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Crónica y fotos de la esclavitud en la tierra de nadie
“Nos fuímos de capital, porque había demasiados controles” fue lo que dijo ante las cámaras de canal América Joaquin Ticlla , el dueño del taller esclavo ubicado en la Avenida San Martín 938, en el partido del mismo nombre y a pocas cuadras de Nobleza Piccardo y Carrefour. En ese taller, hasta ayer, diez costureros eran sometidos a trabajo esclavo, en agotadoras jornadas de 6 a 22 horas. La mayoría de los costureros había sido traído directamente de Bolivia con promesas engañosas, la minoría había sido reclutada en la esquina de Cobo y Curapaligue. Todos estaban indocumentados.
Al mediodía del martes 13, Alfredo Mamani, un costurero de 23 años, llegó a la Alameda con su esposa y su beba de dos meses. Su cara estaba desfigurada: un ojo destrozado, el labio inferior hinchado, el cuello rasguñado, su remera desgarrada y con manchas de sangre y su tabique fracturado (ver foto). Su sangre también había quedado en el taller textil de San Martín, donde trabajaba de sol a sol junto a sus compañeros por una paga miserable que ni siquiera se efectivizaba. El costurero fue reprendido por el encargado, un tal Marcelo, por no hacer la tarea que se le había encomendado minutos antes y lo agredió con el rodillo de la over en el rostro y luego lo golpeó sin miramientos. La insólita agresión era claramente una excusa para agredir y echar al costurero sin pagarle las deudas salariales que venía reclamando desde hace semanas.A fines de diciembre y principios de enero, las expulsiones violentas de los costureros son un clásico en la industria textil clandestina: termina la temporada y fabricantes y talleristas se desembarazan de sus esclavos con cualquier excusa, lanzándolos a la calle.
Al poco tiempo llegó la policia llamada por la esposa del costurero que ,por supuesto, nada hizo. Tan sólo llamar a la ambulancia para dejar a Alfredo y su familia en la guardia del Hospital Thompson, donde lo hicieron esperar más de dos horas sin atenderlo.
Harto del manoseo, Alfredo fue a la Alameda y allí denunció todo lo que estaba ocurriendo en ese taller ubicado en esa tierra de nadie que es el Partido de General San Martin, donde la policía coimea, los hospitales no atienden y los esclavistas se hacen la américa.
Más de una hora llamamos al Ministerio Público Fiscal de San Martín que nos dejó esperando eternamente a la “operadora” que nunca atendió.
Alfredo y su esposa querían recuperar desesperadamente sus pertenencias que estaban en el taller y también a su sobrina, H. Q , una adolescente de 17 años que también era sometida a la servidumbre y que había sido directamente traída de Bolivia al taller.
Se convocó al primer canal que se hizo eco de la denuncia para invitarlos a ir al taller urgentemente a rescatar a la menor y a las pertenencias de los costureros.
A las cuatro y media de la tarde llegaron una docena de costureros de la Alameda y los periodistas de América. El tallerista, Joaquin Ticlla, con mujer y tres hijos, nacido en Oruro y ex policia en su tierra no opuso resistencia al requerimiento de pasar al taller a retirar las pertenencias de Alfredo y a su sobrina H Q. Asi fue que los miembros de la Alameda y del canal América ingresaron al taller. Mientras se recogían las pertenencias, las costureras de la Alameda dialogaban con las otras costureras aterrorizadas que aprovecharon la oportunidad para irse del taller junto con Alfredo, hartas del encierro y la explotación.
El taller es una casona derruida, con habitaciones en la entrada tras una persiana azul, con un patio interno y en el fondo el taller. Solamente había dos baños y una habitación precaria en la terraza. Allí trabajan diez costureros para las marcas Ramirson (camperas) y Lidas jean. A los costureros les pagan $ 1,50 por la confección de cada jeans. Pero este miserable precio es virtual, porque todos tienen deudas salariales y apenas recibían migajas de adelanto para subsistir. El taller existe en San Martín hace dos años y es uno de los típicos talleres que se escapó de la Capital ante las denuncias de la Alameda y la oleada de inspecciones. Como ya denunciamos en otras oportunidades, San Martín parece ser una de las zonas liberadas predilectas de los esclavistas.
