierno, por ende, debió emitir una nueva deuda para afrontar estos pagos. Parte de esos títulos fueron colocados en la cartera de inversiones de la Anses, para capitalizar el superávit de la seguridad social; en el Banco Central y, en menor medida, en otros entes no incluidos en el presupuesto, pero estatales, como la AFIP. Según la Secretaría de Finanzas, el Tesoro colocó deuda por US$ 1700 millones en el sector público el año pasado.
También hubo nuevas emisiones de títulos para pagar deudas con jubilados y proveedores -reconocidas por sentencias o acuerdos judiciales-, que se sumaron a las colocaciones de nuevos títulos en el mercado (principalmente, los Bonar) y las licitaciones directas al gobierno de Hugo Chávez (los Boden). Así, la diferencia entre las nuevas emisiones de deuda y las amortizaciones redundó en un aumento neto en el stock de deuda de US$ 2494,1 millones, según las cifras oficiales.
- Algunos papeles de la deuda capitalizan una parte de los intereses, es decir, no se pagan, sino que se suman al capital del bono. La capitalización de intereses de los bonos Discount y Cuasipar, los préstamos garantizados y los Bocones elevó el pasivo en otros US$ 1088,3 millones. Los atrasos de intereses sumaron US$ 79,3 millones.
- Los movimientos en la cotización de las monedas en las que están emitidos los títulos de la deuda -peso, dólar, euro y yen, principalmente- provocan ajustes en la valuación de estos papeles. La devaluación del peso reduce la deuda en dólares, pero la devaluación del dólar contra el euro, el yen, el franco suizo o alguna otra de las monedas en las que está nominada parte de la deuda, la eleva. El deterioro de la economía de los EE.UU. y la crisis global profundizaron el retroceso de la divisa verde el año pasado.
El Gobierno computó una reducción en la deuda de US$ 237,3 millones por los cambios en las cotizaciones. Un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, sostiene, no obstante, que en 2007 la deuda subió US$ 1629 millones por el movimiento de las divisas.
Por Rafael Mathus Ruiz - de la Redacción de LA NACION
¿No era que ya habíamos pagado lo que debíamos?
Luis Corsiglia (Ex asesor financiero de Kirchner)
La deuda hay que mirarla en relación a las reservas y a las exportaciones. Si bien la deuda está en los mismos niveles de 2001 en términos absolutos y en porcentaje del PBI, la relación con las reservas, y por lo tanto, con la capacidad de pago, es sustancialmente diferente. Las reservas han aumentado a más de 50 mil millones de dólares. Netas de los pasivos del Central –Lebacs y Nobacs– las reservas suman aproximadamente 34 mil millones de dólares. Si mantenemos el superávit fiscal, podemos seguir mejorando y continuar el proceso de reducción de deuda, que el Gobierno comenzó con el canje de 2005 y que lamentablemente se interrumpió en los últimos años. Pero el nivel de deuda no es preocupante. El verdadero problema reside en las altas tasas de interés que enfrentaríamos si saliéramos al mercado de crédito internacional. Eso nos limita. Y mientras tengamos una parte de la deuda en incumplimiento de pagos, la situación va a continuar. Por eso, es muy importante que el Gobierno negocie con los holdouts y con el Club de París. Sólo entonces vamos a pagar tasas más razonables en dólares. La política de Brasil con respecto a su deuda es particularmente interesante. Brasil combinó un espectacular incremento de las reservas con un intercambio de deuda extranjera por deuda nacional. Con eso logró una relación reservas-deuda en dólares muy buena. Brasil es ahora mucho más fuerte y estable ante shocks externos, y con su tasa de interés real positiva (tasa Selic 11,25%; tasa de inflación 5%), atrae fuertemente las inversiones extranjeras. El proceso brasileño terminó con su calificación de “Grado de Inversión” (BBB-). Esto significa que la deuda neta externa es menor al 10% de los ingresos de la cuenta corriente. Otro factor fundamental del éxito brasileño es la continuidad en la dirección de las políticas económicas bajo un régimen de tipo de cambio flotante y metas de inflación. Ahora el mundo sabe que es seguro invertir allí. Algo no menor si consideramos que la fuente de la inflación en la Argentina es la insuficiente inversión, que deja a la oferta rezagada con respecto a la demanda. No se puede pensar que estemos frente a una situación como la de 2001, pues tenemos crecimiento de reservas, fuerte aumento de las exportaciones, aumento de precios en las commodities y superávit fiscal y comercial. Pero hay que ahorrar para enfrentar futuros vencimientos de deuda y tener un fondo de contingencia ante una eventual caída del precio de las comodities.
