PUEBLOS ORIGINARIOS TERRORISTAS CRUENTOS
Creo que las políticas de las administraciones estadounidenses han sido replicadas en estas latitudes. La fórmula es fácil. Si molestas o estorbas a los intereses económicos de un sector poderoso de tu país, pasas automáticamente a engrosar las filas del terrorismo mortífero y sangriento. Claro que EE UU considera que su dominio territorial se extiende al universo. Argentina no está exento a esta estrategia, también culpó a pueblos originarios que reclamaban por sus tierras de estar vinculados a células terroristas de la ETA.
Chile: crece represión contra mapuches
Para el gobierno chileno, los líderes del movimiento indígena mapuche son terroristas aunque nadie haya sido muerto ni vejado en sus reivindicaciones políticas. Varios de ellos purgan en la cárcel condenas de más de cinco años. En contraste, el policía que asesinó a un dirigente comunero enfrenta en libertad una condena de dos años. Lejos de arredrarse, el movimiento por el territorio y los derechos mapuches crece y comienza a fundar instituciones autónomas
Pamela Sepúlveda / Voces de la tierra-IPS
Santiago, Chile. Mientras aumenta la tensión en territorios mapuches de Chile, surge una nueva herramienta de resistencia y defensa desde los propios indígenas frente a un Estado en cuya justicia no confían.
“Nosotros, como comunidad, estamos prácticamente todos encarcelados, y el que no está en la cárcel está con alguna medida cautelar con arraigo”, relató a IPS Antonio Cadín, werkén (vocero) de la comunidad Juan Paillalef, ubicada a 730 kilómetros al sur de la capital.
Este dirigente mapuche cumple prisión de cinco años y un día, con beneficio de reclusión nocturna, por atentado contra la autoridad y desórdenes. Su esposa, la lonko (máxima autoridad tradicional) Juana Calfunao, cumple condena de cuatro años y medio por el mismo delito. La hija menor de ambos, de 12 años, pidió asilo político en Suiza hace más de un año.
Cadín sostiene que la protesta de su pueblo es contra la indiferencia y la represión sostenida desde los inicios del Estado chileno, y que no ha encontrado respuestas en los últimos 20 años de vida democrática.
“No ha habido un reconocimiento hacia nuestra estructura político, social y jurídica que tenemos como pueblo; no se ha respetado a las autoridades tradicionales y no se ha respetado el derecho territorial”, enfatizó.
Para luchar por sus derechos y enfrentar las injusticias de que sostienen ser objeto, la comunidad Juan Paillalef se coordinó con más de 20 comunidades mapuche para impulsar la creación del defensor social autónomo mapuche.
Esta inédita defensoría se basa en los lineamientos de sus autoridades tradicionales junto a “seis abogados, más un equipo multidisciplinario: sicólogos, asistente social, antropólogo y sociólogo, para acompañar los informes ante los tribunales cuando los hermanos estén siendo enjuiciados”, dijo Cadín.
Para el abogado del Observatorio Ciudadano, Matías Meza-Lopehandia, la generación del defensor autónomo es un signo de madurez del movimiento en sus derechos y autonomías.
“Tienen que ver con esto, con que los pueblos indígenas se hacen cargo de sus propios problemas, revalidan sus propias organizaciones, y ése es el proceso que se está viviendo hoy día”, indicó el jurista.
Los mapuches constituyen el pueblo originario más numeroso en Chile, con cerca de 1 millón de personas. Casi la mitad vive en la capital, y el resto, principalmente en la región de la Araucanía, a unas 10 horas al sur de Santiago.
Es precisamente en esa zona donde el conflicto se enciende con ocupaciones de predios, quemas de camiones forestales o bosques que reclaman como ancestrales.
Seis atentados incendiarios han ocurrido en lo que va de 2010, cuatro de ellos se habría atribuido la Coordinadora Arauco Malleco.
“No tenemos duda que el trabajo de las policías y de los fiscales permitirá atrapar a estos delincuentes, ponerlos tras las rejas, y nosotros esperamos que la justicia aplique, como en todos los casos anteriores, el máximo rigor de la ley”, dijo el ministro del Interior provisional, Patricio Rosendea, a la prensa ante el último episodio.
En enero se conoció la formalización de cargos a cuatro mapuches, entre ellos un menor de edad, bajo la Ley Antiterrorista, por su supuesta participación en un ataque incendiario; y otros 23 mapuches también fueron llamados por la justicia por supuestas amenazas y asociación ilícita terrorista.
Pero también se interpusieron dos querellas criminales por torturas, una cometida por policías a un mapuche de la comunidad Temucuicui, y otra que presentó el defensor jurídico autónomo mapuche en contra de la Gendarmería –encargada de la seguridad penitenciaria– por tortura y apremios ilegítimos cometidos contra una mujer de la comunidad Juan Paillalef.
