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14/03/2008
Regresó la bandera a Malvinas
Cuatro ex soldados desplegaron anteayer una bandera frente al cementerio de guerra de Darwin
Hace un año, un episodio similar provocó un roce con el consejo de gobierno del archipiélago, desde donde se analizó la idea de prohibir las visitas de ex soldados y familiares.
Se trata de los ex soldados del Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7 con sede en esta ciudad Sergio Suárez, Daniel García, Carlos Luque y Néstor Sáenz, que ayer visitaron el monte Longdon, donde se desarrolló una de las batallas más cruentas de la guerra.
El grupo partió el viernes último desde la vieja sede del Regimiento 7, hoy convertida en plaza pública, y está previsto que regrese el sábado próximo.
Según comentaron allegados a los viajeros, la exhibición y difusión de la enseña nacional se realizó "sin ningún ánimo de provocación, sino como expresión de un sentimiento de pertenencia".
Los ex soldados pertenecen al Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) de esta ciudad, desde donde ayer se prefirió no hacer comentarios al respecto.
Es que la impronta del Cecim es no confrontar ni generar rispideces que puedan coartar la continuidad de los viajes.
Apoyo oficial
Desde hace un año, el municipio de La Plata brinda un apoyo especial a partir de la aprobación de una ordenanza que establece un subsidio para el Cecim, cuyos directivos lo destinan a solventar los viajes de 16 ex soldados por año.
De hecho, está previsto que otras dos comitivas viajen en las próximas semanas gracias a este beneficio.
"Me siento reconfortado, liberado de la carga de haber podido enfrentar esta situación (del regreso) a la que siempre le tuve miedo", dijo Daniel García en declaraciones a la prensa local desde Puerto Argentino.
El 2 de abril de 2007, un grupo de veteranos desplegó una bandera en el cementerio de Darwin, el mismo lugar donde anteayer lo hicieron los ex combatientes platenses. Y eso le otorga al hecho especial significado.
Aquel episodio, que ocurrió durante el 25° aniversario del inicio de la guerra, pareció entorpecer el pedido del Gobierno para movilizar hacia las islas a una comitiva con cientos de familiares de los caídos en combate en 1982.
Si bien no hay normativa alguna que impida hacer flamear una bandera argentina, si las autoridades locales consideran que un hecho pone en crisis la paz social del lugar pueden decidir sanciones.
Quienes han visitado las islas saben que éste es un tema sensible y que los isleños prefieren evitar abordar con los visitantes argentinos todo lo relacionado con la guerra.
Fuentes del Gobierno explicaron anoche que sobre la cuestión la postura de la Cancillería es considerar que no se trata de un conflicto diplomático, por entender que las islas son argentinas.
Los viajes a las Malvinas de ciudadanos argentinos fueron acordados en julio de 1999, bajo una fórmula especial de soberanía por la cual la presentación del pasaporte al ingresar en las islas no implica perjuicio alguno al reclamo argentino.
Por Pablo Morosi
Corresponsal en La Plata
Protesta de ex soldados en la Plaza de Mayo
Se trata de las organizaciones que agrupan a los soldados conscriptos que participaron en la contienda bélica en la custodia y sostén logístico de las bases en el continente, con misiones en el denominado Teatro de Operaciones Atlántico Sur, cuya labor en 1982 no se encuentra contemplada en las leyes de beneficios para ex combatientes.
"Nosotros somos ex combatientes, tuvimos responsabilidades en las bases donde se desplegaban los aviones y por eso estuvimos en una zona de guerra. Pedimos que no se olviden de nosotros", comentó Tulio Fraboschi, uno de los hombres que fueron movilizados en 1982 y que ahora reclaman en la Plaza de Mayo.
Fraboschi apoya su pedido con una prueba de su estado militar en 1982: la carta dirigida a la madre en la cual se informa su traslado al Sur.
Firmada por el mayor Andrés Larpin y con sello del Ejército, la misiva representa hoy un testimonio del llamado a las armas para Fraboschi: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de jefe de la Compañía de Ingenieros de Depósito 601 para hacerle saber que su hijo, Tulio Ignacio, ha tenido el alto honor de haber sido requerido por la Patria para defender la Soberanía Nacional y los más altos valores de la dignidad humana, como la libertad, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de su territorio. Su hijo se encuentra en óptimo estado y se dirige en estos momentos hacia la zona de Comodoro Rivadavia, que hasta este momento será su asentamiento definitivo".
Luego del censo completado el año último se determinó que 23.295 hombres -o sus deudos- cumplen con los requisitos para recibir el subsidio de veterano de guerra: 10.331 del Ejército, 10.496 de la Armada (incluye a los marinos mercantes), 2264 de la Fuerza Aérea, 65 de la Gendarmería y 139 de la Prefectura.
11/03/2008
COLOMBIA-VENEZUELA: Las razones de Chávez
Análisis de Humberto Márquez
CARACAS, 6 mar (IPS) - Apenas el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó desplazar tropas a la frontera con Colombia, los teléfonos de las redacciones se inundaron con llamados de quienes vieron resucitar el "síndrome de las Malvinas", pero las razones de esa movilización podrían ser muy diferentes, y más políticas que militares.
Chávez dispuso el apresto militar el 2 de marzo --y lo hizo en su programa dominical de televisión--, un día después que fuerzas colombianas atacaron en el norte ecuatoriano un campamento de la guerrilla y dieron muerte a por lo menos 20 rebeldes, entre ellos "Raúl Reyes", uno de los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Esa manera de subir la apuesta o de "agregar incandescencia" a la situación, según dijo el presidente peruano Alan García, fue también un modo de Chávez de plantear con fuerza que, puesto que está involucrado en la deriva regional del largo conflicto colombiano, debe contarse obligatoriamente con él para cualquier solución.
El mandatario pasaría la factura por el protagonismo cobrado con su exitosa intervención ante las FARC para que liberasen a políticos colombianos por años cautivos como rehenes.
Pero, sobre todo, los refuerzos militares en la frontera --pese al desdén de Bogotá, que al menos públicamente se abstuvo de replicar con una medida similar-- proveen una percepción de conflicto en ciernes, que impulsa los llamados de Chávez a conformar un grupo de países "tipo Contadora", que busque soluciones al conflicto colombiano.
Contadora fue creado por democracias de la región para buscar la paz en América Central dos décadas atrás, y la idea ha interesado a gobiernos como los de Brasil y Francia. Pero, debido a la dura confrontación política y diplomática que mantiene con Chávez, el presidente colombiano Álvaro Uribe rechaza de plano que Venezuela pueda participar.
El analista y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza dijo que "el síndrome Galtieri" explicaría "el último desvarío de Hugo Chávez, al amenazar a Colombia por un problema que no le concierne", pues "busca ocultar los agudos problemas que tiene dentro de casa, creados por su incompetencia y sus extravagancias histriónicas".
En abril de 1982 Argentina, entonces bajo una dictadura presidida por el general Leopoldo Galtieri, ocupó las islas Malvinas, colonia británica en el Atlántico sur que Buenos Aires reivindicaba secularmente.