Hay más capacidad de pago
Daniel Marx (Ex negociador de la deuda)
La situación de la deuda hoy no es igual a la de 2001. Si bien hay algunos números que son muy parecidos, hay otros que son diferentes. Y todos importan. La primera y gran diferencia es la capacidad de pago. Con los precios internacionales altos como lo están hoy y la tasa de crecimiento que venimos convalidando, los números fiscales son holgados. El superávit nos da una capacidad de pago mucho mayor a la de 2001. Desde este ángulo, el nivel de deuda no representa el mismo riesgo que representó en el pasado. Un factor a tener en cuenta es la diferencia en los plazos y las tasas de interés que son mucho más cómodos que siete años atrás. Sin embargo, en estos momentos, también existen ciertas dificultades: un problema de acceso al financiamiento voluntario en términos que se condigan con estos datos. No creo que estén dadas las condiciones para llegar a una situación como la de 2001. La deuda es algo que está íntimamente relacionada con otras variables de posicionamiento y acciones en materia de políticas y de variables económicas. Es una consecuencia del desempeño y perspectivas anticipadas de la economía como un todo. Para su manejo, también importan, entre otros, cuestiones tales como las señales de estabilidad y mejoras en el funcionamiento efectivo de las instituciones, las políticas de anticipación de restricciones de mediano plazo y el hecho de enfrentar situaciones de controversias naturales con acreedores no resueltas. Lidiamos con este tipo de cuestiones que no estarían cambiando en el corto plazo. Ello redunda en un acceso al crédito mucho más limitado que otros “países emergentes” con situaciones fiscales y de vencimientos de deuda más comprometidos. Las tasas de interés resultantes para el sector público y privado de la Argentina son más altas. Pero la situación relativa a esos países, aun teniendo en cuenta un probable deterioro de las condiciones internacionales, es mejorable a lo largo del tiempo. Compararla con la crisis de 2001 es exagerado. La situación y los temas son distintos.
No hubo reducción de deuda
Mario Cafiero (Ex diputado)
Sorpresa y media: la tapa de los diarios nos informa que la deuda sigue vivita y coleando. Al leer esta noticia la mayoría de los argentinos seguramente se estará preguntando: ¿No se había cancelado toda la deuda? ¿No se había pagado, a lo macho, toda la deuda al FMI? ¿No se había logrado una histórica quita de la deuda? Parece que no fue así, que eran sólo anuncios y bravatas oficiales. Las malas noticias son contundentes: de acuerdo a las cifras oficiales (tan cosméticas como la inflación del INDEC) el stock de la deuda pública es de 144.000 millones de dólares y ya supera al existente antes del default de 2001. Y si hacemos las cuentas sin mentir, a la cifra oficial hay que sumarle 12.000 millones de dólares por deuda de capital (que Kirchner y Lavagna disfrazaron de intereses), 10.000 millones por el valor de los bonos atados al crecimiento (absurda cesión a los bonistas de Kirchner-Lavagna) y 30.000 millones de dólares de los bonistas que no entraron en el canje y que están en un “limbo” (ya que tampoco Kirchner-Lavagna lo repudiaron como deuda). Debemos más que en 2001 a pesar de que la gestión Kirchner lleva desembolsados más de 50.000 millones de dólares en pagos de la deuda pública. El problema de la deuda es el pésimo “arreglo” que hizo el actual gobierno, que no fue tal. Tampoco hubo un “ajuste” de ella, sino peor aún, un desajuste con la emisión de deuda contingente mediante las Unidades Ligadas al PBI, que crecen en forma geométrica año tras año, por la cual los prestamistas inescrupulosos pasaron a ser socios de nuestro crecimiento. Y tampoco hubo “conformidad”, ni por parte de los holds out, ni del Club de París, ni de los mercados financieros, etc. Fue el peor de los malos arreglos posibles, porque se quedó a mitad de camino entre una solución amistosa de mercado y una solución no voluntaria de Estado, como correspondía. Lamentablemente esta propuesta, donde había que auditar la deuda antes de renegociarla, no fue atendida. Ello hubiera permitido por ejemplo diferenciar la deuda contraída ilegalmente (como el megacanje de Cavallo de 2001); examinar si eran legítimas las millonarias compensaciones que recibieron los bancos (a pesar de su corresponsabilidad en el colapso de 2001) y también averiguar un dato simple: ¿a quiénes le debemos? Y por eso el problema sigue pendiente en forma agravado.