Para el abogado, no es un indicador de que el conflicto se haya recrudecido en la Araucanía ni que efectivamente todos los hechos que se les imputan sean causados por mapuches.
Actualmente hay 52 indígenas encarcelados –que se autodenominan como “presos políticos mapuche”–, imputados por actos de violencia en el marco de sus reivindicaciones.
Cuarenta de ellos están procesados o cumplen condenas de hasta 10 años de prisión por supuestos delitos terroristas; en hechos donde, según observa Meza-Lopehandia, nunca hubo “desprecio por la vida humana” ni muertos como consecuencia, como supone el concepto de terrorismo.
Como contraste, por dar muerte al joven comunero Matías Catrileo, la sentencia del Tribunal Militar determinó que el policía uniformado responsable de su muerte tendrá una condena de sólo dos años con pena remitida, es decir, no cumplirá prisión efectiva.
La Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), según diversos organismos de derechos humanos, no es aplicable a la protesta mapuche.
Investigaciones judiciales secretas, uso de testigos protegidos que impiden una legítima y oportuna defensa, aumento de la detención preventiva y duplicación de las penas para los condenados son algunos de sus vicios.
Según detalla el abogado, se rompe la presunción de inocencia, manteniendo privados de su libertad a indígenas que se “presumen culpables” sin, muchas veces, existir pruebas contra ellos.
También genera preocupación que, en la práctica, rebaja el estándar de acción y respeto a los derechos fundamentales desde policías y fiscales.
La lógica que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la lógica del “derecho penal del enemigo”, analizó Meza-Lopehandia. “Entonces, se deshumanizan, ya no son objetos de derecho, se les puede torturar”, agregó.
En octubre pasado, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en este país, Gary Stahl, hizo un llamado “a parar la violencia que involucra a niños, de cualquier lado que venga”, luego de reunirse con tres ministros del recién concluido gobierno de Michelle Bachelet para manifestarles la preocupación del organismo internacional frente a las graves denuncias de violencia policial contra niños y niñas mapuche.
Toda esta situación explica que muchos indígenas no confíen en el Estado ni en la defensoría pública que les ofrece, buscando sus propios instrumentos, como el defensor autónomo mapuche.
“No hay garantías” en procesos judiciales “manipulados por el Estado”, señaló a IPS el defensor autónomo, argumentando que “te persigue con la policía, te pone el fiscal y, por otra parte, te pone abogados (…) defensores públicos que obedecen a un sistema y obedecen a un patrón político del Estado, y a un patrón de intereses económicos de este país.”
Proyección ante nuevo gobierno
Las diversas organizaciones mapuches no creen que la política del Estado variará con el gobierno de Sebastián Piñera, en cuanto a seguir negando sus derechos, pero sí temen que aumente la represión y la aplicación de la Ley Antiterrorista.
El derechista Sebastián Piñera, que asumió el gobierno el 11 de marzo, amenaza burlar parte de su forma colectiva de organizarse como una de sus estrategias para apagar el foco de protesta.
Su política de tierras la enfocará en la entrega de subsidios individuales y no reconociendo derechos colectivos, lo que podría aumentar el nivel de conflictividad.
Piñera también apunta a reestructurar la institucionalidad pública dedicada a temas indígenas para, según él, hacerla más eficiente.
Pero “cualquier cambio en la institucionalidad de los pueblos indígenas hoy día no se puede hacer sin consultar a los pueblos indígenas”, advierte el abogado, en referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, que el 15 de septiembre de 2009 entró en vigencia en Chile.
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señaló el uso de la Ley Antiterrorista y la extrema violencia en la Araucanía entre los temas que le preocupan, llamando al nuevo gobierno a respetar los acuerdos en materias indígenas.
Para Meza-Lopehandia, es fundamental dar ciertas señales, como la “desmilitarización del territorio mapuche, amnistía a los presos”, y hacer un reconocimiento y pedir perdón “no sólo por las atrocidades que se cometieron 100 años atrás, sino las que se han cometido los últimos 20 años”.
Fuente: Contralínea 173, 14 de marzo de 2010
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Perú: criminalización de la lucha indígena
Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales
Ángel Páez / Voces de la Tierra-IPS
Lima, Perú. Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el “baguazo”, como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.
Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6”, abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
“No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados”, dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
“Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos”, precisó.
El abogado aseguró que “todo el caso está plagado de irregularidades” y citó entre ellas que “no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
“Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación”, apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el “baguazo”. Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
“Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso”, manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos”, adujo.
Campos detalló que “hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados”.
Pero el pedido fue rechazado, “así que hemos apelado”, añadió Campos, antes de explicar que “estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso”.
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el “baguazo”, denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.
La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
“Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon”, señaló Quispe.
Sin embargo, “ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados”, afirmó.
A juicio de Quispe, “esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo”.
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte”, arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
“Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas”, aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el “baguazo”.
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 “leyes de la selva”.
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las “leyes de la selva” todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.
Fuente: Contralínea 173, 14 de marzo de 2010
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