Ante las preguntas del periodista, el tallerista no quizo revelar quienes eran los fabricantes, es decir, los máximos responsables de ese taller esclavo. No podía decirlo porque, según el tallerista, los fabricantes “son mis benefactores. Ellos me ayudan , me dan máquinas. No puedo ir contra quienes me dan de comer” (sic)
En este momento, seis de los diez costureros, incluída la menor, están alojados en la Alameda. Alfredo está siendo atendido en un hospital con diagnóstico de triple fractura del tabique nasal y otras contusiones. Mañana por la mañana, la Organización Internacional para las Migraciones los espera temprano en su sede para darles contención, orientación y alojamiento.
Mientras tanto, aún esperamos los colchones del gobierno de la Ciudad ( que se lava las manos sistemáticamente ante estos casos) para que los costureros duerman al menos dignamente una noche. También esperamos que alguien nos atienda del Ministerio Público Fiscal de San Martín o de la UFASE del Ministerio Público de la Nación.
La Alameda y un canal de televisión fueron a la tierra de nadie a rescatar a los costureros esclavizados. Y ahora esperan en el país de nadie, que alguien se digne a hacer algo por ellos.
Cuando termine estas líneas, el intendente de San Martín, el comisario de la zona, los de guardia en el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Nación, los jóvenes funcionarios de Desarrollo Social de la Ciudad estarán duermiendo plácidamente en sus casas, mientras los costureros esperan en un rincón de la Alameda que se cumpla alguna ley, alguna convención internacional en este bendito país.
Gustavo Vera, presidente de la cooperativa la Alameda
Entrevista a Gustavo Vera publicada en el diario Buenos Aires Económico (BAE), el domingo 11 de enero, escrita por Horacio Aranda Gamboa.
De 44 años, casado y padre de cuatro hijos varones, además de las tareas en La Alameda, ejerce como docente en la escuela Nº 10 de Villa Lugano. Como al pasar, desliza: “Con nuestra tarea estamos demostrando que se puede hacer política sin necesidad de tener puestos o de ser ladri”.
Vera, docente y militante social de La Alameda Desde hace más de siete años, La Alameda, organización vecinal y comunitaria de Parque Avellaneda, surgida con los cacerolazos del 2001, se ha hecho conocida por sus reiteradas denuncias contra talleres clandestinos, que en connivencia con grandes marcas de ropa, emplean a trabajadores esclavos, o por poner en evidencia la trata de mujeres en prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires, los que según denuncian, operarían en complicidad con la Policía Federal. A pesar de ello, poco se conoce. Uno de sus pilares, Gustavo Vera, en esta entrevista concedida a Buenos Aires Económico, desgrana los pormenores de esa batalla desigual.
–¿Cuál es la ruta que han seguido para llegar a dar esta pelea tan fuerte contra los talleres clandestinos?
–Entre el 2003 y el 2005 hubo un proceso de consolidación de La Alameda que tuvo que ver con lazos afectivos, en lo social y con la resistencia y con el desarrollo de emprendimientos tales como panadería, textil y otros. También nos dio impulso que Acción Social nos aportara maquinarias. Hasta entonces el único apoyo que teníamos eran las raciones de polenta, fideos y arroz. A partir del 2003 logramos que se legalizara el comedor, ya para entonces habíamos resistido un intento de desalojo, habíamos tenido 14 presos y varios procesados y logramos arrancar la expropiación el 16 de junio del 2004.
— ¿Cómo llegan a las denuncias?