La situación es preocupante
Roque Fernández (Ex ministro de Economía)
La deuda actual es mayor a la de 2001, incluso es mayor de lo que se cree y de lo que publicó algún diario. La deuda de aquel año era una deuda total de que estaba alrededor de los 144.222 millones de dólares, lo que equivalía a un poco mas del 50 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Hoy la deuda supera el 60 por ciento. Por un lado tenemos la deuda que ya supera los 144.700 millones de dólares –56 por ciento del PBI–. Por otro, tenemos que sumar los 29 mil millones de deuda que se encuentra en default. Entonces, sí podremos comparar los niveles de deuda y comprobar que la deuda actual es bastante mayor. Otro problema es la deuda del Banco Central. Ésa no se computa como parte de la deuda externa, pero deberíamos considerarla para analizar el nivel neto de reservas. Sería erróneo defender la deuda actual diciendo que las divisas del Banco Central ascienden a 50 mil millones. Porque en realidad, el Banco Central debe 20 mil millones que corresponden a Letras y Notas del Banco Central (Lebac y Nobac) y a pases, que fueron emitidos precisamente para comprar divisas.
Desde esa perspectiva, la situación es preocupante. Siempre que la deuda argentina superó el 40 por ciento del PBI, el país entró en default –así le pasó a Alfonsín y en el 2001–. Si nos atenemos a las estadísticas de largo plazo en relación del PBI, aquí tenemos un llamado de atención. Además, el endeudamiento se da en un entorno de abundante liquidez, con tasas internacionales de interés muy bajas, que allanó el camino a los países emergentes como la Argentina para salir de sus crisis sin dificultades. La Argentina sumó mucha deuda, aun sin estar en condiciones de acceder a todo el beneficio de los créditos, por estar en default. La deuda creció, en gran parte, a raíz de las colocaciones en Venezuela, en las operaciones con Chávez. También por la repatriación de las AFJP. Se colocó nueva deuda con el ahorro de los jubilados que estaba puesto a seguro con riesgo argentino. Así, se logra traer 2.000 mil millones de dólares para financiar el vencimiento de la deuda 2008. La situación es preocupante.
Fuente: Crítica de Argentina
Cristina reconoció que hay inflación, pero le echó la culpa a empresarios
De modo indirecto, la Presidenta admitió el incremento de precios. "No niego que haya aumento" pero los del "mes pasado se deben al lock out del campo". Remarcó que “algunos empresarios que forman precios tiene conducta anti social”.
Cristina Fernández de Kirchner volvió al cuadrilátero para pegarle duro a la prensa pero en su discurso, en un acto realizado en la Casa Rosada, reconoció de modo indirecto y por primera vez que en el país existe inflación, por lo que culpó a los empresarios.
"Hay una presentación mediática incorrecta y falsa (de la inflación), aunque no niego que haya aumento de los precios", dijo la Presidenta y agregó que "los precios que se han registrado el mes pasado se deben al lock out del campo y a esta puja distributiva." Además, Cristina remarcó que “algunos empresarios que forman precios tiene una conducta anti social”.
La jefa de Estado defendió el cuestionado modo de medir instrumentado por el INDEC al comparar los aumentos con los países vecinos. "A la hora de medir el costo de vida, los números que muestran son muy inferiores a los que dan nuestros institutos", se quejó luego de comparar los mayores costos de los países limítrofes y los salarios inferiores con los argentinos.
Refiriéndose al Grupo Clarín, dijo que la televisión por cable “genera una de las mayores inflaciones, con una factura más alta que la del gas o la luz”, pero -agregó la mandataria– “de eso no se habla".
"Son ellos (los que manejan el servicio) los que hablan de inflación, cuando en realidad se están apropiando del salario de los argentinos”, disparó Cristina.
La jefa de Estado destacó que en los medios “lo bueno no merece ser publicado y se publican cosas que no son verdad”, en relación al artículo en el que ayer Clarín se refirió a los aumentos de las cuotas en los colegios privados. "Si les aumentan una cuota que no corresponde, hagan la denuncia y no la paguen", aconsejó Cristina.
“Estamos frente a la desinformación planificada y ocultar la información de todo lo que se hizo y todo lo que se está haciendo", aseveró la mandataria y agregó: "A veces, no estamos ante la publicación de una noticia que es mala, sino de una manipulación de la información, diría que para desinformar y preocupar a la gente."
El último informe de la Secretaría de Finanzas señala que la Argentina tiene obligaciones por 144.728 millones de dólares, equivalente al 56% del PBI. Los números oficiales indican que en los últimos dos años la deuda creció y que, medida en dólares, es mayor que durante la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Crítica de la Argentina consultó a expertos en el tema de todo el arco ideológico para saber si estamos mejor o peor que antes de Kirchner.
La Rebelión del Interior
El conflicto entre el Gobierno y el campo volvió a poner en el tapete l
a disputa por la Coparticipación Federal.
Cada vez más legisladores nacionales exigen un mejor reparto de la torta.
La oposición lo pide a gritos; el oficialismo, por lo bajo.
