La historia de los fusiladores de Trelew y de cómo la Armada los protegió hasta hoy

La masacre de 19 guerrilleros en 1972

La Justicia sospecha que fueron los responsables de uno de los episodios más sanguinarios de la historia argentina moderna. Pero hasta hace un mes, cuando un magistrado de Rawson resolvió ordenar su detención, eran seis desconocidos. Habían pasado 35 años en las sombras gracias al amparo que les concedió la Armada. Ascensos y agregadurías en el exterior fueron los beneficios que obtuvieron por un acto que ciertos hombres de la fuerza aún reivindican. El juez Hugo Sastre admitió que hubo “poca fluidez” de los marinos para responder a sus requisitorias. Mañana se definiría la situación judicial de los imputados.

Por Felipe Celesia

Marandino, único imputado que se presentó voluntariamente ante la Justicia.

Tal vez no haya un hecho tan reñido con el pretendido espíritu de coraje y sacrificio de la Armada Argentina como los fusilamientos de Trelew, cuando un grupo de marinos al mando del capitán de fragata Luis Emilio Sosa asesinó a 16 militantes de organizaciones revolucionarias en la Base Almirante Zar, en agosto de 1972.

Cuando la causa se reactivó hace un mes con el pedido de detención de los máximos responsables de la masacre, una pregunta surgió naturalmente: ¿Cómo hicieron los acusados de la matanza para permanecer tanto tiempo fuera de la consideración pública, a pesar del espíritu revisionista que ha imperado en los últimos años?

Allí emerge con claridad el rol protector que cumplió la Armada, que facilitó el ocultamiento de sus hombres, los premió con ascensos y agregadurías en el extranjero y les ofreció ayuda y asesoría en el convencimiento de que el episodio de Trelew estaba justificado.

Así lo dejó en claro el entonces responsable militar de la base, Horacio Mayorga, cuando pocas semanas después de la masacre dijo: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho, bien hecho está”.

Según fuentes judiciales, al declarar hace dos semanas en los tribunales de Rawson donde se tramita la causa, mantuvo la misma posición: reconoció que la Armada había protegido a los acusados y justificó esta medida en que, de otra manera, corrían el riesgo de represalias de los grupos guerrilleros. “Los tuvimos que sacar, protegerlos, porque corría riesgo la vida de esa gente que había actuado en cumplimiento del deber”, afirmó.

El capitán de navío Juan Martín Poggi también avaló esta posición cuando al declarar en tribunales, reconoció que al producirse la reapertura de la causa citó a los implicados en la sede de la Armada para informarles sobre la situación como parte del programa de contención a los involucrados en delitos de lesa humanidad. Sin embargo, evitó aportar a la Justicia los teléfonos de los acusados, a pesar de saber que el juez los estaba buscando.

La voluntad de la Armada por encubrir a los autores del fusilamiento se mantuvo hasta estos días, cuando el juez Hugo Sastre buscaba decididamente los antecedentes de Mayorga, los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini, el teniente de navío Roberto Bravo y el cabo primero Carlos Marandino. Una fuente involucrada en la causa reconoció que “al principio nos mandaban legajos pelados, sin nada” desde la Armada, vía Ministerio de Defensa. Sólo tenían cuestiones básicas y datos personales, pero nada comprometedor. Inclusive la Armada evitó enviar los verdaderos domicilios de los militares retirados.

Pero una involuntaria desinteligencia administrativa de la Armada permitió que a la oficina del secretario de Derechos Humanos y querellante en la causa, Eduardo Luis Duhalde, llegaran los primeros “legajos de concepto” de los acusados Sosa y Marandino, en los que se relata con precisión la trayectoria de dos de los militares más complicados en la causa. A partir de esta grieta abierta en el secreto del pasado de los marinos de Trelew, el juzgado reclamó y aguarda que lleguen los antecedentes completos del resto de los involucrados.

Los políticos. Mayorga tuvo una carrera brillante en la Marina. Llegó a contralmirante, cargo apenas por debajo de vicealmirante y almirante en el escalafón máximo de oficiales superiores. Desde allí, desplegó una intensa militancia en defensa del terrorismo de Estado y contra la apertura de causas a militares por los delitos de lesa humanidad cometidos en los 70.

La violencia a gran escala no era desconocida para Mayorga. En 1955 había sido uno de los marinos que ejecutó el bombardeo a Plaza de Mayo. Incluso se jactaba de que en 1954, cuando accedió al puesto de secretario del entonces jefe de la Marina –cargo compartido con otro ilustre de la fuerza, Emilio Massera–, el almirante Olivieri le dijo: “Yo sé que usted es antiperonista, pero usted fue elegido por su legajo”.