–Con los paisanos bolivianos se generó un marco de confianza que rompió el pacto de silencio que había. Acá venían a comer muchos de ellos y a partir de eso, empezaron a acercar estas problemáticas de la trata, el tráfico, la explotación o las marcas que estaban involucradas. Tanto es así, que está megacausa que se tramita en la justicia federal y donde hay 85 marcas denunciadas y un universo de 600 talleres, comienza con dos talleres que están a dos cuadras de La Alameda.
–¿Dónde está radicada la megacausa contra los talleres y cómo responde la Justicia?
–El juez Norberto Oyarbide trató de sacarse las causas de encima. Sabíamos pues que era muy poco lo que iba a hacer y que iba a tratar de garantizar la impunidad de las marcas, que fue lo que intentó. Él quería mandarla a un juzgado de instrucción correccional y no darle carácter federal, cuando hay una violación a la ley de migraciones, a convenios internacionales sobre trata y tráfico de personas y otros delitos de competencia de la justicia federal. Tras un pedido de juicio político en su contra logramos que la cámara revocara la incompetencia de Oyarbide, y restaurara el fuero federal a la causa, y le advirtió que toda denuncia de talleres clandestinos irían a su juzgado. Desde hace un año la causa esta paralizada. A fines del 2007 logramos que una fiscalía sacara un dictamen pidiendo la indagatoria de los directivos de Soho. Era la primera vez que una fiscalía mencionaba una marca; hasta ese momento hacían como que no tenían que ver a pesar de que ya estaban denunciados.
–¿Cuáles son las evidencias que las involucran?
–Una ley de trabajo a domicilio que establece la solidaridad entre las marcas y los talleres donde mandan a confeccionar sus prendas, las inspecciones en las que se encontraron etiquetas y remitos que les pertenecían, el que los propios talleristas y trabajadores en su declaraciones juradas decían que trabajan para ellas y el que las mismas marcas admitían que mandaban a confeccionar a esos talleres. Tras el dictamen contra Soho, en el verano del 2008 la empresa llega a un acuerdo con el juez en una situación de cohecho. Cuando Oyarbide redacta ese fallo espantoso donde plantea que Soho en realidad no usaba trabajo esclavo sino que los bolivianos se autoexplotaban por pautas ancestrales, lo hace al tiempo que Soho intenta sobornar al sindicato donde se encuadran los trabajadores e intenta hacernos una oferta a nosotros. Y, si esto que decimos no es verdad, ¿por qué el juez no nos hace un juicio por calumnias e injurias?
–Del trabajo con los talleres pasan a denunciar prostíbulos…
–Es imposible meterse con un tema vinculado a la trata de personas sin meterse con todos los demás. Porque por Villazón, por Yacuiba o por la Triple Frontera no pasan solamente costureros que van a los talleres, pasan también mulas, chicas que son engañadas y llevadas para prostituirse, trabajadores que son llevados esclavizados a la horticultura, la agricultura o la construcción.
–¿Por qué van directo a los establecimientos de Monserrat y de Constitución?
–Con los talleres apuntamos a las columnas principales, con investigaciones serias que mostraran la responsabilidad de las grandes marcas. Con los prostíbulos hicimos lo mismo, había un crecimiento geométrico de redes que funcionan con proxenetas, drogas, menores y chicas. Decidimos actuar en Constitución y Monserrat porque son dos de las columnas principales de la red de prostitución que están alrededor del Departamento Central de Policía, lo cual muestra claramente su complicidad y la de algún ministro. Al principio intervino el juzgado de Ballesteros y el de Oyarbide y hubo algunos allanamientos, pero a los 15 días liberaron a todo el mundo, reabrieron los lugares y levantaron las clausuras. Volvimos a hacer la segunda caravana, ahí intervino Ballesteros del mismo modo, a los 15 días volvieron a revertir y así estamos.
–¿Han logrado rescatar alguna de las víctimas de los prostíbulos?