Un misterio económico
Bernardo Kliksberg
Los inmigrantes latinoamericanos muestran que la ética incide en lo económico
Cada año los inmigrantes latinoamericanos en EEUU y Europa envían 150 millones de pequeños giros a sus familias. Las llamadas "remesas migratorias" se han transformado en la principal fuente de divisas de la economía de la región. Sumaron en el 2003, 38.000 millones de dólares; en el 2005, 41.000 millones, y en el 2007 alcanzaron a 66.500 millones. Representan más que la inversión extranjera directa y la ayuda para el desarrollo. México recibió 24.000 millones (es su segundo ingreso después del petróleo), América Central 12.400, los países Andinos 11.600, el Caribe 8.100. Las remesas son 43% del Producto Bruto en Guyana, 35% en Haití, 25% en Honduras, 18% en Jamaica y El Salvador, 17% en Nicaragua, 12% en Guatemala. Llegan a 20 millones de familias en su inmensa mayoría pobres, que las utilizan principalmente para consumos básicos, salud y educación. Tienen un fuerte efecto reactivante en el mercado interno.
Su impacto social es excepcional. Si no fuera por ellas la elevada pobreza latinoamericana (35.1%) sería todavía un 10% mayor. Donald Terry (director del Fomin/BID), y precursor en el tema las llama "el mayor programa de lucha contra la pobreza". Todo ello además en un momento en donde, según termina de advertir críticamente la Comisión Europea, la ayuda para el desarrollo de los países ricos se ha reducido en los 2 últimos años.
Son casi un misterio económico. Los que las envían son esforzados inmigrantes que trabajan en las ocupaciones más duras (limpieza, tareas rurales, construcción, y otras), hacen doble jornada, y ganan ingresos que los colocan por debajo de la línea de la pobreza de los países en donde viven. Sin embargo, en lugar de aplicar todos sus ingresos a mejorar sus condiciones de vida, envían sistemáticamente a sus familias más de un 10% de ellos. En el 2007 a pesar de las dificultades en la economía americana, las remesas subieron un 7%, ascenso menor al de años anteriores pero indicativo de la voluntad férrea que las moviliza.
Los análisis se concentran normalmente en sus dimensiones y efectos, pero cabe preguntarse: ¿por qué estos vastos contingentes de emigrantes pobres que representan el 14.6% de la población de El Salvador, el 9.6% de la de Nicaragua, el 9.4% de la México, el 9.3% de la de República Dominicana, y elevados porcentajes de otros países, coinciden en este envío consistente que se ha convertido en pilar fundamental para sus países y familias? ¿Qué los ha unido en este comportamiento común?
Los impulsa una potente fuerza que el pensamiento económico convencional desvaloriza y margina, que se sale de los razonamientos meramente tecnocráticos, pero que tiene gran peso en la vida real, los valores éticos. Lo hacen por afecto a sus seres queridos, por lealtad con ellos, por solidaridad familiar, por sentido de la responsabilidad.
Estos humildes inmigrantes latinoamericanos, muestran a toda la sociedad con su formidable y silencioso ejemplo que la ética incide decisivamente en el funcionamiento de la economía.
La más reciente obra del autor "Primero la gente" con el Nobel Amartya Sen (Planeta/Deusto 2008).
En 2007 hubo récord en envíos de ATN
Polémicos recursos: la transferencia de dinero de la Nación en un año electoral
El Gobierno giró un 22% más que el año pasado y superó el registro de los últimos siete años; se mandaron $158 millones
Lunes 10 de marzo de 2008
El año pasado, que fue un año electoral, el Gobierno giró a las provincias un 22 por ciento más en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) respecto de 2006, lo que significa un récord de la administración de Néstor Kirchner, que duplicó el uso de estos polémicos fondos desde su asunción, en 2003.
Durante 2007 se enviaron a las provincias 158 millones pesos, contra 129,68 millones girados en 2006, según informaron desde el Ministerio del Interior, en respuesta a un pedido de acceso a la información que había solicitado LA NACION.
En rigor, 2007 fue el año récord en envío de estos polémicos fondos. Es que luego de la crisis de 2001 se había fijado que el presupuesto para atender las necesidades financieras de las provincias quedaría en 80 millones anuales. En 2003 y 2005 se gastó casi la totalidad de lo presupuestado, mientras que en 2004 se enviaron sólo 54 millones. Sólo en 2006 se incrementó la cantidad transferida a las provincias: 129.687.000 pesos.
En el reparto de fondos de ATN durante 2007, destinados -según la ley de su creación- a situaciones de emergencia y para atender desequilibrios financieros, Buenos Aires fue la provincia que más se benefició: recibió 32.849.000 pesos.
En la división de recursos hay cuatro provincias que no tuvieron la misma suerte: Neuquén, gobernada por el opositor Jorge Sobisch, recibió 1.242.000 pesos, contra 10.518.000 que había percibido en 2006. San Luis, gobernada por el ex candidato presidencial y peronista disidente Alberto Rodríguez Saá, recibió 2.370.000 pesos, aunque en este caso mejoró con respecto al año anterior, cuando le habían remitido 1.330.000 pesos.