En julio de 2003, fue sancionado con 11 días de arresto domiciliario –pasados en su aristocrática casa de Belgrano– por firmar una solicitada junto a otros quince militares en la que se cuestionaba al gobierno de Néstor Kirchner por su política de derechos humanos.

A fines de noviembre del mismo año, Mayorga reincidió en su defensa del terrorismo de Estado pero esta vez con un discurso en la cena anual de camaradería de los aviadores navales. “No me siento un hijo de las Madres de Plaza de Mayo”, definió el ex director de la Escuela de Aviación Naval, en oposición a lo dicho por Kirchner ese año en la asamblea anual de la Naciones Unidas. Mayorga criticó a todos los presidentes desde 1983 en adelante, y también cargó contra el jefe de la Marina Jorge Godoy, quien poco después lo convocó para comunicarle que debía cumplir 45 días de arresto en la ESMA.

El capitán de navío Rubén Paccagnini fue uno de los primeros detenidos. En el momento de la masacre, él era jefe de la base Almirante Zar. A pesar de que su habitación se encontraba a menos de 200 metros del pasillo donde fueron asesinados los militantes, le aseguró al juez Sastre que ni siquiera había oído los disparos. Siempre mantuvo la versión oficial.

Hay quienes aseguran que su fidelidad a la fuerza tuvo su premio cuando en diciembre de 1978 fue nombrado gobernador de la provincia de Misiones.

El verdugo. El “Negro” Luis Sosa probablemente sea el responsable directo de la masacre de Trelew. No obstante, según la versión oficial que la Marina hizo circular el mismo día del episodio, Mariano Pujadas, de la organización Montoneros, atacó “por la espalda” y con una “llave de judo” al capitán de corbeta, le quitó su arma y escudándose en él, intentó escapar junto a sus compañeros. Los sobrevivientes contaron luego que los hicieron formar frente a las celdas y abrieron fuego. Sosa era el mismo que horas antes, en un alarde de cinismo, les había dado su palabra de que no iban a ser torturados.

Sosa llegó al Batallón de Infantería de Marina (BIM) N° 4 de Trelew a fines de enero de 1972. Días después de la masacre, fue trasladado a Puerto Belgrano, donde revistó hasta febrero del ’73. De allí tuvo breves pasos por el Batallón de Vehículos Anfibios N° 1 y la Dirección General del Personal Naval, un destino administrativo, según consta en el legajo al que tuvo acceso PERFIL.

Pero estar metido entre los papeles de la Marina no fue su destino definitivo. En mayo de 1973, fue enviado en “misión transitoria” a la Agregaduría Naval de la Embajada argentina en Estados Unidos para realizar un curso de infante de marina.

Dentro de la cultura naval, ser enviado a una agregaduría en el extranjero es un “reconocimiento” y un lugar de prestigio dentro de la fuerza, evaluó un especialista en las reglas, usos y costumbres de las Fuerzas Armadas argentinas. El alumno Sosa comenzó el curso el 15 de mayo de 1973 y duró un año con viáticos de 40 dólares diarios.

Pero su estadía en Estados Unidos se alargó y regresó en 1977, con la garantía de no terminar ajusticiado por los compañeros de las víctimas, como le sucedió al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, contralmirante Hermes Quijada, muerto bajo las balas del militante del ERP Víctor Fernández Palmeiro, a fines de abril del 73.

Su destino sería el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), bajo el control estricto de Massera, uno de los órganos más activos de la Armada en la captura, tortura y eliminación de enemigos políticos a partir de 1976.

Fue su último destino militar. El primero de marzo de 1981 fue pasado a retiro con apenas 44 años y un ascenso a capitán de navío, cargo dentro del nivel máximo de la fuerza. Sus superiores lo catalogaron como un hombre “disciplinado” –no tuvo sanciones– y de una inteligencia promedio. No hay mención alguna del suceso de Trelew en sus fojas.

Fue a partir de una operación inmobiliaria que desde el juzgado de Rawson dieron con su actual paradero. Sosa es propietario de un departamento en la zona de Palermo. Cuando quiso ponerlo en alquiler, fue encontrado. Antes de ser detenido, regenteaba el comedor del Hospital Militar y en su indagatoria aseguró que allí sus colegas lo llamaban “héroe”.

El pelotón. La reconstrucción histórica del episodio de Trelew, hoy en vías de ser ratificada por vía judicial, señala que el capitán de corbeta Emilio Jorge del Real fue uno de los tiradores que abatió a los guerrilleros en la Base Zar.