Desde políticos hasta historiadores coinciden en que se trató de una jugada, fallida pues Gran Bretaña recuperó el archipiélago a sangre y fuego, para tratar de superar la crisis interna del régimen militar, con un extenso prontuario en materia de derechos humanos.
La derrota en la Guerra de las Malvinas pulverizó el poder de los militares argentinos, aceleró el regreso de la democracia y la irradió a otros países del Cono Sur americano.
Chávez sufrió en diciembre su primer revés en 12 consultas electorales desde 1998: un referendo le negó la posibilidad de postularse a reelección más allá de 2012, y la oposición que intentó sacarlo del poder en 2002 y 2003 registra señales de que se recupera y puede ganar importantes plazas en los comicios regionales previstos para noviembre.
El país, pese a ingresos petroleros récord, acusa escasez de alimentos esenciales, la inflación supera el 20 por ciento anual, menudean protestas callejeras por temas como auge de la criminalidad o falta de viviendas, y Chávez pierde popularidad porque cada vez más la población le atribuye responsabilidad en la falta de soluciones, dijeron a IPS encuestadores como Alfredo Keller y Oscar Schémel.
Políticos de oposición, como Julio Borges, líder del partido de centroderecha Primero Justicia, e Ismael García, del centroizquierdista Podemos, que hasta 2007 apoyó a Chávez, coincidieron al decir a IPS que la movilización militar frente a Colombia busca tapar "el fracaso y la ineficiencia del gobierno" para atender las demandas sociales.
Otro factor que pesa en la movida de Chávez es la acentuada personalización de sus ejecutorias políticas. "Señor ministro de la Defensa, muévame 10 batallones a la frontera", fue la frase con la que impartió la orden al general Gustavo Rangel.
Al desestimar el anuncio del colombiano Uribe, de que lo acusará ante la Corte Penal Internacional por dar apoyo financiero y logístico a grupos terroristas (por sus presuntos vínculos con las FARC), Chávez lo desafió, personalmente, "a que vayamos los dos ante la Corte a ver quién sale condenado por apoyar al terrorismo y al genocidio".
Son conocidos los insultos que profiere a sus adversarios, como llamar "diablo" o "alcohólico" al presidente estadounidense George W. Bush, y a Uribe "mentiroso, mafioso, criminal, narcotraficante y peón del imperio (Estados Unidos)".
Las relaciones entre Chávez y Uribe tuvieron altos y bajos desde 2002, hasta que en noviembre el mandatario colombiano retiró abruptamente al venezolano su condición de mediador para un canje humanitario de guerrilleros por rehenes en la guerra colombiana.
Pese a eso, desde el 10 de enero Chávez consiguió que la guerrilla liberara a seis rehenes.
Chávez "se disgustó mucho con la muerte de Raúl Reyes al percibirla como una estocada a las estrategias de esa guerrilla, pero también porque se produjo justo cuando coronaba una victoria política y comunicacional sobre Uribe al recibir a rehenes liberados por las FARC", dijo a IPS Carlos Romero, director del posgrado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
Otro aspecto, trabajado más que ningún otro por el recientemente fallecido politólogo Alberto Garrido, es que Colombia es clave para el proyecto latinoamericano de Chávez, de extender por la región la "revolución bolivariana" que lidera y construir un "polo de poder" sudamericano contrapuesto al de América del Norte.
Las FARC serían "una pieza importante en la confrontación o guerra asimétrica que Chávez percibe como inevitable entre las fuerzas del imperio y las de la revolución continental bolivariana", dijo Garrido en uno de sus diálogos con IPS.
Chávez ha insistido en que no respalda a las FARC y suscribe la tesis de que debe negociarse una solución política al conflicto armado en Colombia, "ya que no es posible derrotar militarmente a la guerrilla y ésta tampoco puede vencer al gobierno".
El grupo de medios RCN de Colombia divulgó la versión, que atribuyó a fuentes militares no identificadas, de que Chávez despachó refuerzos a la frontera para proteger al líder máximo de las FARC, Pedro Antonio Marín alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", quien, muy enfermo, se ocultaría en el occidente de Venezuela.
El gobierno colombiano apenas dejó saber que otro jefe de las FARC, "Iván Márquez", tendría un campamento en el noroeste de Venezuela. La posibilidad de responder rápidamente a un ataque de Bogotá sobre ese emplazamiento también habría decidido a Chávez a enviar los refuerzos.
Cualesquiera sean las razones para el refuerzo bélico de la frontera, el carácter público de la orden no sería, como dicen algunos, un error elemental de un líder militar (Chávez fue teniente coronel) sino parte de la jugada misma, para reforzar la sensación de escalada en la confrontación.
El general Raúl Baduel, ex colaborador de Chávez y ex ministro de Defensa, criticó el "show mediático", con el anuncio público de la movilización, y otros militares retirados afirmaron que las unidades no están preparadas para entrar en combate de inmediato.
Como fuere, Chávez agregó una carta a su baraja, pues ahora puede incluir el retiro o desmovilización de esas unidades como parte de algún acuerdo de distensión en la zona andina. Posiblemente por eso también, en contrapartida, Bogotá decidió mantener la decisión de acusar a Chávez ante la Corte Penal, pese a los consejos del Comité Asesor de Relaciones Exteriores que integran ex presidentes y ex cancilleres colombianos.
La Organización de los Estados Americanos, que trató el tema esta semana, no aludió a Venezuela en su búsqueda de fórmulas para superar lo que trató como un conflicto entre Ecuador y Colombia. Pero el presidente ecuatoriano Rafael Correa cree, como Chávez, que éste no es un problema bilateral sino regional.
En una entrevista con IPS en México, el ideólogo alemán Heinz Dieterich, en el pasado inspirador de Chávez con su teoría del "socialismo del siglo XXI", reconoció que el mandatario venezolano saca provecho de la crisis, pero vaticinó que, de esa manera, se puede contribuir a encontrar vías para acabar con el prolongado conflicto colombiano.
Fuente: IPS
COLOMBIA: ¿Terrorismo o beligerancia?
Análisis de Constanza Vieira
BOGOTÁ, 4 mar (IPS) - ¿Terroristas o beligerantes? El mote de "terrorista" es un eje de la crisis desatada entre tres países andinos, Colombia, Ecuador y Venezuela, a raíz de la existencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La declaración de "terrorista" está a la orden del día desde el 11 de septiembre de 2001 en todo el mundo. Gobiernos, organizaciones internacionales y medios de comunicación la anteponen a nombres de personas y grupos de índole diversa, aunque no se haya probado en juicio que lo son.
La policía colombiana afirmó que documentos incautados a las FARC mostrarían de manera "patética, fehaciente, indiscutible" relaciones políticas directas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC, a las que Bogotá califica de "terroristas".
Según el director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, Ecuador se suma a Venezuela en sostener contactos de nivel presidencial y de gabinete con la insurgencia. Los presidentes de ambos países han dicho este año que no limitan "con Colombia, sino con las FARC", debido al supuesto control territorial que ésta ejerce en zonas fronterizas.