Las provincias donde no hubo elecciones provinciales porque tienen diferido el calendario electoral, como Santiago del Estero y Corrientes, también recibieron menos que en 2006. Al radical K y gobernador correntino, Arturo Colombi, el gobierno nacional le envió el año pasado un 2 por ciento de lo girado en 2006. Sólo 230 mil pesos, contra 10.960.000 del año anterior. En Corrientes no hubo elecciones para gobernador, sino para elegir a los convencionales constituyentes que reformaron la Constitución local y habilitaron la reelección del mandatario. En esos comicios se habían enfrentado Colombi y su antecesor: su primo Ricardo Colombi.
Con Gerardo Zamora, la diferencia no fue tan grande: En 2007 tuvo 1.680.000 contra 1.715.000 de 2006.
Otra provincia que resultó favorecida es la del actual vicepresidente, el mendocino Julio Cobos: 10.590.000 contra los 3.740.000 de 2006.
Santa Cruz, la provincia del matrimonio presidencial, fue una de las que menos obtuvo. En ATN se giraron 1.170.000 pesos, casi un 70 por ciento menos que en 2006. Esto contrasta con otros recursos que le entrega el gobierno nacional, como los fondos para obras públicas (de lo que se informa por separado).
Córdoba y Santa Fe, dos distritos con fuerte peso electoral y que hasta ese entonces eran comandadas por gobernadores del PJ, como José Manuel de la Sota y Jorge Obeid, respectivamente, percibieron 10.960.000 pesos y 8.310.000 pesos. Cada provincia percibió 4 millones más que el año anterior.
Convertirse en radical kirchnerista no le dio tantos réditos en ATN al gobernador catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral. En 2007 le enviaron 1.555.000 pesos, un 43 por ciento menos que en 2006.
A Mario das Neves (PJ), de Chubut, le depositaron 2.070.000 pesos, más del doble que en 2006. Para el formoseño Gildo Insfrán, también alineado a la Casa Rosada, fueron 12.150.000, más del 470 por ciento con respecto de 2006.
A Entre Ríos, comandada hasta el año pasado por el kirchnerista Jorge Busti, se giraron 9.980.000 pesos, más del doble que el año anterior. Chaco, entonces gobernada por el radical Roy Nikisch, recibió 4.480.000 pesos, un millón menos que en 2006.
Las provincias del Noroeste fueron bastante tenidas en cuenta a la hora de la división: al gobernador tucumano, José Alperovich, fueron 14.730.000; al salteño Juan Carlos Romero, 9.330.000 pesos; al jujeño Eduardo Fellner -ahora presidente de la Cámara de Diputados-, 8.740.000; y en La Rioja, Luis Beder Herrera recibió 8.850.000. A todos les fue mejor: recibieron más del doble que en 2006.
También percibieron más con respecto a 2006: Carlos Verna, de La Pampa, 4.540.000; Miguel Saiz, de Río Negro, 5.185.000; José Luis Gioja, de San Juan, 2.950.000, y Hugo Cóccaro, de Tierra del Fuego, 1.825.000. Todos, gobernadores afines al gobierno nacional.
Un caso especial es Carlos Rovira, de Misiones. Pareciera que el "efecto Piña" -el obispo que derrumbó su sueño reeleccionista- hizo eco. Rovira recibió 2.220.000 en 2007, apenas 295 mil más que el año anterior.
Los ATN se conforman con un porcentaje de la recaudación de algunos impuestos (Aportes al Tesoro). Durante el gobierno menemista se giraba casi todo lo recaudado a las provincias, lo cual siempre generaba polémica ya que, en algunos años, se superaban los 400 millones de pesos.
Además, el gobierno nacional tiene otros mecanismos para girar fondos a las provincias, provenientes de la recaudación de impuestos no coparticipables y que se distribuyen a gusto de la Casa Rosada. Estos fondos no requieren control parlamentario alguno.
A pesar de haber aumentado el envío ATN a las provincias en los últimos dos años, el gobierno nacional transfiere un porcentaje mínimo de los fondos que recauda para distribuir a las provincias. Este fue tema de crítica de la oposición, que objeta el reparto de los ATN.
José Ignacio Sbrocco
Compleja fórmula
- Los fondos de ATN se conforman de la siguiente manera: se suma el uno por ciento del total de la masa neta de coparticipación, por distribuir entre la Nación y las provincias; a eso se agrega el dos por ciento de la recaudación que se consigue por el impuesto a las ganancias, según la ley 24.073, y los 20 millones de pesos anuales correspondientes a la recaudación, también del impuesto a las ganancias, según la ley 24.699. Por último, también se suma a la conformación de los ATN el uno por ciento del 93,7 por ciento de la recaudación del impuesto a los bienes personales, según la ley 24.699.