Del Real estuvo allí hasta el 6 de febrero de 1973, cuando fue transferido. Su primer destino de jerarquía fue una comisión naval, presuntamente como parte de una agregaduría, en algún país de Europa hasta junio de 1975. Luego pasó por varias dependencias hasta que en abril de 1979 fue a la ESMA, en los estertores de la represión ilegal. Entre julio y agosto del mismo año estuvo “en comisión” en los Estados Unidos. Luego retomó su actividad en la ESMA, hasta febrero del 80, cuando fue transferido a la Base Aeronaval de Ezeiza.

Coincidente con Sosa, del Real tuvo un fugaz paso por la Dirección General del Personal Naval, también por muy pocos días en mayo de 1973, y también fue pasado a retiro el mismo día que su colega, a la misma y temprana edad de 44 años y con un ascenso a capitán de fragata.

Completando el pelotón de fusileros, Roberto Bravo se refugió en Estados Unidos y, según se difundió en la prensa en los últimos días, es propietario de una firma de servicios médicos, con sede en Miami.

El teniente Bravo llegó a Estados Unidos, como su jefe Sosa, con un cargo en la Agregaduría Naval Argentina en Estados Unidos y años después apareció como agregado militar en la Embajada Argentina en Honduras. También como Sosa y Del Real, el oficial subalterno se retiró de la Armada en 1981. A partir de la reapertura de la causa la Justicia elevó su orden de captura a Interpol.

El cabo Carlos Amadeo Marandino, el tercer integrante del pelotón al mando de Sosa –actualmente preso–, fue trasladado a Puerto Belgrano poco después de la masacre y en mayo de 1973, viajó en comisión a Estados Unidos, junto a su viejo conocido, el capitán de corbeta Sosa.

Marandino fue pasado a retiro en 1975, en ausencia, ya que se había instalado definitivamente en Estados Unidos y, según declaró en la causa reabierta este año, trabajó como chofer de los agregados navales en Washington hasta 2004. Tuvo tres hijas y una de ellas forma parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Marandino cuenta en su legajo con una amplia colección de sanciones disciplinarias. Las dos primeras las padeció en Trelew, entre el ‘72 y el ‘73: una de 10 días de arresto y otra de 25 días por llegar 40 horas tarde de su licencia.

La segunda andanada de sanciones las tuvo en Puerto Belgrano, en donde fue sancionado por llevar el cabello “largo”, entre otras cosas. Las sanciones se las aplicó su socio en la masacre de la Base Zar, Roberto Bravo. En la consideración de sus superiores, el cabo Marandino era una persona “inteligente pero retraída”. No hay en el expediente de Marandino mención alguna, ni positiva ni negativa, sobre los sucesos de Trelew. Fue el único de los detenidos que se presentó voluntariamente ante la Justicia.

Parte de las incógnitas que aún rodean a este sangriento episodio histórico van a empezar a quedar reveladas cuando mañana lunes, el juez Sastre se pronuncie sobre las responsabilidades de los principales imputados por aquella sangrienta noche en Trelew. Así esta larga etapa de silencios, encubrimientos y secretos llegará a su fin.

Cómo fueron los fusilamientos

15 de agosto de 1972. El gobierno dictatorial del general Alejandro Agustín Lanusse estaba en sus últimos tiempos cuando veinticinco presos políticos se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.

Los detenidos pertenecían al PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros. Durante la huida murió un guardiacárcel.

 

Seis jefes guerrilleros –Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna– lograron subir a un avión secuestrado que los llevaría a refugiarse en las tierras chilenas de Salvador Allende (para luego partir hacia Cuba), pero el resto quedó afuera.

Luego de acordar garantías públicamente –ante autoridades judiciales y periodistas– para que se resguarde su seguridad física, los 19 prisioneros se entregaron el 16 de agosto ante los efectivos militares.

Una semana después, el 22 de agosto de 1972, todos fueron fusilados en la base naval Almirante Zar. Tres de ellos sobrevivieron para contarlo, aunque años después serían secuestrados y quedarían como desaparecidos.

Luego de la rendición, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa los condujo a la base aeronaval Almirante Zar de Trelew. En el momento de las negociaciones, Lanusse sacó de jurisdicción al penal de Rawson y al aeropuerto de Trelew, y decretó el estado de sitio.

Así cambiaban los mandos: el juez civil ya no era la máxima autoridad sino el jefe militar de la base. En vez de reingresar a los detenidos al penal, se los trasladó a la base militar.