Esa guerrilla campesina, surgida en 1964 sobre las brasas del armisticio incompleto de la guerra conocida como La Violencia, figura en los listados de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea.
Los países latinoamericanos han evadido en la Organización de los Estados Americanos (OEA) tachar de terroristas a las FARC, a pesar de los intentos de los dos últimos gobiernos colombianos.
Ante la aguda crisis suscitada por la muerte el sábado del portavoz internacional de las FARC, "Raúl Reyes", tras un ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano que, según Quito, penetró 10 kilómetros frontera adentro, el único mandatario sudamericano que se refirió al "terrorismo" de las FARC fue Alan García, de Perú.
Igual que sus pares latinoamericanos que se pronunciaron, García consideró inaceptable el ingreso de fuerzas militares colombianas a Ecuador. Pero el peruano anunció que buscaría acciones específicas interamericanas contra el "terrorismo", y se preguntó si no "hay una internacional terrorista en América".
Ecuador rompió relaciones con Colombia y envió tropas a reforzar su frontera. Venezuela expulsó al embajador colombiano y ordenó cerrar su sede diplomática en Bogotá, despachando también fuerzas militares a las líneas fronterizas.
La OEA será el escenario donde inicialmente se diriman las posiciones este martes, cuando, a instancias del presidente ecuatoriano Rafael Correa, se reúna en Washington el Consejo Permanente de esa organización hemisférica.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que la reunión buscará "orientaciones que permitan alcanzar una solución pacífica a esta crisis, para así abordar los problemas de fondo que la han provocado".
En enero, alguien vio lo que nadie veía en estos tiempos de "guerra contra el terrorismo". En Colombia lo publicó solamente el quincenario especializado Ámbito Jurídico en su edición del 18 de febrero.
El 23 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuestionó la confección de "listas negras" de organizaciones o individuos terroristas, porque no respetan el debido proceso.
Ese órgano, en el que están representados los 47 parlamentos nacionales de los países que integran el Consejo de Europa, instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Unión Europea a revaluar el procedimiento que utilizan para confeccionar los listados de terroristas.
La resolución consigna que la herramienta, aunque es útil para la lucha contra el terrorismo, prejuzga. No existe un procedimiento para demostrar previamente en juicio el carácter de terrorista de quienes entran a esas listas. Los involucrados no tienen un mecanismo para defenderse ni para ser retirados, afirma la resolución.
El Consejo de Europa, fundado en 1949, es un organismo paneuropeo dedicado a promover los derechos humanos y la democracia.
Los "problemas de fondo" a los que se refirió Insulza el lunes comienzan por un espinoso asunto, el meollo de todo: la guerra colombiana de decenios, cuya existencia el gobierno actual no reconoce. Para éste, las FARC son simplemente "una amenaza terrorista".
Últimamente, también pretende no reconocer que exista el secretariado de las FARC, cúpula ejecutiva de siete miembros de la que hacía parte Reyes, como sostuvo el sábado el principal asesor del presidente Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria.
Ante la crisis que involucra a Colombia, Ecuador y Venezuela, los mandatarios de Brasil, Argentina, Chile y México han dicho que están dispuestos a ayudar. Sigue rodando la propuesta de crear un grupo de países que acompañe una negociación de paz seria, aunque Uribe se niega a que Venezuela lo integre.
Insulza recordó que subsiste la crisis humanitaria generada por el secuestro prolongado de un grupo de personas a manos de las FARC, y que es preciso retomar pronto las gestiones que permitan su libertad.
El problema, tanto para la paz como para la liberación de los rehenes, es que no se negocia con "terroristas".
Precisamente por el pulso militar y político en torno al acuerdo humanitario, mediante el cual las FARC esperan liberar a 500 guerrilleros presos, entró en escena Chávez a mediados de agosto, designado por el propio Uribe como mediador.
Cuando el colombiano cortó sus gestiones el 21 de noviembre, Chávez había avanzado más que nadie en los más de 10 años que lleva el drama de los rehenes. El 10 de enero, las FARC liberaron unilateralmente a dos políticas rehenes, por gestión del mandatario venezolano.
Justo al día siguiente, en su discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Nacional legislativa, Chávez reconoció a las guerrillas colombianas FARC y ELN (Ejército de Liberación Nacional, segunda insurgencia colombiana) como ejércitos jerarquizados estables con control territorial.
El 17 de ese mes, Venezuela dio el primer paso para dar vida jurídica al reconocimiento de beligerancia de las FARC y el ELN, cuando la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar la propuesta de Chávez.
Es suficiente con que un solo gobierno extranjero reconozca ese estatus a una fuerza insurgente para que ésta pueda hacer presencia pública en ese país, tener vínculos diplomáticos con el mismo y quedar amparada por las Naciones Unidas para, por ejemplo, desplazarse para solicitar el mismo reconocimiento a otras naciones.
Sus integrantes pueden obtener un pasaporte diplomático oficial, otorgado por el país extranjero que da el reconocimiento.
Según las normas de las Naciones Unidas, esa declaratoria no es vinculante sino enunciante, y se adhieren a ella los países que quieran. La aprobación del Poder Legislativo de un país del estatus de fuerza beligerante de una insurgencia precede al paso definitivo, cuando la cancillería informa, mediante nota diplomática a las demás naciones, sobre esa decisión autónoma.
Ese tercer paso no ha sido dado por Venezuela, quizá ante la reacción negativa de muchos gobiernos a la propuesta, incluyendo la Unión Europea. O quizá porque Chávez espera lograr más avances humanitarios de la guerrilla colombiana.
La beligerancia se asienta en un trípode: ejército jerarquizado, control territorial y cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), parte del derecho de gentes, la antiquísima reglamentación de la guerra.
El canje entre combatientes es tan viejo como la guerra. El problema es que desde 2000 las FARC comenzaron a tomar rehenes, es decir civiles, un acto prohibido expresamente por el DIH, y los incluyó en el grupo cuya libertad depende del canje.
De ese grupo, las FARC liberaron el 27 de febrero a otros cuatro políticos rehenes, también por gestión de Chávez.
Como una de sus fuentes de financiación, las FARC y el ELN recurren también al secuestro extorsivo de personas a las que consideran pudientes, bajo el expediente de que éstas le pagan al Estado impuestos de guerra.
Chávez dice que el ofrecimiento de reconocer a las guerrillas como beligerantes es un "incentivo" para que éstas se acerquen paulatinamente al cumplimiento del DIH, comenzando por abandonar el secuestro como arma de guerra.
El reconocimiento paulatino, al ritmo de avances parciales, pero reales, es una de las posiciones políticas en torno al tema.
La otra es: "Cuando las FARC dejen de actuar como terroristas entonces pueden solicitar que les quiten ese título", como dijo en Bogotá un legislador estadounidense del opositor Partido Demócrata el 17 de enero.