El reparto
22%
Crecimiento
Es lo que el gobierno nacional aumentó en ATN para las provincias el año pasado en concepto del mismo fondo girado en 2006.
158
Millones de pesos
Fue la cifra que en 2007 la Casa Rosada envió a las provincias, contra los 128,68 millones de pesos que giró Néstor Kirchner en 2006.
10
Los más beneficiados
Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe fueron las provincias más beneficiadas por el reparto.
Hay otros fondos que se reparten sin control
Santa Cruz, entre los beneficiados
Además de los polémicos ATN, el Gobierno dispone de otros mecanismos para girar fondos arbitrariamente a las provincias: esos recursos provienen de la recaudación de impuestos no coparticipables y, en su mayoría, están destinados a obras públicas (caminos, viviendas y de recursos hídricos), generalmente para gobernadores afines a la Casa Rosada.
Por ejemplo, Santa Cruz, la provincia de origen del matrimonio presidencial, fue la segunda que más se benefició con recursos para obras públicas en 2007 con estos fondos: recibió 890 millones de pesos y sólo fue superada por Buenos Aires, que recibió 1239 millones de pesos.
La tercera provincia que más fondos recibió fue Formosa (546 millones de pesos), seguida por Santa Fe (354 millones), Tucumán (305 millones), Salta (275 millones) y Córdoba (246 millones).
Pero además también hay otra cuestión importante en la redistribución de fondos a las provincias: la potestad que tiene el jefe de Gabinete para reasignar partidas del presupuesto nacional, atribución más conocida como superpoderes.
En obras viales, Santa Cruz gastó 772 millones de pesos en 2007, cuando sólo tenía presupuestados 158 millones para ese rubro. Este aumento fue posible porque el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, utilizó los superpoderes y reasignó partidas en favor de la provincia patagónica.
Según las proyecciones del presupuesto 2008, el Gobierno gastará 26.110 millones de pesos sin control del Congreso, como ya informó LA NACION en noviembre pasado. Ese cálculo surgió del Ministerio de Economía cuando presentó el proyecto del presupuesto para que fuera tratado en el Congreso a fines del año pasado.
En el actual presupuesto, el aumento del gasto público representa un 23,1 por ciento respecto del presupuesto para 2007. Para la oposición, el Gobierno gasta más de lo que presupuesta porque subestima los cálculos de la recaudación y, de esa manera, puede administrar los excedentes presupuestarios a su arbitrio.
El adiós de los Kirchner a la clase media
Por Carlos Pagni
Para LA NACION
La presidencia de Cristina Kirchner estaba destinada, según sus promotores más entusiastas, a ajustar la orientación económica y política del actual elenco de poder. Emitiría señales amigables a la iniciativa privada, entre ellas una política de precios y tarifas sin intervenciones oficiales ni fraudes estadísticos. A Guillermo Moreno se lo jubilaría como a un gran inválido de guerra y la alianza sindical con Hugo Moyano sería reemplazada por una más presentable, con Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez. La política exterior, reconciliada con los centros de decisión internacional, acompañaría ese giro. Y una operación de reparación institucional y ética estructuraría en torno a sí una corriente de centroizquierda, versión exitosa de las "transversalidades" ensayadas en el período anterior.
El nuevo orden sería operado por su principal inspirador, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, victorioso en su tenaz batalla contra Julio De Vido.
Al cabo de tres meses de rodaje, es más difícil localizar los rasgos de ese boceto en el gobierno de la señora de Kirchner que en el de su esposo y ex presidente.
En las últimas horas hubo dos manifestaciones elocuentes de las dificultades del jefe de Gabinete y sus aliados para realizar la utopía que prometían en aquel marketing.
Por un lado, los datos del Indec sobre inflación desmintieron cualquier revisión en el abordaje del fenómeno. Por otro, la dirigencia tradicional del PJ, encabezada por el formoseño Gildo Insfrán y amalgamada con subsidios más que con preceptos doctrinarios, se erigió en la viga maestra de la arquitectura política oficial. "Pejotismo", hubiera dicho Kirchner en los 90.
Por una convención periodística, se viene aceptando que el giro respecto de la inflación depende del desenlace de un duelo entre el ministro Martín Lousteau y el secretario de Comercio Moreno. Pero el obstáculo que encuentran Lousteau y su mentor Fernández no es Moreno. Es Néstor Kirchner. Sencillo: en el gabinete todos saben que el ex presidente sigue al frente de la gestión económica con la misma intensidad con que lo estuvo desde que expulsó del ministerio a Roberto Lavagna.
Kirchner no sólo comanda a Moreno, también instruye al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, con el monitoreo periódico de su antecesor, Carlos Mosse.