–En Flores rescatamos una y otra en Caballito. En el caso de Once estuvimos a muy poco, y en Constitución a ninguna. Es muy difícil entrar a esos lugares, pero estamos seguros que las propias víctimas se van a ir comunicando y nos van a aportar datos. De hecho, hemos recibido una cantidad de datos anónimos que, sospechamos, vienen del interior de la propia red y también denuncias de que las comisarías 4ª, 16ª y el Departamento Central reciben 800.000 mangos por mes por la protección de estos 35 locales de prostitución, trata y narcotráfico. Datos que parten de la interna de la propia Federal y que tienen mucha veracidad. También logramos que seis o siete de los prostíbulos de Constitución se encuentren en agonía absoluta.
–Ustedes han denunciado también trabajo esclavo en granjas. ¿Cómo llegaron a esas denuncias?
–Gracias a una estrategia comunicacional que ha hecho que La Alameda se convierta en una fiscalía de los bajos fondos. Ahora viene gente a denunciar redes de prostitución de menores, trabajo esclavo en la horticultura, en la agricultura o la zafra.
–¿Cómo se financia todo esto?
–Hasta el 2006 no teníamos nada. A partir de que se instaló el tema en los medios hay mucha gente que dona. La embajada Suiza y gente de Alemania quieren aportar. Ninguno de nosotros vive de esto, yo por ejemplo soy maestro, el resto trabaja en la cooperativa. También contamos con abogados que trabajan ad honórem y que pelean contra bufetes importantes, y les vamos ganando. Pero ya estamos atravesando el límite de lo artesanal y habrá que profesionalizar algunas cosas.
–Con temas tan densos, ¿han recibido algún tipo de amenaza?
–La Alameda ha tenido 14 atentados. En junio los talleristas rompieron el local cuando estábamos haciendo la primera caravana. A principios del 2006 quisieron quemar mi casa. No lo hicieron porque llegó la Justicia a tiempo, pero en la puerta había una veintena de bombas molotov. En lo personal no tengo miedo, pero sí hay compañeros que lo sienten. Nosotros tratamos de inculcarle a la gente que los adversarios no son tan peligrosos como parecen y que frente al escarnio de la opinión pública se les complica. La mayor seguridad que tenemos es que los temas se conviertan en públicos. Lo peor que nos puede pasar ahora es quedarnos callados. El día que La Alameda este seis meses en silencio, es porque ya estamos todos muertos.
LA ALAMEDA, TRAS SIETE AÑOS DE VIDA
Los orígenes de La Alameda se remontan a los cacerolazos de diciembre de 2001 cuando un grupo de vecinos “nos empezamos a plantear otra serie de temas barriales”. Gustavo Vera reflexiona que “acá los problemas no eran del corralito sino el hambre, la desocupación y obviamente la falta de trabajo”. Dieron inicio a una olla popular destinada a la gente en situación de calle y a la que en un principio asistían entre “5 o 6 personas, las que rápidamente se fue incrementando”.
Hoy en La Alameda, además del comedor que alimenta diariamente a 120 personas, ofrecen talleres de apoyo escolar. También funciona allí la Cooperativa 20 de Diciembre, que emplea a unas 30 personas. Además, participa de un Mercado de Economía Solidaria en el barrio de Palermo, una fundación integrada por profesionales que de modo gratuito administran las causas judiciales, y una agrupación gremial integrada por trabajadores blanqueados y otros que aún permanecen en talleres textiles clandestinos. La organización brinda además, cursos sobre trata y tráfico de personas, destinados a costureros y voluntarios. Además han logrado que el Gobierno porteño creara en el barrio de Barracas un polo textil de 1.800 metros cuadrados, donde trabajarán ocho cooperativas con 200 costureros provenientes de talleres clandestinos y que se inaugurará en marzo próximo.
Han hecho más de 600 denuncias y tramitado por el programa nacional Patria Grande más de 4.500 documentos.
FUENTE: La Alameda