En todo caso, "Ecuador aún no ha estudiado la opción de declarar beligerantes a las FARC", dijo Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de ese país.
Fuente: IPS
Le conviene a Uribe que liberen a Ingrid Betancourt
COLOMBIA: Franceses iban a reunirse con Reyes el día que murió
Por Kintto Lucas
QUITO, 7 mar (IPS) - Tres enviados personales del presidente francés Nicolas Sarkozy, que permanecían en Ecuador desde octubre de 2007, fueron llamados el sábado por el alto comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, para advertirles de que no acudieran a una reunión con el guerrillero "Raúl Reyes" porque corrían peligro.Los enviados de Sarkozy a Ecuador, con el consentimiento del mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, estaban encargados de negociar con Reyes la liberación de la política colombiana y ciudadana francesa Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla de las FARC desde 2002 y cuya suerte desvela a París, según dijeron a IPS fuentes diplomáticas.
De acuerdo a esas fuentes, los tres negociadores franceses estaban en una ciudad ecuatoriana cercana al campamento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que fue atacado en la madrugada del mismo sábado por fuerzas colombianas para matar a Reyes, miembro del secretariado y portavoz internacional de esa guerrilla.
Los emisarios se dirigían esa mañana a una reunión con Reyes, que ya estaba muerto, cuando recibieron la llamada de Restrepo advirtiéndoles de no acercarse al punto de encuentro por su propia seguridad, lo que sumió a los franceses en la preocupación.
Cuando Colombia anunció la muerte, el gobierno francés, a través de su canciller Bernard Kouchner, no ocultó su disgusto.
"Es una mala noticia que el hombre con el que estábamos dialogando haya muerto", dijo Kouchner, al ser consultado por la prensa.
El comandante rebelde era el contacto de Francia para las negociaciones que buscan la liberación de Betancourt.
El mes pasado, otro enviado de Sarkozy había mantenido una reunión con Restrepo, quien, de palabra, habría apoyado la negociación para obtener la libertad de Betancourt, quien se encuentra muy enferma.
El lunes, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que el ataque hizo suspender la liberación unilateral en su territorio de 12 rehenes y prisioneros de guerra, parte de un grupo de "canjeables" que las FARC quieren intercambiar por varios cientos de guerrilleros presos.
"Lamento comunicarles que las conversaciones estaban bastante avanzadas para liberar en Ecuador a 12 rehenes, entre ellos a Ingrid Betancourt. Todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias, no podemos descartar que esta fue una de las motivaciones de incursión y ataque por parte de los enemigos de la paz", había dicho Correa.
La lista de retenidos cuya libertad se discutía incluiría a los militares colombianos Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón, Arbey Delgado y Pablo Moncayo y los oficiales de policía Luis Mendieta, Edgar Duarte y Julián Guevara, y el ecuatoriano Marcelino Arreaga.
Bogotá reconoció la incursión militar en territorio ecuatoriano, pero acusó a Ecuador y a Venezuela de sostener vínculos ilegales con las FARC, esgrimiendo como prueba unos documentos presuntamente encontrados en unos computadores que, según las autoridades colombianas, fueron hallados en el campamento de Reyes.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, aceptó que se había reunido en enero con Reyes, "fuera de Ecuador y de Colombia" y que habló con él solamente sobre la liberación de los rehenes como parte de un esfuerzo conducido entre varios gobiernos.
Francia hace parte, junto con Suiza y España, del grupo de países que intentan facilitar un diálogo entre las partes para conseguir el canje humanitario.
Por gestiones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre enero y febrero las FARC liberaron de forma unilateral a seis rehenes.
El martes, un comunicado del secretariado de las FARC afirmó que Reyes "cayó cumpliendo la misión de concretar a través del presidente Chávez una entrevista con el presidente Sarkozy, donde se avanzara en encontrar soluciones a la situación de Ingrid Betancourt y al objetivo del intercambio humanitario".
Además, las FARC agradecieron sus esfuerzos a los mandatarios "Hugo Chávez, Nicolás Sarkozy, Rafael Correa, Daniel Ortega (Nicaragua), Cristina Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia) y a todos los gobiernos amigos de la paz, a los familiares de los prisioneros y a esa inmensa mayoría que apoya el intercambio".
El ex marido de Betancourt, Fabrice Delloye, aseguró el martes a la prensa que la actitud de Uribe es "asquerosa" e "innoble" y "sabotea constantemente" toda posibilidad de liberar a los rehenes.
Según Delloye, cuando Uribe estuvo un mes atrás en Francia, instó a Sarkozy a renovar, junto a Suiza y España, las conversaciones con Reyes, habilitado por las FARC para hablar sobre un acuerdo humanitario.
Delloye también señaló que la semana pasada, el alto comisionado Restrepo alentó en Panamá una vez más a los emisarios franceses a que fueran a dialogar con Reyes.
"El presidente Uribe sabía perfectamente y desde hace mucho dónde se encontraba Raúl Reyes y él sabía también que el presidente (ecuatoriano Rafael) Correa, a través de su ministro", Gustavo Larrea, "tenía relaciones estrictamente humanitarias con Raúl Reyes para tratar de solucionar el problema de los rehenes", aseguró Delloye.
Las negociaciones entre emisarios franceses y Reyes es una historia de varios años, y más de una vez fueron desbaratadas por la intervención de Bogotá, como indicó IPS en algunos artículos.
Fuentes diplomáticas con conocimiento directo de las gestiones aseguraron a IPS que en junio de 2003 dos funcionarios de la cancillería francesa iban a reunirse por entonces con Reyes para recibir pruebas de la supervivencia de Betancourt, que su familia no tenía desde mayo de 2002.
El interés de Francia era despejar dudas sobre el estado de salud de Betancourt, y el de las FARC destrabar sus contactos con la comunidad internacional.
En la reunión iba a tomar parte un alto funcionario de la cancillería francesa. Al mismo tiempo, Delloye recibiría como prueba de supervivencia de la líder política un vídeo grabado a principios de junio de 2003.
Pero, interceptaciones de conversaciones telefónicas permitieron a Uribe tomar conocimiento del pactado encuentro y abortarlo, según diversas fuentes consultadas por IPS, aunque el vídeo fue finalmente difundido en agosto de ese año por un noticiero de televisión colombiano.
El entonces embajador francés en Quito, Serge Pinot, aunque dijo desconocer las negociaciones con Reyes, admitió a IPS que París seguiría haciendo los "contactos necesarios a cualquier nivel" para lograr la liberación de Betancourt.
Una fuente diplomática en Bogotá, que no quiso identificarse, estimó en la oportunidad que detrás del aborto del encuentro estaban "los servicios especiales de Estados Unidos, coordinados con inteligencia militar colombiana y con el presidente Uribe".
El objetivo, según la misma fuente, era desmontar la gestión diplomática de las FARC.
Otro hecho significativo ocurrió en enero de 2004, cuando fue detenido en Quito el miembro de las FARC "Simón Trinidad", en un operativo conjunto de la inteligencia estadounidense y colombiana, en colaboración con la policía ecuatoriana.