Es Kirchner quien, cuando se insinúan contradicciones a sus dictámenes, manda a decir desde sus oficinas: "No le lleven problemas a Cristina". Y es él quien, a menudo, se encarga por las noches, en la quinta presidencial de Olivos, de anular alguna medida que su esposa había autorizado durante el día en la Casa Rosada.
"Esa división matrimonial del trabajo está aceptada desde siempre: él controla todo lo que tiene que ver con dinero y ella lo institucional", explica, como si nada, alguien que convive con los Kirchner desde hace más de 20 años.
Un régimen semejante obliga a evaluar con algún pesimismo la eventualidad de una política antiinflacionaria: es más fácil reemplazar a Moreno que modificar el voluntarismo con que Kirchner mira la economía y, sobre todo, los precios.
El cree que el 80% del problema está determinado por las expectativas de los consumidores y de allí deriva la conveniencia de manipular los índices. En su concepción, Lousteau debería dedicar su talento a que el mercado se someta a lo que quiere el Gobierno; no a lo contrario. Acaso dé lo mismo la identidad del ejecutor en esta visión.
Hasta cabe el riesgo de que los problemas de conducta de Moreno hagan perder de vista la dificultad que exhibe el ex presidente para aceptar que el funcionamiento económico está dotado de cierta autonomía respecto de la decisión política.
Sería un error, sin embargo, negar toda diferencia entre el primero y el segundo gobierno Kirchner en el modo de abordar la inflación.
No es lo mismo carecer de estrategia cuando los precios subieron 10% que cuando subieron 22%. La inconsistencia matemática crece. ¿Por qué con un costo de vida de 10% anual a Moyano se le autorizó un aumento de salarios que, bien medido, fue del 22%? ¿Cómo se explica, si no es por una aceleración inflacionaria, que en una economía que crece al 8% la recaudación fiscal aumente, año a año, más del 40%?
El ex policía Hernán Brahim, delegado de Moreno en el Indec, hace goles en contra: durante 2007 se crearon más empleos según los consultores independientes que según el instituto oficial.
Para reducir los bloopers , el gobierno prepara otro IPC: medirá los precios de los artículos que consumen los más pobres, que serán relevados no en los hogares sino en los supermercados. Las subas por encima del 15% serán descartadas por estacionales. ¿Y las bajas?
La manipulación estadística también desalienta la inversión de largo plazo y no sólo porque impida proyectar decisiones. El embajador de Francia, Frederic Baleine du Laurens, un confeso admirador de la señora de Kirchner, lo insinuó ayer en LA NACION al hablar del financiamiento del tren bala (mejor evitar su nombre oficial, tren "cobra", por lo que sugiere). Indicó que, para acceder a créditos blandos, la Argentina debe regularizar su relación con el Club de París. Es sabido que eso no sucede porque el FMI exige, a diferencia de Hugo Chávez, sincerar las estadísticas.
En el tablero fiscal del Gobierno también se encienden luces amarillas: los recursos para subsidiar a quienes contienen sus precios deben crecer al ritmo de la inflación. En vez de facilitarse, el superávit podría ponerse en riesgo.
Pero el peor efecto de estas distorsiones sobre la gestión de Cristina Kirchner es político. El autismo estadístico puede convertirse en un factor de distanciamiento grave entre la opinión pública y el Gobierno.
La tozudez con que Néstor Kirchner ordena recusar la percepción popular de la inflación, tan parecida a la que exhibía Carlos Menem frente al desempleo durante la convertibilidad, comienza a poner en tela de juicio su reconocida sensibilidad para el humor social, sobre todo el de los sectores medios.
* * *
Esta esclerosis de la gestión económica de Kirchner hace juego con su gestión política. Si su liderazgo iba a estar asociado a la fundación de un orden más moderno que el que se derrumbó en la crisis terminal de 2001, el viernes pasado quedó demostrado que para esa operación carece ya de impulso.
Los jerarcas peronistas reunidos en el congreso partidario de Parque Norte pasaron la factura por los votos conseguidos el 28 de octubre pasado y Kirchner aceptó pagarla.
Aquella fuerza de centroizquierda a cuya organización él iba a dedicarse mientras su esposa gobernara estará liderada por los ex gobernadores Carlos Reutemann (Santa Fe), Rubén Marín (La Pampa), Ramón Puerta (Misiones) y Juan Carlos Romero (Salta), por los sindicalistas Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri e Insfrán, entre otros.
La "transversalidad" que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, obsequiaría a la clase media urbana quedó sepultada en esa asamblea, cuya organización Kirchner encomendó al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al eterno armador del peronismo Juan Carlos Mazzón.