En la madrugada del 22, los presos escucharon la orden de salir de sus celdas y formar dos hileras. Los disparos de ametralladoras no tardaron en empezar. Recién seis horas más tarde recibieron atención de enfermeros y al mediodía, llegaron los médicos. Durante la espera murieron Astudillo, Kohon, Polti y Bonet.

La versión oficial de la Armada fue que Mariano Pujadas, de la agrupación Montoneros, había intentado sacarle la pistola a Sosa para concretar un nuevo levantamiento masivo. Sin embargo, distinto fue el testimonio de los tres sobrevivientes de la masacre (que terminaron gravemente heridos).

Habla el juez: “No hubo ocultamiento, sí poca fluidez”

Paulina Maldonado

Hugo Sastre todavía conserva en su memoria el recuerdo vivo de lo ocurrido esos días de agosto de 1972. Tenía 12 años y el día de la toma del aeropuerto de Trelew estaba mirando la tele mientras su mamá levantaba la mesa y su papá lo mandaba a dormir porque debía levantarse temprano para ir a la escuela. De pronto la transmisión se interrumpió con las noticias. Aparecieron soldados armados y varios conocidos de la familia, hasta el médico que lo había ayudado a nacer. A los pocos días la ciudad despertaba conmovida por la masacre. “Me acuerdo que papá, que tenía un taller mecánico, volvió a casa y contó que uno de los militares se acercó al taller apurado diciéndole que tenía que viajar porque en la base se habían mandado una macana”. Treinta y cinco años después, como responsable del juzgado de Rawson, Sastre decidió reabrir la causa y mañana definirá la situación judicial de los cinco militares indagados por la muerte de los 16 militantes de organizaciones armadas.

—¿Cómo hizo para armar una causa a partir de un hecho que sucedió hace 35 años?

—Fue clave apelar a la memoria colectiva. Muchos vecinos ayudaron a desarmar esta madeja. No fue fácil, había muchos que todavía tenían pánico de hablar. También estaban quienes me decían “ya pasaron 30 años, dejate de jorobar. Ellos tampoco eran nenes de pecho”. Por suerte tuvimos testimonios muy buenos como el del médico que firmó los certificados de defunción y el de algunos conscriptos de infantería y marina. Pero también hubo militares que si bien yo tenía la plena convicción de que podían saber algo, decían no recordar nada.

—¿Con esto quiere decir que desde las Fuerzas Armadas hubo un intento de ocultamiento de los hechos?

—No diría que hubo ocultamiento, sí poca fluidez. A veces había que insistir hasta que los datos aparecían. A veces no el 100 pero sí el 80 por ciento.

—¿Cómo hicieron para rastrear a los militares que estuvieron esa noche?

—Muchos en Trelew me decían “van a tener otra cara, otro nombre, no los van a encontrar nunca”. Desde octubre de 2007 nos dedicamos a ubicarlos. Fue como armar un rompecabezas y para eso usamos varias puntas: la AFIP, la obra social de la Armada, los padrones electorales. También fue clave trabajar con gente de confianza.

—Hasta ahora el único que no se ha presentado es el teniente Bravo. ¿Hay novedades sobre su paradero?

—Sabemos dónde está y le dimos muchos detalles a Interpol para que pudiera localizarlo. En su caso las cosas serán más lentas y es difícil que se entregue. Creo que en este caso, tendremos que pedir la extradición y eso no es rápido. De todas formas seguiremos adelante con los demás.

—¿En el caso de ser procesados les otorgaría el arresto domiciliario?

—Es un tema complejo. El arresto domiciliario no es lo mismo que un delito que para otro. Pero mi opinión me la reservo por prudencia y sanidad de la causa. Todos tienen mucha edad y serios problemas de salud. Paccagnini está con tratamiento oncológico, Del Real es diabético y Sosa tiene problemas prostáticos. Les hacemos monitoreos constantes. Soy responsable por ellos y debo velar por los derechos humanos de todos.

—Imagino que el temor de que ocurra lo que pasó con Febrés debe estar...

—Por eso están donde están. Hay gente de mi máxima confianza encargada de cuidarlos y alimentarlos. No podemos ser confiados ni descuidados. Debemos velar por su integridad física, tanto por cuestiones internas o externas. Esta es una causa muy importante para mí. Desde que en 2006 asumí la jurisdicción comencé a trabajar en esto. Para mí era necesario esclarecer lo que ocurrió esa noche. Y a pesar de ser subrogante, hice lo que tenía que hacer. Estoy convencido de que es necesario y saludable para todos.