Según un posterior comunicado de las FARC, Trinidad cumplía la misión de buscar un "lugar adecuado" para un encuentro con el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y su representante personal en Colombia, James LeMoyne.
La detención de Trinidad, según las FARC, también frustró una reunión prevista con representantes del gobierno francés con el propósito de hallar una solución definitiva al cautiverio de Betancourt y demás rehenes.
En diciembre de 2004, el entonces llamado "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, fue secuestrado por fuerzas de seguridad colombianas, con "la posible participación de altos funcionarios del Estado y del gobierno" de Venezuela, según dijo él mismo en una entrevista desde la cárcel y publicada en el sitio de Internet de esa guerrilla.
La captura de Granda también abortó gestiones nacionales e internacionales por el intercambio humanitario, como afirmó en febrero siguiente Juan Carlos Lecompte, esposo de Betancourt.
Según Lecompte, Uribe sabía que Granda, quien residía en Venezuela, era el contacto de las familias de los rehenes y de actores internacionales que trabajan por el acuerdo humanitario, como las Naciones Unidas, la Cruz Roja y los gobiernos de Francia y Suiza.
"Granda tenía contactos con los suizos y estaban arreglando o iniciando un proceso de acuerdo humanitario con las FARC. Uribe se dio cuenta de eso y mandó por él", dijo Lecompte al programa televisivo Caracol Noticias.
Fuente: IPS
Especial de EDITORIAL PERFIL sobre el conflicto en América Latina
Corazones sangrantes
Usan palabras vaciadas en cuestiones particularmente propicias a la manipulación y a las distorsiones subjetivas. Esto alcanza ahora dimensiones colosales. Ocasiones no faltan (Gaza, la frontera ecuatoriano-colombiana), pero que esa técnica distorsionante prolifere en puntos calientes del mundo no implica que similares situaciones no se reproduzcan en nuestro escenario doméstico.
Por Pepe Eliaschev | 08.03.2008 | 23:50 para Perfil
Un lenguaje exaltado y emocional pretende interpretar la muerte del colombiano Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, el lanzamiento de misiles palestinos y la réplica israelí en Gaza, y los ataques terroristas incesantes en Irak, Afganistán y Pakistán.
Como en una realidad paralela, se nombra a cosas y a hechos desvirtuando su significado. En el envoltorio de actitudes “virtuosas”, se conjugan furia, anatemas crispados, dedos erguidos y aleccionadores, indignación sacrosanta, protestas exaltadas, parte de una supuesta pelea entre progreso humano y retardatarios genocidas.
Si en Colombia el grupo combatiente se autodenomina “Fuerzas Armadas” (revolucionarias) y “Ejército” (popular), es porque se considera en guerra. Si hay guerra, ¿la eliminación de Reyes es un “asesinato” o una baja en combate?
En similar razonamiento, si quienes combaten al gobierno de Colombia se refugian o buscan santuario en territorio extranjero, diseño estratégico con Colombia como epicentro, ¿no es un caso flagrante de injerencia, legalmente repudiable?
Hugo Chávez es de una franqueza brutal: su gobierno simpatiza explícitamente con las FARC, emite juicios admirativos para con sus jefes y ya blanqueó su identificación con la guerrilla.
Las FARC son “bolivarianas” desde que Chávez consolidó su poder, pero su ideología deriva históricamente de otra matriz. Reyes se identificaba en reportajes y documentos como marxista-leninista y admirador de la Unión Soviética. Sus palabras son elocuentes:
“La inesperada (sic) caída de la URSS afectó negativamente a buena parte de los partidos comunistas y, sobre todo, la construcción socialista en los países de Europa tuvo un serio y largo retroceso. El derrumbe del socialismo ruso (…) debilitó los partidos, también produjo a su interior la depuración de los elementos farsantes y traidores (sic) que regresaron al sistema capitalista sin vergüenza alguna. Los partidos y sus militantes de convicciones sólidas se mantuvieron fieles al acervo de los clásicos del marxismo-leninismo. Sin dejarse confundir por la tormenta del capitalismo proclamando el fin del socialismo se mantuvo Cuba, conducida por su partido y el comandante en jefe de esa revolución triunfante. Las FARC (…) expresaron con contundencia la traición (sic) cocinada en Rusia por Gorbachov tras la entelequia (sic) de la perestroika y la glasnost. Dijimos en aquella época, con la caída del muro de Berlín y del socialismo, el hambre, ni la pobreza, ni la miseria desaparecieron de entre los pobres, por ello la lucha por la liberación de los pueblos y la construcción socialista conserva plena vigencia... Hoy como en esos tiempos nos ratificamos una vez más en que la opción de la humanidad es el socialismo. El comandante Fidel Castro sigue alumbrando con luz propia y experimentada la edificación del socialismo. El partido, su pueblo y el nuevo jefe de Estado y de Gobierno de Cuba avanzan sin pausa por el camino trazado por Fidel y sus camaradas de lucha heroica.”
Los guerrilleros exigen una solución “política” consistente en que se los acepte como legítima fuerza armada enemiga, mientras que un falso progresismo romantiza la realidad, denunciando un homicidio transnacional y una supuesta “guerra preventiva”.
Si bien Reyes y su gente son una tropa uniformada y en armas, y a los rehenes, vergonzosamente cautivos, los llaman “prisioneros”, un coro mundial de corazones sangrantes enciende velas y entona himnos estremecidos por la causa guerrillera.
¿Prisioneros? Esto escribe, desde Bogotá, Pilar Lozano, de El País de Madrid: “Desde el ventanal del apartamento de Luis Eladio Pérez se ven los cerros que enmarcan Bogotá. Pero este hombre de 55 años, que pasó seis años, siete meses y 18 días en las cárceles de las FARC, quisiera tener en su lugar un paisaje de edificios y cemento. Los árboles le recuerdan su tortura. Pasó cuatro años encadenado del cuello, con un candado, amarrado a un árbol; sólo lo soltaban para ir al baño. ‘Nos llevaban como yo llevo a mi perro’”.
Nada demasiado diferente sucede con el Medio Oriente y el mundo islámico en general. Las más lúcidas conciencias tienen pánico de llamar a las cosas por su nombre. Es evidente y penoso que las represalias israelíes contra las milicias palestinas de Gaza provocan muerte, dolor y tragedias familiares, pero no hay un clamor universal que, al menos, junto con la condena a la supuestamente desproporcionada represalia israelí, denuncie la crueldad, fanatismo e irreductibilidad de Hamas, que gobierna Gaza e impulsa el lanzamiento de cohetes contra los poblados judíos, a sabiendas de que la respuesta, inexorablemente, afectará a palestinos inocentes.
Antes de que abandonara Gaza, los palestinos le exigían a Israel que se fuera. Consumado el retiro, Gaza se convirtió en base de ataques permanentes contra territorio reconocidamente israelí desde 1948. ¿Qué deben hacer los israelíes ante esos lanzamientos de misiles?