Fue el reconocimiento de que la base electoral del Gobierno no es la que proveería una alianza con el gobernador socialista santafecino Hermes Binner, el dirigente cordobés Luis Juez o los Ibarra, sino otra, en la que predominan los mismos desamparados a los que, desde Puerto Madero, Kirchner les dedicará un nuevo índice de precios.
ARGENTINA EN VENTA
La cultura del terror:
El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohibe decir, te
prohibe hacer, te prohibe ser. El colonialismo invisible, en cambio te
convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu
naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer,
no se puede ser.
Eduardo Galeano - El libro de los abrazos.
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Argentina de remate.
Apelamos a la conciencia colectiva y deseo común de todos como pueblo argentino.
Apelamos a la unión de todos los ARGENTINOS, con la intención de detener el despojo y la expropiación de nuestro territorio nacional, a
manos de capitales extranjeros, que arrasan y se adueñan indiscriminadamente de las mayores riquezas y reservas naturales
argentinas.
Lea lo que sigue con mucha atención, imprímalo y reenvíelo para que esta cadena no se corte.
Argentina en Venta:
MALARGÜE - Mendoza: 250.000 HECTÁREAS (equivalente a 12 veces la superficie de la Capital Federal), compradas por empresarios de MALASIA, con gente dentro, además de miles vendidas y ofrecidas a capitales CHINOS y ESPAÑOLES.
Vendidas: 500.000 hectáreas. En venta: 800.000 hectáreas.
DIQUE DE LAS CARRETAS - SANLUIS: 40.000 hectáreas compradas por empresarios ITALIANOS.
En venta: 850.000 hecs.
SAN JUAN: 2.000.000 de hectáreas en venta, más del 20% de la provincia incluyendo la frontera con Chile.
CATAMARCA: Se venden campos del tamaño de la isla GRAN MALVINAS a U$S 8 la hectárea (el precio de un 'Big Mac' en EEUU)
Vendidas: 100.000 hectáreas a un grupo HOLANDES. En venta: 1.600.000 hectáreas.
EL DORADO - MISIONES: 172.000 hectáreas de la selva Paranaense (única en el mundo), taladas por la empresa ALTO PARANÁ, propiedad del grupo ARAUCO de CHILE.
FORMOSA, CHACO Y CORRIENTES: 1.400.000 hectáreas en manos de capitales AUSTRALIANOS.
PTO. GRAL. SAN MARTIN - SANTA FÉ: tierras compradas por EEUU. Se han desplazado monumentos históricos nacionales.
ENTRE RIOS: Vendidas 100.000 hectáreas. En venta 150.000 hectáreas.
SGO. DEL ESTERO, TUCUMÁN Y LA RIOJA: Vendidas: 120.000 hectáreas.
En venta: 1.300.000 hectáreas.
SALTA: 2.400.000 hectáreas en venta, entre ellas se encuentra la finca JASIMANA en el corazón de los valles calchaquíes, equivalente a 65 veces la superficie de la Cap. Fed. En total, en venta y vendidas 13.000.000 de hectáreas, equivalente a la superficie de Cuba.
PATAGONIA: Se vendieron tierras que incluyen lagos, ríos, fronteras, animales, aún en zonas de seguridad.
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO: 100.000 hectáreas de bosque (el más austral del mundo), compradas por una corporación de EEUU que intenta talarlas. Cada planta tarda muchos años en crecer debido a las condiciones climáticas.
LAGO ROSARIO - CHUBUT: 20.000 hectáreas compradas y cercadas por ALEMANES, que incluían la reserva de Naturales Mapuches más grande del país, que fue desplazada y despojada de las mejores pasturas para alimentar ganado.
SANTA CRUZ: las estancias ( 80.000 hectáreas), Monte León, Don Aike, El Rincón, y Sol de Mayo (cordillera), comprada por el terrateniente DOUGLAS TOMPKINS de EEUU, quién pretende apoderarse de las reservas de agua potable más puras del planeta, formadas por la cuenca de los hielos continentales Patagónicos, que desembocan en su mayoría en el río más caudaloso de
Patagonia (Rio Santa Cruz).
DOUGLAS TOMPKINS, reclama a través de su empresa (THE PATAGONIA LAND TRUST) que el gobierno de la provincia renuncie a estos lugares,quedando finalmente regidos bajo leyes de EEUU.
En la ARGENTINA hay vendidas y en venta 16.900.000 hectáreas a EXTRANJEROS.
Si a eso le sumamos el proyecto de privatizar bancos como el Nación, que hoy tienen en sus manos 14.500.000 hectáreas de chacareros endeudados, éstas pasarán a manos de la banca extranjera, suman un total de tierras vendidas e hipotecadas de 31.400.000 hectáreas.
Para compararlo en dimensiones, algo así como TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en manos de capitales extranjeros.
NOTA: La venta de tierras a extranjeros en EEUU, está sumamente restringida, por ser considerada un insumo estratégico.
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