Es como si en el mundo, y sobre todo desde la sensibilidad y siempre sinuosa ética de la progresía, se pudiera convivir con dos patrones de conducta paralelos, a usarse según convenga. Si Chávez o Correa colaboran con las FARC, ejercen la solidaridad bolivariana; pero si tropas de Colombia liquidan un campamento enemigo del otro lado de la frontera, es genocidio y agresión imperialista.
Seguramente, la tropa regular colombiana no es menos brutal que el común de los ejércitos regulares ante una guerra revolucionaria. Pero impresiona la hipocresía con que se maquillan feroces construcciones ideológicas: ¿algún intelectual progresista y democrático condenó en la Argentina las matanzas brutales de millares de árabes y musulmanes no árabes, consumadas por islámicos contra muchedumbres de peregrinos y habitantes pobres de incontables poblados en Irak, Pakistán y Afganistán y no, precisamente, por esbirros del imperialismo o de Israel?
La misma hipocresía aborrecible del marido de Carla Bruni. ¿Nicolas Sarkozy le pediría a España una “solución política” para la banda ETA, tras cada nuevo atentado terrorista vasco? Sin embargo, Francia sermonea al gobierno de Colombia porque no acepta el cohecho de las FARC por la libertad de Ingrid Betancourt. Legitima así el funesto precedente del blanqueo de los extorsionistas. A París le sale gratis: la foto de la liberada rehén, recibida en el Elíseo, es muy tentadora para el voraz presidente francés.
Doble moral, lenguaje pegajoso e insincero, abominable “corrección” política
La tragedia de Bachelet
Tras dos años de gestión, la presidenta chilena está en problemas pese a las reformas sociales que impuso. Galería de fotos.
Por Miguel Paz (desde Chile para Perfil.com) - | 11.03.2008 | 09:35
"La jefa siempre toma la decisión correcta, el problema es que lo hace en el momento equivocado". La frase es de un asesor del círculo de Michelle Bachelet y podría resumir lo que han sido estos dos años de su mandato, plagado de equivocaciones comunicacionales y políticas. También refleja el estado de desánimo que campea incluso entre algunos de los más cercanos a la presidenta chilena, agobiados por la lista de autogoles del primer gobierno de una mujer que, curiosamente, gusta de las analogías futbolísticas para explicar errores y triunfos.
Si no bastara con el problema energético, la baja del dólar que afecta las exportaciones y el aumento de los precios de la canasta básica y el petróleo, que harán que se dispare la inflación a niveles desconocidos en los últimos 20 años, Michelle Bachelet ha insistido en decisiones que convierten al gobierno en una crisis permanente.
La última, tiene nombre y apellido: Yasna Provoste, la ministra de Educación que mintió dando un puntaje superior cuando le preguntaron en la televisión por su prueba de ingreso a la universidad. Provoste acaba de ser acusada constitucionalmente por senadores opositores por su responsabilidad en un escándalo de subvenciones a escuelas públicas. Son mas de US$400 millones que el ministerio no ha podido explicar con documentos dónde están. El caso estalló en el verano. Desde entonces Provoste ha entregado versiones contradictorias. Y en todo momento ha contado con el apoyo de Bachelet.
En privado algunos en el oficialismo dicen que este gobierno ya se acabó. Que empezó a trizarse cuando Bachelet dijo antes de asumir su período que ningún ministro se "repetiría el plato" y que gobernaría sin los partidos porque el suyo era un "gobierno ciudadano"; cosas que Michelle incumplió. Otro "crack" se escuchó en Palacio el día que Bachelet explicó que tendría dos años de gobierno, porque después vienen las elecciones municipales y la presidencial de 2009. Por si no lo saben, se refería a los dos años que concluyen.
10/03/2008
¡Lacerantes reflexiones!
por Herbert Mujica Rojas
¿Somos, como dice un escritor crítico, “un país de estúpidos, venales, tarados y sub-sirvientes que ha podido sobrevir 180 años”? No le falta razón, hasta diría que parece prudente al calificar el comportamiento social promedio en nuestra historia. De gobernantes a gobernados, son pocas las excepciones, un trauma colectivo nos hace aceptar cualquier cosa y los contrabandos parecieran constituir parte del ADN espiritual peruano. Por ejemplo, se hacen leyes, que a las 48 horas deben ser cambiadas, no sólo porque están mal hechas sino porque ¡algunos sectores las deniegan o repudian!
Para otra voz experimentada, Perú es un país ocupado por grupitos o lacras minúsculas que han transmitido, de tatarabuelos a tataranietos, las pizcas de gobierno, que les dejaron gozar episódicamente las oligarquías genuinas usufructuarias reales del poder, es decir, las grandes empresas y sus vasallos nativos.
Los miedos de comunicación, en su inmensa mayoría, están capturados por cenáculos que se lanzan incienso entre ellos para fabricar íconos opinantes o “analistas, estrategas, internacionalistas, expertos” y demás “istas” que vierten lugares simples y hasta palurdos. Pero sus fotos aparecen embutiendo el cerebro de la gente común y corriente que no tiene otra opción que el ramillete de idioteces que hablan, casi siempre, estos pánfilos.
En Perú el presidente de la república firma cualquier cosa. O ¿qué otra cosa fue la resolución que le hizo rubricar el viceministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez Reinel, sobre el proceso de ascensos, que terminó en un chasco anulado por inconstitucional, semanas atrás? El tal Gutiérrez no ha sido expectorado, no fue echado del servicio porque es el delfín del portapliegos en La Haya, Allan Wagner, gran titiritero de Torre Tagle y donde su operador principal es el canciller Joselo García Belaunde, su compadre.
Y hablando de aberraciones, en Defensa se ha nombrado provisionalmente como viceministro a Renzo Chiri, miembro de número de la rabanería caviar chilenófila y pro-yanqui. Este señor pertenece al grupo que llegó con Wagner a Defensa y se ha distinguido por elucubrar ridiculez tras ridiculez. En algún momento sugirió que las fuerzas del orden pidieran permiso para disparar. Y bajo el onanismo de cultura de paz, constituyen estos genuinos infiltrados quintacolumnas enterándose de los temas discretos de la Defensa Nacional. Como ocurriera con el traidorzuelo Fabián Novak Talavera, ¿se ha auditado qué se llevan o qué transmiten o comunican estas personas? El ministro del ramo, está claramente maniatado, no impone nada, es un buen burócrata simpático, reilón y pícaro, pero un eficiente ineficiente. Hasta hace pocas horas, tenía en su haber, las condecoraciones inmerecidas otorgadas al traidorzuelo. Ahora, acaba de incrementar su rosario de torpezas, colocando, aunque sea provisionalmente, a un individuo cuya ambición pasa por destrozar todo elemento militar y que proviene de la mercenaria capta-dólares Comisión Andina de Juristas que vive acopiando dólares y endiosando a su dueño, Niño Diego García Sayán. ¡Ah, y también colocando a sus amigotes en puestos claves: Beatriz Merino en la DP y Wagner en la comisión de La Haya. Por si las moscas, ambos son socios de Niño Diego.
En Perú el dicho “si del mundo quieres gozar, ver, oír y callar” adquiere ribetes de realidad mayestática cuanto que oprobiosa. Todos saben qué hace cada quien, pero miran, oyen y silencian porque no es políticamente conveniente señalar a los delincuentes que han hecho de la política vil negociado culpable. Los prontuarios son notables, pero he allí que esos son los premiados, los que declaran ante la prensa y los que trafican con sus “talentos” ante el mejor postor. Las organizaciones de nuevos gángsteres son cuevas o madrigueras de decenas de farsantes que viven alabándose entre sí y evitando que otros les muevan sus fragilísimas famas.
¿Vale la pena seguir luchando por el cambio, por la gran revolución peruana? O dejar que ¿los pitonisos que cada quince minutos ven el derrumbe de los gobiernos y la huida de los presidentes, temas que rara vez ocurren, sigan teniendo predominancia y sean los hombres-lumbrera de este país de confundidas gentes? Una simple pregunta: ¿por causa de qué los agoreros profesionales nunca ganan elecciones? ¿no será que el pueblo no los siente sus representantes y por eso no le otorga respaldo?
Los caminos alternativos van haciendo huella honda y posible por fácil el acceso y porque esa democracia sí permite, en tiempo real, conocer qué ocurre y qué piensa cada quien. Hay loquitos que escriben y escriben. Siempre hay lectores y críticos. Por lo menos allí, en Internet, sí es posible decir lo que se le viene a uno en gana. ¿Acaso los diarios, las radios o la televisión admiten lo que no les conviene? ¡Bah!
¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
¡Sólo el talento salvará al Perú!
Fuente: Voltairenet y hcmujica.blogspot.com
Guatemala: apertura de archivos militares, una mirada al pasado
por Carmen Esquivel Sarría
El anuncio lo hizo el presidente Álvaro Colom en un acto en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, en ocasión del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
"Queremos la verdad y la justicia", dijo Colom, tras admitir que en Guatemala no será posible la reconciliación, si no se reconoce la responsabilidad del Estado en las masacres, que afectaron sobre todo a la población indígena.
La noticia acaparó los titulares de los principales medios de prensa y fue saludada por los familiares de las víctimas, organizaciones humanitarias y la comunidad internacional.
"En esos documentos podrían encontrarse quiénes ordenaron asesinatos y avanzar en los juicios contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y otros responsables de violaciones humanitarias", dijo a Prensa Latina el analista Miguel Ángel Albizures.
Durante el conflicto armado (1960-1996) se registraron en este país 630 matanzas, principalmente de indígenas, 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, más de 50 mil viudas y huérfanos y unas 400 aldeas arrasadas.
Un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico responsabilizó al ejército y los aparatos de seguridad con más del 90 por ciento de esos delitos de lesa humanidad.
Aunque la orden de abrir los archivos deberá ser acatada porque el presidente de la República es el comandante del ejército, la decisión no fue bien acogida por algunos ex miembros de la institución.
"Allí no van a encontrar que se haya ordenado o diseñado una operación en el período del conflicto armado para ir a matar a gente inocente. Eso no va estar en ningún archivo", dijo el general en retiro y ex candidato presidencial Otto Pérez Molina.
Mientras, Ríos Montt, reclamado por un tribunal español por delitos de lesa humanidad, restó importancia a esos registros y aseguró que sólo contienen información administrativa.
Sin embargo, abogados del ex dictador se opusieron el año pasado a la desclasificación de expedientes sobre operaciones como el Plan Sofía, donde se le vincula con las matanzas en el noroccidente del país.
Cualquiera que sea el contenido de los archivos, organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos consideran un derecho el hacer público esos documentos.
En ellos podrían verse detalles de algunas de las pesquisas ordenadas por las fuerzas de seguridad contra dirigentes políticos y sociales, opinó Ricardo Zepeda, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos.
Los documentos también arrojarían luz sobre el paradero de los desaparecidos, entre ellos miles de niños, para que las familias puedan identificar sus restos, darle la debida sepultura y concluir el proceso de duelo.
El presidente de Guatemala ordenó a la Comisión Presidencial para la Paz encargarse de todo el trabajo de desclasificación de los archivos y su posible entrega a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Aunque la labor es harto difícil la comisión ya tiene un plan operativo aprobado y en los próximos días comenzará el proceso de ubicación de los documentos, diseminados por diferentes instalaciones militares de todo el país.
Fuente: Voltairenet
Torquemada al ataque
Por Cristina de la Torre
Se veía venir. los inquisidores de la derecha quieren reducir la pluralidad política del país a una contienda moral entre buenos y malos. A la diestra del Padre, los elegidos antifarc, la patria toda; a la siniestra, los condenados, un lunar de prosélitos camuflados de la subversión que afean el paisaje. Su escenario, una sociedad apolítica, incontaminada, sin divisiones entre izquierda y derecha, sin conflicto. La Colombia idílica que marcha en pos de una inteligencia sobrenatural hacia la tierra prometida. Otra vez el oro y la escoria de la Violencia contra el ateísmo, la masonería y el liberalismo, hoy en clave de guerra santa contra el demonio del terrorismo. La espada y la cruz remozadas a la Bush, y en el verbo incendiario de los Leopardos.
La pretensión no es gratuita ni es nueva. Germina en un país de partidos moribundos o en embrión, que denigra de la política. Y no le falta razón. Venimos de 30 años de gobiernos compartidos por colectividades sin ideas, sin oposición, marchitadas por la corrupción, parte de las cuales terminó arrastrada por el narcotráfico y el crimen. En la otra orilla, una izquierda democrática se sacude como puede la coyunda del conservadurismo que triunfó en su hora sobre la tendencia de la historia y ahogó en sangre el viraje liberal que se intentó en los años 30. Y la coyunda de la guerrilla, que se creyó dueña única del cambio.
Fuente: Movice
Colombia saldrá hoy a la calle para denunciar el «terrorismo de Estado»
por Gerardo Orrego Landazabal
El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) ha convocado para hoy una marcha en homenaje a las víctimas del Estado colombiano y de los paramilitares. La movilización, que se llevará a cabo en al menos 62 países, ha sido condenada por funcionarios públicos colombianos, que acusan a sus impulsores de ser parte de la guerrilla, y ha sido silenciada por los medios de comunicación.
El 4 de febrero miles de personas en Colombia y en el mundo marcharon en una protesta contra las FARC convocada por el vicepresidente del país, Francisco Santos. La convocatoria recibió el apoyo de los medios, la Iglesia y todas las instituciones del mismo Estado. Más que de un rechazo a la veterana guerrilla colombiana, se trató de una marcha de apoyo a la «política de seguridad democrática» del Gobierno de Álvaro Uribe. No se expresó solidaridad con las personas retenidas por las FARC ni menos con las víctimas del conflicto armado.
El contraste con la movilización convocada por el MOVICE contra los crímenes del Estado y de los paramilitares no podría ser mayor. La campaña mediática de apoyo desatada por la prensa colombiana en febrero brilla ahora por su ausencia. Aunque los periódicos capitalinos «El Tiempo» y «El Espectador» publicaron editoriales en favor de la movilización, se limitaron a condenar a los crímenes de los paramilitares sin referirse a los del Estado, motivo principal de la marcha.
Asimismo, altos funcionarios del Gobierno que en febrero jugaron un papel clave han atacado públicamente a los organizadores. José Obdulio Gaviria, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar, quien desempeña el cargo de asesor presidencial, declaró que la marcha ha sido convocada por las FARC y agregó que no participaría en ella por que en Colombia no hay crímenes del Estado.
En el mismo sentido se pronunció el ex ministro de Justicia Fernando Londoño en su columna de opinión en «El Tiempo», en la que cuestionó sendas decisiones judiciales contra integrantes de la Fuerza Pública y añadió que «el 6 de marzo celebrarán estas hazañas los amigos de las FARC, como es natural».
A pesar de declaraciones como las de Gaviria y Londoño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que depende de la OEA, afirma que «la Comisión continúa recibiendo denuncias sobre la actitud omisiva de la Fuerza Pública e, incluso, su participación directa en los actos de violencia perpetrados por los paramilitares, muchos de los cuales son de público conocimiento».
Las víctimas más invisibles
Para Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y portavoz de MOVICE, con esta movilización de ámbito mundial se pretende rescatar del olvido a las víctimas del Estado. «Queremos mostrar que sí existe terrorismo de Estado en Colombia y hacer un homenaje a sus víctimas que son las más invisibles de todas las víctimas, llegando a tal punto que hay quienes niegan que hay crímenes del Estado», subraya. Castañeda también señala que «la marcha es un rechazo al Estado y no sólo a los paramilitares, como han afirmado los medios en Colombia».
El número de víctimas del Estado es alarmante, según MOVICE. Entre 1988 y 2002 hubo 14.700 homicidios y desapariciones forzadas y los primeros tres años del Gobierno de Uribe arrojaron un saldo de 3.100 asesinatos y desapariciones.
Además, con la parcial «desmovilización» de los paramilitares, la Fuerza Pública ha aumentado su participación directa en los actos de violencia. En los últimos cinco años se han producido 955 casos de violaciones de los derechos humanos que involucran al Ejército, incluyendo casos de campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate luego de ser ejecutados por soldados.
Según diversas ONGs, no está claro cuántas organizaciones han desaparecido debido a la violencia ejercida en su contra por agentes estatales y paramilitares. El caso más famoso es el de la Unión Patriótica, un partido político de oposición, hoy inexistente tras el asesinato de más de 4.000 de sus militantes, dos candidatos presidenciales, cuatro senadores, seis representantes a la cámara, 15 diputados, 50 concejales y nueve alcaldes. Salvo el caso del senador Manuel Cepeda, todos ellos permanecen en la impunidad.
Hasta el momento se han convocado marchas en 62 países, aunque es más que probable que salga a la calle mucha menos gente que la que salió en febrero. Por un lado, falta el apoyo de la prensa y, por otro, el Estado y distintas empresas se han dedicado a sabotear la cita.
Advertencias
El Ministerio colombiano de Defensa emitió una circular informando a los funcionarios que no pueden ausentarse de su puesto de trabajo el 6 de marzo y, además, instó a hacer un seguimiento exhaustivo de quienes no asisten a su lugar de trabajo. La petrolera estatal ECOPETROL invitó a los trabajadores a participar en la marcha el 4 de febrero pero ahora, según Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda asesinado por el Ejército, les mandó un memorando «anunciando que la ausencia del puesto de trabajo es susceptible a sanciones».
El sindicato petrolero, la USO, ha denunciado que «se nota la disparidad de criterios frente a los actores del conflicto armado. Cuando se convoca una marcha contra un actor, las FARC, la empresa facilita que los trabajadores participen, pero cuando es contra los paramilitares se obstaculiza la participación. De todas formas, la dirigencia y todos aquellos que tengan permisos sindicales ese día participarán en la marcha, pero lamentablemente los trabajadores no podrán hacerlo debido a la actitud de ECOPETROL».
Igual ocurre en el sector bancario, donde el sindicato UNEB no ha recibido respuesta a su petición de permitir a los trabajadores participar en la jornada de solidaridad con las víctimas. Tanto BBVA y Banco Santander permitieron que sus empleados tomaran parte en la marcha del 4 de febrero. En la carta que mandó la UNEB se pide que den permiso a los trabajadores para participar en un acto de desagravio con las víctimas del paramilitarismo, ya que en caso de no participar «se podría entender que los trabajadores bancarios estuvieran en contra de una forma de violencia, el secuestro por parte de las guerrillas, y de acuerdo con otra forma de violencia, la estatal».
El Ministerio de Educación ha pedido a los maestros que trabajen, pero el sindicato FECODE, el más grande del país ha declarado un paro para el 6. Hasta el momento, el Gobierno no ha indicado que vaya a declarar ilegal la huelga. Además de los profesores, todas las asociaciones nacionales de los estudiantes han hecho un llamamiento a no asistir a clases y participar en la movilización.
La falta de apoyo a la marcha por parte del Estado es indicativo de que en Colombia algunos sectores ven como buenos ojos la violencia paramilitar. El Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, calificó a los paramilitares como «un error de autodefensa» y el mismo Álvaro Uribe los describió como «un remedio que en algunos casos peor que la enfermedad, pero de todas formas un remedio».
Bogotá acoge la IV Asamblea de Víctimas Al término de la marcha, 1.500 víctimas celebrarán entre hoy y el sábado, en Bogotá, la IV Asamblea de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que se analizará la estrategia futura de MOVICE, su actuación en el ámbito jurídico y la recopilación de información para guardar la memoria histórica y refutar a quienes niegan la existencia de una estrategia estatal para eliminar a la oposición.
Algunas organizaciones apuestan por «propugnar por una justicia que condene al Estado colombiano por su responsabilidad y su política de conformar y financiar estructuras paramilitares, y que condene a organizaciones que han servido como aparatos políticos y económicos para llevar adelante sus planes, como es el caso de gremios económicos, empresas transnacionales y partidos políticos».
Además, en este encuentro se quiere «abrir un debate sobre víctimas y grupos paramilitares, cuya existencia niega el presidente Uribe».
Los delegados discutirán las ocho ejes estratégicos de MOVICE, un acuerdo nacional sobre la paz y propuestas de enmiendas a la Constitución para prohibir que el Estado delegue el uso de la fuerza en civiles, como ha hecho históricamente con los paramilitares, ya que fueron legalizados por primera vez en el ya lejano año 1965.
Su objetivo de abrir un debate en torno a los paramilitares se ha logrado en cierta medida, ya que a raíz de la marcha del 6 de marzo los medios de comunicación propiciaron una discusión sobre la responsabilidad estatal en la violencia y la reaparición de las paramilitares, conocidos ahora como Águilas Negras.
 | Fuente: Voltairenet |
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